Tanto el Presidente Milei como sus adláteres declaman la necesidad de una supuesta reforma laboral para devolver la prosperidad a nuestra Argentina. Nada más falso e inconducente a tales fines. Nada más conciso y claro que la definición del diccionario de la Real Academia Española en el sentido de que las reformas deben ser progresivas, inclusivas y estar dirigidas por la intención de mejorar. En otras palabras: se trata de proyectar una innovación o mejorar en algo.
Claramente, estas condiciones están muy lejos de encontrarse presentes en el engendro que Milei tiene en mente. Por el contrario, buscan retrotraer las condiciones laborales a fines del siglo XIX, que presenció un juicio aberrante, persecutorio, castigador y sectario con la ejecución de los Mártires de Chicago, sentencia infame que, con burla a la Justicia más elemental, desnudaba la intención de reprimir y atemorizar a la clase trabajadora para persistir en la sumisión de la misma a los intereses de un capitalismo rampante y sin frenos. Es claro que no puede permitirse una regresión a la desde entonces recordada y oprobiosa represión que internacionalmente dio origen al Día del Trabajador los 1º de Mayo de cada año.
Por eso afirmo y sostengo que la intencionalidad de Milei y de quienes lo inspiran y guían es una regresión y no una reforma.
Sentado ello, digamos que es característica permanente de los gobiernos neoliberales suprimir las leyes y/o reglamentaciones que beneficien a los trabajadores retaceándoles derechos lisa y llanamente. Derechos que fueron alcanzados como resultado de duras luchas reivindicativas. Está claro que se trata de una intentona reiterada que deberá tener la acorde respuesta de los trabajadores, que son los únicos perjudicados.
Además, no está de más recordar que nunca se lograron resultados positivos con tales políticas, toda vez que el problema es la economía del país y no las leyes laborales.
Observemos que, cada vez que los procesos neoliberales quitaron derechos a los trabajadores, el desempleó creció ostensiblemente. La experiencia indica que en el gobierno de Menem la desocupación laboral llegó al 18%, aumentó exponencialmente con el gobierno de la Alianza hasta el 21%, y con el de Macri, que duplicó el escaso desempleo que le dejó el gobierno de CFK. En suma, lo que queda meridianamente claro es que el objetivo buscado por el gobierno es lisa y llanamente quitar derechos a los trabajadores y trabajadoras.
El proyecto del gobierno en danza hasta hoy es un refrito de vanos propósitos, muchos de los cuales están en vigencia, como por ejemplo los convenios por empresa, pero bajo ciertas normas específicas que garanticen su correcta aplicación. Se trata, por tanto, de la liviandad y supina ignorancia de los funcionarios de este gobierno y del mismo Presidente, que repiten supuestas reformas que no son tales y, vale la pena repetirlo, que únicamente persiguen lograr la privación de derechos a los trabajadores.
Por cierto, a partir de la ley 27.742, llamada pomposamente Ley Bases, el resultado obtenido es que no creció el empleo como se anunciaba (el trabajo no registrado tuvo su pico en un 43,2%) sino que, por el contrario, se incrementó la no registración. Sería importante saber también cuántas inspecciones, por ejemplo, motorizó la Secretaría de Trabajo a las empresas a partir de la supresión de multas y de otras canonjías.
Durante los procesos neoliberales se han modificado, suprimido o generado más de 30 instrumentos jurídicos que modificaron regresivamente el derecho laboral. Hubo distintos ensayos como ticket canastas, disminución de aportes patronales, convenios por empresas, quita de la irrenunciabilidad de los derechos y de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, ampliación de periodos de prueba, topes indemnizatorios, eliminación de pago de indemnizaciones en diversos “programas especiales de empleo”, etcétera. Todos estos proyectos fracasaron y fueron inútiles para generar empleo y, por el contrario, creció el desempleo y la precarización, con caída de ingresos. Entonces las cosas por su nombre: lo único que buscan es perjudicar a los trabajadores para mejorar la tasa de rentabilidad del capital.
Más aún, en un escenario en el cual los países más adelantados discuten y buscan la disminución de la jornada de trabajo, Milei, su gobierno, su entorno y sus mentores, cacarean una modernización que muy lejos está de ser tal y no disimula su intento de arrebatar derechos en beneficio exclusivo de los grandes dominadores vernáculos y externos.
Es más, en períodos donde se generaron derechos para los trabajadores creció el empleo y la formación de nuevas empresas: entre 2002 y 2015 se generaron 233.000 empresas y casi cuatro millones de puestos de trabajo nuevos, en su gran mayoría empleos privados.
Aquí el gobierno veta leyes y aspira a entronizar una verdadera monarquía autocrática y pretende burlar al Congreso –que es la representación popular– con la insólita pregunta de dónde sacará los fondos para cumplir las leyes, cuando es esa una función absolutamente inherente a su misión de gobernar sin abrigarse en la fementida excusa de un equilibrio fiscal que sólo garantizó hambre y miseria para vastas capas poblacionales.
Lo mismo sucede con el diálogo que se pregona desde el poder, buscando enemigos inexistentes, salvo su propia inopia, repitiendo como un mantra que su programa está escrito en piedra y sazonando tan descabellados argumentos con diatribas y ofensas de toda laya.
Es por demás claro que se impone un programa de confrontación con los objetivos del gobierno nacional, porque no podemos olvidar que el trabajo es un ordenador social sin el cual la sociedad misma carece de objetivos y agravia asimismo la propia Constitución Nacional en cuanto desconoce desfachatadamente el artículo 14 bis de la misma.
Finalmente, el gobierno nacional deberá tomar conciencia de que su presencia y elevación como tal, por encima de consideraciones baladíes, implica el bienestar del pueblo que representa y jamás su envilecimiento, su miseria o su padecimiento.
Estar preparados es la consigna, ya que lo que se busca no son esos altos fines que todo gobierno debe enarbolar como bandera, y asumir que su presencia no está dada por los eventuales y poderosos apoyos que reciba de los mismos de siempre, a cambio de hipotecar el futuro de las generaciones y regresar intolerablemente a un pasado plagado de injusticias y definitivamente perimido. Es crucial que todos lo entendamos así.
* Sergio Palazo es secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional de Unión por la Patria.
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