La escandalosa intromisión del gobierno de Donald Trump en la institucionalidad brasileña con el anuncio de imponer aranceles del 50% a las exportaciones de ese país el 9 de julio, dos días después de la culminación de la XVII Cumbre de los BRICS en Río de Janeiro, se inscribe en la estrategia de Estados Unidos de recuperar su presencia perdida en la región y desplazar la de China a como dé lugar.
Así lo expresó el almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur, ante el Congreso de Estados Unidos, en febrero: “La región [de América Latina y el Caribe] se encuentra en la primera línea de una contienda decisiva y urgente para definir el futuro de nuestro mundo. China ataca los intereses estadounidenses desde todas las direcciones, en todos los ámbitos (…) Washington debe responder a la presencia con presencia”.
En su afán por lograr que su aliado Jair Bolsonaro participe en las elecciones presidenciales de 2026, Donald Trump ha logrado reforzar la imagen del Presidente Lula. Sus contundentes respuestas a Trump ante la utilización de los aranceles como arma para que se le otorgue inmunidad al ex Presidente —tema que le compete al Congreso— han logrado el efecto contrario. El viernes, el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, impuso medidas cautelares a Bolsonaro que lo mantendrán bajo libertad restringida. En represalia, Trump ordenó la revocación de visas para el magistrado y sus aliados en el Tribunal, así como para sus familiares directos.
La intromisión
Resulta obvio que para el gobierno estadounidense Presidentes como Milei, Bolsonaro o Santiago Peña, de Paraguay, resultan aliados clave para recuperar su alicaída hegemonía en la región. El problema para Bolsonaro es que, además de estar inhabilitado como candidato por el Tribunal Electoral de Brasil por sus intentos de socavar el proceso electoral democrático en las elecciones presidenciales de 2022, los cinco magistrados de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) decidieron por unanimidad, en marzo, investigar al ex Presidente y a siete de sus aliados por tentativa de golpe de Estado ese mismo año, al acoger la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República (PGR). Esta pidió la condena de Bolsonaro por los crímenes de tentativa de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho y organización criminal armada dedicada a desacreditar el sistema electoral. Asimismo, por incitar ataques a las instituciones democráticas y articular medidas excepcionales.
Si bien Bolsonaro negó las principales acusaciones, el 27 de junio, la causa penal que investiga la participación del núcleo político y operativo en la conspiración golpista para mantener a Bolsonaro en el poder avanzó a la fase final en el SFT. El magistrado Alexandre de Moraes, ponente del caso, concluyó la fase probatoria y ordenó la apertura de los alegatos finales antes del juicio. Bolsonaro podría tener una pena de cárcel de hasta 43 años.
Entretanto, Brasil, al igual que la mayoría de los países a los que Trump impuso aranceles a sus exportaciones el 2 de abril, denominado por él como Día de la Liberación, inició un proceso de negociaciones bilaterales. Esto se hizo bajo el supuesto de que los aranceles serían del 10%, salvo los del acero y aluminio que serían de 25%, conforme se había anunciado. El 16 de mayo Brasil envió una propuesta por la vía diplomática que fue respondida el 9 de julio en un mensaje que Trump posteó en la red Truth Social, donde anunció el 50% de los aranceles a todas las exportaciones brasileñas, vigentes a partir del 1° de agosto. El arancel se vinculó con el juicio en curso contra Bolsonaro, al que calificó como una “caza de brujas que debe terminar inmediatamente”, porque constituye una “vergüenza internacional”.
Además, el Presidente estadounidense impuso aranceles debido “a los ataques insidiosos de Brasil al derecho fundamental a la libertad de expresión de los estadounidenses (como lo ilustró recientemente la Corte Suprema de Brasil, que emitió cientos de órdenes de censura secretas e ilegales a las plataformas de redes sociales de Estados Unidos, amenazándolas con millones de dólares en multas y el desalojo del mercado de redes sociales brasileño)”. Al respecto, el Presidente Lula ha señalado que Brasil no cederá a la presión de la Casa Blanca para flexibilizar la regulación y los impuestos a las plataformas de redes sociales en el país. En un discurso televisado a nivel nacional, Lula reforzó esta postura: "La defensa de nuestra soberanía también se aplica a las operaciones de plataformas digitales extranjeras en Brasil. Para operar en nuestro país, todas las empresas nacionales y extranjeras deben cumplir con las normas".
La carta de Trump también justificó los aranceles alegando una “relación comercial de larga data y muy injusta con Brasil”, pues genera “déficits comerciales insostenibles para Estados Unidos” y que “la cifra del 50% es mucho menor de lo necesario para lograr la igualdad de condiciones”. Esto es falso. Estados Unidos mantiene un superávit comercial constante con Brasil, con exportaciones estadounidenses que superaron las importaciones en 7.400 millones de dólares en 2024. Desde el 2009, la balanza comercial ha sido favorable a Estados Unidos.
La reacción de Lula fue inmediata y dijo que “Brasil es un país soberano con instituciones independientes que no se dejará dominar por nadie”, y anunció que evaluaría la imposición de aranceles recíprocos contra Estados Unidos, a pesar de que en el texto de la carta, Trump señaló que si Brasil imponía aranceles, esa cifra sería adicionada al 50%.
Los cómplices de Trump
Horas antes de que Trump publicara la carta con la imposición de aranceles, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados aprobó una "moción de alabanza y regocijo" para el Presidente Trump, presentada por el líder del Partido Liberal en la Cámara de Diputados, Sóstenes Cavalcante. Según el congresista, el Presidente estadounidense "debe ser elogiado y recordado como uno de los mejores Presidentes del mundo y un ejemplo a seguir para la implementación y el mantenimiento de una democracia moderna y justa". Por otro lado, el Presidente de dicha Comisión, Filipe Barros, también del Partido Liberal de Bolsonaro, declaró que “Lula está provocando repetidamente al gobierno estadounidense al alinearse con los países del llamado eje del mal”.
Antes del anuncio de Trump sobre los aranceles el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair, había señalado, en declaraciones a la CNN, que esperaba sanciones estadounidenses contra el magistrado del STF Alexandre de Moraes. "Esto es lo que siempre he buscado aquí en Estados Unidos, ya que no hay herramientas disponibles en Brasil”. El hijo de Bolsonaro está en Estados Unidos desde marzo participando en reuniones con legisladores republicanos para lograr que la administración Trump implemente medidas contra el STF y el gobierno de Lula como represalia al juicio que enfrenta su padre en Brasil.
El miércoles 16, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) anunció una investigación contra Brasil a pedido del Presidente Trump sobre los servicios de comercio digital y pagos electrónicos. Estos se refieren al sistema PIX, nombre del sistema de pagos instantáneos de Brasil. Lula ha señalado que el PIX es patrimonio del pueblo brasileño y que no aceptarán ataques. “Tenemos uno de los sistemas de pago más avanzados del mundo y lo vamos a proteger”, manifestó Lula. Lo que sucede es que en Brasil el 35% del consumo es realizado con tarjetas de crédito y el PIX amenaza ese mercado al no tener comisiones. El PIX ha expandido la bancarización. Sesenta millones de brasileños que no tienen tarjeta de crédito hoy tienen PIX.
El jueves 17 Trump escaló el conflicto y envió una carta pública a Bolsonaro en la que señala haber visto “el trato atroz que recibe a manos de un sistema injusto que lo perjudica” y que estaba “profundamente preocupado por los ataques a la libertad de expresión, tanto en Brasil como en Estados Unidos, provenientes del actual gobierno”. Dijo que esperaba sinceramente que “el gobierno brasileño cambie de rumbo, deje de atacar a sus oponentes políticos y ponga fin a su ridículo régimen de censura” y que estará “observando atentamente”.
Ese mismo día, el Washington Post publicó un reportaje en el que denunciaba que el diputado Eduardo Bolsonaro trabaja con miembros del gobierno de Trump para imponer sanciones contra el magistrado Alexandre de Moraes, pero la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ligada al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se rehúsa a instrumentar la medida porque perjudicaría la credibilidad de Estados Unidos en la promoción de la democracia al sancionar a un miembro de una Corte Suprema extranjera solo por discrepar de las decisiones que esta toma.
Eduardo Bolsonaro, quien lleva meses promoviendo acciones contra Brasil desde Estados Unidos, donde reside desde marzo, es el articulador de la familia con Donald Trump. El hijo de Bolsonaro ha defendido los aranceles del 50% y ha señalado que son la respuesta a los abusos del magistrado De Moraes y a la ruptura del gobierno de Lula con “los valores del mundo libre”. La licencia de su trabajo como diputado en el Congreso vence esta semana y si no retorna a Brasil podría perder el cargo.
Defensa de la soberanía
En respuesta a los aranceles anunciados por Trump, el lunes 14 el presidente del STF, Luis Roberto Barroso, dijo que la postura de Trump se basa en una "comprensión imprecisa de los hechos" y que "en el Brasil de hoy no se persigue a nadie". Barroso repasó intentos históricos de ruptura institucional en el país y señaló que desde 2019 se han registrado nuevas amenazas a la democracia, incluyendo intentos de atentados con bombas, presión sobre magistrados del STF y campamentos frente a cuarteles pidiendo la deposición del Presidente electo. De acuerdo con la Procuraduría General de la República, el intento de golpe de Estado liderado por Jair Bolsonaro incluía un plan para asesinar al Presidente Lula da Silva, al Vicepresidente Geraldo Alckmin y al magistrado Alexandre de Moraes.
Barroso subrayó que las acciones penales en curso observan estrictamente el debido proceso legal y se desarrollan con absoluta transparencia; son públicas y televisadas y, si hay pruebas, los responsables serán sancionados y, si no las hay, serán absueltos. Asimismo, negó que exista censura en Brasil y defendió la libertad de expresión. En cuanto a las plataformas digitales, señaló que el tribunal ha adoptado una solución "moderada", menos rigurosa que la europea, que preserva las libertades de expresión, prensa y empresa, y respeta los valores constitucionales.
El mismo día de la carta presentada por Barroso, la Procuraduría General de la República (PGR) pidió al STF condenar a Bolsonaro por los crímenes de tentativa de golpe de Estado, abolición violenta del Estado de derecho democrático y organización criminal. La fecha del juicio aún no se ha fijado.
El jueves 18, Trump envió la carta ya mencionada a Bolsonaro en la que señala el terrible tratamiento que está recibiendo de manos de un sistema injusto volcado contra él. Ello dio lugar a que, horas más tarde, el Presidente Lula pronunciara un contundente mensaje a la nación, en el que calificó a los políticos brasileños que apoyan las medidas tomadas por el Presidente estadounidense de “verdaderos traidores a la patria”. Asimismo, señaló que los aranceles de Trump “son un chantaje inaceptable en forma de amenaza a las instituciones brasileñas, con información falsa sobre nuestro comercio bilateral", y que pretender influir en los organismos judiciales es un atentado a la soberanía del país.
Jaqueados
El viernes 18, el magistrado del STF, Alexandre de Moraes, impuso medidas cautelares que incluyeron el uso de tobillera electrónica, la prohibición de hablar con autoridades extranjeras, de usar redes sociales y de conversar con otros investigados y con diplomáticos, así como la inamovilidad de su domicilio entre las 19 y las 6. Además su domicilio fue registrado, al igual que locales de su partido. Para el magistrado, el ex Presidente Bolsonaro confesó una tentativa de extorsión contra la Justicia brasileña al condicionar el fin del tarifazo de Trump a su propia amnistía. En efecto, Bolsonaro había dicho el domingo 13 que no se alegraba con el tarifazo, pero que con la amnistía habría paz para la economía. El jueves 17 dijo: “Vamos a suponer que Trump quisiera la amnistía. ¿Es mucho si él lo pide?”
Ante los hechos sucedidos, Eduardo Bolsonaro ha señalado que el STF está desafiando al Presidente Trump y, por lo tanto, “es muy muy urgente que los Estados Unidos, el país de la libertad, envíe una respuesta al régimen [de Lula] para que el modelo de censura brasileño no sea exportado a otros países”.
El gobierno brasileño se prepara para una ofensiva estadounidense. Lula ha dicho que Brasil es un país al que, si el Presidente Trump conociera un poco, le tendría más respeto. Añadió que evalúa la posibilidad de usar la Ley de Reciprocidad Económica promulgada en abril pasado y reglamentada este lunes 14, lo que permite al gobierno tomar medidas comerciales contra países o bloques que impongan barreras unilaterales a los productos brasileños. El uso del arma de los aranceles a las exportaciones como condicionalidad para interferir en la Justicia brasileña por parte de Estados Unidos, en combinación con la familia Bolsonaro, han evidenciado que la política injerencista de Trump no tiene límites, han elevado el nivel de aprobación de Lula e impreso un duro golpe al bolsonarismo.
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