La ruleta de la justicia
Gloria y olor en los cuadernos que se hicieron humo
Si todo lo que se ha publicado fuera cierto, las revelaciones sobre la recaudación de fondos de empresas por el ex secretario de Obras Públicas Roberto Baratta en vísperas de los comicios de 2013 y 2015, y los aportes falsos a la campaña de Maurizio Macrì y María Eugenia Vidal en las elecciones de 2015 y 2017, formarían los dos lados de una misma moneda. El circuito cerraría así a la perfección: los hombres de negocios entregan el dinero a los operadores del gobierno, que lo usan para las costosas campañas electorales y lo justifican con aportes falsos de personas a quienes se roba la identidad. Con diferencias apreciables. La relación del personal judicial y del ministerio público fiscal con los respectivos políticos imputados es abiertamente hostil en el primer caso, complaciente y amistosa en el segundo. Detenidos sin pruebas en un caso, pruebas pero no detenciones en el otro. Ojalá pudiera decirse que en La Plata se respetan los derechos y garantías que se violan en la Capital Federal, pero no es así. Los debates sobre la corrupción no pueden independizarse de la reflexión sobre el rol de la justicia y de la necesidad de cortar el lazo entre empresas y campañas electorales, prohibiendo esos aportes en forma taxativa, así sea bancarizado.
Dos lecturas contrapuestas
Las interpretaciones en el caso de los cuadernos del chofer Oscar Centeno no pueden ser más discordantes. Para el gobierno nacional y sus voceros, prueban la corrupción generalizada en la obra pública durante las gestiones presidenciales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Desde el kirchnerismo, se descalifican las notas del diario La Nación como una maniobra dirigida a intoxicar a la sociedad con versiones inverosímiles e incomprobables. Entre los detenidos hay funcionarios de los gobiernos kirchneristas, como Baratta, José María Olazagasti, Walter Fagyas, Enrique Llorens, y empresarios cuyos negocios crecieron durante esos años, como Gerardo Ferreyra de Electroingeniería, pero también hombres de estrecha confianza del presidente Maurizio Macrì, de su padre Franco y de su primo Angelo Calcaterra, como Javier Sánchez Caballero; otros con antiguo desempeño en el club de la obra pública, como el ex presidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner y también quienes hicieron negocios recientes con la familia presidencial, como Juan Carlos De Goycochea, de Isolux Corsán, como te conté el 4 de febrero en El Cohete en la nota “Tramparencia”. Aún no fue detenido ni procesado, pero sí allanado el principal enemigo de Macrì, Techint. Los Macrì vienen de Calabria, en el sur africano de Italia; los Rocca son de Milán, y el actual timonel, Paolo, es además un intelectual sofisticado, ex militante político marxista, estudioso de las Fuerzas Armadas. Pero además de estas contradicciones itálicas, cuando Macrì presidía la filial automotriz de FIAT en la Argentina, quería comprar barata la chapa para estampar los autos, que Techint le vendía carísima. Se detestan desde entonces.
Pero el objetivo final es Cristina, acusada como jefa de una asociación ilícita, que sería el gobierno que integraron ella y su difunto esposo. Ni siquiera a la junta golpista de 1976 se le aplicó ese tipo penal, que tiene una ventaja enorme: la acusación no necesita probar los delitos concretos cometidos, porque le basta con el concierto previo para cometerlos. Nadie perdería la libertad por el hurto de un pasacasetes, pero el jefe de una asociación ilícita, cuya existencia define en forma dogmática el juez, puede pasar 10 años en prisión, con todas las inhabilitaciones concomitantes.
En el caso de Videla, Massera y Agosti no era necesario, porque sobraban las pruebas materiales de sus crímenes. Esto permitió a los jueces respetar los derechos y garantías de los imputados. No ocurre lo mismo ahora, ni respecto de las evidencias necesarias para llegar a una condena ni acerca del respeto por las reglas del debido proceso y el derecho de defensa. Por lo que ha trascendido hasta ahora, no hay pruebas que involucren a Cristina en los presuntos delitos que habrían cometido otros. Apenas una anotación del chofer prodigioso: luego de la muerte de Néstor Kirchner la recolección de dinero se redujo y fue destinada al ministro Julio de Vido y a Baratta, pero, en 2013, ambos se reunieron con la presidente CFK, quien “los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales”, dice. Sobre una base tan endeble, se pidió autorización al Senado para allanar sus viviendas y despachos, fue citada a indagatoria para el 13 de agosto, dos días después del gran plenario de Unidad Ciudadana con participación de gran número de intendentes anunciado hace un mes, y se difundió que se prepara un nuevo pedido de desafuero, lo que presupone el propósito de detenerla.
El mismo día, en un encuentro en SMATA promovido por Omar Plaini, Cristina se reunió con su titular Ricardo Pignanelli y con el camionero Hugo Moyano, quien dijo que estaban en un proceso de unidad, luego de un alejamiento de siete años.
Las anotaciones conocidas se refieren a dividendos, paquete, bolso, caja, casi nunca a billetes o dinero. Sin constatación de la existencia física del dinero, es dudoso que la causa pueda avanzar más allá del estruendo mediático, que parece ser el verdadero objetivo. Tampoco es fácil imaginar que la punición pueda ir más allá de Baratta y, eventualmente, De Vido. El interés del fiscal y del juez por estimar sumas astronómicas en dólares, deberá confrontarse con los registros contables de las empresas y la autorización de los superiores. De otro modo, habría sospechas de evasión, que las empresas difícilmente permitan avanzar. Otros aspectos llamativos son la ausencia de anotaciones de los primeros años del gobierno, cuando Kirchner mantenía amables negociaciones con el Grupo Clarín. Por lo que se ha visto, no hay tachaduras ni errores sino una tersa escritura de corrido que, se supone, este hombre hacía de noche, cuando terminaba de trabajar, incluyendo precisiones sobre paquetes accionarios que sólo se obtienen en los registros públicos, como en el caso de la mendocina IMPSA. Por último, los empresarios que contrataron con el Estado Nacional, ¿no tuvieron obras también con el gobierno de la Ciudad Autónoma en la misma época? ¿Tendrán algo que contar o nadie les va a preguntar al respecto?
¿A quién le importa la verdad?
La opinión no informada oscila entre la indignación y la desconfianza, según cuál sea su toma previa de posición, lo cual configura el escenario clásico de la posverdad, donde lo que menos importan son los hechos. Mientras, los grandes medios dan por ciertas cada una de las anotaciones en los cuadernos que, además, no aparecerán. El fiscal y el juez trabajan sobre los escaneos entregados por La Nación. Quien se los entregó al periodista de ese diario, Diego Cabot, fue el remisero y sargento retirado de la Policía Federal Jorge José Bacigalupo, de 73 años, D.N.I. 4.519.826, un hombre difícil de encasillar.
Es un decidido defensor de sus camaradas detenidos por crímenes de lesa humanidad, a quienes considera presos políticos. Votó a Maurizio Macrì, pero ahora está desilusionado porque como presidente no reivindica lo que Bacigalupo sigue llamando lucha contra la subversión y no piensa votar su reelección. En cambio, simpatiza con María Eugenia Vidal y detesta a Elisa Carrió porque teme que rompa la Alianza Cambiemos. Su mayor recelo es el regreso del kirchnerismo y esa fue una de sus motivaciones para entregarle a su vecino Cabot los cuadernos que su amigo Centeno le dejó en custodia cuando el Doctor Glock detuvo por primera vez a Baratta en la causa por las compras de Gas Natural Licuado. También exige que se reponga el nombre del comisario Alberto Villar, creador de la Triple A, a la escuela de suboficiales y agentes de la policía. Forma parte de los grupos que defienden la clandestinidad del aborto, pero es muy crítico con el Papa Bergoglio por sus posiciones políticas y sociales y consume con avidez las informaciones sobre pedofilia eclesiástica, con las que chicanea a sus amigos “chupacirios”, como los llama. Considera vagos que no quieren trabajar a quienes integran los movimientos sociales, admira la campaña del desierto de Julio A. Roca y sus coroneles masacradores de indios y cree que harían falta otros así en la Patagonia para “enseñarles a los mapuches cuántos pares son tres botas”, una de sus expresiones favoritas.
Ante las sospechas de una falsificación (por ejemplo, que esos modelos de cuaderno aún no se fabricaran en los años en que figuran las anotaciones de Centeno), es fundamental el peritaje no sólo de la caligrafía sino de la antigüedad de cada entrada, del papel y de la tinta, cosa imposible con una versión en bits y no en átomos, por decirlo con los términos de Nicholas Negroponte, el autor del libro pionero Being Digital.
Cuando Baratta recuperó la libertad, Centeno, que seguía siendo su chofer, pidió a Bacigalupo la devolución de los cuadernos. En su primera declaración judicial dijo que no recordaba dónde los había guardado, pero luego negoció su inclusión en el programa de testigos e imputados protegidos y, ya como arrepentido, dijo que los había quemado. Luego de comprobar que esa prueba se perdió para siempre, Bonadío lo dejó en libertad, acaso aliviado.
La credulidad no es el camino más corto hacia el conocimiento de los hechos y varios indicios apuntan hacia una operación programada, de uso intensivo por parte del gobierno nacional, lo cual no supone que cada elemento sea falso. Las fotografías de cada uno de los detenidos, esposados y bajo escolta de la Policía Federal, fueron publicadas por el portal hiperoficialista Infobae. La única novedad respecto de los procedimientos de los años anteriores es que a los detenidos esta semana no les encajaron cascos de acero ni chalecos blindados; ni se los obligó a posar descalzos y en pijama. El medio digital de Daniel Hadad reprodujo las fotos con el sello de su marca, pero sin consignar qué fotógrafo las tomó, lo cual sugiere que le fueron entregadas desde el Estado, pese al aspaviento que hizo la Corte Suprema de Justicia prometiendo que el episodio de Amado Boudou no se repetiría. La Nación también publicó imágenes selladas, pero con la firma de su fotógrafo, al que se permitió acompañar el momento en que los federales trasponían la puerta de calle en el domicilio de Baratta. Toma y daca.
En 2016, el primer arrepentido, Leonardo Fariña, dijo que Lázaro Báez era testaferro de Néstor Kirchner y que juntos “se robaron el Producto Bruto de un año”. Todas las obras nacionales adjudicadas a Báez apenas llegaron a los mil millones de pesos, a los que a lo sumo podría agregarse otro tanto por contrataciones provinciales y municipales. Nunca más de mil millones de dólares. Así no se hubiera construido ni un kilómetro de rutas, ni una usina eléctrica y esos mil millones de dólares hubieran pasado íntegros al patrimonio presidencial, habrían significado apenas un 0,2% del PIB, que es de 500.000 millones de dólares. Esto no implica minimizar la gravedad de los hechos en función del monto, pero mide la desmesura de las imágenes con que se bombardea a la población con tal de desacreditar a la gestión anterior y el desinterés de los grandes periodistas que lo entrevistaron, los columnistas que opinaron sobre sus palabras o los encumbrados políticos que sacaron de ellas conclusiones lapidarias sobre la política y la moral por analizar la verosimilitud de esos dichos. Lo mismo puede decirse ahora de la idea del chofer estacionado sobre la calle en espera de Baratta, abriendo bolsos para contar centenares de miles de dólares.
El rompecabezas
A cargo de la investigación están el periodista Diego Cabot, el fiscal Carlos Stornelli y el juez federal Claudio Bonadío, quienes trabajaron en conjunto, lo cual acrecienta las dudas. La colusión entre medios y agentes judiciales fue expuesta como un modelo de periodismo de investigación en un libro del operador de Clarín Daniel Santoro. Al presentar su trabajo, Cabot se jactó de haber aguardado el avance de Stornelli y Bonadío antes de publicar una línea. Otros colegas lo felicitaron por ello en las redes sociales, por lo cual parece un modus operandi aceptable para el periodismo militante de PRO. Algo equivalente ocurrió en Estados Unidos con los medios que acompañaron las campañas del Ejército en Irak y Afganistán, empotrados en las unidades militares, según la traducción en España del ingles embedded, literalmente integrado o incorporado. Los diarios New York Times y Washington Post se autocriticaron por ello. La periodista española Mónica Bernabé, quien pasó siete años empotrada en unidades del Ejército estadounidense en Afganistán, reconoció que “los militares intentan vender a los periodistas lo mejor de su trabajo”. El problema no es el corresponsal, sino el medio que edita su trabajo.
Hasta ahora Cabot sólo ha publicado transcripciones de los cuadernos, con breves contextualizaciones sobre las personas mencionadas, pero aún no comenzó a revelar su investigación. Otros colegas, sin acceso a información privilegiada, han adelantado prevenciones acerca de la credibilidad de las afirmaciones del chofer, ex sargento del Ejército, quien fue denunciado por su exposa en medio de un litigio por la división de bienes. Por ejemplo, Tuny Kollman e Irina Hauser señalaron la incongruencia entre la correcta ortografía y sintáxis de las anotaciones y la parva expresión verbal de su presunto autor, quien admitió ante Bonadío que le pertenecen. No es verosímil que un jefe cuente o hable de plata negra ante un empleado de tan baja jerarquía. Tampoco explica cómo conoce las afirmaciones autoincriminatorias que atribuye a Kirchner y Cristina. La exposa despechada de Centeno, Hilda Horowitz, denunció la existencia de una bóveda en una residencia de los padres de Baratta, pero luego de profundas excavaciones no se encontró nada, tal como había ocurrido en los casos de Milagro Sala y Lázaro Báez, quienes también fueron acusados de esconder plata sucia en escondrijos subterráneos y de transportarla hasta los Kirchner en bolsos y valijas. Sin embargo esas imágenes penetraron en el imaginario social, muy permeable a la repetición enfática. Las anotaciones se refieren a las campañas electorales de 2013 y 2015, justo cuando la investigación de Juan Amorín sobre los aportes truchos a Cambiemos perforaba el blindaje mediático. Al mismo tiempo, Macrì realizó un acto en Quilmes, donde comenzó la investigación de Amorín, acompañado por Vidal y por el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, quien también está en medio de una tormenta.
El titular de la Unidad Fiscal de investigación de la seguridad social (UFISES), Gabriel de Vedia, lo denunció por la venta al socio presidencial Marcelo Mindlin del 12% de las acciones de Petrobras Argentina que estaban en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad a la mitad de su precio poco después. Ante ese requerimiento, Bonadío lo llamó a indagatoria. El mismo día, el Procurador Fiscal ante la Corte Suprema, Eduardo Casal, quien quedó en forma interina a cargo de la Procuración General, desplazó a De Vedia y nombró en su lugar al fiscal recién asumido Gabriel González Da Silva, sin especialidad en seguridad social.
La liquidación de ese FGS es una de las imposiciones del FMI al gobierno. A Macrì le interesa tanto el tema que designó para defender a Basavilbaso y a María Eugenia Vidal en la causa por aportes de campaña a su abogado personal Alejandro Pérez Chada. También se negó a aceptar la renuncia que le presentó Basavilbaso. Alegando un exceso de trabajo en otras causas, Bonadío suspendió la indagatoria a Basavilbaso que había fijado para agosto. Mejor, Cristina.
En ese acto en Quilmes, el presidente anunció créditos blandos para jubilados de hasta 80.000 pesos. Tuvo la indelicadeza de ejemplificar que podrían servir para arreglar un escape de gas, mientras el gremio docente velaba a los trabajadores Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, muertos por el estallido de una instalación cuyo arreglo posponía sin término el gobierno de Vidal. En la misma línea de su declaración sobre los pobres y la universidad, la gobernadora sólo dijo que se intentaba ¡politizar el caso!
Macrì agregó que había dispuesto la elaboración de un plan nacional contra la corrupción. Todas las piezas encajan en el rompecabezas. Aunque la economía se caiga a pedazos y la corrida vaya a reiniciarse en cualquier momento, como explica Pedro Biscay en esta edición, el gobierno apronta sus soldados para la batalla electoral.
¿Un calor insoportable?
Una cuestión clave es por qué intervinieron Stornelli y Bonadío en la denuncia de la exposa Horowitz, si la causa por las compras de gas licuado no guarda relación con dinero negro, bóvedas y bolsos. Al no haber enviado a sorteo la nueva denuncia incurrieron en un nuevo caso de Forum Shopping, como explican en esta edición Catalina De Elía y Graciana Peñafort. Una pregunta insoslayable es por qué no aparece entre los detenidos Angelo Calcaterra Macrì, el primo hermano del presidente, y sí su subordinado Sánchez Caballero y, sobre todo, dónde están los millones que menciona el chofer, si no se han encontrado ni bóvedas ni cuentas de los ex funcionarios imputados.
Según su propia versión, Cabot recibió los cuadernos el 8 de enero a las 13.38, cuando hacía “un calor insoportable” (apenas 26° según el Servicio Meteorológico Nacional, bien por debajo del promedio para ese mes en el último cuarto de siglo). Cabot estudió y cotejó su contenido con dos jóvenes colaboradores, Candela Ini y Santiago Nasra. El blog cordobés El Disenso, que editan Mariana Escalada y Agustín Ronconi, sostuvo que Cabot ha colaborado con diversas fundaciones de Cambiemos. En la principal de ellas, Pensar, dio ciclos de conferencias, y en la Fundación Nuevas Generaciones moderó charlas de Federico Sturzenegger, el genio que en dos meses perdió 20.000 millones de dólares de reservas, devaluó el peso casi 50% y puso la tasa de interés en 47%.
Algunos de los desplazamientos de Cabot por el país se habrían realizado con pasajes de la jefatura de gabinete de ministros, por ejemplo un viaje a Mendoza en abril de 2017.
No inspira más sino menos confianza el fiscal Stornelli, quien sucedió al comisario Fino Palacios como jefe de seguridad del club Boca Juniors, que Macrì sigue manejando a través de quien fue tesorero de su gestión, Daniel Angelici.
Por su parte, el Doctor Glock acumula por sorteo, licitación o magia negra todas las causas que afectan a CFK: hoteles, Nisman, dólar futuro, Memorándum con Irán, pese a serios motivos de inhibición, ya sea por la existencia de causas paralelas que se unificaron indebidamente en su tribunal, por haber sido separado previamente por la Cámara Federal o denunciado por el propio Nisman como encubridor de su amigo Palacios, a quien visitó en la cárcel cuando debía investigarlo. Ex segundo de Carlos Corach en la Secretaría Legal y Técnica, socio fundador de la servilleta, el año próximo cumpliría 25 como juez federal, durante los cuales acumuló 75 pedidos de juicio político, un récord absoluto en el fuero que se encarga de los asuntos del poder.
En diciembre del año pasado, el director ejecutivo de Human Rights/Americas, José Miguel Vivanco, calificó de descabellados los procesamientos, las prisiones preventivas y los desafueros ordenados por Glock en la causa por el memorándum de entendimiento con Irán, y los atribuyó a persecución política. “La prisión preventiva está muy mal fundada y no satisface los estándares mínimos que exige el derecho internacional de los derechos humanos. Bonadío no proporciona pruebas convincentes. La figura de traición a la patria es una invención caprichosa del juez”. Con la misma lógica “podría haber terminado preso Raúl Alfonsín por impulsar las leyes de punto final y obediencia debida”.
El eje Bonadío, Pichetto, Lorenzetti
Bonadío fue protegido en el Consejo de la Magistratura por el precandidato presidencial del Peornismo Federal, Miguel Pichetto, quien consiguió que en vez de destituirlo sólo lo multaran con una reducción de su sueldo de un mes. Esto revela una trama que se activó durante la ofensiva de los fondos buitre contra el kirchnerismo. El informe del Parlamento Británico que analiza en esta edición Alejandra Dandan muestra la participación de Macrì en esa operación para la cual fueron contratados los servicios de Cambridge Analytica. Pero no sólo de Cambridge Analytica. El 26 de agosto de 2014, la columnista de finanzas Michelle Celarier informó en el diario The New York Post, que el fondo buitre de Paul Singer había contratado para apoyarlo en la lucha contra el gobierno argentino a la consultora Albright Stonebridge Group. Agregó que el socio de la ex secretaria de Estado Madeleine Albright, Carlos Gutiérrez, había estado en la Argentina “tratando de movilizar la oposición al gobierno”. El entonces ministro de Economía Axel Kicillof en una entrevista por radio, y la propia Cristina en Twitter, contaron que Gutiérrez amenazó al jefe de Gabinete Jorge Milton Capitanich con un ataque especulativo contra el peso hasta forzar una nueva devaluación; ataques y denuncias mediáticos internacionales para desgastar a Cristina; impedir el acceso del sector público y de las empresas argentinas a cualquier financiamiento internacional. Gutiérrez también habría mencionado la contratación de periodistas y dirigentes sindicales para que contribuyeran a esa estrategia. Esto ayudaría a instalar un gobierno favorable a un acuerdo con los fondos buitre, que se firmaría en 2016. Así fue, y Bonadío obró como una pieza central de ese dispositivo, igual que los fiscales Raúl Plee y Ricardo Sánz y que el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti. Todos ellos giran en la órbita del senador opoficialista Miguel Pichetto, uno de los que condujo a su bloque a votar el pago a los buitres. El contacto de Pichetto con Lorenzetti es el ex senador Nicolás Tito Fernández, un santacruceño que juró venganza cuando Cristina lo excluyó de las listas para su reelección en 2011. Esa es la parte no contada del rescate de Bonadío en el Consejo de la Magistratura.
No se puede descartar que algunas de las afirmaciones de Centeno sean veraces, ya que la cartelización de la obra pública en complicidad con funcionarios de distintos gobiernos tiene no menos de medio siglo. Una descripción detallada del modus operandi puede encontrarse en mi libro Robo para la Corona, y la utilización de la justicia para esos fines está detallada en Hacer la Corte. Un problema tanto o más grave que el de las coimas vinculadas con los contratos del Estado es la imposibilidad de confiar en la Justicia para discernir la realidad de los hechos. Una condena no equivale a culpabilidad ni una absolución a inocencia y los tribunales se usan para agredir al adversario o protegerse. Este proceso que se ha denominado judicialización de la política o politización de la justicia no es nuevo, pero va adquiriendo características específicas en cada momento. En lo que nadie disiente es en su punto de partida: la Acordada del 10 de septiembre de 1930 por la que la Corte Suprema de Justicia reconoció al gobierno de fuerza instalado cuatro días antes porque no podía impedirlo. También dijo que velaría por el respeto de la Constitución, pero esto no pasó de ser una ficción autocomplaciente salvo en lo referido al derecho de propiedad.
Llegó a ser natural el considerar a la Corte Suprema y a los jueces como mero apéndice del poder que devenía de la fuerza. Ambos se renovaban por el mismo método expeditivo del bando de cesantía. Lo accesorio seguía la suerte de lo principal.
Como lijar a un juez
El primer presidente postdictatorial, Raúl Alfonsín, confirmó a 9 de cada 10 jueces en funciones y los nombramientos posteriores fueron negociados con la oposición. La norma fue que en las provincias donde el juez federal era radical, el fiscal correspondiente fuera peronista, y a la inversa. El menemismo amplió la Corte Suprema de 5 a 9 miembros y la anegó con una mayoría automática de socios, familiares y amigos. Kirchner inició un proceso de depuración con el juicio político a varios jueces de la Corte y con dos decretos que fijaron condiciones de idoneidad y transparencia para el nombramiento de jueces. Pero luego cedió a la tentación del atajo y confió a la SIDE y al operador Javier Fernández (otro de los citados ahora por Bonadío) la manipulación de los tribunales, como me cansé de denunciar mientras ocurría. La principal diferencia con el macrismo es la notable eficacia del actual gobierno para remodelar los estrados a su gusto. En cuanto asumió Macrì, Lorenzetti pidió en su nombre la renuncia de tres jueces federales. El que no acepta sabe a qué atenerse, con un gobierno formado en métodos expeditivos. Menem usó los tribunales para proteger su programa económico y a su personal por las denuncias de corrupción. Sólo en unos pocos casos, sirvieron para perseguir adversarios (Domingo Cavallo, Adolfo Scilingo). Con Macrì esta pasó a ser la regla, desde el día en que el gobernador de Jujuy Gerardo Morales ordenó la detención por protestar en una plaza de Milagro Sala, quien ya lleva privada de su libertad dos años y medio largos.
El último ejemplo del manejo judicial de PRO fue la desestimación de la denuncia en el Consejo de la Magistratura contra el juez Ariel Lijo. Los elementos para su destitución provenían de una serie de notas del mismo diario La Nación, en los que se apreciaba un nivel de conocimiento que sólo se logra bien Arribas de la escala investigativa. Con datos sobre su enriquecimiento, mencionando la sociedad de su cuñada con el luego destituido camarista Eduardo Freiler, y el desempeño de su hermano Alfredo Lijo como lobbysta de Julio De Vido en Comodoro Py, el diputado macrista Pablo Tonelli promovió e instruyó el juicio político. Discípulo de la inolvidable Piru Riva Aramayo (la camarista que visitó en la cárcel a Telleldín para negociar su falsa confesión por el atentado a la DAIA), Lijo se movió rápido y antes de que el procedimiento avanzara puso tras las rejas a Amado Boudou. Esto abrió un espacio de negociación, que culminó ahora con el cambio de posición de Tonelli, quien pasó de impulsar el proceso a votar por su desestimación. ¿Por qué el gobierno primero acorraló y luego rescató a Lijo? Porque es el juez que entiende en la causa penal que enfrenta el Grupo Macrì por el Correo Argentino.
Casal, el disciplinador
En esa misma causa, el procurador fiscal ante la Corte Suprema, Eduardo Casal, quien quedó a cargo de la Procuración General una vez que el gobierno logró forzar con convincentes amenazas la renuncia de Alejandra Gils Carbó, reemplazó al fiscal Juan Pedro Zoni por el bien dispuesto Gerardo Pollicita, el mismo que reabrió la denuncia de Nisman contra Cristina. En el concurso preventivo del Correo, Odebrecht acudió en auxilio de Macrì, a través de la filial del Meinl Bank AG de Viena en la guarida fiscal de Antigua & Barbuda, que adquirió para negocios turbios. Desde esa fachada, la constructora brasileña, que es socia de Macrì en el fondo global de inversión Blackwood Group, compró créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (CFI) por 400 millones de dólares, con la expectativa de recuperar 8. En el juicio comercial, la fiscal Gabriela Boquín llegó a establecer que “el tercero que sustituyó al acreedor ha votado en forma contraria a su interés, por lo que su decisión equivale a la renuncia al cobro de su crédito”. Zoni estaba investigando si eso implicaba un delito, cuando el dedo de Casal le apuntó.
Lo mismo le ocurrió ahora al investigador de los aportes truchos a la campaña de Vidal, el fiscal subrogante Hernán Schapiro, reemplazado por el también subrogante Guillermo Ferrara, un hombre de perfil conservador que ya tomó determinaciones favorables al oficialismo. Sus requerimientos serán tratados por el juez Adolfo Gabino Ziulu, un radical conservador que actúa como subrogante del Juzgado Federal 1 de La Plata, donde lo puso el actual gobierno porque allí está la decisiva secretaría electoral.
La Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal establece que el/la Procurador/a General de la Nación no puede impartir instrucciones particulares a los fiscales. Este es un principio de raigambre constitucional que garantiza la independencia del sistema judicial, el debido proceso y la autonomía del Ministerio Público Fiscal. El desplazamiento de Schapiro, así como los de Zoni y De Vedia, quiebran esa regla y constituyen una indebida interferencia en un caso particular vinculado a temas de alta exposición, de interés para toda la sociedad y, sobre todo, para Macrì. Pero además Ferrara no tiene competencia penal, ni González Da Silva en seguridad social, lo cual viola el principio básico de especialidad. La titular de esa fiscalía, Laura Roteta, está ahora en la PROCELAC y hubiera podido regresar a su cargo.
Casal ya había desplazado a los titulares de la Dirección de asistencia tecnológica a las investigaciones penales (DATIP) y de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). También dictaminó en favor de Farmacity, propiedad de Mario Quintana, en sentido contrario a los fallos judiciales en instancias anteriores; además contradijo todos los dictámenes de la Procuración sobre el fuero en que deben tramitarse las impugnaciones a los aumentos de tarifas, siempre en favor de la pretensión oficial. En consonancia con el proyecto del Poder Ejecutivo de designar fiscales en materia penal y electoral por resolución, modificó el régimen de concursos y la composición del consejo evaluador. Cuando la opinión de un fiscal no coincide con la suya, restringe su publicación, lo mismo cuando se trata de causas sensibles para el gobierno, como la del Correo. Tampoco tiene precedentes la apertura de pre sumarios, por denuncias de partes, como hizo con las de Gustavo Arribas contra los fiscales Federico Delgado, Jorge Di Lello y Sergio Rodríguez. En forma sistemática, cada vez que la fiscal Boquín debe dictaminar en la Madre de Todas las Causas, Casal cita a empleados de su fiscalía, con la esperanza de abrirle un sumario por mal trato laboral. El libro Radiografía de la Corrupción PRO, de Julián Maradeo e Ignacio Damiani, describe la inactividad del fiscal José María Campagnoli, quien desde 2016 no impulsa la investigación de un ataque servicial a Boquín, cuando un profesional encapuchado desactivó la alarma de su camioneta, con guantes quirúrgicos sacó el vidrio trasero derecho, por allí entró al vehículo y se dirigió directamente al baúl, de donde retiró maletines y papeles. La cámara de seguridad registró su rostro cuando se quitó la capucha para seleccionar lo que interesaba, referido exclusivamente a la causa del Correo. Luego se retiró en un auto gris que lo aguardaba oculto entre arbustos.
Inesita
Mientras Casal hace méritos para permanecer en el cargo, el gobierno intenta conseguir el acuerdo del Senado para designar a Inés Weimberg de Roca. Esto contraría los planes del Peornismo Federal. Pichetto apostaba a Raúl Plee, quien visitó en nombre del senador a la Defensora General, Stella Maris Martínez, para pedirle que renunciara de modo que Pichetto pudiera negociar en un solo paquete la Procuración y la Defensoría. Otro que se anota para el cargo es el senador Rodolfo Urtubey, y Ricardo Sanz carece del pudor necesario para ocultar que creía merecer una retribución por su activismo antikirchnerista en el caso del ex fiscal general Natalio A. Nisman. Pero Macrì sólo confía en alguien de su clase, no en operadores de alquiler.
Claudio Jacquelin reveló en La Nación que el ministro de Justicia Germán Garavano y el asesor presidencial Fabian Rodríguez Simón prepararon en persona a Weimberg de Roca para la audiencia. Se advirtió un ostensible acuerdo para no incomodarla, porque su desconocimiento de cuestiones básicas daba para destrozarla, como ocurrió con el rechazado candidato Daniel Reposo.
Con relación a las áreas de la Procuración destacó el rol de todas las procuradurías y se concentró en especial en la de crímenes de lesa humanidad, que presentó como modelo. Dijo que el proceso de verdad y justicia en Argentina es un ejemplo para el mundo. Habló de la “derogación de las leyes” (se supone que quiso referirse a la declaración de nulidad). Sostuvo que los juicios deben seguir, como parte de un acuerdo institucional.
En varios temas tuvo problemas para explicar su posición o conocimiento. En todo lo que se refiere al nuevo Código Procesal, la implementación y su rol, se limitó a decir que es necesario elaborar criterios objetivos para la persecución penal, para certificar que el criterio de “oportunidad” no se desvirtúe y para algunos temas no habrá oportunidad, se perseguirían y punto. En la etapa de preguntas, pareció no entender el rol de los fiscales en el nuevo Código y su relación con los investigadores (la policía).
Se limitó a leer el artículo del Código Procesal y decir que elaboraría criterios que guíen la actuación de los investigadores. Cuando le preguntaron por el legajo fiscal, dijo que el gran problema es la “conectividad”, porque si no está en línea, no sirve de nada, y luego agregó, habrá que ver qué posibilidades de acceso se le da a la “defensa”. No se refirió al contenido del legajo, cómo llevarlos adelante, cómo podría tramitarse, qué implica en términos de garantías a cuidar.
Sobre el acceso a la justicia, cuando le preguntaron sobre legitimación colectiva en casos no penales, contestó sobre otra cosa, la representación de las querellas en causa penal. Agregó que como la Procuración General tiene que proteger el interés general de la sociedad, no hace falta que las organizaciones impulsen casos. Tal vez quiso decir que se confunden los mandatos o las posibilidades de acción de las ONGs y del Ministerio Público. Esto se tiene que dar dentro de los márgenes que le corresponden a cada uno de los poderes, dijo. A su juicio, el activismo es para los espacios legislativos, no para los tribunales, cuestión que pone en duda, qué posibilidades habrá de impulsar aquellos capítulos de la nueva ley de ministerio público, sobre defensa de la constitución, grupos vulnerables, situación de desventaja procesal en ámbitos no penales.
Con relación a la exigibilidad de los derechos sociales, dijo poco o nada y esto no incluyó una mención a cómo asegurarlos. Tampoco consideró que los asesores tutelares puedan llevar adelante acciones para la protección colectiva de esos derechos. Dijo que depende de los representantes legales y leyó un artículo del código civil que dice eso. La pregunta era otra.
Con otros asuntos, su respuesta fue incierta o escapó del asunto. Sobre la ley de aborto, dijo que aplicará lo que los legisladores decidan y que le interesaba mucho el debate. En el caso de la ley del congreso posterior al fallo Muiña del 2x1 dijo que el Congreso ya resolvió el tema, y que ella se limitará a aplicar lo que decidió el Congreso. Esta postura contradice su afirmación sobre la existencia de caso, causa o controversia, porque en ese supuesto, en cada situación habrá que ver si la ley se aplica o no.
Admitió la obligatoriedad de la jurisprudencia internacional en derechos humanos y dijo que las sentencias de la Corte Interamericana deben cumplirse. Consideró de “ineludible consideración” las decisiones de la Comisión Interamericana aunque no vinculantes.
Urtubey, que preside la Comisión, se dio por satisfecho con las respuestas de la candidata. Las audiencias de confirmación de los tres últimos procuradores comenzaron con la lectura de las impugnaciones. Esta vez, en cambio, abrió la candidata con un relato sobre su infancia y su juventud y lo muy humana que era. Lo leyó, muy vacilante y sin levantar la vista durante 50 minutos. En total la audiencia duró apenas dos horas y media, la más breve que se recuerde, hubo pocas preguntas y no asistieron fiscales. Federico Pinedo le sirvió ocho vasos de agua. Leyó generalidades sobre la estructura de la PGN, que están en la página oficial del organismo. Se pronunció en contra de la autonomía del Ministerio Público y a favor de las instrucciones particulares en las causas, que confundió con las instrucciones generales. Pichetto se lo hizo notar, minimizándolo como si hubiera sido un error, pero ni así lo captó.
—Bueno, todos los fiscales deben acatar órdenes— replicó.
Ante varias preguntas, comenzó respondiendo: “Cuando estábamos en Ruanda…” para balbucear luego que hay protocolos a seguir, que no mostró conocer. Ignoraba por ejemplo que al recibir una causa el fiscal puede requerir, archivar, o desestimar, como le informó Pichetto. “Yo parto de la base que la policía actúa bien”, dijo entonces. El senador Juan País miró azorado a su colega Omar Perotti. Ante una repregunta de País, dijo que el Ministerio Público “va de la mano del Poder Judicial”, lo contrario de lo que sostiene el artículo 120 de la Constitución. Sobre el proyecto de ley de extinción de dominio en casos de narcotráfico y los bienes incautados, dijo que conocía la opinión de País, de que “deben quedar en la Procuración”.
—¿En qué Procuración? – insistió País.
—En la Procuración del Tesoro— respondió la candidata.
—¿Del Tesoro?
Luego de una ayuda de Urtubey, se corrigió:
—En la Procuración General de la Nación, perdón, estoy nerviosa.
No fue un interrogatorio para aspirar a la cabeza de uno de los poderes del Estado, apenas para una materia de la Facultad de Derecho. La principal diferencia con Reposo es que no la atosigaron. Parece improbable que semejante candidata obtenga los 2/3 necesarios para que Macrì tenga esa llave maestra del edificio legal.
La música que escuché mientras escribía esta nota
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