La salud de la Justicia

El juez Pablo Vleiro deniega prisión domiciliaria a quienes padecen Parkinson y diabetes

 

El presidente del Tribunal en lo Criminal nº 1 de Mercedes, Jorge Pablo Vieiro, decidió no hacer lugar al pedido de otorgar prisión domiciliaria a personas que se encuentran privadas de su libertad, una bajo prisión preventiva en la unidad penitenciaria nº3 de San Nicolás —que padece diabetes crónica y es insulino-dependiente—, porque entendió no representa un riesgo ante la pandemia del Covid-19 (Coronavirus). El juez sostuvo en su resolución del 25 de marzo que los riesgos invocados “no escapan al común de todos aquellos ciudadanos que —inclusive como los integrantes de este órgano jurisdiccional— deben afrontar las tareas estrictamente necesarias para permitir sean atendidas las cuestiones de urgencia que resultan indispensables para la vida cotidiana”.

 

 

 

El Tribunal denegó la petición presentada por un defensor oficial sobre una persona detenida que padece Parkinson y también sobre la presentación del abogado Gabriel Ganón sobre Antonio Pío Figueroa, que sufre diabetes crónica y se encuentra alojado en la Unidad Penitenciaria nº 3 de San Nicolás. “Tengo mi esposo preso en San Nicolás hace más de dos años sin condena”, le dice Stella María Sarjanovich de Figueroa a El Cohete a la Luna. “Tendrían que haberle hecho estudios por la diabetes para ver qué tipo de insulina precisa, cosa que jamás le hicieron. Además sufre de taquicardia, problemas de próstata y presión alta”. Cuenta que le negaron el arresto domiciliario, que ella es de Pergamino y que tiene a su madre mayor en Liniers, a quien atiende. “No puedo conseguir un permiso para viajar, no puedo llevarle ni medicamentos ni mercadería a mi esposo”.

Figueroa “está alojado en sanidad donde hay cuarenta camas y cincuenta duermen en el piso, uno pegado al otro. Son 90”, dice su mujer. “Tienen que despertar a las siete, levantar todos los colchones del piso, armar las mesas y los que duermen en el piso no pueden acostarse hasta las diez de la noche. Mi marido es uno de los que duerme en el piso, si no se siente bien no se puede acostar hasta entonces”. Pero para el juez Vieiro, “los riesgos de contagio que puede tener Figueroa no escapan al común de los ciudadanos”.

 

 

¿Sanidad?

 

Antonio Pío Figueroa cuenta su situación personal de estar detenido en la Unidad Penitenciaria nº3 (UP3) de San Nicolás por un delito contra la propiedad, que todavía no tuvo juicio para demostrar su responsabilidad o inocencia.

 

 

 

 

 

En la provincia de Buenos Aires existen 51.258 personas afectadas al sistema de encierro. 45.112 bajo el sistema penitenciario bonaerense, 4.184 en comisarías y 1.962 bajo el sistema de monitoreo electrónico según datos de febrero último. La población carcelaria viene creciendo desde 2013 y 2014 y ascendió aún más a lo largo de los últimos cuatro años de Cambiemos. Los espacios disponibles en el sistema penitenciario bonaerense rondan las 24.000 plazas. La capacidad adaptada en la provincia de Buenos Aires resulta incompatible. De tomarse como referencia las 24.000 plazas realmente disponibles, el sistema penitenciario bonaerense tiene un 103% de superpoblación, es decir 25.296 personas más de la que está en condiciones de alojar. Una de las medidas que tomó el gobernador Kicillof ni bien asumió fue entender y atender la problemática, creando una mesa de diálogo para analizar el problema de la superpoblación carcelaria. Pero decisiones de jueces como Vieiro ante la pandemia, revelando un curioso criterio de igualdad, no ayudan ante la grave crisis del sistema penitenciario.

Para que se contemple la situación de personas privadas de su libertad, el subsecretario de política criminal del ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Lisandro Pellegrini junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), realizaron una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia. El primer escrito que Pellegrini acercó sostiene que de acuerdo a los criterios establecidos por las autoridades sanitarias, cuatro colectivos son los más vulnerables dentro del sistema carcelario:

  • Mujeres embarazadas.
  • Mujeres con hijos que viven con ellas en el encierro.
  • Personas mayores de 65.
  • Personas que están bajo tratamiento oncológico; las que padecen tuberculosis; diabetes o VIH.

Por su parte la CPM y el CELS solicitaron la adopción de medidas generales que permitan atender la situación en torno al Covid-19 (coronavirus).

  • Se indique a los magistrados que deben favorecer y tender a la obtención de libertades o morigeraciones —con o sin monitoreo electrónico— de las personas que integran un grupo de riesgo, según las disposiciones del Ministerio de Salud.
  • Se tome la misma medida con respecto a las mujeres embarazadas con hijos alojados con ellas y embarazadas —en cualquier trimestre—, en Unidades Penitenciarias, Alcaldías o dependencias policiales.
  • Se revisen de oficio las prisiones preventivas de los detenidos por delitos leves o no violentos; e imposición de cumplimiento domiciliario de pena para los penados por los mismos sucesos, con o sin monitoreo electrónico.
  • Se evalúe el otorgamiento de libertades o morigeración respecto de quienes cuentan con salidas transitorias o laborales y que no hayan incumplido las pautas que oportunamente se les fijaron, así como la concesión de libertades asistidas o condicionales a quienes, conforme el tiempo transcurrido de sus condenas, estén en condiciones de obtenerlas, prescindiéndose de los informes técnicos-criminológicos.
  • Se disponga de un esquema de emergencia que priorice el trámite de esta clase de resoluciones.
  • Se conforme el Comité de Crisis que coordine las actividades en conjunto con el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público.

El Presidente de la Corte bonaerense resolvió remitir a la Mesa Interinstitucional de Diálogo creada por el decreto nº 24/2019; reiteró que se halla vigente la prohibición de alojamiento en sedes policiales de personas enfermas o menores de edad, ampliando el abanico a mujeres embarazadas y personas mayores de 65. Recordó que es atribución de los jueces discernir en cuáles circunstancias adoptar medidas alternativas o morigeratorias con respecto a las personas privadas de su libertad teniendo en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación.

El abogado de Figueroa califica el fallo del juez Vieiro como “desopilante”. Gabriel Ganón, que tiene una amplia trayectoria en defensa de los derechos humanos y practicó siempre el derecho en defensa de los de a pie y en contra de los torcidos, sostiene que el juez “descarta las recomendaciones que hizo tanto la Suprema Corte de la provincia como las recomendaciones realizadas por Naciones Unidas”. Además de criticar la resolución, refiere que las recomendaciones que dio la Corte bonaerense y las directivas de la Procuración no se están cumpliendo. “Quizá la recomendación de la Procuración se dio para la tribuna. Los fiscales siguen oponiéndose a la condición de arresto, como ocurrió con Figueroa. En otros casos, donde también los jueces aplicaron esas pautas a través de medios menos lesivos para disminuir la situación de los penales que se agrava en este aislamiento social obligatorio, los fiscales apelan los arrestos domiciliarios”, señala. “No se comprende si es que la Procuración dio la directiva para que los fiscales consienten y no apelen estas decisiones o si al contrario, en la pública se dice que no van apelar y por debajo se da la directiva que se mantenga la política que tenía antes la Procuración”.

 

 

 

 

Que la resolución del juez Vieiro señale como iguales los riesgos de contagio de los detenidos con los de cualquier ciudadano, incluso el propio órgano judicial que representa, no es más que una de las tantas abstracciones del liberalismo que ejerce el Poder Judicial, que como decía Arturo Jauretche se asemeja al “derecho que todos tienen de dormir bajo los puentes, desde Felicito Alzaga Unzué al linyera o croto, pero que inexplicablemente Don Felicito no ejerce, con un increíble abandono de sus derechos”. Seguramente el juez Vieiro también declina el dormir hacinado en el piso, derecho que sí ejerce todos los días en la UP3 San Nicolás, Antonio Pío Figueroa.

 

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2 Comentarios
  1. Daniel Alberto Gómez dice

    Hola,mi nombre es Daniel Alberto Gómez dni 17948896,juntó a un grupo de personas que estuvimos presos x más de tres años y casi todos absueltos.En mi caso particular mi causa se encuentra en la sala IV de casación de Comodoro Py,perdí la visión del ojo izquierdo x la diabetes y falta de atención médica soy diabético insulinodependiente, pero ahy no termina una vez recuperada mi libertad y de hacer los trámites pertinentes para poder vender pescados debidamente el Gobierno de la Ciudad no me otorga el Permiso por mis antecedentes, pero si confirma el puesto de trabajo del homicida agte, de policía de la ciudad que mató de una patada a una persona más el respaldo al otro homicida Chocobar no hace más que demostrar la política llevada a delante x el Gobierno de Macro

  2. Olga Marta Prieto dice

    Hace dos días se hizo pública la resolución de la presidenta de la Cámara de Casación Penal Federal Ángela Ledesma en la que se insta a los jueces a que, a partir de la situación carcelaria agravada por el coronavirus, resuelvan con rapidez pedidos de prisión domiciliaria o excarcelaciones en consideración de los criterios del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Las personas comprendidas en la resolución son las que se encuentran en grupos de riesgo por la pandemia, embarazadas, mayores de 65, etc
    En este mismo medio he leído la nota de Graciana Peñafort en la que con detallados argumentos legales relata , su impotencia como abogada ante la respuesta realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la situación de Amado Boudou.
    Opino que la reforma judicial que el Presidente planteó en su discurso ante el Congreso es absolutamente necesaria.

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