Los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) e Ignacio Torres (Chubut) lograron una alianza estratégica con YPF SA, que necesariamente definirá políticas públicas en estas provincias a la medida de los intereses de sus capitales.
En Neuquén, una comunidad mapuche que vive en el corazón de la explotación industrial de hidrocarburos denunció penalmente a la cúpula de YPF y a funcionarios públicos provinciales por el daño ocasionado en forma sistemática al ambiente, a su territorio y a toda la población comunitaria. Sin aplicar la consulta previa, libre y debidamente informada exigida por normas vigentes, en marzo el gobernador Figueroa autorizó por decreto a YPF la apertura de nuevos pozos con la técnica del fracking en el istmo que une los lagos artificiales Barreales y Mari Menuco, territorio tradicional de la comunidad Kaxipayiñ y principal fuente de agua dulce potable para la población de Neuquén capital y la ciudad de Centenario. Por ese decretazo debieron ingresar seis millones de dólares en concepto de impuesto al sello, aporte de responsabilidad social empresaria y un bono.
Al mismo tiempo, otras cuatro comunidades reclamaban desde el año pasado la entrega de la personería jurídica, que también necesita un decreto del gobernador. El martes 15 de julio, Jorge Tobares, ministro de Gobierno, informó que no tiene respuesta favorable a las cuatro comunidades, por lo que las máximas autoridades comunitarias se encadenaron en protesta pública en la vereda de la Casa de Gobierno. El mismo día, Kaxipayiñ formalizó la denuncia penal por daño ambiental ante José Geréz, titular del Ministerio Público Fiscal. Cinco días después, la policía local ejecutó el violento desalojo de la protesta mapuche, ante la denuncia de coacción hecha por Raúl Miguel Gaitán, fiscal de Estado.
La desproporción de la violencia estatal durante el desalojo pudo haber sido una puesta en escena para los inversionistas, que repiten el eslogan de “seguridad jurídica”. Un efectivo de las fuerzas especiales apuntó su escopeta a la cabeza y a corta distancia a Jorge Nawel Purrán, referente histórico de la Confederación Mapuche del Neuquén. Más que víctima al azar, pudo ser la imagen que necesitaba el poder para transmitir tranquilidad a los capitales. Lo que también intranquiliza a buena parte de la población es la actividad sísmica provocada por el fracking que, en Vaca Muerta, registra en diez años 442 sismos, de acuerdo al relevamiento y monitoreo que realiza el Laboratorio de Sismicidad Inducida con el aporte de los pobladores de las comunidades, localidades y parajes directamente afectados.
La denuncia
Kaxipaiñ está asentada en el paraje Loma de La Lata, desde donde otro gobernador, Jorge Sobisch, maximizó la explotación del gas. Ahora la comunidad denunció “hechos que afectan gravemente su ambiente, territorio y salud comunitaria, por la contaminación persistente que produce YPF SA, la omisión del deber de control por parte de autoridades provinciales y el incumplimiento del deber de remediación por parte del Estado”. Los mapas hidrológicos más recientes (julio y agosto de 2024) confirman que los contaminantes están en los acuíferos subterráneos que se desplazan hacia las zonas habitadas por la comunidad, aumentando el riesgo de exposición directa tanto de las personas como del ganado.
YPF opera históricamente en el lugar, al punto que en 2013 firmó un protocolo comprometiéndose a no realizar acciones sin consulta previa, libre y debidamente informada de la comunidad, tal como lo prevé el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El foco de contaminación es la fosa de quema de la planta turboexpander que produce gas licuado de petróleo (GLP). En 2009 esta misma comunidad denunció el daño ambiental, la planta estuvo paralizada 15 años y se reactivó el año pasado. “Se institucionalizó una política estatal de monitoreo sin consecuencias, que perpetúa el daño y lo agrava”, indica la denuncia. Los propios análisis de laboratorio aportados por YPF confirman niveles “peligrosamente altos” de TPH (hidrocarburos totales del petróleo), BTX (benceno, tolueno, etilbenceno, xileno) y naftacileno, sustancias calificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como cancerígenas, mutagénicas, teratogénicas (que produce malformaciones en el feto). Esas sustancias están en el suelo y en las napas de agua.
Un expediente administrativo del Ministerio de Energía y Recursos Naturales, por el que se tramitó la renegociación de contratos petroleros en 2022, tiene acreditada toda la prueba de la contaminación acumulada por años, así como la falta de actuación de los organismos de contralor estatal desde 2009. El pasivo ambiental está dentro del territorio nacional reconocido en 2023 por el relevamiento realizado en el marco de la ley nacional de Emergencia y la respectiva resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), tierras ubicadas sobre la costa norte de los lagos Barreales y Mari Menuco, incluyendo el istmo que los une.
La gente de la comunidad es un documento vivo del aumento de las afecciones respiratorias, de la piel, digestivas y reproductivas, viendo morir a temprana edad a muchos de sus integrantes en una tasa muy diferente a la media provincial y nacional. Además, es creciente la dificultad del acceso a agua limpia y a suelos fértiles aptos para la agricultura y la ganadería, claves para la autonomía alimentaria.
Aquellxs niñxs
Sobisch coincidió en gobernar (1991-95) durante la presidencia de Carlos Menem. Así como ahora Vaca Muerta parece ser la llave de la felicidad, por entonces era el gas de Loma de La Lata, el mayor yacimiento de Sudamérica, antes que el fracking cambiara todo. A la izquierda de Kaxipaiñ, siempre sobre la costa norte del lago Barreales y más cerca de la localidad de Añelo, está el territorio tradicional de la comunidad Paynemil. Una pericia independiente, que costó muchísimo realizar con laboratorios europeos, determinó la presencia de 17 metales pesados en sangre.
Lxs niñxs de Paynemil ganaron un amparo judicial en mayo de 1997 por el que se condenó al Estado provincial y se dictaron medidas que jamás se cumplieron. Un juez en lo Civil determinó que la provincia realizara los estudios médicos necesarios para determinar la presencia de metales pesados en sangre de los habitantes de Paynemil y, en consecuencia, realizara los tratamientos médicos correspondientes. También le ordenó resolver el problema crónico de provisión de agua dulce potable.
Durante los 28 años de incumplimiento de esa sentencia judicial firme hubo funcionarios de segunda línea ejerciendo poder y a cargo de áreas estratégicas, obstaculizando todas y cada una de las peticiones del pueblo mapuche.
La denuncia penal promueve acción contra Horacio Marín, CEO de YPF; Pablo Giuliano, CEO de la firma entre 2022 y 2023; y Federico Califano, gerente de asuntos externos en Río Negro y Neuquén.
Relaciones carnales
El vínculo entre el partido de gobierno, el Estado neuquino y el gobierno de la empresa siempre fue muy fluido, con gran capacidad de todas las partes de jugar el papel que la coyuntura demandara. Por caso, Omar Gutiérrez fue ministro de Economía (2011-2015) durante el acuerdo Chevron-YPF, cuando la Legislatura local aprobó en sesión secreta y a libro cerrado el proyecto empresario. Después fue gobernador durante dos períodos consecutivos hasta diciembre de 2023, cuando lo designaron como director en YPF como premio consuelo y en representación de las acciones clase B que mantienen las provincias productoras. Lo acompañó Gustavo Koening, otro ex funcionario público neuquino.
Pocos recordaban esa cancillería ad-hoc hasta que el gobernador hizo público en su cuenta personal de X, el 11 de julio, que le había pedido su renuncia al cargo y que, además, se lo había comunicado a Marín. De todos modos, hasta el cierre de esta nota, la web institucional de YPF lo cuenta en su directorio como titular.
Días antes, Figueroa y Marín hablaron cara a cara, sin la mediación de las redes sociales, cuando firmaron el financiamiento de becas para educación y la protesta por las personerías mapuche llevaba ya cuatro días dentro de la Casa de Gobierno.
Los gobiernos y buena parte de la sociedad sigue a diario los movimientos de YPF en el territorio y no tanto las novedades de la demanda judicial en Estados Unidos. La prensa oficial informó la última semana que la firma recorrió la infraestructura del puerto de San Antonio Este en Río Negro, lo que balancea el impacto negativo del repliegue de la explotación de los pozos convencionales en la misma provincia.
Un poco más al sur, mañana se realizará la primera manifestación social de rechazo a la megaminería de uranio que acordaron el gobernador Torres y la flamante YPF Nuclear. Los yacimientos de uranio están sobre la cuenca del río Chubut, del que depende la mitad de la población de esa provincia.
Tanto en Neuquén como en Chubut, estos proyectos energéticos ponen en peligro el agua dulce y las posibilidades de su consumo por parte de la población local.
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