La telaraña

El espionaje ilegal es una gran tela de araña que pone nuestros derechos en manos de un perverso

 

¿Cuándo comenzó todo? Difícil saberlo. A veces pienso que un punto de partida fue con el atentado a la AMIA, aunque sé que la historia comenzó mucho tiempo atrás. Pero con ese atentado, o mejor dicho con su encubrimiento, apareció un personaje bastante central. El comisario “Fino” Palacios.

Era un 1 de agosto de 1994 y bajo las órdenes del juez Juan José Galeano, cuando una comisión policial bajo las órdenes de Palacios –entonces jefe de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas– y de Carlos Castañeda, de Protección del Orden Constitucional de la Federal, se apostó a las 8 de la mañana en las inmediaciones de los domicilios de la familia Kanoore Edul. Se trataba de un operativo para investigar la llamada pista “siria” del Atentado, a apenas dos semanas de cometido. Pero las fuerzas policiales recién ingresarían a la primera vivienda más de nueve horas después. El segundo ingreso se produciría a las 19,30. El tercer domicilio nunca llegó a ser allanado. Horas antes de los ingresos al primer domicilio, recibieron dos llamadas en el domicilio de Kanoore Edul desde el celular no declarado de Palacios. Quien inicialmente negó reconocer el celular como propio, luego adujo habérselo prestado a un subordinado para que llamase y constatase que en el domicilio a allanar había personas, dado que caso contrario había que procurar los servicios de una cerrajería.

Apenas tres años después —en 1997— Palacios fue nombrado jefe de la Dirección de Unidad de Investigaciones Antiterrorista (DUIA) y participo activamente en la investigación del atentado. Fue durante esa época cuando una las escuchas vinculadas a la causa AMIA, que estaban bajo su custodia, desaparecieron para siempre. Por ello quedó imputado por encubrimiento en la causa que investiga el atentado.

El fiscal que lo imputó se llamaba Alberto Nisman. Y el juez que inmovilizó la investigación por encubrimiento al atentado a la AMIA se llamaba Claudio Bonadío, quien finalmente fue apartado.

En el año 2004, Néstor Kirchner tomó conocimiento de una escucha de Palacios que lo vinculaba con el secuestro de Axel Blumberg y fue dado de baja de la Policía Federal. Rápidamente encontraría trabajo como jefe de seguridad de Boca Juniors. De la mano de Mauricio Macri –Palacios había participado en la investigación de su secuestro—, finalmente seria designado como jefe de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se vería involucrado en el primer escándalo de espionaje ilegal que tendría Mauricio Macri como protagonista. No sería el último.

Fueron escuchas ilegales que se hicieron a opositores políticos a Mauricio Macri, a lideres sindicalistas y a los propios familiares de Macri. Y la modalidad fue la de hacer espionaje ilegal con los “fierros” del Estado. Tampoco sería la última vez que veríamos esa modalidad

Varios años después Macri llegó a ser Presidente de la Nacion y a controlar los “fierros” del Estado Nacional, para las tareas de inteligencia. Una de las primeras medidas que adoptó fue la de volver al sistema de “fondos reservados”, esto es, dinero público sobre el que los funcionarios no deben rendir cuentas. Este sistema, que no hace otra cosa que financiar la oscuridad, había sido derogado por la reforma a la ley de inteligencia que impulsó Cristina Fernández de Kirchner. Otra medida importante que tomo Macri fue la de traspasar la oficina de escuchas telefónicas a la Corte Suprema. Fue el inicio del festival de escuchas que todos vimos por TV y el inicio de la carreras como maratonista de ciertos “periodistas” por los bosques de Palermo. Hasta ese día las escuchas telefónicas habían estado bajo la órbita de la Procuración, donde la hoy interventora de la AFI Cristina Caamaño las había custodiado con celo y sin filtraciones. Gestión exitosa por donde se la mire, pero que Macri abortó en el marco de su disputa con la entonces Procuradora Alejandra Gils Carbó, a quien obligo a renunciar presionándola de modo infame con amenazas de cárcel para sus hijas y para ella misma. La tercera medida importante que tomó Macri fue nombrar a quien definió como “el más pillo” de sus amigos, Gustavo Arribas, al frente de la AFI. Con nula experiencia en materia de inteligencia, queda como herencia de la gestión de Arribas un sinnúmero de causas judiciales por tareas de inteligencia ilegal. Como segunda de Arribas, Macri designó a Silvia Majdalani, mujer con fluidos vínculos con la política –hay quienes señalan la sociedad comercial que habría conformado con el referente del PJ porteño Víctor Santamaria— y también con personas vinculadas a los viejos servicios de inteligencia, que fueran despedidos también por Cristina Kirchner.

Los espías de la AFI en el gobierno macrista no dejaron a nadie sin espiar. Jueces, políticos, sindicalistas, dirigentes sociales, periodistas, abogados, familiares de las víctimas del ARA San Juan e incluso a la familia de Mauricio.

Dentro de los políticos, espiaron tanto a los opositores como a los aliados. Ese espionaje ilegal le costó el matrimonio a Horacio Rodríguez Larreta, descubierto en una relación extramatrimonial de la que resultaría una reciente paternidad y la muy razonable furia de Nancy Pazos, madre de los hijos de Diego Santilli, que también fue espiado. Con torpeza sin igual espiaron además a Cristina Fernández de Kirchner, y a Graciela Caamaño, diputada y esposa de Luis Barrionuevo, entre otros.

Entre los jueces espiaron a Irurzun, presidente de la Cámara Criminal y Correccional Federal, a varios jueces de Py, y a Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Un poco más siniestro fue el espionaje a los llamados “presos políticos” y a sus abogados.

Siempre me voy a preguntar si Martin Irurzun tuvo algo que ver con el espionaje en las cárceles. Porque fue precisamente la doctrina que injustamente lleva su nombre que proporcionó la herramienta para juntar gente en prisión que luego sería sometida a espionaje ilegal. Porque el sistema funcionaba así. Primero estuvo la llamada “doctrina Irurzun”, que estableció de modo arbitrario y contrario a la ley que los ex funcionarios conservaban un “poder residual” que podían utilizar para desviar o encubrir las investigaciones de las que eran objeto. Con ese falso argumento, ordenaban su prisión preventiva.

Señalemos algo. A la tesis la conocemos como “doctrina Irurzun”, pero quien la creó fue un juez de la Corte. Irina Hauser contó ya que ese juez de la corte intentó introducir la tesis en un acuerdo y la Corte lo mando a freír berenjenas. Así que convenció a Irurzun para adoptar ese criterio. E Irurzun decidió tirar por la borda años de trayectoria para aplicar esa tesis. Como dicen los jesuitas, “en el pecado esta la penitencia”, ahora que esa tesis que es ejemplo de arbitrariedad judicial lleva su nombre. (Aun cuando —los abogados lo sabemos— debería llamarse Doctrina Lorenzetti.)

Tiendo a pensar que Irurzun no tiene que ver con las tareas de inteligencia ilegal. Por una sencilla razón: a medida que avanzan las investigaciones que refieren a esas maniobras ilegales, los jueces involucrados intentan quedarse con las causas para actuar en defensa propia. Por el contrario, Irurzun declinó conocer en las causas sobre inteligencia ilegal.

Como sea, lo cierto es que sabiendo o no, con la doctrina Irurzun comenzaron a dictar prisiones preventivas a ex funcionarios de Cristina Fernández y a empresarios. Y los empezaron a alojar en pabellones especiales llamados Pabellones IRIC. Nunca voy a olvidar el 19 de noviembre que fui a visitar a Amado Boudou por su cumpleaños al pabellón número 6 de la Cárcel de Ezeiza. Amado había sido detenido en prisión preventiva y había pasado una semana en el hospital de la cárcel. Ese fin de semana era su primer fin de semana fuera del hospital y ya en la celda y yo aproveché para visitarlo. Ese día me contó que le habían advertido que los pabellones estaban “cableados”, esto es provistos de micrófonos y cámaras para espiar a los reclusos. Recuerdo, con vergüenza, que lo traté de paranoico y le expliqué que eso estaba prohibido por la ley. Me escucho a mí misma decir esa frase y a la luz de las pruebas que aparecieron, vuelvo a sentirme la abogada más ingenua del mundo. En el marco de una causa judicial, una investigación dio cuenta de la existencia de cables y de cámaras instaladas en el pabellón. De esas escuchas no han aparecido transcripciones, pero sí de las imágenes captadas por las cámaras. Perdón, Amado, por tratarte de paranoico aquel día. Porque tenías razón.

 

 

 

 

 

Pero las tareas de inteligencia ilegal fueron aún más lejos. Pincharon los teléfonos de esos pabellones y escucharon la totalidad de las conversaciones telefónicas de los presos. Incluso las que tenían con sus abogados. Algo que está expresamente prohibido.

Cuando se filtraron las escuchas del penal en televisión, la Corte Suprema, responsable de custodiar esas escuchas se vio obligada a decir algo. Entonces en junio de 2019 dictó la acordada 17/2019 en la que expresamente consignó la Corte que “cabe recordar que el debido proceso legal y la defensa en juicio —reconocidas en el artículo 18 de la Constitución Nacional— constituyen otro de los pilares fundamentales que sostienen al Estado de Derecho. En efecto, los constituyentes han sido cuidadosos en establecer un conjunto de reglas cuya inobservancia torna el proceder de las autoridades públicas arbitrario y —por ende— violatorio del orden constitucional”. Por todo lo dicho queda claro que, por expreso mandato constitucional, las comunicaciones en todas sus variantes, al igual que la correspondencia epistolar, solo pueden ser objeto de injerencia en la medida en que exista una orden judicial debidamente fundada, sin que la privacidad pueda ser soslayada en miras a satisfacer una necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir delitos. Además resolvió que “la interceptación de las comunicaciones entre un imputado y su abogado defensor constituye una grave violación a la garantía constitucional de defensa en juicio. Sin la garantía de la defensa en juicio, toda la población ve comprometida la vigencia del estado constitucional de derecho”.

Hace un par de días, en el marco de una investigación judicial sobre espionaje ilegal, se certificó que “conforme a lo ordenado mediante auto de fecha 23 de septiembre del año en curso, se procedió a efectuar un análisis de las transcripciones de las intervenciones telefónicas obrantes en autos —vinculadas con la causa 1374/2019— a fin de identificar aquellas en las que podrían haber participado letrados. Producto de ello, se constató lo siguiente: «Se observa la captación de conversaciones de quienes serían Enrique Blaksley, Juan Pablo Schiavi, Claudio Cirigliano, Natividad Terán, Marcelo Calderón, Eduardo Bernardi, Alionzo Rutillo Ramós Mariños, Fabián De Sousa, Osvaldo Giacumbo, Roque Cirigliano, Cristobal López, Darío Maximiliano Cuello y Ricardo Jaime (privados de libertad, alojados en el SPF). A su vez, en algunos casos, expresamente se deja constancia de que en la conversación participaría un abogado como interlocutor. En otros, tal situación es inferida por el tenor del diálogo”.

Hay cuatro cajas de grabaciones de las conversaciones ilegalmente interceptadas en el pabellón 6 de la cárcel de Ezeiza. Y un total de 220 grabaciones ilegales, que no fueron ordenadas por juez alguno entre personas ahí encerradas y sus abogados defensores. Y en cada uno de esos casos se vulneró el derecho a defensa en juicio de las personas.

Y no solo los escuchaban ilegalmente, sino que además ilegalmente transcribían esas charlas de las personas privadas de su libertad y sus abogados defensores. ¿Quiénes hacían eso? El personal de la AFI que conducían Arribas y Majdalani. Que para ello crearon un área especial y especifica. Su responsable, el director de jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stefano, sindicado como el encargado del armado de un aceitado sistema judicial que le permitía a la AFI macrista montar seguimientos e intervenir teléfonos.

En 2019, cuando se filtraron las primeras escuchas obtenidas del penal, en el marco de lo que fue la estrategia de defensa de Carlos Stornelli, con Alejando Rúa impugnamos esas escuchas y solicitamos su destrucción. En aquella oportunidad nos acompañó el Colegio de Abogados de la Capital Federal. Y denunciamos la situación ante el Poder Judicial argentino y ante el relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados.

En estos días, Alejandro reiteró la denuncia ante el Relator, adjuntado la prueba judicial de la intervención de las comunicaciones telefónicas entre personas sometidas a procesos penales y encarceladas y sus abogados defensores.

Yo imagino el perverso placer de alguien leyendo las conversaciones privadas de las personas. Un disfrute casi masturbatorio para un sujeto minúsculo e inseguro que así, con el uso de los fierros del estado, tenía acceso a la intimidad de las personas. Acceso prohibido por la ley y que configura delito.

Eso es lo tenebroso del espionaje ilegal. Que es como una gran tela de araña donde todos nuestros derechos y garantías quedan atrapados en manos de un perverso. También quedan atrapados nuestros deseos y reclamos. Pero por sobre todas las cosas queda atrapada la posibilidad real de justicia y el Estado de Derecho. Porque si hay algo que se opone al Estado de Derecho es precisamente el Estado Policía que espía y hace inteligencia ilegal sobre sus ciudadanos.

Nota: escribo en homenaje a los familiares del ARA San Juan, espiados también por la AFI macrista por reclamar información sobre sus familiares. Y por los familiares y amigos de las víctimas de la AMIA, cruel prueba piloto de lo que seria luego una estrategia de Estado y una forma de gobierno: el espionaje ilegal.

Y también un reconocimiento a Alejandro Rúa, que nunca se cansa de luchar contra estas telarañas. Primero el encubrimiento de AMIA y ahora las escuchas ilegales.

 

 

 

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