La terrible desigualdad

Las potencias y la industria farmacéutica atentan contra una campaña de vacunación internacional

 

El ejercicio del poder

El poder no se posee, se ejerce. Con este concepto Michael Foucault localiza al poder en el campo estratégico y de la acción. Al definir en un plano internacional a las relaciones de poder entendemos que los países desarrollados son los que manejan los dispositivos que en cada momento permiten mantener un contexto de desigualdad. Es así como hoy acudimos una vez más a un escenario de injusticia, que concentra en unas pocas manos la única solución a la triste realidad a la cual nos enfrentamos producto de la Covid-19. Aún así, los pueblos oprimidos desarrollan herramientas para dar pelea. La voluntad continúa siendo el factor primordial que tenemos como sociedad para librarnos de los elementos de dominación que se establecen en lo más profundo de nuestro sistema y nuestra cultura. Como ya hemos mencionado desde la Iniciativa por el Resguardo de los Derechos Humanos (IRDH), la situación de emergencia provocada por la pandemia deja al desnudo las miserias de los pueblos. Es aquí donde lo evidente se vuelve obvio. Las injusticias se traducen en muertes y la autoridad, poder legitimado por los sometidos, se pone en tela de juicio. Una vez más, la voracidad de los países desarrollados occidentales lleva a un esquema de profundización de desigualdades atentando contra la salud y la vida de los pueblos. En un reciente informe desarrollado por la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores en Salud (RAIIS) se revelan los mecanismos por los cuales las vacunas se concentran en pocas manos y los dispositivos que se han puesto en marcha con el fin de contrarrestar esta realidad.[1] En esta nota se presentan algunos párrafos de dicho informe.

 

Sálvese quien pueda

A un año de iniciada la pandemia, ha quedado claro, por un lado, que la salud es indiscutiblemente un asunto internacional y que múltiples condiciones influyen en el estado de salud de las poblaciones; por el otro, que las enfermedades afectan de manera desigual a los distintos países y varía mucho cómo impactan al interior de los mismos. Hoy en día, en un mundo cada vez más interconectado y globalizado –y en especial frente a problemas de salud globales como la Covid-19– las respuestas no pueden ser únicamente individuales sino que deben construirse de manera colectiva. En efecto, en respuesta a esta emergencia sanitaria, si hay algo que ha primado hasta ahora –a casi un año de iniciada la pandemia– ha sido la tendencia por parte de la mayoría de los gobiernos del mundo a adoptar acciones individuales, lo que ha dejado a la deriva a los países más empobrecidos en una especie de “sálvese quien pueda”. En efecto, la distribución de las vacunas contra la Covid-19 –que sería hoy la principal forma de controlar la pandemia– parece ir en la misma dirección. Lejos de los primeros anuncios de declarar la vacuna un bien público global, lo que prima es la lógica del mercado, según la cual los procesos de compra-venta responden más a criterios económicos que a demandas de Salud Pública. Hasta ahora la industria farmacéutica no asumió ningún compromiso a futuro sobre mecanismos equitativos de distribución. Por el contrario, ya ha vendido por anticipado miles de millones de dosis. Así, la carrera por la vacuna está imponiendo un enorme desafío a los países, no sólo para su adquisición sino también para su almacenamiento, distribución y aplicación. Mientras los principales ensayos clínicos llegan a su fin, la OMS calcula que a lo largo de este 2021 se necesitarán 2.000 millones de dosis pero ¿quiénes tendrán acceso?

 

La geopolítica de la concentración

Muchos países desarrollados ya han tomado medidas para reservarse las dosis necesarias para sus ciudadanos. Se estima que las naciones ricas, que concentran sólo el 14% de la población mundial, ya han pre-adquirido más de la mitad del primer suministro potencial de vacunas en el mundo. Por poner un ejemplo, hasta ahora las dosis de Moderna y el 96% de las de Pfizer BioNTech han sido adquiridas por Estados Unidos, los países de la Unión Europea, Canadá, Suiza y Japón. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 95% de las aplicaciones de dosis contra el coronavirus está concentrado actualmente en diez países. Un análisis publicado en The New York Times muestra que si todos estos países recibieran el total de dosis solicitadas, la Unión Europea podría vacunar dos veces a su población, el Reino Unido y Estados Unidos podrían hacerlo cuatro veces, y Canadá (el país con más dosis reservadas) seis veces. Los países de ingresos bajos y medianos, en cambio, estarían accediendo en menor proporción a los suministros de vacunas a corto plazo. En esta línea, OXFAM ha señalado que nueve de cada diez países pobres no tendrán acceso a la vacuna contra la Covid-19 el próximo año. Si la distribución continúa siendo tan desigual, muchos países tendrán que esperar incluso hasta 2024 para vacunar a su población. De esta manera, mientras unos pocos tienen reservada una cantidad de dosis que supera ampliamente a su número de habitantes, la gran mayoría no tiene garantizado el acceso y cuenta con menos recursos y mecanismos para avanzar en este sentido. Esto supone incluso que no cuentan con vacunas ni para sus equipos de salud transitando una pandemia y frente a segundas olas de contagios.

 

La resistencia

Frente a este escenario, se han lanzado algunas iniciativas globales en la búsqueda por ampliar el acceso a las vacunas para los países de bajos y medianos ingresos. Una de ellas es el Mecanismo COVAX, en el marco de colaboración denominado Acelerador del acceso a las herramientas contra la Covid-19 (Acelerador ACT). COVAX está codirigida por la Alianza Gavi para las Vacunas, la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la OMS, donde participan más de 180 países. Este mecanismo propone ser una colaboración para el acceso equitativo mundial a las vacunas y para ello ha anunciado un acuerdo para la compra y distribución de vacunas destinadas a países en desarrollo. Si bien apunta a convertirse en un mecanismo global, desde varios sectores se han señalado limitaciones para garantizar la equidad del acceso. Asimismo, contra las consecuencias inequitativas del sistema de acceso a vacunas y de patentes surgió otra iniciativa impulsada por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. La iniciativa de Acceso Mancomunado a Tecnología contra la Covid-19 (C-TAP) ha propuesto hacer público el conocimiento, la propiedad intelectual y la información relacionada con las tecnologías sanitarias contra la Covid-19. Si bien el Repositorio Libre de Recursos Técnicos fue apoyado por 37 países, incluida la Argentina, finalmente no recibió el apoyo que ha recibido el ACT, por lo que COVAX se presenta como el único mecanismo global.

En esta búsqueda de disminuir las trabas existentes y garantizar el acceso a las vacunas han surgido diversas reacciones, aunque aún sin éxito. En efecto, se ha solicitado la suspensión de los derechos de propiedad intelectual relacionados con los productos de salud de Covid-19 durante la pandemia, y de acuerdos de licencia voluntaria entre los fabricantes de vacunas y las empresas de producción. Alrededor de un centenar de países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) han adherido –ya sea en su totalidad o parcialmente– a la propuesta conjunta de India y Sudáfrica para aprobar una exención temporaria de los derechos de propiedad intelectual para medicamentos y productos sanitarios durante la pandemia. En América latina, Argentina, Venezuela y Nicaragua expresaron pleno apoyo y acompañaron la iniciativa, mientras que Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y El Salvador propusieron discutirla. El único país de la región que se ha manifestado en contra de la propuesta de exención fue Brasil, encolumnado detrás del rechazo del grupo de países desarrollados. Sin embargo, el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC decidió, por segunda vez, posponer hasta marzo una nueva discusión.

Una de las principales trabas en el acceso a tecnologías y medicamentos, incluidas las vacunas, son los derechos exclusivos que otorgan las patentes y otros derechos de propiedad intelectual que generan monopolios a favor de las grandes farmacéuticas. Sin embargo, a pesar de algunas declaraciones de intención de diversos productores al inicio de la pandemia, los laboratorios vinculados a la fabricación de las vacunas continúan exigiendo la exclusividad y la protección de estos derechos. Tampoco se han tomado medidas para otorgar licencias o transferir tecnologías protegidas por propiedad intelectual de manera de permitir una mayor capacidad de fabricación y suministro global, aun cuando los países disponen de diversas herramientas que podrían utilizar en contexto de crisis y emergencias para favorecer el acceso a estos nuevos desarrollos.

Mientras no se ponga el foco en la salud como derecho y en el derecho de los pueblos a acceder a la vacuna en tanto bien público global, sólo van a poder acceder a las vacunas aquellos países con mayor capacidad de negociación y de pago, como de hecho está sucediendo. Es apremiante que los gobiernos y la industria farmacéutica tomen medidas urgentes para asegurar, en primer lugar, la producción de dosis suficientes, y luego la distribución de manera equitativa, lo cual requiere de mecanismos y acciones colectivas.

 

La Memoria

Nuestro rol, como militantes de los derechos humanos reside en registrar, dar testimonio y construir Memoria a partir de los hechos e injusticias que se nos presentan. Una vez más llamamos a los Organismos de Derechos Humanos internacionales a acompañar el reclamo y denuncia de las maniobras que atentan contra una campaña de vacunación internacional y equitativa que proteja el Derecho a la Salud y la Vida de todos los pueblos.

 

[1] Bélen Herrero, Mariana Manteca Acosta, Mariano Pérez Filgueira y María Soledad Santini. Vacunas contra Covid-19, ¿bienes públicos o de mercado?.PostNote RAIIS.

 

* El autor es biólogo. Miembro de la Iniciativa por el Resguardo de los Derechos Humanos (IRDH).

 

 

 

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