LA TOGA Y LOS MEDIOS

Martín Soria pidió la audiencia en la Corte después de verse con Alberto Fernández

 

Martín Soria pidió la audiencia con la Corte Suprema un día después del último encuentro con el Presidente Alberto Fernández. Cuando salió de la reunión, recibió mensajes de felicitaciones del Presidente y también de Cristina Fernández. Nada de lo que se dijo allí fue improvisado. La reunión se programó cuando el gobierno supo que la Corte apuraba un fallo para declarar la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura de 2006, judicializada por el Colegio de Abogados de la calle Montevideo y pendiente de resolución desde 2015, que puede definirse esta semana con la vuelta al organigrama de 20 integrantes y el desembarco del Presidente de la Corte en la conducción del Consejo. En ese contexto, el gobierno decidió mover las fichas primero. Un día antes había enviado al Congreso un proyecto de reforma que busca dialogar con los equilibrios pedidos en aquel expediente. La Corte respondió a la reunión de manera inmediata. Apuró la difusión de un fallo millonario contra el gobierno, que ya estaba redactado; hizo un llamado a la Lista Bordó de la Asociación de Magistrados, que publicó un comunicado de reproche al ministro, y finalmente volanteó una tertulia de premiación con ADEPA, en la cual Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz se codearon con los popes de los grandes medios.

Acá el comunicado final de la Asociación de Magistrados:

 

 

 

Y acá algunas críticas de un chat de magistrados. «Lo pidieron desde la Corte», dice un mensaje. Y se refiere al comunicado de la Asociación de Magistrados de reproche a Soria. También critica a la Asociación de Magistrados porque hace silencio ante casos como el del juez Martín Bava de Dolores o los jueces de Hotesur y Los Sauces.

 

 

 

 

Y acá, la celebración a Rosatti en ADEPA:

 

 

 

 

 

Embajadores

Soria llegó al encuentro con los integrantes de la Corte Suprema cinco minutos antes de la hora. Estuvieron inicialmente sólo Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. Luego llegó Juan Carlos Maqueda.

¡Hola Martín, tanto tiempo!, saludó.

A tono con el calor de Palacio, Maqueda le dijo que la noche anterior había recordado con su esposa el día del casamiento del ministro, al que llegó invitado por el padre. Soria recordó los años de trabajo de Maqueda y de su padre en el Congreso. Maqueda siguió prendido en la fiesta. ¡Qué linda la chacra!, elogió. Carlos Rosenkrantz llegó al final. Saludó a cada uno y nadie rió más. “Esta es la primera visita institucional que hago a la Corte en nombre del gobierno –dijo Soria– para manifestar la profunda preocupación por la crisis de legitimidad que atraviesa la Justicia”. Rosatti abrió los ojos. Soria siguió: “Desde hace cuatro años, no sólo toda la Justicia atraviesa una grave crisis, sino también este Tribunal”. Resaltó que Alberto Fernández hizo las mismas críticas desde que asumió: primero en diciembre de 2019, luego en la apertura de sesiones del Congreso de marzo de 2020 y en marzo de 2021. Mencionó sus denuncias sobre la actuación de la Justicia en los años del macrismo, la influencia sobre jueces, las visitas clandestinas a la Casa Rosada y a Olivos, el espionaje ilegal –como nunca antes existió con participación de jueces y fiscales– y el objetivo de perseguir de manera inédita a dirigentes políticos. Soria estaba sentado frente a los cuatro ministros. Fue duro y parejo con cada uno. Ellos se echaron hacia atrás hasta hundirse en los sillones.

 

 

 

Palacio de Justicia.

 

 

“Apenas asumí dije que iba a pedir audiencia con la Corte, pero pocas semanas después aparecieron los contactos telefónicos de quien todavía era Presidente de la Corte con la persona que se jactaba de haber hecho la ingeniería legal para designar a dos jueces en comisión como nunca antes se había hecho”, dijo. Hablaba de Rosenkrantz, Rosatti y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Agregó que realizaba la visita luego de elección del nuevo Presidente en el mes de septiembre, cuando quedó expuesta la crisis de la Corte con dos auto-votos de sus integrantes y la renuncia de la única mujer, abochornada –según admitió– por esa situación que no soportó. Soria no leyó nada. Llevó un punteo de datos y habló de un tirón de todo lo que tenía en mente. Enumeró problemas de la Corte: cuestionó que 70% de fallos salen a través del artículo 280 sin siquiera argumentos y en ese contexto habló de denegación de Justicia, abuso de plazos procesales y uso político de expedientes, a lo que contrapuso la celeridad en casos de interés corporativo, como los de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. También planteó el retardo en causas por crímenes de lesa humanidad. Luego se refirió al Consejo y al anuncio de fallos a través de los medios.

“Hace cuatro años, acá estuvieron Germán Garavano y Marcos Peña para pedir un aplazo del fallo del Consejo de la Magistratura”, recordó. “Yo no vengo a pedir nada, ni a hablar de ninguna causa en trámite, ni a preguntar por un fallo con antelación porque no corresponde y porque es lo que yo mismo denuncié en la Justicia”. Soria entró a la reunión con su jefa de Gabinete y Rosatti preguntó si iba a quedarse. Soria respondió que sí con un comentario picante que, a la vez, fue un mensaje. Dijo que a la Corte le haría falta no sólo una integrante mujer, sino paridad que emparde a los cuatro varones. La alusión a una posible ampliación de la Corte con integrantes mujeres es en realidad un proyecto que estaría pensando el ministro, dicen a su alrededor. “¿Terminó doctor?”, preguntó Rosatti media hora después del comienzo. Soria asegura que el tono fue amable y cordial. Rosatti continuó: “Hemos escuchado muy atentamente los planteos que nos ha venido a hacer. Le agradezco la frontalidad para manifestar todo esto. Vamos a tomar nota de esta primera visita y sus planteos. Somos muy respetuosos de la opinión de los otros poderes del Estado”. Preguntó a sus colegas si alguno quería decir algo: nadie habló. Soria bajó por ascensor y escuchó: “los mataste”. Pocos después, él difundía públicamente la reunión y la Corte el fallo por una deuda de 86.000 millones de pesos del gobierno nacional con la provincia de Santa Fe, un viejo expediente por quita de coparticipación resuelto originalmente en noviembre de 2015,  pero aún sin pagar. Los diarios de Santa Fe hicieron especulaciones. El fallo salió con votos de dos coterráneos: Rosatti y Lorenzetti. También de Maqueda. Rosenkrantz no firmó porque representó a la provincia en la demanda original en compañía de Ricardo Gil Lavedra.

 

 

Gil Lavedra.

 

 

 

 

La reforma y el Consejo

El Consejo de la Magistratura es uno de los órganos creados por la Constitución de 1994 como resultado del Pacto de Olivos, que compensó con organismos de control la reelección de Carlos Menem. Debía dotar de transparencia el proceso de selección de jueces y los mecanismos de disciplina y quitar atribuciones administrativas a la Corte. La primera composición de 1998 tuvo 19 integrantes, inmediatamente elevada a 20, y la reforma de 2006 lo redujo a 13. Perdió parlamentarios que representaban las segundas minorías y a integrantes de los otros estamentos. El Colegio de Abogados de la calle Montevideo promovió una demanda por la supuesta falta de integración equilibrada porque el Poder Ejecutivo terminaba teniendo mucho poder. En 2015, la Cámara Contencioso Administrativa la declaró inconstitucional y ordenó que hasta que no se dicte una nueva norma equilibrada debía aplicarse la integración de 20 miembros. Desde entonces el fallo se discute en la Corte.

La reforma no fue la mejor. Buscaba romper el corporativismo judicial y dotar al Consejo de mayor peso político con representantes del voto popular, pero perdió la riqueza de las minorías y devolvió poder a la corporación judicial porque muchas funciones del Consejo pasaron a la Corte, como presupuesto y superintendencia. El nuevo proyecto del gobierno no trabaja ninguno de esos puntos de fondo y sólo discute el número de integrantes con propuesta de 17: conserva los 6 legisladores, duplica abogados de 2 a 4, aumenta jueces de 3 a 4 y académicos de 1 a 2 y mantiene al representante del Ejecutivo, todo con paridad de género. Los abogados ya no se dividirán entre Ciudad de Buenos Aires y el resto del país, sino que serán representantes de distrito único.

El dato importante es que al aumentar el número de extra-parlamentarios cae la incidencia del peso del estamento político, que conserva 7 miembros, los 6 legisladores y el representante del Ejecutivo. Hasta ahora, con el Consejo de 13 miembros, lograban quórum por sí solos. Con el Consejo de 17, necesitan 9 para lograrlo. Se supone que está pensado con la pretensión de cumplir con el equilibrio requerido por la manda de la Constitución. ¿Alcanza? Los fundamentos mencionan al Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, convocado el año pasado por el Presidente. Su dictamen, “si bien expresó algunas diferencias en torno al número de miembros y al criterio para implementar la representatividad estamentaria, sugirió modificar la integración actual del Consejo. Ese párrafo parece decir que recoge las recomendaciones del Consejo y propone diferencias mínimas, pero el Consejo Consultivo no está para nada de acuerdo con este proyecto. Critica, además, que el gobierno ni siquiera los llamó. “La Constitución federal emplea el término ‘equilibrio’ una sola vez”, explicaron a El Cohete a la Luna. “Y lo hace precisamente para referirse a la integración del Consejo. Con seguridad, la apelación a ‘equilibrio’ es la mostración del límite de los acuerdos del poder constituyente reformador. Desde entonces todas las leyes especiales que han regulado el Consejo de la Magistratura, consolidadas o frustradas, han tratado de congeniar un diseño del ‘equilibrio’ reclamado por el artículo 114 de la ley fundamental. En 2020, por mayoría absoluta de sus miembros (concretamente, 7 de ellos: León Arslanian, Raúl Gustavo Ferreyra, Omar Palermo, Alberto Beraldi, Marisa Herrera, Andrés Gil Domínguez y Claudia Sbdar) el Consejo Consultivo computó que el ‘equilibrio’ prescrito por la Constitución federal significa la estricta igualdad de cada uno de los 4 estamentos. Así, se sugirió al Presidente de la República la integración del órgano con 16 miembros: 4 por la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, 4 por los jueces de todas las instancias, 4 por los abogados de la matrícula federal y 4 por el ámbito científico y académico. Esa integración paritaria es la que ‘mejor recepta la noción de equilibrio que demanda el artículo 114 de la Constitución’. Asimismo, en las más de 20 páginas de las Recomendaciones, la misma mayoría se inclinó por la dedicación exclusiva de todos los miembros, que deberían integrarse en estricta paridad de género y con representación federal”.

 

Consejo Consultivo, 2020.

 

 

 

La Corte también es demandada

Joaquín Caprarulo es abogado y coordinador del programa de Acceso a la Justicia y Apertura del Poder Judicial de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una de las organizaciones que monitorea este debate desde hace años. Caprarulo sostiene que el proyecto del gobierno se da en un escenario en el que nos parece que hay una especulación sobre lo que puede decir la Corte: está centrado casi exclusivamente en el punto de la composición de los integrantes del Consejo de la Magistratura, que es lo que discute el expediente judicial, y no entra en temas del funcionamiento, por lo cual se pierde la oportunidad de discutir problemas de fondo.

–¿Qué debe hacer la Corte? ¿Cuál es la posición de ustedes?

–La Corte tiene que fallar. Es un expediente que tiene hace seis años, un caso de puro derecho que no tiene prueba compleja como para que lo haya demorado esta cantidad de tiempo. Creemos que debe darle la posibilidad de decir al Congreso para reparar esta situación si va a declarar la inconstitucionalidad de una de las dos patas de uno de los tres poderes del Estado. Hasta ahí el fallo no sería problemático. Los números y la composición política del Consejo tiene que tomarla el Congreso. El problema es que el fallo demoró seis años y existen tensiones entre la Corte y el sistema político que parecen poco beneficiosas. Creemos que la Corte tendría que haber abierto el debate a una discusión ciudadana más amplia, a organizaciones de la sociedad civil con audiencias que no convocó.

–¿Las pidieron?

– Sí. Antes de que se conociera la inminencia del fallo, le pedimos la apertura de un amicus curiae y no nos respondió. Otro grupo de organizaciones presentó escritos con argumentos de manera directa, pero no respondieron. Nos parece que no es la forma más sana de dar un debate institucional de esta envergadura. Hacen falta canales más transparentes con representantes de los órganos políticos de la Nación y fallar en función de esos argumentos, que hubieran nutrido un potencial debate en el Congreso. Cuando la Corte hace un ejercicio de esa naturaleza, repercute más allá de un expediente.

 

 

Acción de ACIJ, para la Corte.

 

 

 

Jugar primero

El movimiento del gobierno con el proyecto de ley es importante. No hay antecedentes así en el país. Sí en otros, como Alemania. La posible existencia de un voto desfavorable en la Corte desencadena reacciones normales y habituales en el poder político, que en casos así impulsa proyectos de ley para anticiparse y resolver los problemas de fondo. En esos contextos, el tribunal pisa el fallo: no sale. Espera, porque la declaración de inconstitucionalidad de una ley es una de las decisiones más importantes de la Corte e implica simbólicamente el veto de un poder sobre otro. Pero si aún así la Corte decide avanzar con el fallo, debería decir algo no sólo sobre la constitucionalidad o no del organigrama previo a la reforma de 2006, sino también sobre el nuevo proyecto de ley, explica el  constitucionalista que subraya la ausencia de antecedentes.

El proyecto del Ejecutivo entró al Senado, pero las comisiones aún no se constituyeron. Una de las preguntas es qué lugar darán a la Corte, ya que la iniciativa contempla lo que dice la Constitución en cuanto a la participación de jueces de todos los niveles, pero no reponer a la Corte como autoridad como lo estaba antes de la reforma. También la oposición presentó un proyecto, en cabeza de Pablo Tonelli. Con la interna radical caliente y el Presupuesto como tema principal, el Consejo no aparece como prioritario, aunque sí promueve un debate interno en la oposición.

En tanto, la Cámara de Casación Penal define su presidencia esta semana. Los nombres que ruedan son Daniel Antonio Petrone, de la Sala I, y Alejandro Slokar, de la Sala II. La tensión está puesta en una tradición que obliga al presidente a dejar la silla de su sala. La Sala I hoy define causas contra CFK como Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. La Sala II lleva las causas sobre Mauricio Macri, espionaje de Dolores y a los familiares del submarino San Juan. Tras la partida de Liliana Catucci y la reducción del cuerpo de 13 a 12 miembros, se habilitó que quien ejerce la presidencia conserve la silla, pero esa es una discusión pendiente y acalorada. También el Consejo de la Magistratura entró en modo debate. Las ternas para ocupar las vacantes de Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal iban a definirse esta semana. Sin embargo, a pedido de Tonelli, quedaron suspendidas hasta el jueves. Además de los votos en el Acuerdo, el oficialismo necesita los votos más difíciles del Pleno.

El viernes, CFK le habló a Lula da Silva en Plaza de Mayo. “Se hizo la noche otra vez”, le dijo. Pero “esta vez no vinieron con uniformes ni con botas, vinieron con togas de jueces y medios hegemónicos para construir imágenes” y así “se condena en los medios y se le pone el sello en la Justicia”. La calle vibró. A continuación explicó cómo se aplicó el lawfare en los años recientes: “Ya no era necesario desaparecer a nadie, ni torturarlo con la picana, bastaba hacerlo todos los días con la tinta de los diarios o con micrófonos en la televisión” porque no buscaban la desaparición física, sino la “desaparición política de los dirigentes” del campo nacional, popular y democrático.

 

 

Foto: Luis Angeletti.

 

 

 

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