La tormenta perfecta

Cocaína adulterada y la explosión del Estado que mira para otro lado

 

Beatriz se levantó el pasado miércoles alrededor de las 6 de la mañana para poner la pava y tomar unos mates y encontró a su hijo Ariel tirado inconsciente en el piso de la cocina de su casa ubicada cerca de la Avenida Combate de Pavón, en el partido de Hurlingham en el límite con Tres de Febrero. Intentó reanimarlo, le golpeó el pecho, le hizo respiración boca a boca mientras repetía: “Por favor no te vayas”. Un vecino escuchó el pedido de ayuda de la mujer y llamó a la ambulancia. Pasaron más de media hora sin tener noticias, no podían esperar más, su hijo estaba con un paro cardiorrespiratorio. Salió a la calle y se abalanzó sobre un auto que pasaba por la puerta. El conductor era un trabajador del aeropuerto de El Palomar. Con su ayuda, y la del vecino, subieron a Ariel, de 41 años, al asiento trasero del auto. Cuando llegaron al hospital San Bernardino, sobre la calle Germán Argerich al 1600, se encontraron con una escena dantesca. Pibes inconscientes, moribundos, con los ojos blancos sin pupilas llegaban en autos y camionetas, conducidos por familiares o amigos, o en ambulancias. En medio de un griterío fugazmente los ingresaban al lugar.

“Me encontré con una escena terrible, el hospital estaba colapsado. Me dijeron que la ambulancia nunca vino porque no daban abasto de la cantidad de pedidos. Después de que entró mi hijo, los enfermeros salieron a decir que no tenían más camas. Los que llegaban eran redirigidos a otros hospitales. Todos los chicos tenían el mismo cuadro. Todos habían consumido cocaína esa noche, que supuestamente compraron en la villa Puerta 8”, contó la mujer a El Cohete a la Luna. Horas más tarde, cuando salió vio a un costado de la puerta principal del hospital una fila de mujeres llorando: madres, esposas, ex esposas, hijas, abuelas. Todas esperaban un parte médico. La gran mayoría de los que llegaron esa mañana al hospital quedaron internados en terapia intensiva. El hijo de Beatríz permanece desde entonces sedado y con respirador.

Hasta el momento, 245 personas fueron atendidas por intoxicación desde el pasado miércoles a la noche, por consumir cocaína adulterada. Los pacientes provenían de los municipios bonaerenses de Hurlingham, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Tigre, Ituzaingó y General Rodríguez. Veinte permanecían internados este sábado, muchos de ellos graves con asistencia respiratoria. En total, son 24 las personas que murieron. Tenían entre 21 y 45 años. A los 10 decesos de quienes pasaron por el sistema de salud, se sumaron 2 fallecimientos en la vía pública y otros 12 en domicilios particulares. El caso marca un antes y un después en la historia del consumo y narcotráfico en nuestro país. Nunca en la historia se habían registrado tantas muertes conjuntas, en su mayoría de personas pobres. El episodio develó lo que ocurre cuando el Estado no regula, ni trabaja en políticas de prevención, ni reducción de daños y deja a los consumidores a manos de un mercado ilegal, en el que además se ven involucrados las fuerzas de seguridad y la justicia.

Adulteración primaria

Todo inició entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, cuando cuatro personas llegaron al San Bernardino con los mismos síntomas. Presentaban depresión respiratoria y un cuadro de excitación psicomotriz que derivó en un paro cardiorespiratorio. El dato en común es que todos habían consumido en la horas previas cocaína comprada en Puerta 8, un asentamiento precario, de pocas manzanas, donde viven alrededor de 170 familias, ubicado en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Las cifras de intoxicados con cocaína de alta toxicidad se elevaron durante la tarde del miércoles y se sumaron los primeros diez muertos. El Gobierno bonaerense lanzó una alerta epidemiológica urgente a los consumidores. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, alertó en los medios que los que habían comprado cocaína en las últimas 24 horas la descarten porque su vida corría peligro.

Pronto se confirmó que la droga había sido “rebajada”, o “cortada”, por un opioide. La metodología de rebajar la cocaína es común en nuestro país. Los dealers lo hacen para “estirarla” y tener más ganancia. Suele hacerse con azúcar impalpable, bicarbonato de sodio, aspirina o paracetamol. Su inclusión no tiene un impacto importante en la salud del consumidor. Cuanto más pura es la cocaína, más dinero cuesta. Entonces, no es casual que quienes hayan sido víctimas de la intoxicación provengan de los sectores más pobres de la sociedad. En Puerta 8 se conseguía el “papelito” de cocaína a 250 pesos, mientras que en los barrios más adinerados del AMBA se pagan dos o tres veces más por los mismos gramos.

Carlos Damin, Jefe de la División Toxicología del Hospital Fernández, explicó a este medio que la identificación de que trata de una mezcla con un opioide se produjo sólo por el diagnóstico clínico: los pacientes respondieron favorablemente al suministro de Naloxona, medicamento que funciona para tratar las intoxicaciones con opioides.Sin embargo, aún se desconoce de cuál se trata. En las últimas horas se realizó un análisis a través del uso de un cromatógrafo y no se pudo identificar de qué sustancia se trataba. Tanto los expertos como las autoridades de la provincia de Buenos Aires consideraron la posibilidad de que se trate de Fentanilo, un anestésico muy usado en medicina humana y medicina veterinaria que tiene entre 50 o 100 veces más efecto que la heroína o la morfina. No es barata, ni fácil de conseguir, por eso la pregunta entre los investigadores es ¿cómo llegó a Puerta 8?

Según Damin, se pensó en esta sustancia porque se volvió muy popular en Estado Unidos y hay registros que indican que ya se instaló en varios países de Latinoamérica. Los estudios continúan y se espera que en estos días haya más certezas. El toxicólogo añadió que es “la primera vez que nuestro país registra tantas muertes simultáneas por consumo de drogas”.

 

El despliegue narco en la provincia

Hasta el momento, los investigadores barajan dos hipótesis del origen de las muertes. Una es un posible envenenamiento intencional producto de una supuesta guerra entre bandas narcos en el territorio de San Martín. La segunda es que fue producto de un acto de descuido o ineptitud de quienes “cortaron” la cocaína: habrían calculado mal las dosis de la mezcla. El toxicólogo explicó que la cantidad justa y la mortal del opioide son muy cercanas. Para el Ministerio de Salud provincial, encabezado por Nicolás Kreplak, está casi descartada la hipótesis de un envenenamiento intencional. En la misma línea, Berni desestimó que se trate “de una guerra narco”. Es extraño que la disputa entre bandas se resuelva matando clientes, ésto perjudica al negocio para todos.

En Argentina hay una variedad y diversidad de mercados ilegales, la droga es uno de ellos. Ésta tiene la rentabilidad más alta por su mayor riesgo. Por su gran densidad poblacional, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) concentra un tercio de la demanda de drogas del país. Por lo tanto, allí se instalaron una gran cantidad de bandas narcos. Por lo general, son clanes familiares, con una definición amplia de familia que va más allá de estrictas relaciones de parentesco. Su morfología difiere de la de carteles, propios de Colombia o México, ya que se trata de grupos semiestructurados, que en ocasiones tienen poca estabilidad, escasa exclusividad y limitada pretensión territorial.

En San Martín, la disputa más grande por la venta de droga se da entre las bandas de Miguel Ángel “Mameluco” Villalba –detenido en el penal de Rawson– ahora dirigida por su hijo Ivan; la banda de Javier Alejandro “Rengo” Pacheco –arrestado el año pasado– y la de Blas Adrián “Gordo” Gómez y Max Alí “Alicho” Alegre, quienes tiempo atrás trabajaban para Villalba y le quitaron parte del negocio. Quien fue indicado como el responsable de la venta de droga adulterada en Puerta 8 es Joaquin “El Paisa” Aquino, un hombre de nacionalidad paraguaya que pertenecería a la banda dirigida por “Alicho” Alegre –actualmente en el penal de Devoto. El Paisa fue arrestado el jueves en José C. Paz por orden del Juzgado Federal de Tres de Febrero, a cargo de Juan Manuel Culotta. Los allanamientos habían sido pedidos por la Procunar en el mes de diciembre pasado pero recién se efectivizaron esta semana después de las muertes por cocaína adulterada con las cámaras de televisión siguiendo todo y las familias desesperadas en la puerta del hospital.

El Paisa tenía un pedido de captura pendiente. Había gozado de una excarcelación concedida bajo caución juratoria, en una causa iniciada en 2018 (elevada a juicio al Tribunal Federal N°1 de San Martín), pero al no presentarse a la Justicia fue declarado en rebeldía a mediados de 2020. Desde Migraciones se le había negado la residencia y se lo había expulsado del país con prohibición de reingreso por ocho años, aunque la medida no pudo hacerse efectiva ya que estaba prófugo. Este viernes, el Ministerio del Interior que conduce Wado de Pedro dispuso la expulsión, en cuanto concluyan los procedimientos judiciales. En su vivienda se secuestraron 15 mil dosis de droga, en envoltorios similares a los que están en estudio provenientes de Puerta 8. Sin embargo, aún no se pudo determinar la conexión concreta con la droga adulterada. Quien sostiene con mayor fuerza la hipótesis de que la droga fue adulterada en José C. Paz y luego trasladada a Puerta 8 es el ministro Berni. En tanto, quienes transitan o viven por la zona consideran que El Paisa no es el verdadero jefe de la banda.

Los primeros allanamientos de la causa fueron el miércoles en Puerta 8. Los vecinos afirman que fueron violentos y se llevaron presos a varios jóvenes que no tienen que ver con el narcotráfico. El abogado Juan Manuel Casolati, quien representa a un joven de 18 años que fue detenido dijo a El Cohete: “Los procedimientos fueron todos iguales, fueron al tun tun. Entraron a cualquier lado, le pegaron a la gente, detuvieron a menores, lastimaron a un perro. Se llevaron personas que nada tienen que ver con el narcotráfico”. El letrado consideró que frente “a la terrible noticia de los fallecimientos, el ministerio de seguridad bonaerense decidió hacer un procedimiento ejemplificador. Necesitaban detenidos, no importa quienes fueran”. Según reveló, a su defendido la policía le plantó 150 gramos de cocaína para llevárselo. “Muchas veces allanan protegiendo al verdadero narco. Detienen a alguien, cumplen supuestamente con el objetivo, lo pasan en la tele y el narco que vende en la zona lo sigue haciendo con absoluta tranquilidad”.

Connivencia con los poderes del Estado

El episodio de la cocaína adulterada vuelve a poner en el centro de la escena la impunidad del narcotráfico en el Gran Buenos Aires y la ausencia del Estado bonaerense, especialmente de las fuerzas policiales que suelen estar involucradas en el negocio ilegal. El caso vuelve a sacar el velo sobre el dominio narco en el territorio y la connivencia con las distintas fuerzas del Estado. La policía bonaerense siempre estuvo en la mira. Es señalada como la que regula el mercado ilegal. Tiempo atrás, la fuerza ejercía un control determinante de la calle, “extendía licencias”, “liberaba” zonas a cambio de coimas. En la década del ´90, empezaron a proliferar distintos mercados de bienes y servicios. La otra cara de la moneda fue que se multiplicaron los mercados ilegales: de autopartes, electrónica y, por supuesto, de drogas. Para finales de los ´90, la policía dejó de tener el monopolio de la calle, de ser determinante en el control de ésta. Empezó a “negociar” con los narcos, o sea, a tener niveles de connivencia mayor. La justicia también se encuentra involucrada o mira para otro lado.

Mario –cuyo nombre fue cambiado para proteger su privacidad y seguridad– tiene 74 años y fue uno de los primeros en instalar una casilla en Puerta 8, hace 55 años. Hoy vive a seis cuadras, en Pablo Podestá y comentó a este medio que todos los vecinos saben dónde se vende la droga. “Vemos autos entrar constantemente que vienen a buscar. Todos lo saben, inclusive los policías de la comisaría decimoprimera, que queda a cuatro cuadras del lugar. Están metidos en el negocio, se llevan 100 mil pesos por semana”. Mario fue vecino de Mameluco Villalva y conoció también a El Paisa, su esposa le cortaba el pelo cuando era chico, y lo definió como “un tipo del montón, no es un capo”. Sobre el barrio, señaló: “Este es un barrio de gente trabajadora. Hace unos años se metieron los narcos y las familias estamos con mucho miedo. La droga deja mucha plata que también se la llevan jueces y fiscales”.

Para Casolati, que además de trabajar hace años como abogado en los tribunales de San Martín tiene una fundación que ayuda a los chicos del barrio, “la venta y el consumo de droga están legalizados. La policía es la que regula las peleas entre bandas y el narcotráfico”. En cuanto a la justicia, destacó: “las fiscalías de San Martín saben como funciona el negocio porque tienen un montón de homicidios vinculados al narcotráfico, y no han hecho absolutamente nada. Es algo absolutamente naturalizado en San Martín”. Cuando un engranaje de corrupción y narcotráfico, con complicidad del poder judicial, se convierte en algo tan fuerte y poderoso, es muy complicado romperlo.

Dato falso

“En nuestro gobierno dimos una pelea histórica, enfrentamos a los narcos y estuvimos cerca de las víctimas y sus familias. Hoy vemos una realidad muy distinta en todo el país”, escribió la ex gobernadora María Eugenia Vidal al conocerse los muertos por cocaína adulterada. La siguió la actual presidenta del Pro y ex ministra de seguridad, Patricia Bullrich quien hizo referencia a la batalla contra el narcotráfico que supuestamente realizaron durante el gobierno de Cambiemos. Durante los cuatro años de gestión, todos fuimos testigos de imágenes a través de los medios o de las redes sociales de gran cantidad de operativos encabezados por el ministerio de seguridad nacional o bonaerense, este último a cargo de Cristian Ritondo, en los que se desmantelaban bunkers e incautaban cocaína. Bullrich se colgó la medalla de haber duplicado la cantidad de cocaína decomisada. Sin embargo, las estadísticas muestran otra cosa.

Poco se conoce, y menos se dice, que durante los años macristas el mercado ilegal de la cocaína se duplicó. Entre 2014 y 2017, como efecto no deseado de los acuerdos de paz en Colombia, se duplicó la superficie cultivada de arbustos de coca. También aumentó, en menor medida, en Perú y Bolivia, los tres países productores. En dos o tres años se duplicó la oferta, la cantidad de droga que circulaba, en toda la región. El macrismo nunca reconoció este dato que llevó inevitablemente a que con la misma operatividad se duplicara la cantidad de droga decomisada. Es decir, en un mismo puesto de control donde antes un camión pasaba cinco gramos ahora pasa diez. En cambio, el macrismo si perdió en aquel momento una oportunidad histórica para implementar campañas masivas de prevención y que ayudaran a bajar el consumo.

El gobierno de Alberto Fernández realizó varios intentos de quebrar el paradigma de “la batalla contra el narcotráfico” planteado por el macrismo. Parece buscar una nueva perspectiva para el tratamiento de la problemática para que no recaiga todo el peso de la ley en los usuarios. Así es como surgió, por ejemplo, la ley de cultivo de cannabis medicinal. El episodio sucedido con la cocaína adulterada nos invita a discutir la ley actual de drogas 23.737, que penaliza a los consumidores, y nuevas políticas públicas que aborden el tema desde una mirada sociosanitaria, que hasta puedan incluir la regulación estatal de las sustancias.

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