Universidad pública y sentido común

Las políticas selectivas no mejoran, sólo seleccionan

 

Desde el triunfo de Mauricio Macri en 2015, la universidad pública está siendo objeto de cuestionamientos por parte de miembros del gobierno nacional que han encontrado eco (o viceversa) en decenas de notas periodísticas y editoriales publicadas con una frecuencia inusitada que, a fuerza de la repetición, pretende delinear un cierto sentido común sobre el rol, la función y el lugar de la universidad pública y de la educación superior en nuestro país. Lo que ponen en tela de juicio es el carácter público, gratuito e inclusivo de la educación superior.

Dos han sido los ejes argumentales: la corrupción y el desperdicio de recursos. Ese sentido es fundamental para construir la legitimidad del ajuste sobre la universidad  y de una posible reforma que retroceda en derechos (como la eliminación del ingreso irrestricto o el eventual arancelamiento).

 

Corrupción

El primer eje que apareció en la prensa durante el primer año de gestión, fue asociar a algunas universidades con la corrupción, con particular ensañamiento sobre las denominadas “universidades K” entendidas como las cajas negras de la política: “No pocas casas de altos estudios han sido usadas por el kirchnerismo como botines políticos que canalizaron negocios espurios” (La Nación, 9/10/16). La sospecha se siembra sobre aquellas actividades que, según se denuncia, no se corresponden con la “función natural” de la universidad: actividades culturales, audiovisuales, museos, teatros, editoriales, canales de televisión, etc. (Infobae, 8/01/2016); tareas que pertenecen al “realismo mágico”, según uno de los editores generales principales del diario Clarín, Ricardo Roa (24/01/2016). Además de no cumplir con su función social natural, son “pantalla de lavado”, “aguantaderos que vivían de comisiones por trabajos que nada tienen que ver con la universidad” (Clarín, 25/01/2016) y, al decir del propio Presidente, “espacios de militancia política más que de excelencia académica” (La Nación, 1/03/2016).

Cuando un tema es abordado a través del lente de la corrupción se obtura la posibilidad de un debate político, en este caso, acerca de la función social de la educación pública universitaria y de la responsabilidad del Estado al respecto.

 

Dilapidación de recursos

Buena parte de las notas periodísticas focalizan el presunto desperdicio de recursos en las universidades del conurbano bonaerense. Se les critica su oferta académica y su superposición en el territorio. Se juzga negativamente su calidad educativa, sus altas tasas de deserción y sus bajas tasas de graduación, poniendo bajo sospecha tanto la calidad de la enseñanza, como la de los profesionales surgidos de ellas (Roa, Clarín, 24/01/2016 y 25/01/2016. Cantard, Clarín, 28/05/2016).

Otro de los señalamientos fue el aumento de los fondos para las universidades, catalogado como festival, vinculándolo a una idea de exceso y de gasto indiscriminado en clara referencia a la fiesta que supusieron los doce años de gobierno kirchnerista. Si recordamos, durante la campaña electoral se difundió un video de Macri diciendo: “¿Qué es esto de universidades por todos lados? (…) Obviamente, muchos más cargos para nombrar (…) Basta de esta locura” (conferencia en la FCE de la UBA, 24/10/2014).[1]

En sintonía con esto, la frase de la gobernadora Vidal en mayo del año pasado tal vez haya sido una de las más resonantes: “Nadie que nace en la pobreza llega a la universidad”. Cabe destacar que se trata de una afirmación falsa, ya que entre 2008 y 2015 no sólo creció la población universitaria en general (39% entre 2008 y 2015), sino que su crecimiento es mayor entre los quintiles más pobres de la sociedad (47% en el quintil 1 y 95% en el quintil 2).[2] Los datos carecen de toda importancia para la Gobernadora porque el objetivo de su retórica es reforzar un imaginario sobre el lugar que le corresponde cada sector social: el lugar de los pobres no es la universidad.

 

Hablando entre nos: pobres abstenerse

 

En consonancia con esta idea la corrupción y el desperdicio de recursos aparecen como los males que desvían a la universidad de su (presunta) “función natural” y que el gobierno debe erradicar. La Nación cuestiona sistemáticamente el enorme esfuerzo fiscal que significa financiar a las universidades públicas, mediante un análisis en el cual el éxito o fracaso universitarios se mide en términos de costo-beneficio. En esta misma línea, Clarín, citando un informe de la AGN, concluye: “Los alumnos de las nuevas universidades ‘costaron’ 28% más que los de las tradicionales” (Clarín, 03/11/2016). Perfil sostiene que el rendimiento académico y pedagógico es bajo, que existe un retraso escolar por la prolongación excesiva de las carreras, y que las tasas de deserción son muy altas en comparación con otros países. Desde Infobae se afirma que los jóvenes vegetan durante años que podrían utilizar adquiriendo oficios que nuestra sociedad requiere (Infobae, 10/01/2016). A través de notas de alegados expertos (así era presentado también Marcelo Sebastián D’Alessio), en Clarín aseguran que la falta de un examen de ingreso no estimula el esfuerzo en el estudio; si no estudian, se produce la deserción, y el Estado termina desperdiciando recursos en estudiantes irresponsables (Clarín, 8/03/2016). En La Nación, mientras tanto, se propone cobrar un arancel a los sectores medios y altos que puedan pagarlo y desde Perfil se sugiere la idea de una universidad arancelada que proporcione préstamos que los estudiantes pagarían al egresar (Perfil, 15/11/2015).

Nos encontramos con la última edición de esta saga el martes 19 de marzo cuando La Nación publicó (con buen timing, pues fue al día siguiente de la reunión paritaria de lxs docentes universitarixs) una nota en la que, reproduciendo un informe de la Universidad de Belgrano, se informaba que el 45,5% de lxs alumnxs universitarixs aprueba una materia por año. El diario decidió ilustrar la información con una infografía en la que mostraba “los peores casos”: la UNQ y la UNGS (dos universidades del conurbano) encabezan el ranking.[3] La nota llega rápidamente a un diagnóstico: “Brindar a los chicos un mensaje social más exigente sobre el valor del ingreso a los estudios superiores les podría ayudar a aumentar su compromiso y perseverancia”. Y a una solución: “Si existiera un examen de graduación secundaria, como sucede en Brasil, Colombia o Chile, la situación podría mejorar (…). Cada casa de estudio podría fijar su propio criterio, para que el puntaje obtenido habilite al alumno a ingresar o no en la universidad elegida” (Guadagni, La Nación, 19/03/2019).

 

Qué sentido tiene la universidad pública

Tanto las denuncias como las vías de solución propuestas confluyen en la construcción de un cierto sentido común sobre el mal uso del presupuesto nacional destinado a la universidad y sobre las correcciones que debería realizar progresivamente el Estado. En este discurso, la educación superior como derecho, con su efecto inclusivo e igualador, queda sepultado bajo el criterio de una racionalidad instrumental que coloca, por encima de todo, los valores de la eficiencia y de los resultados. Desde esta perspectiva, el valor que tiene “aprobar una materia al año” para muchas personas que vieron truncados sus proyectos de estudios universitarios, resulta incuantificable. Como respondió Diker, “si algo les sobra a lxs estudiantes de nuestra Universidad, que no son ‘chicos’, que trabajan extensas jornadas, que no pueden delegar ni pagar el cuidado de sus hijos, que vienen remontando muchas veces trayectorias educativas y vitales muy complejas, es perseverancia. Si algo no necesitan, es más barreras en el acceso a sus derechos para valorar lo que les ofrece la universidad ni para aumentar su compromiso. (…) eliminar un problema no es solucionarlo (…) Las políticas selectivas no mejoran, sólo seleccionan” (Página 12, 25/03/2019).

 

Rectora Gabriela Diker: la pura verdad

 

La construcción del sentido común, esto es, de un universo de representaciones simbólicas sobre lo posible y lo deseable para una sociedad, es un proceso largo y complejo, que se realiza siempre con la intervención de actores con desigual poder para instalar su concepción particular y ampliarla hasta tornarla hegemónica. Como decía Gramsci, la batalla por la construcción del sentido común es una tarea política fundamental que articula acciones y narrativas. En ella se forjan las condiciones de posibilidad o imposibilidad para la implementación de determinadas políticas públicas que pretenden hacernos volver a un pasado más desigual y excluyente. Las masivas marchas universitarias del año pasado en todo el país que confluyeron en la Capital Federal el 30 de agosto, con más de medio millón de personas que permanecieron bajo el frío y la lluvia torrencial, son una muestra de la magnitud del adversario que enfrenta esa concepción excluyente de la universidad. Es deseable que la lucha conjunta de docentes, investigadores, estudiantes y trabajadores de la universidad pública sea la que, en las calles, pero también con la palabra, discuta con ese orden del discurso.

 

 

 

 


Ariana Reano es Investigadora docente de la UNGS y del CONICET.

Nuria Yabkowski es Investigadora docente de la UNGS. Secretaria general de ADIUNGS.

[1] En dicho período disminuyó la brecha educativa en el nivel superior: la población con estudios universitarios en aquellas zonas del conurbano bonaerense históricamente relegadas, como el partido de Florencio Varela, ha tenido una variación intercensal entre 2001 y 2010 que supera el 100%, y en algunos casos, como José C. Paz, sobrepasa el 150%, según datos del Centro de Estudios Políticos Económicos y Sociales-CEPECS.
[2] “Nuevos estudiantes, más graduados, desarrollo de la investigación, alto prestigio social… ¿Por qué están cuestionadas las universidades públicas?” Dossier número 6 del Observatorio Educativo de la UNIPE.
[3] Estos dos casos que, según La Nación son “los que más empeoraron” entre 2005 y 2015, se construyen sobre datos erróneos, tal como explicó en detalle la Rectora de la UNGS Gabriela Diker en la nota “Contra la banalización de los problemas universitarios”, publicada en Página/12 el 25 de marzo de 2019.
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4 Comentarios
  1. Mario Vivante dice

    Excelente informe, felicitaciones a ambas docentes.

  2. Liliana dice

    Cuando de quiere destruir una institución una de las mejores estrategias es difamarla. No lo lograrán

  3. Socorro dice

    Por la unidad de docentes, estudiantes y sectores populares en defensa de la universidad pública.

  4. Luciano dice

    Inmejorable nota!!muy esclarecedora!!!

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