En el pequeño municipio de Untersiggenthal, en el norte de Suiza, sus 8.000 habitantes todavía no acaban de entender la tragedia vivida entre las paredes de una de sus viviendas más conocidas. Tampoco esconden su asombro ante la movilización comunitaria que lograron convocar y de la cual participaron unos cuatrocientos vecinos el 27 de julio, en su mayoría mujeres de todas las edades, para gritar su solidaridad con las víctimas de gravísimos abusos sexuales. Salir a la calle con pancartas y banderolas no es algo común en esa tranquila comunidad de menos de un cantón conocido por su visión tradicional y una hegemonía política conservadora.
Pocos días antes de esa movilización, y como si se hubieran puesto de acuerdo, uno de los periódicos suizos más prestigiosos y la fiscalía cantonal rescataron del secreto procesal e informaron sobre una investigación que había comenzado casi tres años antes. Una doble página del Tages-Anzeiger conmovió a la población de Untersiggenthal con las entrevistas con dos mujeres que habían padecido sistemáticos abusos sexuales a manos de un vecino muy respetado, miembro del Parlamento Cantonal desde hacía varios años. Por su parte, la Fiscalía del cantón de Argovia solicitó formalmente que se lo condenara a cadena perpetua. Detenido preventivamente desde septiembre de 2023, el acusado también sería responsable de otros delitos, incluyendo intentos de asesinato, violaciones agravadas y repetidos actos sexuales con menores.
En pocas horas, Untersiggenthal dejó de ser el tranquilo pueblo que había sido hasta ese momento, acaparando la atención mediática nacional. La sociedad suiza trata de comprender lo que por el momento parece incomprensible, porque supera el marco de un “hecho jurídico diverso” para convertirse en una suerte de intersección de profundos problemas sociales. Sórdidos sucesos que desnudan la amarga realidad de una enfermiza y acallada brutalidad doméstica, machismo desenfrenado y profundos sentimientos xenofóbicos, así como el cinismo y la doble moral del acusado, Patrick Frei, que al momento de los hechos era diputado cantonal del ultraderechista Partido Popular Suizo (PPS).
Acusado
Sin revelar la identidad de las víctimas, el Tages-Anzeiger publicó el escalofriante testimonio de la pareja de Frei y el de la hija de la acusadora, aun adolescente. Una tercera víctima, identificada como la ex esposa de Frei, fue violada por él unas ciento cuarenta veces durante su matrimonio de trece años hasta 2021.
La criminalidad de Frei saltó a la luz una noche de septiembre de 2023, cuando su nueva pareja lo sorprendió in fraganti violando a su hija, entonces de quince años, en su dormitorio adyacente en la misma casa. De inmediato la mujer llamó a la policía. Al ser descubierto, Frei intentó inutilizar el disco duro de su computadora con incontables grabaciones de sus reiteradas violaciones, pero sin lograrlo.
Según el expediente judicial, el acusado drogaba a sus víctimas con altas dosis de éxtasis líquido (ácido gammahidroxibutírico, o GHB) para incapacitarlas. Las mismas estuvieron en algunas situaciones muy cerca de la muerte por asfixia, de allí que la fiscalía también lo acusa por intentos múltiples de asesinato. Las filmaciones del caso Frei también alimentaron varios darknets, redes oscuras codificadas de Internet que esconden todo tipo de agresiones sexuales y pedofilia, entre otros crímenes. Hasta la fecha, Frei ha negado los cargos.
Un drama que reavivó otro muy reciente
Una de las consignas de la movilización local el 27 de julio fue “Que la vergüenza cambie de lado”, es decir que no paralice a las víctimas, sino que desenmascare a los violadores acusados. Esa idea trajo a la memoria el sonado caso “Pélicot” en Mazan, una comuna tan pequeña como Untersiggenthal, pero no en Suiza, sino en el sureste de la Francia vecina. Durante nueve años, entre 2011 y 2020, Dominique Pélicot, un respetado vecino local, padre y abuelo ejemplar, drogó sistemáticamente a su esposa Gisèle con fuertes dosis de medicamentos para que adicionalmente otros hombres la violaran sexualmente, mientras permanecía inconsciente y él filmaba esas brutalidades. Unos cincuenta hombres, en su mayoría de la región, participaron en más de noventa de esas violaciones macabras.
Gisèle Pélicot quiso que el juicio contra su ex esposo, hoy de más de setenta años, fuera público, enarbolando así el derecho a la palabra antes que callar por cualquier vergüenza autoimpuesta. La vergüenza no era suya, alegó Pélicot, sino de los violadores, y quiso que esos hombres la vivieran en carne propia cuando sus crímenes salieran a la luz.
Numerosas organizaciones de derechos humanos, feministas y de las diversidades expresaron su solidaridad y el proceso muy pronto atrajo la atención del país y de la prensa europea. Dominique Pélicot fue condenado a veinte años de prisión y otros cuarenta y nueve imputados recibieron diferentes sentencias. En febrero, Gisèle Pélicot publicó Y la alegría de vivir, un relato autobiográfico muy emotivo, algo así como una catarsis literaria de gran valor pedagógico para estimular a otras eventuales víctimas de situaciones semejantes a tomar la palabra y denunciarlas.
Brutalidades “domésticas”
De más en más salen a la luz pública escándalos en diversos países europeos de violaciones perpetradas a partir de sumir químicamente a las víctimas en el espacio familiar, en la vida cotidiana.
Como lo recordaba un artículo publicado el lunes 3 de agosto en el cotidiano suizo Le Courrier, a principios de este año Inglaterra fue sacudida por un caso muy similar al de Mazan. Philippe Young, un concejal de la ciudad de inglesa de Swindon, fue acusado de haber drogado y abusado de su esposa, Joanne Young, entre 2010 y 2024. Cinco hombres más, a quienes invitó para violar a su esposa inconsciente, comparecieron a su lado.
A mediados de julio, un ciudadano de Berlín, Alemania, de 68 años, fue acusado de haber drogado, violado y filmado a decenas de mujeres, videos luego encontrados en aplicaciones y redes sociales. El hombre estaría implicado en 22 violaciones y habría causado lesiones corporales graves, declaró la Fiscalía de Berlín en un comunicado.
Como señala el artículo, una investigación reciente de la TV estadounidense CNN sobre lo que ha llamado «la academia de la violación» rebeló las prácticas de hombres casados, a los que se podría considerar “hombres comunes de Estados Unidos, Inglaterra, Polonia y África Occidental, entre otros”, quienes en grupos de la mensajería cifrada Telegram, “intercambiaban [con miles de usuarios] consejos para drogar a sus esposas o compañeras sentimentales con el fin de abusar de ellas. Algunos filmaban sus hazañas
Por su parte en Francia, en febrero de 2026, diez hombres fueron imputados en la ciudad de Lille en el marco de un caso de criminalidad infantil que incluyó la violación de un niño de 5 años, hijo de uno de ellos. El niño había recibido la droga sintética. Los criminales fueron acusados por violación y agresiones sexuales bajo sumisión química con actos de tortura o barbarie. Uno de los organizadores de la fiesta se suicidó en junio de 2025.
Suiza, de la incredulidad a la indignación
Las recientes revelaciones del caso Frei en Untersiggenthal anticipan un proceso jurídico muy mediatizado y lo que ya ha comenzado a convertirse en epicentro de un acalorado debate en la sociedad suiza. De hecho, ya se está debatiendo si los medios de prensa debían o no difundir la identidad del acusado. Algunos lo han hecho, argumentando que se trata de una personalidad política y que, en consecuencia, este caso es de interés público. Otros prefirieron hablar de “Patrick F.”, o simplemente de “el hombre de Argovia”, por consideración hacia sus hijos.
Por su parte, la activa movilización de mujeres ha contribuido y seguirá contribuyendo al debate. Convocada por un grupo de mujeres del Partido Socialista (PS), el principal de la izquierda parlamentaria suiza, esta movilización creció gracias a la adhesión espontánea de otras mujeres de diferentes identidades políticas. Pero todas ellas con un sentimiento y un propósito común: solidarizarse con la ex pareja de Frei y su hija cuando advirtieron que las autoridades locales no las habían sostenido financieramente como era debido y además las habían amenazado con “deportarlas”. De nacionalidad polaca, Iwona L., conoció a Frei durante una vacación en España. Después de un tiempo, ella y su hija Paula L. vinieron a vivir con él a Suiza. A efectos de las formalidades administrativas, Iwona L. firmó un contrato de servicio como encargada de las tareas domésticas, aunque en la realidad era su compañera sentimental.
Hasta el momento en que el Tages-Anzeiger reveló el drama de ambas mujeres, las autoridades municipales no las sostuvieron económica, moral, ni psicológicamente como era de esperarse. Por otra parte, las amenazaron injustamente con expulsarlas del país alegando que Iwona L. había firmado un contrato laboral ficticio. Sin embargo, por el solo hecho de ser polacas y, en consecuencia, ciudadanas de un país miembro de la Unión Europea, cuentan con derechos migratorios para permanecer en Suiza. Este trato casi agresivo de parte de algunos funcionarios permitió entrever la influencia política de Frei aun desde su situación de detención. Miembro del Parlamento Cantonal desde agosto de 2021, Frei además integraba su poderosa Comisión de Justicia y había ocupado previamente un cargo político en su propio municipio.
El cinismo y la hipocresía de Frei, así como de otros personajes de la política local, quedo aún más en evidencia cuando el Tages-Anzeiger reveló que el acusado había militado activamente contra los extranjeros “delincuentes” y los “pedófilos” durante importantes debates y votaciones que se realizaron a nivel nacional los últimos años.
El impacto de esta movilización solidaria en Untersiggenthal ha sido notable. No solo creó conciencia con respecto a la brutalidad de los crímenes del caso. Además puso en evidencia la insensibilidad oficial inicial para con esas víctimas de violencia doméstica y la manera en que las estigmatizaron. Y logró que en las últimas horas, el gobierno local normalizara la ayuda de asistencia social para ambas, y con beneficios retroactivos. Iwona L. y su hija Paula participaron en la movilización del 27 de julio y agradecieron esas muestras de solidaridad.
Como sucedió en Francia hace más de un año en el “caso Pélicot”, la sórdida historia suiza de Untersiggenthal también parece encarrilarse hacia un final donde se impone la justicia. A pesar de las disculpas de parte de las autoridades municipales y cantonales, la pregunta casi generalizada es: ¿hasta cuándo se seguirá demonizando a las víctimas de estos delitos, y mucho más si las mismas son extranjeras? Una vez más la respuesta favorable vino de la calle, de la movilización social y, en especial, de la solidaridad feminista y de las diversidades. Pero para que la misma sea posible, el arranque de cualquier respuesta colectiva fue la propia resistencia de las víctimas, que se rebelaron contra la estigmatización, tomaron la palabra e hicieron cambiar la vergüenza de lado.
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