La vida no es flexible

Ocho muertos en Vaca Muerta en los 15 meses de precarización laboral

En memoria de César Poo (46) de Ensing, contratado por Tecpetrol (Techint). Julio César Sánchez, subcontratista de sísmica de UGA. Daniel Torres (26) de empresa Omega. Mauricio Segura, Venver, contratada por YPF. Miguel Angel Chocala Fernández (35), empresa Nabors. Marcelino Ariel Sajam (40), Clear Petroleum, contratado por Medanito. Cristian Nicolás Baeza (35) y Maximiliano Francisco Zappi (24), empleados de Pecom para Tecpetrol, fallecidos en los 15 meses que lleva el convenio flexibilizado.

 

 

Tecpetrol opera el yacimiento Fortín de Piedra donde, el domingo 5 de mayo, murieron los operarios Baeza y Zappi, de Pecom. Contratados, subcontratados y todo tipo de trabajadores sin una preparación profesional de calidad vienen muriendo sin que pueda llamarse accidentes a estos incidentes totalmente predecibles. El jefe del sindicato petrolero, Guillermo Pereyra, habló de la necesidad de una “autocrítica profunda” tras las ocho muertes y atendió por igual a obreros y patronos, como si la responsabilidad fuera compartida. Como responsable de una de las ART que responden por los accidentes, buscó culpables y planteó soluciones acomodadas a su necesidad sin que eso incluya ninguna medida sindical en exigencia a las empresas. Tecpetrol tiene la concesión del área durante 35 años y es la beneficiaria de las concesiones realizadas en los convenios firmados.

La flexibilización del convenio para Vaca Muerta es un hecho. Jubilación anticipada, reubicación de trabajadores de acuerdo a las necesidades de las empresas, posibilidad de realizar operaciones simultáneas en yacimiento, montaje y desmontaje en horario nocturno; sólo la empresa y ya no el sindicato podrá suspender el trabajo por condiciones climáticas, nuevos mecanismos de control para reducir ausentismo, las cuadrillas podrán trabajar a pesar de estar incompletas, modificación de la jornada laboral y no se contará como parte de ella las horas de descanso y las horas de viaje hasta el yacimiento.

Lo llamativo es que los accidentes mortales ocurren en las actividades que han tenido más regalías por parte del gobierno macrista. Recordemos que apenas asumieron, una de las medidas inmediatas fue que en lugar de cumplir con las normativas vigentes y garantizar la protección de la salud de sus trabajadores dejó de haber inversión en la tecnología necesaria. La ganancia es el nuevo objeto de adoración. La vida no vale nada. El despido de 1.700 trabajadores ya motivó un paro total de trabajadores en la Cuenca Neuquina porque ni así cumplieron.

La adenda flexibiliza uno de los sectores más críticos en materia de seguridad laboral, dentro de lo que se incluyen los daños por la exposición constante en campo. En Estados Unidos encontraron altas concentraciones de benceno en la orina, particulares afecciones por la exposición a arena de sílice y diversos riesgos ocupacionales, como lesiones en la cabeza, accidentes de tránsito, contusiones, quemaduras, exposición a sustancias químicas tóxicas, entre otros. El conjunto de cuestiones resultó en que la tasa de mortalidad promedio de la industria fuera siete veces mayor que sobre el resto de los trabajadores, como concluyó la institución pública Centro para el Control y Prevención de Enfermedades.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) publicó el año pasado datos oficiales que dan cuenta de lo que planteamos. Según la clasificación comercial, los rubros que han aumentado los accidentes mortales son minería, electricidad, finanzas (incluidas las empresas tercerizadas) y agro. Las causas de estas muertes tienen responsables y no son los y las trabajadoras. Se producen por la flexibilización, la informalidad y la precarización laboral. Recordemos a los dos trabajadores jóvenes que pedaleando por un trabajo de aplicaciones para sobrevivir encontraron la muerte. Trabajadores en el campo que fueron aplastados por maquinarias agrícolas, o sepultados en los silos por el apuro en el acopio de cereales. Hay un feroz y sádico ocultamiento de los daños a la salud laboral, pero en especial de las enfermedades profesionales. Mientras la OIT asegura que las enfermedades profesionales en el mundo son la mayor causa de muerte de los trabajadores (80%), en nuestro país solo llegan, según datos oficiales, al 2%. Para este gobierno asesino los trabajadores estamos sanos.

El macrismo sigue insistiendo en la reforma laboral para ser competitivos en el mundo. Esto se traduce en la quita de derechos adquiridos, que ahora son llamados “privilegios”. La Argentina tiene un alto porcentaje de sindicalización en relación al resto del mundo. Por eso las políticas laborales de este gobierno tienen el claro objetivo de destruir a las organizaciones sindicales, demonizar a sus dirigentes, aflojar los lazos laborales, provocar el cierre de fábricas. La pérdida de puestos laborales estatales, el aumento de los trabajos informales, tercerizados cierran un círculo fatal. Estas también debemos analizarlas como causas de muerte. Instalar el miedo a perder el trabajo, estimular el individualismo, genera un clima laboral de época nefasto.

La salida es colectiva y lo gritamos a los cuatro vientos. Es desde las organizaciones de (y con) los trabajadores y trabajadoras. Es lograr trabajo digno con la apertura de paritarias libres y con inclusión de cláusulas laborales que garanticen puestos de trabajo seguro. Necesitamos una Ley de Prevención de Riesgos Laborales con una genuina participación de los trabajadores en la figura del delegado de prevención y Comités Mixtos de Salud y Seguridad. Ya hay experiencias que podemos generalizar en todo el país. Una normativa que sea inclusiva, donde las cuestiones de género sean un tema transversal, donde el aspecto psicosocial sea tenido en cuenta con una óptica desde la organización del trabajo.

No es un tema técnico ni económico. Es un problema político. No queremos más muertes ni mutilados, queremos un país donde ir a trabajar sea nuevamente una actividad segura.

 

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