La base social de la derecha se moviliza y fortalece con epicentro en San Carlos de Bariloche, en coordinación estratégica con avances institucionales en las legislaturas provinciales del sur. Santiago Olivera, obispo castrense de la Argentina, encabezó el 15 de mayo una peregrinación de la Región Pastoral Patagonia Norte junto a las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad federales. Tendió a su modo un manto protector a los efectivos que participaron de los operativos homicidas en las Pu Lof en Resistencia Cushamen (en Chubut) y Winkul Lafken Mapu (Villa Mascardi, Río Negro) en 2017, entre otros hechos violentos. Al mismo tiempo y desde el mismo lugar, activistas que reivindican el terrorismo de Estado lanzaron el espacio “Pañuelos negros”, tal como habían resuelto en Tucumán en febrero de este año, durante un acto público de apología del “Operativo Independencia”, que marcó en 1975 una escalada anticipatoria de la masividad de la violencia estatal.
En un andarivel más discreto y sin debate público, la Legislatura de Río Negro tratará en la primera quincena de junio dos proyectos que avanzan en el control social y la tenaza punitivista. El Ejecutivo propone una modificación del Código Procesal Penal local para incluir la figura de la reiterancia delictiva, iniciativa que cuestionó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche. Ese mismo proyecto propone crear un banco de huellas genéticas que puede convertirse en un instrumento extremadamente delicado, por los alcances indicados y la masividad de la población que abarcaría.
Otro proyecto promueve el arancelamiento de la educación superior y de los hospitales públicos rionegrinos para lxs usuarixs extranjeros con residencia transitoria, una medida racista y xenófoba que ataca a grandes colectivos que son mano de obra rural y de la construcción, entre otros segmentos del trabajo en negro, mayoritariamente. La argumentación no aporta ningún dato sobre el supuesto gasto que representan esxs extranjerxs en el presupuesto provincial.
Patria & familia
María Asunción Benedit posó para la prensa local con un pañuelo negro cubriéndole la cabeza. Lejos de la imagen de duelo de épocas pasadas, el borde celeste y blanco aviva el rostro de la mujer rubia y de ojos claros que pretende mostrarse como garantía de la defensa de la patria. Vive en Bariloche desde 1984, cuando su esposo cumplió destino en la Escuela Militar de Montaña. Francisco Lacal Montenegro fue capitán del Ejército, intervino en el “Operativo Independencia” en Tucumán y participó en la guerra de Malvinas, como está documentado en legajos oficiales disponibles en la web.
Nació en Paraná, Entre Ríos. La prensa allí se ocupa de ella y su familia con frecuencia. Su hermano, Beltrán María Benedit, dirigente ruralista y diputado nacional por La Libertad Avanza, irrumpió en la escena política al promover la visita a represores condenados por delitos de lesa humanidad, presos en la cárcel de Ezeiza. En julio del año pasado, seis diputados libertarios se reunieron en el Complejo Penitenciario Federal I con Alfredo Astiz, entre otras celebridades.
Uno de sus hijos, Pelayo Lacal Montenegro, fue candidato a diputado provincial en Entre Ríos por LLA en las elecciones de 2023 y actualmente es asesor de su tío Beltrán. La nuera de Asunción, esposa de Pelayo, es Camila Scavia, quien fue candidata a viceintendenta de Paraná por la propuesta libertaria.
Su esposo falleció en 2008. Años después, Asunción se dedicó al comercio. Vendió sánguches de miga y masas secas al Concejo Deliberante de Bariloche y lidió con el reclamo judicial de una ex empleada en “La cruz del sur”, su local en el hotel Llao Llao, de venta de artículos de talabartería y objetos de arte.
En los últimos años se fortaleció como figura política. La Unión de Promociones es una organización que se creó en 2005 para oponerse a los incipientes juicios por crímenes de lesa humanidad y defender a los efectivos condenados considerándolos “presos políticos”. En 2023 se creó la sede Bariloche de la UP, a cargo de Asunción, quien expuso su visión sobre el último golpe de Estado desde el Parque de la Memoria junto al listado de las víctimas detenidas-desaparecidas por el aparato estatal terrorista, que considera incompleto.
Hábemus agenda local
Al calor de la reciente elección de un nuevo jefe en el Estado Vaticano, monseñor Olivera presidió una peregrinación en Bariloche que partió del Escuadrón de Gendarmería, pasó por las instalaciones de Prefectura Naval y finalizó en la Catedral construida en piedra por Alejandro Bustillo junto al Nahuel Huapi.
Viajaron capellanes castrenses del interior de Neuquén y de El Bolsón para copar las calles en tono recogido, muy diferente del habitual ritmo del Comando Unificado con que patrullan la ciudad militarizada desde hace años.
Al día siguiente, el 16 de mayo, Olivera tuvo otra alegría. El diario La Nación le publicó una carta de lectores en la que celebró “el proyecto de ley presentado por el diputado nacional Ricardo López Murphy para que el Estado argentino comience a reconocer y reparar a las víctimas de los ataques perpetrados por las agrupaciones terroristas”. La misma agenda de Asunción, que mereció estar en esa misa.
La figura de Olivera viene en ascenso, al punto que el Presidente comparte sus homilías en redes sociales. Ocupa el obispado castrense desde 2017. Militante de la doctrina de la “memoria completa”, se manifestó fuertemente contra los juicios por crímenes contra la humanidad.
Avanzada legislativa
Mientras estos sectores más radicalizados dan la cara, en las legislaturas locales avanzan las agendas punitivistas y racistas. En Viedma, capital de Río Negro, se tratarán el 6 de junio dos proyectos enviados por el Ejecutivo que consolidan la agenda punitivista en nombre de la seguridad y el presunto costo adicional al presupuesto que supone la gratuidad de los servicios públicos para los extranjeros.
Uno de los proyectos propone cambios de política criminal a la ley P Nº 5.115 promulgada en 2016 y al Código Procesal Penal creado por la ley P Nº 5.020. Por una parte, propone crear un registro provincial de huellas genéticas para sumar a los ya existentes Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (ReProCoInS) y Registro Provincial de Identificación Genética de Abusadores Sexuales (RePrIGAS), que quedarán a bajo la responsabilidad del procurador general. El articulado propuesto merece una (re)lectura minuciosa ya que alcanzaría a todas las personas vinculadas con una acción judicial penal, aun cuando luego resultaran desincriminadas. En época de la big-data (manejo de grandes volúmenes de información) y de control social sobre grandes grupos humanos, instrumentos de información personal biológica en manos del Estado merecerían mayor debate. El sentido de Justicia que dio lugar al Banco Genético de las Abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, es un antecedente de otro tipo de instrumentación de recursos científicos al servicio del aparato judicial. Mendoza ya lo aplica y sería oportuno revisar su uso.
En el mismo proyecto se propone modificar otra ley para crear el instituto de la reiterancia delictiva. La APDH Bariloche cuestionó formalmente la iniciativa reclamando antes un análisis “sobre las condiciones de detención de las personas procesadas y/o condenadas en la Provincia de Río Negro y en especial por nuestro conocimiento directo, en el Penal 3 de Bariloche, que se reitera en otros lugares de detención de la provincia. Es evidente el criterio punitivo, que no compartimos, que ha tomado fuerza en nuestro país, incluyendo la disminución de la edad de responsabilidad penal de los menores, que incrementará la población carcelaria, la que carece actualmente de condiciones dignas de detención”.
El otro proyecto perfectamente podría ser de autoría de La Libertad Avanza (LLA), tanto por sus fundamentos como por el articulado. Sin ningún tipo de documentación que lo sostenga, asegura que la atención de extranjeros representa un costo importante para el sistema de salud pública y la educación superior. El texto supone, además, contradicciones y violaciones a la legislación vigente sobre población migrante en la Argentina.
Los megaproyectos de infraestructura y la macroeconomía dejan debajo de la línea de interés público la ideología profunda que se destila durante una procesión callejera o en el articulado de un proyecto de ley.
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