La irrupción en el mundo del populismo de ultraderecha y especialmente su afincamiento en Estados Unidos, ha sido devastador para el orden internacional creado al finalizar la Segunda Guerra Mundial. La catástrofe humanitaria provocada por un conflicto que causó entre 70 y 85 millones de víctimas mortales, lo que representaba aproximadamente el 3% de la población mundial en 1940, lo configuró como el más mortífero de la historia humana. Cerca de dos tercios de los fallecidos fueron civiles debido a bombardeos masivos, hambrunas, enfermedades y genocidios deliberados. El orden internacional surgido al finalizar la Segunda Guerra Mundial (1945) fue el resultado de un intento de evitar una nueva guerra mundial y de organizar la política internacional sobre bases más estables. El fracaso de la Sociedad de Naciones llevó a fundar en 1945 la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sus objetivos fundamentales consistían en mantener la paz; prevenir nuevas guerras; promover la cooperación internacional y favorecer el respeto del derecho humanitario en los conflictos que no pudieran ser evitados. Su innovación más importante fue la creación del Consejo de Seguridad, con la misión de evitar las guerras, pero se hizo una concesión importante al otorgar a los cinco Estados que habían ganado Segunda Guerra Mundial la condición de miembros permanentes con derecho de veto. Por lo tanto, este diseño reconocía que la paz mundial sólo podía mantenerse con el consentimiento de las grandes potencias. Ese proceso de búsqueda de la paz a través del derecho culminó con la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal penal permanente creado para juzgar a las personas responsables de los crímenes internacionales más graves establecida mediante el Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998 en una conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Roma. Esa relevante institución, creada pese a la indisimulada oposición de Estados Unidos, se ha convertido ahora en el máximo enemigo del gobierno de Donald Trump. El secretario de Estado Marco Rubio ha anunciado el pasado lunes el inicio de lo que denominó una “campaña para desmantelar la Corte Penal Internacional”.
La campaña de Marco Rubio
En un video publicado en las redes sociales, Rubio acusó a la Corte Penal Internacional de “librar una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza del llamado derecho internacional”. Rubio reconoció, en un artículo de opinión publicado en The Wall Street Journal, que los funcionarios estadounidenses acusados de crímenes internacionales podrían ser los próximos en enfrentarse a acciones de la Corte. Afirmó que la administración Trump utilizaría “todas las herramientas a disposición de nuestro gobierno” y trabajaría junto a “todos los aliados con los que podamos” para desmantelar el tribunal con sede en La Haya “ladrillo a ladrillo, si fuera necesario”. Según el secretario, los aliados estadounidenses que se benefician de las garantías de seguridad de Estados Unidos “no deben permanecer impasibles mientras quienes proporcionan esa seguridad son blanco de ataques”. Rubio acusó al tribunal de “interferir en las operaciones militares y policiales estadounidenses” y afirmó que acatar la decisión del tribunal significaría “la muerte de Estados Unidos como nación soberana e independiente”. Citando una investigación de la Corte sobre posibles crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán, el secretario dijo que el tribunal se estaba “erigiendo como juez supremo de la política militar estadounidense y de todo el sistema judicial de Estados Unidos”. “La Corte Penal Internacional está respaldada y dirigida por una poderosa red de organizaciones no gubernamentales de izquierda, globalistas engreídos y gobiernos hostiles del Tercer Mundo, unidos por su enemistad hacia Estados Unidos”, dijo Rubio.
Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que la nueva campaña de Rubio contra la Corte “implicaría una respuesta integral del gobierno para inhabilitar sistemáticamente” la capacidad del tribunal internacional para “operar, atacar a militares o funcionarios estadounidenses o amenazar de cualquier otra forma la soberanía estadounidense”. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, por lo que en principio no le son aplicables las normas del tratado. Pero sus disposiciones podrían resultar aplicables a los militares o diplomáticos norteamericanos que participaran en actos violatorios del tratado cometidos en países signatarios del Estatuto de Roma. De modo que, dada la implicación de Estados Unidos en el apoyo a los crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza y Cisjordania, que ya han dado lugar al pedido de captura de Benjamín Netanyahu y su ex ministro de Defensa Yoav Gallant, el riesgo de que funcionarios o militares norteamericanos terminasen implicados es bastante elevado.
El rechazo de Trump no es nuevo, ya que es coherente con el posicionamiento político de los Estados Unidos frente a la creación de la Corte Penal Internacional, cuando la administración de George W. Bush rechazó firmar el Estatuto de Roma en 2002. Como réplica a esta iniciativa internacional, en ese mismo año, el Congreso de Estados Unidos aprobó la “Ley de Protección de los Miembros del Servicio Estadounidense” con el objetivo de proteger al personal militar y civil de cualquier juzgamiento por la Corte. Incluso, se autorizó la utilización de “todos los medios necesarios y apropiados para lograr la liberación de cualquier estadounidense o personal aliado que esté detenido o encarcelado” por la misma entidad judicial en La Haya. Además, el gobierno de Bush propició la firma de convenios bilaterales de inmunidad con otros Estados, para evitar la entrega de ciudadanos estadounidenses a la Corte Penal. En una orden ejecutiva del 6 de febrero de 2025, Trump declaró una “emergencia nacional para abordar” la supuesta “amenaza” que representa el tribunal y anunció sanciones contra los funcionarios que la integran, incluidos sus jueces. La orden presidencial citaba las “investigaciones de la Corte Penal Internacional sobre personal de Estados Unidos y algunos de sus aliados, incluido Israel”, que tampoco es parte del Estatuto de Roma.
Objetivos de la Corte
El Estatuto de Roma entró en vigor el 1º de julio de 2002, una vez que se alcanzó el número necesario de ratificaciones por parte de los Estados que integran la ONU. Según esa norma, los objetivos principales de la Corte Penal Internacional son los de perseguir y juzgar a los responsables de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional; poner fin a la impunidad, especialmente cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren investigar y juzgar esos delitos; contribuir a la prevención de futuros crímenes mediante el efecto disuasorio de la justicia penal internacional y promover el Estado de Derecho y la justicia internacional, complementando, pero no sustituyendo, los sistemas judiciales nacionales.
Raed Jarrar, director del grupo de derechos humanos Democracy for the Arab World Now (DAWN), declaró en respuesta al artículo de opinión de Rubio que “cuando el país más poderoso del mundo pretende desmantelar el único tribunal internacional permanente del mundo, envía el mensaje de que los poderosos están por encima de la ley”. “No es la Corte Penal Internacional lo que Rubio está desmantelando ladrillo a ladrillo, sino el orden internacional basado en normas que surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial”, declaró Jarrar. “El ataque de Rubio no solo pone de manifiesto la hipocresía estadounidense, sino que socava el acceso a la justicia en todo el mundo, desde Ucrania hasta Sudán, y podría constituir obstrucción a la justicia, un delito tipificado en el Estatuto de Roma”.
La democracia norteamericana, “la más antigua del mundo”, no ha sido una democracia ejemplar. El período de apartheid se conservó hasta transcurrida la mitad del siglo XX y el peso de las corporaciones en la financiación de las campañas políticas de los candidatos al Senado y la Cámara de Representantes desfiguran la democracia, al punto que Sheldon S. Wolin en Democracia SA (Ed. Katz) utilizara la expresión “totalitarismo invertido” para señalar esta grave deriva antidemocrática. “El totalitarismo invertido marca un momento político en el que el poder corporativo se despoja finalmente de su identificación como fenómeno puramente económico, confinado principalmente al terreno interno de la empresa privada, y evoluciona hasta transformarse en una coparticipación globalizadora con el Estado, una transmutación doble de corporación y Estado. La primera se vuelve más política, el segundo más orientado al Estado”. Pero con la versión II del gobierno de Trump se han traspasado todos los límites, convirtiendo al sistema presidencialista en una monarquía autoritaria. El uso de las estructuras del Estado para la persecución de los enemigos personales; el ensañamiento criminal contra los inmigrantes; los intentos de modificar la legislación electoral para condicionar el acceso a las urnas son claras muestras de un autoritarismo sin complejos.
En el plano internacional, Estados Unidos ha sido un país con una clara tradición imperial, caracterizado por la expansión territorial en desmedro de México, y con intervenciones constantes en los países de su “patio trasero”. La humillante derrota sufrida en la Guerra de Vietnam supuso un enfriamiento transitorio de las políticas bélicas, que se reanudaron a partir de la caída de la Unión Soviética. La aparente oposición del movimiento MAGA (make América great again) a las “guerras eternas” libradas en Irak y Afganistán, no le han impedido a Trump lanzarse junto con Israel a la nueva aventura bélica emprendida contra Irán. Pero hasta ahora, las iniciativas bélicas venían buscando una cierta legitimidad con la cobertura de ser “guerras justas” libradas contra dictaduras crueles. Con Trump toda esa cobertura hipócrita, asumida como tributo que el vicio rinde a la virtud, ha saltado por los aires.
Los asesinatos a sangre fría de tripulantes de lanchas con el argumento de combatir el narcotráfico muestran la contaminación de la política internacional con trazas de crueldad imperial. De allí que no resultara sorprendente que Estados Unidos continuara abasteciendo de bombas al gobierno de Netanyahu mientras eran evidentes las pruebas del genocidio que se venía cometiendo en Gaza.
El resultado final de esta gesta totalitaria es la búsqueda de la destrucción de los frágiles límites que el derecho internacional ha intentado establecer para evitar los abusos de los poderosos. Lo que caracteriza a las nuevas ultraderechas internacionales –que se han valido del método democrático para acceder al poder– es la paulatina destrucción de los límites institucionales para forjar un sistema autoritario el que todavía no se le ha dado un nombre pero que guarda un aire de familia con los autoritarismos que emergieron en los años ’30 del siglo pasado. La pretensión de los fundadores de las Naciones Unidas de conseguir que las guerras fueran menos frecuentes no se ha conseguido. El anunciado propósito de acabar con la Corte Penal Internacional marca la voluntad del complejo militar-industrial de los Estados Unidos de regresar a un mundo hobbesiano, donde ni siquiera se respetan las normas del derecho internacional humanitario. Lo que no refuta el hecho cierto de que las guerras se han vuelto cada vez más absurdas, como lo demuestra el ejemplo de China, que ha utilizado la globalización y la interdependencia económica para expandirse sin necesidad de acudir a la guerra. Solo queda la esperanza de que este descenso acelerado al infierno genere los anticuerpos que permitan volver a las prácticas de la cooperación internacional, del respeto al derecho internacional humanitario y revoquen definitivamente este intento anacrónico de retorno a las prácticas de la piratería imperial.
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