Larreta le escapa al agua

La pandemia agravó la emergencia sanitaria en CABA

 

Las epidemias de cólera, viruela, escarlatina y fiebre amarilla que tuvieron lugar en 1867-1871 constituyeron enormes desafíos para el sanitarismo argentino. Así surgieron los primeros proyectos de saneamiento para la Ciudad de Buenos Aires, llevados a cabo por John Coghlan primero y por el ingeniero John Bateman después, entre 1869-1880. En 1880, las redes de agua potable y cloacas ya daban cobertura a la cuarta parte de la metrópolis porteña. 140 años después, en un contexto parecido, uno de cada siete habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, los que residen en las villas, continúa sin acceder formalmente al agua potable.

Según datos oficiales, la población de las villas porteñas pasó de 107.000 habitantes en 2001 a 300.000 en 2015. Se estima que actualmente los habitantes de villas, asentamientos y barrios populares de la Ciudad representan un 15% de la población total, es decir aproximadamente 400.000 habitantes que no acceden formalmente al agua potable ni al saneamiento cloacal.

Los indicadores sanitarios son un correlato directo de una política profundamente discriminatoria aplicada en el distrito más rico de nuestro país: en las comunas 4 y 8 del sur de la ciudad, donde 1 de cada 3 personas habita en una villa, la mortalidad infantil se duplica respecto a las comunas del norte y la esperanza de vida se reduce en más de diez años.

 

El negocio del agua

Resolver definitivamente y en igualdad de condiciones el acceso al agua potable y al saneamiento seguro en la Ciudad involucra un presupuesto aproximado de 700 millones de dólares. Sin embargo, el negocio de la emergencia eterna con concesiones de camiones aguateros y obras de baja calidad técnica que se reiteran sin controles adecuados y destinando cifras millonarias de fondos públicos, es la historia repetida de las villas y asentamientos.

La prestación formal del servicio público de agua potable implica que se transporta en tuberías de materiales certificados, debidamente enterradas y respetando la presión reglamentaria; que la infraestructura es operada por un organismo prestador del servicio en el marco de un contrato de concesión que establece estándares mínimos para la prestación; y que existe un ente regulador del servicio público que controla periódicamente la calidad de la provisión del agua potable por parte del prestador. Nada de esto sucede en las villas, asentamientos y barrios populares de la CABA, donde el agua escurre por mangueras negras pinchadas que atraviesan cámaras cloacales, sin que ningún organismo se haga responsable de garantizar un estándar mínimo en la prestación del servicio y sin ningún control de la calidad del agua que consumen sus habitantes.

 

La desigualdad sanitaria

La informalidad en el acceso a los servicios sanitarios determina un doble estándar sanitario, que explica por qué mientras el promedio de los habitantes de la Ciudad que superan los 60 años es del 22%, en la Villa 20 sea sólo del 4% y en el barrio Ramón Carrillo sólo del 8%.

 

 

Ese doble estándar sanitario fue puesto en evidencia por la pandemia, porque allí donde los servicios públicos son informales, los contagios se multiplican. El 21 de abril de 2020 se confirmó el primer contagio de Covid-19 en el Barrio Carlos Mugica. Dos días después y durante 15 días se generalizó en el barrio la falta de agua potable, multiplicándose los contagios. La información oficial evidencia que 15 días después de generalizarse la falta de agua en el barrio, la cantidad de contagios se había multiplicado cuatro veces.

 

¿Yo señor? No, señor

La llegada de la pandemia amplificó la precariedad y la desigualdad sanitaria. En ese contexto, el 7 de abril del 2020 un grupo de mujeres referentas de distintos barrios populares porteños acompañadas por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la CTA Capital presentaron una acción judicial para que el gobierno porteño garantice el acceso al agua potable para todos los usos a la totalidad de los habitantes de las villas. La presentación incluyó una detallada propuesta técnica que incluía un Plan de Contingencia y los lineamientos de un Plan de Agua Potable y Saneamiento Cloacal para las villas porteñas.

El 5 de mayo, en una sentencia histórica que operativiza el principio de igualdad en el acceso al agua potable, la Justicia le ordenó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que garantice 150 litros diarios de agua potable por habitante para asegurar las medidas de higiene que la pandemia exige y que elabore, de manera consensuada con las comunidades, protocolos de actuación y planes de contingencia frente a la pandemia, jerarquizando el ejercicio de la participación democrática de nuestra ciudadanía. Desde entonces, el gobierno porteño viene incumpliendo la sentencia judicial.

Luego de algunos vaivenes procesales, la causa quedó radicada en el fuero federal. En la última semana, el gobierno local contestó, en el marco de la causa judicial, que no tenía ninguna obligación con relación a garantizar la provisión de agua potable y segura a los cientos de miles de personas que habitan las villas porteñas. Desde su perspectiva, en este caso la autonomía porteña no juega y la responsabilidad absoluta debe recaer en el Estado Nacional por mandato de la Ley 27.453 que aprobó el régimen de Regularización Dominial para la Integración Socia Urbana de los Barrios Populares.

El GCBA desconoce sus obligaciones, que surgen de la Constitución de la Ciudad. Además, con relación al derecho al acceso al agua potable, la Ley de la ciudad 3.295, en su artículo 3, establece con absoluta claridad que “la ciudad garantiza a todos sus habitantes el acceso al agua potable en cantidad y calidad suficientes para usos personales y domésticos como derecho humano fundamental”. Por su parte, el nuevo Código Urbanístico (Ley de la ciudad 6.099), en su Título 8 “Reurbanización e Integración Socio-Urbana”, dispone que el GCBA es el encargado principal de proyectar y construir la infraestructura de los servicios públicos en los barrios populares y villas de la ciudad.

 

Las prioridades sanitarias del jefe de gobierno

Diferentes relevamientos realizados por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires evidencian que hoy en la Ciudad 140.000 personas almacenan precariamente agua en baldes y tachos. El 35% de los hogares no cuentan con sistemas seguros de almacenamiento y el 66% de las familias si pudiera compraría agua envasada. En el contexto de la pandemia y frente a una nueva ola de contagios, en nada avanzamos para garantizarle un tanque a cada hogar donde pueda almacenar agua de manera segura.

 

 

Se necesitan 20.000 tanques, cuyo costo aproximado de 200 millones de pesos no tiene incidencia en el presupuesto de la Ciudad. Sobre todo si se tiene en cuenta que el GCBA destinó el año pasado 90 millones a la compra de dispensers de agua para edificios públicos que están conectados formalmente a la red.

Las prioridades sanitarias del Ejecutivo porteño son claras. Al inicio de la pandemia licitó servicios de consultoría para la elaboración del proyecto Colector Cloacal Baja Costanera, una mega obra de infraestructura sanitaria para evacuar los efluentes cloacales de 13 suntuosos emprendimientos inmobiliarios proyectados en tierras públicas ribereñas: Cavia, Costa Salguero, Punta Carrasco, Areneras, Frente Retiro entre Callao y Ramos Mejía, Antepuerto y Distrito Puerto, Dársena Norte, Catalinas II, Catalinas Sur, Dique Cero, Puerto Sur (Isla Demarchi) y Solares de Santa María. El costo aproximado de la obra sería de 160 millones de dólares y el peso del financiamiento será transferido al conjunto de la ciudadanía porteña. El propio Plan Plurianual de Inversiones de la Ciudad proyecta para la infraestructura en Costa Salguero un total de 4.800 millones de pesos, a ser ejecutados entre 2021 (1.715 millones) y 2022 (3.085 millones). También ha destinado aproximadamente 1.000 millones de pesos para la construcción de la infraestructura sanitaria del Parque de la Innovación, otro gran negocio inmobiliario privado en tierras públicas.

Una de las desigualdades urbanas más vetustas es la desigualdad en el acceso al agua potable, que no sólo impide la reproducción de la vida y atenta contra los principios de no discriminación sino que constituye una de las violencias más invisibilizadas hacia las mujeres y disidencias, ya que limita todo posibilidad de autonomía sobrecargando las tareas de cuidado.

Alcanzar la democracia urbana implica acceder a los servicios públicos en igualdad de condiciones.

 

 

 

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