Las caras y las máscaras

Creciente criminalización en el conflicto territorial mapuche

 

El discurso dominante en la Argentina pretende hacer un caso aislado de cada conflicto territorial con el pueblo mapuche-tehuelche, ocultando la masividad y diversidad propias de un movimiento colectivo contemporáneo que se hace a sí mismo día a día. A la vez, oculta las diferentes estrategias, concepciones y operadores que alberga el bloque de poder dominante, ya que es el Estado, con todos sus dispositivos, el que interviene abiertamente para confrontar con las comunidades que ejercen el derecho a la vida en el territorio ancestral. La coyuntura electoral permite ver algunas de esas diferencias. Los gobiernos provinciales sí se someten al voto y las encuestas, pero no el Poder Judicial, que aparece como el máximo garante de la persecución, la criminalización y la protección del despojo. El seguimiento simultáneo de algunos conflictos puede contribuir a encontrar algunos de sus rasgos principales, sobre todo en un país centralista para el que los pueblos originarios y sus territorios son un problema marginal, así como las provincias donde viven.

 

 

Quemquemtrew

En septiembre se dio a conocer públicamente la Lof Quemquemtrew en el paraje rural Cuesta del Ternero, a unos 15 kilómetros al noreste de El Bolsón (Río Negro). Tomó el nombre del río que nace en un cordón montañoso, desciende y atraviesa la localidad turística. Rolando Rocco, un forestador de Chubut, la denunció por presunta usurpación de tierras sobre las que reclama derechos. Para notificar de esa denuncia a la nueva comunidad, la Justicia local montó un dispositivo de seguridad inédito para el área rural.

El viernes 24 de setiembre, el gobierno de Arabela Carreras se apresuró a comunicar, a través de prensa de la policía, que “se había recuperado el campo usurpado para ser restituido a su ocupante fiscal”. La jefa de gobierno estaba muy cerca, haciendo un anuncio oficial. Tal vez pensaba repetir y mejorar el desalojo express realizado contra la Lof Gallardo-Calfu en El Foyel en noviembre del año pasado. A las pocas horas, un grupo mapuche reingresó al lugar, permaneciendo hasta el cierre de esta nota.

 

Desalojo en Cuesta del Ternero.

 

El cerco policial en una zona sin señal de celular, con base logística en la única escuela de nivel primario del lugar, motivó una caravana de apoyo desde las dos localidades más próximas, El Maitén (Chubut) y El Bolsón. La caravana se transformó en campamento de vigilia de organizaciones de Derechos Humanos, gremios, referentes mapuche y prensa alternativa para exigir la preservación de la integridad física de los integrantes de la lof, que se resguardan entre los arbustos.

Fueron tres procedimientos en tres días sucesivos con uso de munición antitumulto (según la Justicia) o de plomo (según una organización mapuche) y de persecución a campo traviesa de un grupo que se niega a identificarse. En este operativo debutó una nueva brigada para la cordillera, la Rural Montada, cuyas boinas bordó se distinguieron en el bosque. Betiana Cendón, fiscal jefa de la circunscripción Bariloche, fue la gran protagonista del frustrado operativo de notificación, como insistió la coordinadora del Parlamento Mapuche y la zonal andina del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) –organismo de aplicación de la ley provincial del indígena– durante una audiencia realizada a pedido de la APDH Bariloche. Cendón prohibió el ingreso de alimentos y ropa de abrigo al grupo que permanece oculto, lo que derivó en una audiencia en la que el juez Ricardo Calcagno ratificó la prohibición, entendiendo que la asistencia consolida la usurpación del espacio en conflicto. Así, el dispositivo montado con la supervisión personal del comisario general Osvaldo Tellería, jefe de Policía de Río Negro, sumado a la intransigencia de Cendón, logran que la criminalización sea el eje de discusión pública.

 

La nueva brigada para la cordillera, la Rural Montada.

 

 

El despojo forestal

Después del despojo original consumado por la guerra al desierto del general Julio Argentino Roca, numerosas familias mapuche sobrevivientes se reasentaron en el espacio de Cuesta del Ternero. Algunas regresaban del otro lado de la cordillera de los Andes, otras nacieron en cautiverio en los fortines militares y al crecer buscaron un lugar. En el Museo Histórico de Viedma están los libros de las primeras inspecciones de tierras de los organismos públicos nacionales que acreditan la presencia centenaria de los apellidos mapuche en el lugar. Las nuevas generaciones de apellido criollo también tienen ancestros mapuche, como consta en decenas de expedientes de Tierras de los que todavía la provincia considera ocupantes de tierras fiscales.

Esos mismos expedientes cuentan el avance de las plantaciones de pinos exóticos en las tierras donde hubo trigo, como describió una organización mapuche en un expediente judicial en 2010. La Empresa Forestal Rionegrina (EMFORSA) inició juicio civil de desalojo contra una comunidad. En ese expediente consta que “Adalberto Torcuato Pagano, quien había sido por 11 años gobernador del territorio nacional de Río Negro, en condominio con Carlos Pastorini, acceden en 1945 a 30 hectáreas en el lote 103 para “instalar una usina hidroeléctrica, aserradero, fábrica de láminas para madera terciada” e industrializar lo producido en la explotación de 5.000 hectáreas de bosque de lenga ubicada en campos vecinos, por licitación pública otorgada meses antes”.

 

Protesta frente a la casa de Río Negro en CABA en favor de los derechos de Quemquemtrew.

 

Según ese expediente, parte de ese lote 103 es el que explota Rocco con autorización de la provincia desde 1984. Con chacra en la localidad de Lago Puelo, presentó un plan de forestación para dos fracciones (de 2.300 y 1250 hectáreas) ubicadas en los lotes 103 y 104, sobre los que adquirió mejoras y derecho de ocupación. Una inspección del ’85 dio cuenta de que la especie dominante era el ciprés y de que se mantenía el cultivo de avena en 2 hectáreas, junto con 50.000 pinos de dos años y 5.000 álamos. En 1993 supuestamente compró derechos a los ocupantes. Nueve años después, las fracciones se ampliaron inexplicablemente a 2.550 hectáreas cada una, según un informe de Tierras a la Justicia civil.

Todo ese camino tortuoso para la gente mapuche, no lo es para Rocco, que se presentó como querellante en el expediente iniciado por Cendón. Lo patrocina Ernesto Saavedra, abogado de Bariloche que fue desplazado por el Obispado de San Isidro después de hacer apología del genocidio militar en una causa federal por un lote en Villa Mascardi. El emprendedor obtuvo subsidios nacionales para forestar con certificados emitidos a su nombre por la Dirección de Tierras; uno de 2011 por 2.550 hectáreas en el lote 104 y otro el año pasado, sin superficie en parte de los lotes 104 y 105. Esos permisos, de acuerdo a la ley provincial de Tierras vigente, no otorgan derechos sobre la tierra fiscal.

Rocco es de Puerto Madryn. Fue comisionado de fomento de la localidad de Gastre en 2011, nombrado por el entonces gobernador Martín Buzzi (PJ). No es un peso ni mediano ni pesado de la actividad. Los incendios de febrero y marzo alcanzaron sus plantaciones.

 

Fiscal Cendón, juez Calcagno y querellante Saavedra.

 

 

Jurisdicciones

En Chubut, un tribunal federal de Comodoro Rivadavia juzga un caso contra seis personas por hechos en la Pu Lof Resistencia Cushamen que merecen relacionarse, como el alarmante espejo que anticipa. El viernes último alcanzaron a proyectarse algunos videos grabados por Gendarmería Nacional en enero de 2017, cuando fueron a notificar a la comunidad, que no accedió a identificarse, al igual que ahora Quemquemtrew. Hubo un allanamiento, persecución con efectivos montados, detenciones y heridos.

El juez Enrique Guanziroli pidió congelar una imagen. La cámara de la transmisión vía Zoom mostró su dedo contando ante todxs la cantidad de gendarmes apostados con armas largas ante una pequeña ruka de madera. Otro video mostró a un hombre delgado, alto, de apariencia joven, con pasamontañas, junto a una alambrada hablando con un gendarme; atrás, la inmensidad de la estepa. Ni sonido, ni dato digital de horario, nada que acredite las afirmaciones de la Gendarmería y la fiscalía. Alcanzaron a verse cuatro videos antes que llamativamente se cayera la conexión de Internet del juzgado federal, debiéndose suspender la audiencia hasta nuevo aviso. Tal vez, las imágenes de dron que faltan muestren el cerrojo de vehículos y efectivos provinciales. En la Cuesta, el camino abierto en la montaña facilita el bloqueo para el tránsito.

A más de cinco años de los hechos , la Justicia insiste en criminalizar la recuperación de una porción del cuadro La Herradura de la estancia Leleque, del grupo Benetton en la Argentina, en la que una yegua y cinco efectivos nacionales son las supuestas víctimas. Nada sobre el conflicto de fondo, el derecho al territorio.

 

 

 

Vaca Muerta

Dos conflictos se sacudieron las últimas semanas en Vaca Muerta, donde impera una lógica diferente a la del resto de Neuquén. Junto al lago artificial Mari Menuco, a unos 70 kilómetros de la capital provincial, la élite local emplazó su Nordelta en territorio de la lof Kaxipayiñ. Tienen residencia y embarcaciones en muelles propios, el empresario de los servicios petroleros Claudio Urcera, el ex gobernador Jorge Sapag, el responsable de Medio Ambiente Juan de Dios Lucchelli y varios abogados de la matrícula local. El año pasado, el Club de Caza, Pesca y Náutica Mari Menuco trabó un embargo por más de seis millones de pesos contra la Kaxipaiyñ, que está frenado judicialmente.

Muy cerca, cruzando una ruta, empieza el territorio de la Lof Fvta Xayen, en el paraje Tratayen, que denunció una operación fraudulenta de compra-venta de tierras en su espacio, próximo a Añelo. En su vecindario están las propiedades de las familias Cervi (ascendente candidato del macrismo) y Ferracioli, dos íconos locales de la burguesía capaz de enlazar política y negocios.

Estos conflictos particulares merecen contarse en detalle, aunque ahora permitieron que la Confederación Mapuche de Neuquén reclame a la gestión de Omar Gutiérrez que reanude los compromisos con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para completar los relevamientos territoriales que demoran la resolución de numerosos casos. La semana pasada se hicieron audiencias formales con funcionarios de gobierno que parecían auspiciosas. Pero un funcionario dio un faltazo este jueves en una audiencia de mediación. Mañana lunes en Neuquén se definirá si hay o no coincidencia para volver a firmar el acuerdo INAI-provincia por el relevamiento de la ley de emergencia 26.160, de acuerdo a dos actas-acuerdo firmadas estos días. Al parecer, parte de la dificultad radica en que hay un pacto político entre los Ejecutivos de Río Negro y Neuquén para que Magdalena Odarda, titular del organismo nacional, no viaje a la Patagonia a firmar el convenio. Barajan opciones como firmarlo en Buenos Aires o apelar a la firma electrónica.

En agosto, el Foro Consenso Bariloche atacó a Odarda, pero sobre todo a la vigencia de la ley de emergencia 26.160 que culmina en noviembre. Saavedra lo planteó desde un panel en el hotel Inacayal, a orillas del lago Nahuel Huapi. Vecinos de la junta vecinal de Cuesta del Ternero se pronunciaron contra esa norma. Río Negro también demora la finalización de las carpetas técnicas en su jurisdicción, que incluye la de la comunidad Cañumil y la fracción de la veranada de Toribio Cañumil en conflicto con estancieros de Bariloche.

El Poder Judicial tampoco es un bloque homogéneo. La última semana, una Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial con asiento en San Martín de los Andes emitió un fallo en relación a un conflicto entre un particular y la comunidad Paicil-Antreao por tierras ubicadas sobre la costa norte del lago Nahuel Huapi. Tal como lo hizo este mismo año por otros dos conflictos de la misma comunidad, la Cámara revocó la sentencia de desalojo de primera instancia y suspendió “el trámite del proceso hasta tanto se agreguen a estos autos los resultados del relevamiento previsto en la Ley n° 26.160, respecto de la Comunidad Lof Paicil-Antreao (Resoluciones n° 220/2007 y 115/2012 del INAI) y su concreta relación con el territorio objeto de este proceso o mientras dure la emergencia declarada por Ley 26.160 y sus prórrogas”. A la vez, exhortó “a las autoridades y/u organismos pertinentes a que en el menor tiempo posible realicen el relevamiento técnico jurídico catastral o, en su caso, continúen con dicha faena a los fines de su conclusión”, tal como el Superior Tribunal de Justicia falló en el caso de la comunidad Paineo.

La criminalización y las balas (antitumultos o de plomo) tienen la perversa capacidad de redireccionar el conflicto hacia el dispositivo represivo que sostiene y protege los intereses económicos que, en principio, tienen la cara de pequeños capitalistas de provincias.

 

 

 

 *Javier Grosso, geógrafo docente de la Universidad Nacional del Comahue, realizó la cartografía para esta nota.

 

 

 

 

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