Las cárceles como factor de presión

Entrevista con María Laura Garrigós, interventora en el Servicio Penitenciario Federal

 

El Presidente Alberto Fernández anunció la intervención del Servicio Penitenciario Federal (SPF) horas después de una serie de allanamientos que tuvieron como protagonistas a algunos de los más altos funcionarios de esa dependencia por un escándalo de espionaje que pica cerca de la Casa Rosada cuando estaba ocupada por Mauricio Macri. Puso en manos de una mujer la intervención y normalización de una institución cerrada y militarizada, una mujer que hace décadas conoce lo que pasa en las cárceles. La designada es la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori. Malala —como la conocen en los tribunales— ocupará la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y tratará de desarmar la bomba de las cárceles.

El Presidente la describió como alguien de trayectoria impoluta en la justicia. Fue la primera presidenta de Justicia Legítima, la organización que agrupa a otras figuras importantes del gobierno como Cristina Caamaño, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), o Félix Crous, titular de la Oficina Anti-Corrupción. 

Malala ingresó a la Justicia en enero de 1976 — antes de cumplir los 22 años y antes del golpe de Estado. Al año siguiente, la dictadura desapareció al padre de su novio después de que presentara un habeas corpus por la desaparición de su hermano y su cuñada. Sobrevivieron como pudieron durante esos años. Ella, sin hablar demasiado en Tribunales. Pasó por todos los cargos hasta su jubilación en 2018 como jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal y conoce al dedillo la relación entre los jueces y el Servicio Penitenciario.

“El sistema burocrático del Servicio es antiquísimo. No es funcional, no rinde. No es que no trabaje, no es que no se haga seguimiento del interno. Pero, por ejemplo, en la actualidad hay tres o cuatro sistemas informáticos que se yuxtaponen. Si uno quiere saber qué pasó con este detenido cuando estaba en prisión preventiva o cuándo le va a tocar al condenado la libertad condicional — si es que le fuera a tocar — o la asistida no puede saberlo fácilmente. Si además quiere saber cuál es su estado de salud, tiene que llamar por teléfono a los médicos, porque eso no está registrado en el legajo”, describe casi sin frenar para respirar.

Dice que a cada felicitación que recibía de colegas de los tribunales respondía con un “Excarcelen. No tengo espacio”. A los referentes de organizaciones que trabajan con la situación carcelaria les pidió que le acerquen las críticas. “Hagamos una lista y empecemos a discutir cosa por cosa”, los animó. 

La tarea es dura. El SPF está en emergencia desde marzo del año pasado. El macrismo dejó las cárceles con una ocupación récord que rondaba las 14.000 personas privadas de su libertad, con más de un diez por ciento de sobrepoblación. Los números bajaron mientras se aceleraba el peligro del coronavirus. Nada que festejar.

Garrigós con Alberto Fernández en Olivos.

 

La intervención

¿Cuáles son los objetivos de la intervención?

— La intervención tiene básicamente la obligación de ordenar el Servicio Penitenciario. El presidente quiere caminar hacia una reestructuración que lo aggiorne, que lo traiga a una modalidad más cómoda de trabajo y de tratamiento de los internos. Hay que ver cómo se pueden modificar los reglamentos y avanzar. En la subsecretaría, hay una actuación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya tiene más de quince años y hay que ofrecer alguna solución viable, si no va a terminar siendo condenado el Estado argentino.

¿Cuáles son las bases del caso ante la CIDH que menciona?

— Es por el reglamento de sanciones administrativas de los internos, que hace al control disciplinario de los internos. Es por la relación de las sanciones, por la forma en la que se imponen, por la falta de defensa. Tiene pilas de problemas. Todo eso está estudiado. Hay gente que ya está trabajando, pero hay que concretarlo. Después, en cuanto a la intervención, hay que ver los nuevos lineamientos que se han dispuesto desde el Poder Ejecutivo en general. Por ejemplo, quiénes son los proveedores, cuáles son los precios a los que hay que pagar las provisiones. Todo lo que ha pasado en el Ministerio de Desarrollo es una experiencia que el Servicio Penitenciario tiene que acatar y actuar en consecuencia.

¿Se pueden revisar las licitaciones, por ejemplo, que podrían ser pensados como parte de los negocios al interior de las cárceles?

— No puedo decir si hay efectivamente si hay «negocios», que hay presunciones, suspicacias, siempre las ha habido y estas instituciones, tan cerradas, siempre dan lugar a eso. En ese camino, además, de la revisación que habrá que hacer, también habrá que publicitar la forma de trabajo del Servicio y la forma en que se provee de los requerimientos para franquear la posibilidad de control y aventar las suspicacias. Además que esto es una forma de rendir cuentas, que es básicamente lo que cualquier funcionario público tiene que hacer.

Hay críticas en torno a las plazas y los cupos que declara el SPF de personas que pueden ser alojadas en sus dependencias. ¿Cómo piensa abordar ese tema?

— De momento no es problema más grave del servicio por el camino del arresto domiciliario que se produjo a raíz de la pandemia — y algunas liberaciones –, y que, además, no hay ingresos porque el delito ha bajado en un 90 por ciento. La baja delictiva es brutal. Yo no recuerdo ninguna experiencia en este sentido. De cualquier manera, hay que adecuar el nivel de la población y las instalaciones a los estándares que fijan Naciones Unidas. Esto es una reforma estructural, no es en el marco de los seis meses de intervención naturalmente.

Se necesitan recursos, que después de la pandemia van a escasear.

— En todo nivel y, como siempre, el Servicio no es el primero en la lista de prioridades. Hay otras cosas que se pueden ir haciendo para ir avanzando con el nivel de vida. Se puede ofrecer un contacto más fluido del preso y su familia, proveyendo a las unidades de sistemas informáticos. Se puede ofrecer facilitar la visita, que es tan complicada para las familias. Se puede pensar en ofrecer trabajo dentro del Servicio Penitenciario, que es un trabajo que — si bien se paga igual que afuera –, para la persona que lo contrata se ahorra las instalaciones, la luz y le resulta más económico en todo sentido.

 

Devoto y después

¿Qué escenario ve después de las protestas en Devoto?

— A raíz de eso se está haciendo una revisión diaria del estado de salud para detectar síntomas y, además, en el gimnasio se están haciendo cubículos para aislar a los que eventualmente llegaran a contagiarse. Primero para no ocupar los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y porque no había instalaciones sanitarias suficientes para afrontar esta eventualidad.

¿Esto se está haciendo en otros complejos?

— Se tiene en cuenta lo que ya se tiene y se sale a trabajar en las necesidades. Ésta era una exigencia de los detenidos de Devoto, se entendió que era razonable y es parte del entendimiento. No es que los detenidos exigen y el Servicio sale a cumplir. Hubo un diálogo y lo que fue razonable se acordó. La semana que viene vamos a tener una mesa de la que se hace en el Ministerio.

La protesta terminó con una represión bastante grande, incluso con dos personas baleadas con armas de fuego…

— Pero en todo eso está interviniendo el Poder Judicial.

¿Le puedo pedir una evaluación a priori de lo que fue el accionar del SPF?

— No, no, porque lo que sean causas judiciales son causas judiciales. Yo justamente tengo claro por mi tarea anterior dónde puedo meterme y dónde no.

 

Una agenda para las cárceles

¿En qué está pensando para prevenir malos tratos o torturas, que son frecuentes en contextos de encierro?

— Hay que revisar los protocolos de cumplimiento, hay que ver el sistema de trabajo del Poder Judicial, hay que meterse en la ley orgánica, hay que meterse en la realidad edilicia de los institutos de detención y ver de tener grupos más chicos, menos extensos, que son más fáciles de controlar sin necesidad de ejercer la fuerza.

¿O sea, hay que despoblar las cárceles?

— No despoblar las cárceles, no. Hay que distribuirlos de otras formas. Ya iremos viendo. Desde ya tengo que hablar con técnicos porque esto excede mi capacidad, yo soy abogada.

¿Se piensa en modificar la ley orgánica del SPF — que data de la dictadura de la Revolución Argentina — y en su desmilitarización?

— Eso también está en carpeta, pero está en una etapa siguiente, que no tiene que ver con la intervención, sino que ya depende de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. Primero está la adecuación de la ley de ejecución penal porque ha sido totalmente desarticulada y entra en contradicciones en sí misma, así que hay que hacerle un peinado a la ley de ejecución penal y aggiornarla. Ya hay proyectos que se están trabajando y después hay que revisar la ley orgánica del Servicio, que es vetusta. Hay que profesionalizarlo en el sentido de desmilitarizarlo.

¿Cómo piensa abordar la situación de encierro para algunos grupos especialmente vulnerables como mujeres madres con hijes o personas trans?

— La Unidad 31 y la cárcel de mujeres de Ezeiza no están en la peor situación. Tenemos ocho madres. Un caso es de multihomicidio. Es difícil pensar en un arresto domiciliario con ese delito, pero solamente habría ocho madres en la 31. Creo que nunca hubo tan pocas. Sí me preocupa la situación de las migrantes, de las mujeres extranjeras, mulas que, ante la posibilidad del arresto domiciliario, no tienen adónde ir. Si además son madres, tampoco sus hijos tienen adonde ir. Trabajaremos con la gente del servicio social, que es muy buena, y con los patronatos.

¿El número de mujeres madres bajó tras la acordada de Casación Federal de marzo?

— Sí, claro. Además, es una situación que podría haberse visto antes, porque, si estas mujeres pudieron obtener su arresto domiciliario, ¿por qué no lo tenían antes? Esta es mi crítica a mis colegas jueces.

¿Hay disponibilidad de tobilleras en el Ministerio?

— Hay una buena provisión de tobilleras. Es más, se están mandando tobilleras a las provincias ante la emergencia.

 

El espionaje

¿Cómo impacta la causa por espionaje que investiga el juez Federico Villena al interior del SPF?

— Hay un juez que está trabajando, que está haciendo requerimientos al servicio y nosotros vamos a cumplir estrictamente lo que el juez pida. Hablé el jueves con el doctor Villena, le prometí que le iba a poner una persona a partir de la semana que viene a su disposición para que tenga línea directa y con la mayor urgencia posible se cumpla cualquiera de sus necesidades.

¿Qué va a hacer con la llamada Área 50 — de inteligencia del SPF?

— Tengo que sentarme sobre los legajos de personal de toda esa gente. Esa área no era una dirección. Era un área de segunda categoría dentro del Servicio y, en los últimos cuatro años, ascendió a la primera categoría. Se convirtió en dirección y cuadriplicó el personal. Así que, sí, hay que sentarse, estudiar los legajos y pensar qué se va a hacer. 

El juez de Lomas investiga y allanó a varios altos mandos del SPF. ¿Qué va a pasar con esta gente?

— En principio sometidos a un sumario administrativo y de acuerdo al reglamento disciplinario interno, y avanzará el sumario paralelamente de la causa penal. Las responsabilidades administrativas no son las mismas que las responsabilidades penales. Las responsabilidades administrativas son objetivas, no es sólo por lo que hiciste, sino por lo que debiste haber hecho y lo que estaba bajo tu cargo o lo que tendrías que haber vigilado. Aun cuando no hubiera responsabilidades penales podría haber responsabilidades administrativas, e inversamente.

¿Tiene acreditado que este área de inteligencia creció exponencialmente en los últimos cuatro años?

— Sí, en los últimos cuatro años. También hay que coordinar con la Bicameral que controla los servicios de inteligencia del Estado y escuchar las recomendaciones de la Bicameral.

Cuando se discutió la Ley de Inteligencia no estuvo contemplada esta tarea dentro del SPF, como que tiene su propia lógica.

— ¿Por qué debería tener su propia lógica si es un servicio de inteligencia? Lo que parece indicar la reforma de la Ley de Inteligencia que no tiene en cuenta esa dependencia como un servicio de inteligencia.

Lo que equivaldría a decir que no debería hacerlo.

— Pareciera. Por eso digo que tengo que hablar con la Bicameral y estudiar cómo analizamos esto.

¿Cómo definiría usted el rol que cumplieron las cárceles durante los últimos cuatro años?

— A mí me parece que el Servicio Penitenciario en general atrasa un siglo. Si la pregunta es por lo que podríamos denominar presos políticos, las cárceles lo que son es un factor de presión, porque no es solamente es hacer sufrir a la persona que está detenida y a su familia entera, sino que también sirvieron como amenaza para cualquier otro. El encierro que hoy todos padecemos a raíz de la cuarentena — claro que cómodamente en nuestras casas y con nuestras plataformas de video para ver lo que queremos — es una situación incómoda, horrible, que a nadie le gusta y el hecho de ver a tu vecino injustamente detenido o detenido vaya uno a saber por qué razones atemoriza respecto a la posibilidad de que a uno le pase lo mismo sin causa que lo justifique.

¿Siguen existiendo estos pabellones que fueron tan publicitados durante el macrismo como el sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad  (IRIC)?

— Sí, todavía.

¿Deberían seguir existiendo?

— Por eso estamos hablando de una intervención de seis meses para ordenar un poco las cosas.

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6 Comentarios
  1. Julio Santamaría dice

    Excelente la elecció de la Dra. Garrigos para el cargo; tiene la idoneidad necesaria y es muy buena persona. La mejor de las suertes y que pueda eludir las malas artes que la acecharán sin duda. –

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