Las fichas de la SIDE

 

Durante la última dictadura militar, el área de Antecedentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) funcionó como un Departamento que llevaba la denominación “836” en el organigrama de la SIDE. Su misión era reunir, fichar, archivar y distribuir información de inteligencia sobre antecedentes de personas, organizaciones y actividades según los criterios de “calificación ideológica” que los servicios de inteligencia argentinos venían manejando desde hacía décadas. Al igual que el resto de la Secretaría, el Departamento de Antecedentes se acomodó a los objetivos de la “lucha contra la subversión” durante el terrorismo de Estado y llegó a acopiar un enorme volumen de fichas con datos sobre posibles blancos de la represión ilegal, así como de personal propio de la SIDE y de otras dependencias estatales.

Hacia principios de los ‘80, el Departamento microfilmó las fichas de antecedentes recopiladas en la SIDE desde su creación en 1946 hasta aquel momento. Las microfilmaciones ocupaban originalmente trece muebles ficheros, de los cuales hoy se conservan sólo tres. Es posible, aunque no seguro, que los diez restantes hayan sido destruidos tiempo después del microfilmado, cuando las fichas se pasaron a formato digital y se cargaron en una base de datos interna, que luego de la dictadura siguió activa con distintos objetivos según el período.

Por alguna razón que se desconoce, tres de esos ficheros con microfilmaciones de antecedentes hechas durante la dictadura fueron conservados en la sede de la ex SIDE en la calle 25 de Mayo. Contienen unas 250.000 fichas ordenadas alfabéticamente, en las que constan datos personales y familiares, antecedentes políticos y sociales, partes informativos y memos sobre ciudadanos y organizaciones de todo tipo.

Ese fondo documental está ahora bajo investigación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuya interventora, Cristina Caamaño, lanzó esta semana una mesa conjunta con organismos de derechos humanos, el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y el Archivo General de la Nación (AGN) para relevar tanto las fichas del Departamento de Antecedentes correspondientes al período de la dictadura como otros importantes fondos documentales que fueron hallados en los últimos años en distintas dependencias de la ex SIDE.

La iniciativa de Caamaño vuelve a dar impulso al trabajo del equipo técnico de archivistas que había comenzado a investigar los fondos documentales de la SIDE a comienzos de 2020. Después de idas y vueltas sobre el destino y uso de los documentos, que ya fueron censados, la intervención de la AFI decidió encarar el proceso de relevamiento y análisis que había quedado pendiente y que podría requerir años de trabajo.

La mesa que coordinará las tareas incluye a los organismos de derechos humanos y al ANM, porque existe la expectativa de que en el archivo de la ex SIDE pueda haber información relevante sobre víctimas y victimarios del terrorismo de Estado. Más allá de los aportes que se puedan hacer a las investigaciones judiciales, la decisión de relevar los documentos abre una ventana de oportunidad histórica para indagar sobre el funcionamiento integral de la SIDE durante la dictadura y, por qué no, tal vez en un futuro, también durante la democracia.

 

 

Historia de un hábito

Las fichas de antecedentes son un documento típico de los servicios de inteligencia. El hábito de recopilar información sobre diversos actores se remonta en Argentina por lo menos a 1930, cuando las policías ya contaban con sus divisiones y secciones dedicadas al seguimiento político y social. Desde su creación durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, la SIDE (entonces llamada Coordinación de Informaciones del Estado) hizo propia esa práctica. Tras el golpe de Estado de 1955, y sobre todo a partir del Plan Conintes en 1958, el combate al “enemigo interno” identificado primero con el comunismo y luego con el “extremismo” ordenó las actividades de persecución política de los servicios de inteligencia.

La SIDE cobró cada vez un mayor protagonismo en la investigación de las actividades políticas y sociales, que se plasmó en una serie de leyes y decretos en los años ‘60. En 1961 se estableció que la SIDE sería el organismo encargado de “planificar, dirigir y supervisar la acción del Estado en materia de comunismo y otros extremismos” y centralizar la información que otros órganos estatales venían produciendo. En 1967, la ley 17.401 de “Calificación de Comunista”, firmada por Juan Carlos Onganía, facultó a la SIDE para investigar y calificar ideológicamente a ciudadanos, que recibirían penas de cárcel en caso de ser hallados “comunistas”.

A nivel orgánico, ese atributo se reflejó en la creación en 1968 de una Dirección General de Calificación Ideológica, destinada a “producir información de antecedentes de personas y entidades y considerarlas previamente para su calificación ideológica cuando así se determine expresamente” y a “regular el enlace con los servicios integrantes de la comunidad informativa”, de la que participaban los órganos de inteligencia de las fuerzas armadas y de seguridad, según se estableció por un decreto secreto del Poder Ejecutivo. La Dirección creada durante el onganiato fue la precursora inmediata del Departamento de Antecedentes que comenzó a funcionar luego del golpe de Estado de 1976.

 

 

Departamento de Antecedentes

En la última dictadura, cuando la SIDE quedó subordinada al control operacional del Ejército, su estructura orgánica se dividía en “Interior”, “Exterior” y “Apoyo”. El área de Antecedentes se consolidó como el Departamento “836”, que dependía de la Dirección de Reunión Interior, identificada como “83” y cuya misión era “obtener información sobre los componentes político, económico, social, psicológico y subversivo de los protagonistas” del ámbito nacional, según la resolución secreta 1047/77 hallada en el archivo de la ex SIDE.

El Departamento de Antecedentes podía obtener la información de “primera mano”, por medio de escuchas telefónicas o intercepción de correspondencias, o a través de intermediarios, ya fueran informantes o colaboradores que operaban en el territorio u otros servicios de inteligencia nacionales o extranjeros. También recurría a fuentes secundarias, periodísticas y bibliográficas. La decisión de fichar a una persona u organización podía tomarse en función de las tareas que desarrollaba la propia SIDE o a partir de pedidos de antecedentes hechos por otros actores del Estado u otros órganos de inteligencia que integraban la “comunidad informativa”.

Cada servicio de inteligencia de las fuerzas armadas y de seguridad tenía su propia área de antecedentes y todas ellas intercambiaban información con el Departamento 836 de la SIDE. Entre sus fichas se halló, por ejemplo, información producida por el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército y el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Del mismo modo, se encontraron datos de personas y organizaciones circulados por Antecedentes de la SIDE en fondos documentales de otros órganos de inteligencia, como la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), así como pedidos enviados por la SIDE a otras dependencias.

“En archivos de inteligencia como el de la Base Aeronaval de Trelew o el de la D2 de la policía de Santiago del Estero encontramos pedidos de antecedentes enviados desde la SIDE, lo cual muestra el funcionamiento de los organismos de inteligencia en tanto sistema −dice Eva Muzzopappa, antropóloga social e investigadora del CONICET que indaga sobre la inteligencia militar en la Argentina−. Cada organismo tenía su área de antecedentes, que funcionaba en el marco de la ‘comunidad informativa’ solicitando y distribuyendo información hacia los demás”.

 

 

Las fichas de la SIDE

Además de su función de reunión y circulación de datos, el Departamento de Antecedentes desarrollaba una meticulosa tarea de registro y archivo de la información. Sus fichas microfilmadas son pequeñas películas rectangulares de acetato; para leerlas es necesario contar con una visualizadora de microfichas. En líneas generales, están organizadas alfabéticamente por “causante”, es decir por objetivo del fichaje, ya fuera individual o colectivo. Los tres muebles ficheros recuperados miden dos metros y medio de largo por uno de ancho y uno de alto. Cada uno de ellos contiene diez estantes que a su vez contienen hasta doce cajones, y en cada cajón hay unas 1100 fichas. Los ficheros llevan cerradura con llave.

 

 

El modo de resguardar la información en la SIDE fue cambiando según los avances tecnológicos de cada período, del mismo modo que ocurrió en otros organismos del Estado. Del papel se migró a las fichas microfilmadas, y luego a distintos soportes informáticos que también fueron variando. Además de la documentación en soporte físico, en la ex SIDE se halló una base de datos donde se presume que fueron migradas miles de fichas digitalizadas. La base se organiza en distintas categorías o dominios, tales como “personas”, “organizaciones” y “hechos”. Una de las tareas que tiene pendiente el equipo de archivistas de la AFI es justamente determinar si allí figuran las fichas de los diez ficheros físicos que se encuentran extraviados. Hasta ahora no se halló ningún inventario o herramienta que facilite el acceso y el análisis de los documentos.

En cada ficha de antecedentes se pueden encontrar distintos tipos de documentales, como “pre-fichas” que dan cuenta de los datos básicos identificatorios de los “causantes” y que poseen un apartado para anotaciones y para informar el origen de la información. En ciertos casos, cuando aparecen datos que pueden incorporarse también en otras fichas, se recomienda “mencionar lo mismo en…”, y a la inversa se señala “ver también…”. La información reunida podía ampliarse varias veces a lo largo del tiempo, por lo que una misma ficha puede contener datos de diferentes épocas y procedencias sobre personas, organizaciones o casos.

Una de las características más interesantes del fondo documental es que, además de fichas sobre posibles blancos de la represión, allí se conservan averiguaciones sobre funcionarios y órganos estatales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, y sobre personal propio de la SIDE: una información que puede ser valiosa para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, pero que requerirá de un manejo sensible de datos personales si se quiere pensar en desclasificar.

 

 

La potencia de un archivo

A poco de asumir la intervención de la AFI, Caamaño implementó a principios de 2020 el llamado Programa de Protección de Registro y Archivo, con el objetivo de encaminar las tareas de “compulsa, recopilación y sistematización” de toda la documentación que hubiera en la ex SIDE relativa a violaciones de los derechos humanos hasta el 9 de diciembre de 1985, fecha de la sentencia de la Cámara de Apelaciones Federal en el llamado Juicio a las Juntas.

El Programa dio origen a un equipo archivístico que trabajó durante 2020 sobre los fondos documentales de la ex SIDE y que estuvo liderado hasta fines del año pasado por Stella Segado, especialista en archivos que antes había coordinado los trabajos de investigación documental en Defensa y con el archivo desclasificado de la SIDE para la causa AMIA.

En esa primera etapa de trabajo se realizó un censo documental de la ex SIDE en el que, además de las 250.000 fichas microfilmadas del Departamento de Antecedentes, se identificaron miles de otros documentos que integran series producidas por distintas áreas de la Secretaría y que se habían resguardado en sus diferentes locaciones. En un depósito de la sede de 25 de Mayo ahora hay 700 cajas de legajos de personal, sumarios, libros de órdenes del día, resoluciones y otros tipos documentales, muchos de ellos correspondientes al período del terrorismo de Estado, que son de gran valor para entender el funcionamiento orgánico de la SIDE.

Hasta la fecha se pudo avanzar además en el inventariado de la documentación e incluso se inició el proceso de digitalización de las fichas microfilmadas, cuya información contenida sería mayoritariamente “de superficie”, aunque no se descarta que puedan rescatarse datos valiosos incluso en términos judiciales. Una vez abierta la etapa de relevamiento, la intención de la AFI es que la prioridad sean las series documentales útiles para los juicios de lesa humanidad, razón por la que se involucró a los organismos de derechos humanos y el ANM en la mesa conjunta.

La magnitud de la potencia del archivo de la AFI se conocerá mejor a medida que avance su análisis y se tomen nuevas decisiones sobre su uso y guarda. Todavía quedan definiciones pendientes, como el destino físico final que tendrán los documentos, la posibilidad o no de que se desclasifiquen y se abran a consulta pública, y la pertinencia o no de avanzar más allá del período dictatorial: aggiornada en sus funciones y objetivos según los nuevos tiempos, el área de Antecedentes de la ex SIDE, así como su base de datos digital, siguió funcionando durante toda la democracia. Pero por algún lado hay que empezar, y esa es la buena noticia de esta semana.

 

 

 

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