Las finanzas de Mefistófeles

 

Una nueva situación crítica vive el sistema financiero internacional. Empresas dedicadas a la tecnología que requieren largos plazos para la maduración de inversiones crecientes, con períodos previos sin resultados positivos, han demostrado la fuerte debilidad de un sistema organizado con pilares que benefician al capitalismo financiero y, dentro de este, a los grandes bancos y grandes inversores que cuentan con información privilegiada. Uno de los consensos en los países centrales es la delegación de la política anti-inflacionaria en los bancos centrales que se manejan con autonomía de las políticas económicas de los países, gozan de una llamada independencia que sustrae el manejo de la política monetaria del poder de las autoridades elegidas por la ciudadanía y la dejan en manos de una burocracia meritocrática y con un fuerte grado de internacionalización. Esa política anti-inflacionaria ha adoptado la lógica de manejar la tasa de interés como su herramienta fundamental. Cuando la inflación sube, la tasa de interés se eleva y la demanda agregada cae. Con la caída del consumo y la inversión (componentes de aquella) se pretende un descenso del nivel de actividad y, por lo tanto, una estabilización de precios debido a una menor demanda frente a una misma oferta. El modelo de regulaciones de los bancos centrales supone que la inflación es un fenómeno de exceso de demanda.

En los últimos tiempos, la suba de la tasa de inflación en los países centrales fue combatida con subas en las tasas de interés, lo que provocó el final de una época de “dinero barato”, que resultaba afín a las modalidades del desarrollo de las empresas de tecnología. El fin de esa fase aumentó el costo del crédito y, por lo tanto, debilitó la solvencia de esas empresas y de las instituciones financieras ligadas a ellas. Con la falencia de las primeras entidades financieras en los Estados Unidos, el fenómeno se contagió a entidades europeas.

Otra característica de la regulación del sistema financiero es el carácter microprudencial que asume. Este presume de que la fortaleza del sistema depende de la fortaleza de las entidades. El todo equivaldría a la suma de las partes. Los economistas heterodoxos, como Minsky y Kregel, no acuerdan con esta concepción y suponen una fragilidad intrínseca del sistema financiero. Mitigarla supone regulaciones macroprudenciales. Lo que se observó —tanto en la crisis del año 2009 como en las actuales primeras manifestaciones de una posibilidad de nuevos contagios— es que cuando una entidad sufre iliquidez y se insolventa, aparecen contagiadas otras, revelando problemas sistémicos que permanecían velados.

Así, vuelve a repetirse que el sistema de regulaciones de Basilea (microprudencial) falla. Y no lo hace por errores de implementación ni por cuestiones de orden técnico. Es erróneo en su concepción. Las solvencias de las entidades no son independientes entre sí, sino interdependientes. La mutación que el neoliberalismo hizo del predominio previo de normas que regulaban con el centro puesto en la liquidez del sistema a otras que tienen como regla axial regular los capitales requeridos por el riesgo de los créditos otorgados implicó el debilitamiento de los sistemas financieros nacionales e internacional. Esta forma de regular no es el resultado de una creencia teórica, sino un baluarte de los beneficios en el marco de la financiarización. Favorecen la expansión del nivel de crédito de las entidades respecto a su nivel de capitalización y al de los depósitos que captan. Esto implica el potencial crecimiento de sus beneficios respecto a su capital. Por otra parte, los capitales exigidos por préstamos otorgados subestiman el riesgo de los préstamos a grandes empresas y sobrestiman el de las pequeñas y medianas, así como el de los nuevos proyectos empresarios y de inversión. O sea, también favorecen la concentración económica.

En estas circunstancias de tembladeral financiero internacional, como en el caso de la crisis del 2009, los bancos centrales de Estados Unidos (la FED) y de la zona del Euro (el BCE) han optado por implementar políticas de to big to fall (es demasiado grande para dejarlo caer) con lo cual organizan salvatajes que implican inyectarles el dinero necesario a los bancos grandes para que paguen a los depositantes cuando dichas entidades entren en problemas.

Es importante el análisis respecto a la tasa de inflación en alza. Cabe reparar en que tanto el tránsito de la pandemia como la guerra en Europa han provocado alzas en los costos que no se aplacan con la suba de la tasa de interés. También en esto falla la doctrina sobre los bancos centrales de la ortodoxia de la financiarización. Combatir problemas de inflación de costos con políticas de contención de demanda. Pero el dogma está impregnado de todas las condiciones necesarias para favorecer los beneficios de los sectores que dominan el capitalismo financiero. Así, un artículo de la revista The Economist se pregunta si los bancos centrales optarán por bajar la tasa de interés para aflojar tensiones o continuarán subiéndola, asumiendo que la caída de determinadas entidades es también tarea de los organismos a cuyo cargo está la política monetaria.

Resulta de un carácter imperial y ajeno a un orden internacional cooperativo que, mientras se inyectan fondos para salvar entidades privadas a las que se considera muy grandes para caer, y así prevenir contagios favorecidos por una regulación ineficiente de las entidades, no haya política alguna respecto de las deudas de los países periféricos con los organismos multilaterales de crédito. Ni reducciones de deuda, ni extensiones de plazo y períodos de gracia, ni tratamientos específicos sobre las tasas de interés. Los países periféricos sufren aún más los aumentos de costos por lo que fue la atención de la pandemia, los efectos de la guerra y sus impactos en los precios y mercados de commodities. Ninguna institucionalidad se ha organizado para reparar y mitigar los impactos de estos hechos dramáticos sobre esas naciones, convertidas en parias del sistema internacional, que está en decadencia y desorganizándose.

 

 

 

Un viraje indispensable

La Argentina se ve integralmente comprendida entre las naciones más perjudicadas por esta dinámica internacional. La legislación vigente y el imbricado sistema regulatorio del Banco Central, adoptado imitativamente y por la “sugerente” presión de los organismos multilaterales de crédito, operan negativamente hacia el interior de su economía, siendo una de las causas de un nivel de crédito sobre producto de carácter insignificante. Pero además, le ha sido impuesto un endeudamiento abrumador que hoy sufre la suba de las tasas de interés, con cuyo nivel se constituye una curva de vencimientos que será inabordable. Las condicionalidades del préstamo que tiene tomado con el FMI le imponen un límite a la emisión basado en la lógica ortodoxa de la inflación por demanda, cuando es absolutamente verificable que el problema inflacionario tiene orígenes externos y provenientes del diseño de la política económica que el FMI exige. Así, no se ha logrado ninguna reducción de la inflación y, a pesar del crecimiento logrado en los últimos años, el organismo persistirá en políticas que conduzcan a la recesión para que se depriman las importaciones en función de generar excedentes para el pago de la deuda. Por otra parte, el organismo multilateral aumenta su injerencia reprobando la implementación de una moratoria previsional que permitirá mantener la universalidad del sistema jubilatorio. Una verdadera presión de una institución nacida alrededor del sistema de las Naciones Unidas, que se comporta con exigencias violatorias de los derechos económicos, sociales y culturales. El organismo “aprieta” para que se tomen medidas que apunten al cumplimiento de las metas de reducción del déficit fiscal y, por sobre todo, del gasto público. De cumplirse, una consecuencia adicional a la agudización del empobrecimiento y precarización de las mayorías populares será una mayor pérdida de poder del Estado Nacional frente a los grupos económicos concentrados y los agentes de la financiarización. Basilea, monetarismo y privatizaciones son una combinación de profundización de la dependencia y postergación de cualquier intento de proyecto de liberación nacional, desarrollo económico e igualdad social.

Los efectos devastadores sobre la distribución del ingreso y el traslado de riqueza de los más pobres a los más ricos y de la Argentina al exterior son mostrados en el informe publicado este mes por CIFRA-CTA, elaborado por Pablo Manzanelli y Cecilia Garriga. El aumento persistente de la inflación demuestra hasta qué punto es inadecuado el rumbo anti-inflacionario adoptado por el ministro Sergio Massa, que asume, como lo ha manifestado el Presidente Alberto Fernández, el acuerdo con el FMI como el programa económico del gobierno. Se revela cómo ese programa dirigido a pagar una deuda que tiene una estructura insostenible e insustentable conduce a cambios estructurales regresivos en la sociedad. Manzanelli y Garriga determinaron “que la reducción en la participación de los asalariados en el ingreso durante la gestión de Cambiemos (del 51,8 % en 2016 al 46,2 % en 2019) se profundizó en el gobierno del Frente de Todos (43,9 % en los tres primeros trimestres de 2022). Ello supone una transferencia de ingresos del trabajo al capital de aproximadamente 87.000 millones de dólares entre 2016 y 2022, de los cuales 48.000 millones se trasladaron en 2021 y 2022”. La adopción de una política consensualista con el gran empresariado formador de precios y haber encarado una negociación con el FMI en los términos tradicionales en que se establecieron los acuerdos anteriores, sin haber asumido tensiones confrontativas que se sostuvieran en la movilización y participación popular, fueron el terreno propicio para que un gobierno con mandato para un proyecto nacional, popular y democrático esté concluyendo con estos resultados. El informe de CIFRA-CTA agrega: “Existen dos cuestiones que resultan interesantes de remarcar en esta significativa transferencia de ingresos. La primera reside en el hecho de que el costo salarial cayó 18,6 % entre 2016 y 2022 en el marco de un descenso menor de la productividad (-5,5 %). Este hecho se profundiza durante el gobierno del Frente de Todos, cuando el costo salarial se reduce 4,5 % y la productividad crece 0,8 %. Dado que el salario es directamente proporcional al aumento de la participación de los asalariados en el ingreso y la productividad es inversamente proporcional, ambos factores —por distintas circunstancias en cada etapa— determinaron la reducción en el peso relativo de los asalariados en el valor agregado, más aún en una fase de expansión económica como la del bienio 2021-2022”. Entonces, no solo la reducción de costos salariales influyó en la caída de la participación de los trabajadores en el ingreso, sino que se observa también que la productividad tuvo un mal comportamiento, lo que debe leerse como una época en la que el empresariado no invirtió, que es la verdadera explicación respecto de productividades deficientes.

El informe además revela que “todo esto ocurre en el marco de una delicada situación en el frente externo. Durante el gobierno del Frente de Todos no se lograron acumular reservas internacionales a pesar de contar con un elevado superávit comercial. Por esa vía ingresaron al Banco Central 45.500 millones de dólares, mientras que por la vía de los pagos de deuda (excluyendo al FMI y otros organismos) y el turismo egresó un monto similar: 46.600 millones, de los cuales 35.600 corresponden a la deuda y 11.000 a viajes y transporte de pasajeros. Esta situación se agrava si se tiene en cuenta que los pagos de deuda de las empresas privadas esquilmaron las reservas por 24.600 millones de dólares entre 2020 y 2022. La sangría de divisas para que las grandes empresas cancelen sus deudas no mermó con el cambio de conducción del gabinete económico ya que en el primer semestre de 2022 el déficit alcanzó a 3.850 millones de dólares y en el segundo 3.946 millones. Asimismo se advierte un significativo adelanto de importaciones, que se reflejó en que en 2022 se liquidaron 12.807 millones de dólares más en el Banco Central de lo que se registró como devengado por el INDEC (que refleja el movimiento real de mercancías). Esta situación, junto a la importante sequía que afecta a la producción agropecuaria, constituyen la antesala de los casi 6.000 millones de dólares que se perdieron de reservas en el primer bimestre de 2023”. Esto demuestra cómo el seguimiento a rajatabla, por parte del ministro Sergio Massa, de una conducta para cumplir con el FMI, debilitó la capacidad política del Estado para lidiar con el poder económico, el que siguió consumiendo dólares como lo había hecho antes, durante la gestión de Martín Guzmán.

Manzanelli y Garriga calcularon que, en función de cumplir con las metas fiscales con el FMI, el gasto primario del Estado se redujo durante el segundo semestre de 2022 en un 9,6 %. Si se avanza con esta lógica de cumplir con la voluminosa deuda con el Fondo, ese desfiladero llevará al país a una economía con un Estado débil y un sector de empresas privadas grandes que incrementará su poder real sobre la política, y cuya dinámica de crecimiento se ubicará con lógicas de enclave en sectores nuevos de alta renta y en la tradicional cadena de producción agroalimentaria. Una versión nueva de la vieja economía que el primer peronismo había transformado bajo las banderas de soberanía política, independencia económica y justicia social.

Así, cuando hoy se debaten candidaturas y proyectos políticos en el Frente de Todos, es inconveniente hacerlo sin tener presente que urge una redistribución de ingresos y de la riqueza. Que para hacerlo es indispensable la recuperación del poder del Estado para disciplinar al gran capital privado. Y que nada de esto se puede hacer sin renegociar y reestructurar la deuda externa con el FMI y los acreedores privados y, de este modo, arribar a que los montos a pagar, tanto por capital, como por intereses con periodos de gracia incluidos, puedan ser soportados por la economía nacional, lejos de los menús tradicionales que imponen el organismo multilateral y los mercados de la globalización financiera. Tan lejos, como para que la política económica a seguir sea conducente para avanzar hacia los objetivos de una nación independiente y justa socialmente. Tan importantes como para que no queden dudas de que Cristina Fernández deba ser la próxima Presidenta en 2023. Por eso la quieren proscribir. Por eso deberá ser candidata en el marco de un amplio movimiento popular que derrote ese intento.

 

 

 

 

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