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Las manos (empresarias) que mecen la cuna

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Reclaman que no se retroceda “el camino iniciado” y que se “acepten las decisiones tomadas”

 

En su cruzada puntual por disminuir el déficit fiscal —incrementado a raíz de la quita de retenciones al agro, junto al pago de intereses de la deuda pública— y general por transferir recursos desde la sociedad hacia los grupos económicos, el gobierno se encuentra librando una dura batalla por imponer su política tarifaria, la cual ya contó con el rechazo de la totalidad del arco opositor y la mayor parte de la sociedad.

Sin embargo, como en otras oportunidades recibió el apoyo de las cámaras patronales locales y extranjeras, reunidos en el Foro de Convergencia Empresarial, secundados en esta oportunidad por ONGs de la derecha, como la Fundación Vida Silvestre, la Red de Cooperación de Universidades Católicas, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas, o la AMIA y la DAIA (que no desmintió oficialmente su firma), entre otras.

En su comunicado, el Foro llamó a la “responsabilidad de los dirigentes políticos de todos los partidos para que trabajen en conjunto con el Gobierno Nacional” (…) “sin apelar a recursos demagógicos que nos hagan retroceder en el camino iniciado”, pues les resulta “imprescindible dejar de lado las especulaciones electorales y el afán de confrontar con el Gobierno, que están claramente presentes en las propuestas presentadas por diversos sectores de la oposición, y aceptar las decisiones ya tomadas”. Asimismo, por si no quedaba claro su apoyo al oficialismo, retomaron su narrativa de falsear un “congelamiento de tarifas de los servicios públicos”, que habría “producido distorsiones significativas en los mercados”.

Fiel a su ideología neoliberal favorable al capital concentrado, el Foro de Convergencia Empresaria, creado en 2013, tuvo sus 15 minutos de fama en noviembre de 2014, cuando ante la atenta escucha de Mauricio Macri, Sergio Massa, Ernesto Sanz, Julio Cobos y Hermes Binner, el director del grupo Techint y vicepresidente de la UIA, Luis Betnaza (foto principal, junto a Francisco Cabrera), manifestó que “no creo que haya un debate entre el Estado y el Mercado. Creo que el Mercado le va a ganar al Estado, y el debate es cómo liberar las fuerzas del mercado para la producción”, lo cual remitió a la célebre frase de José Alfredo Martínez de Hoz.

En rigor, la ideología neoliberal expresada en los últimos comunicados no es más que un nuevo capítulo del nucleamiento de las grandes corporaciones locales y trasnacionales, cuyo comienzo se produjo en 1958. Ese año, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural (SRA), la Cámara Argentina de Comercio y la Bolsa de Comercio formalizaron ACIEL (Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres), en los hechos la representación institucional de la “alianza liberal” entre la gran burguesía agraria e industrial, que confrontaba con la “alianza defensiva” o “alianza populista” de los pequeños y medianos empresarios nacionales que bregaban por defender el rol del Estado en la economía, representados por la Confederación General Económica (CGE) y los trabajadores sindicalizados en la Confederación General del Trabajo (CGT). De hecho, fue justamente en respuesta a la cesión de la personería jurídica que Arturo Frondizi le había devuelto en 1958 a la CGE, —intervenida militarmente desde 1955—, que las grandes patronales dieron luz a ACIEL. Entre los postulados de esta organización se encontraban “la necesidad de reducir la presencia del Estado en el plano económico y social”; “la importancia de basar el desarrollo sobre una asignación de  recursos guiada por el libre juego de las fuerzas de mercado y no en una dinámica de negociación entre corporaciones”; y “otorgar un papel relevante al capital multinacional en el desarrollo”. Por aquel entonces la UIA, punta de lanza de esta convocatoria, contaba en su seno con seis de las nueve principales empresas extranjeras radicadas en nuestro país, y tal como lo señala el investigador estadounidense Gary Wynia, esta organización empresaria “aceptaba la tendencia a la desnacionalización como una bendición, en vez de percibirla como una amenaza, mientras atacaba con vehemencia la expansión del Estado”. Según los investigadores Verónica Baudino y Gonzalo Sanz Cerbino del Instituto Gino Germani de la UBA, “el poder político de ACIEL disminuía con la participación en el gobierno de representantes de la alianza entre la burguesía local (los pequeños y medianos empresarios nacionales) y los trabajadores, mayoritaria esta alianza en términos electorales, con lo que la participación de ACIEL se acrecentó con gobiernos autoritarios, aportando apoyo político-ideológico y un importante número de funcionarios para cubrir puestos jerárquicos en el aparato estatal”.

Fue la cohesión social que generó la vuelta al poder de Juan Domingo Perón la que marcó el certificado de defunción de ACIEL. El programa económico del tercer peronismo se basaba en el formulado por la CGE, histórica rival de la UIA, bajo el acuerdo con  la CGT. Así, a través de un comportamiento pragmático, muchas de las organizaciones nucleadas en ACIEL, como la UIA y la SRA, prefirieron no confrontar con el flamante y robusto gobierno, por lo que el tiempo de volver a poner en escena sus ideas, y de buscar nuevamente implementarlas bajo una administración gubernamental propia, llegó tras la muerte de Perón en 1974.

De esta forma, la UIA, la SRA, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Unión Comercial Argentina (UCA), la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA) y otras entidades volvieron a organizarse en septiembre de 1975, esta vez bajo el rótulo de Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), señalando que constituían esta organización como “la agrupación de fuerzas contrarias a la hegemonía que, en cuanto a representatividad, se le asignó a la CGE”, y exhibiendo su posicionamiento político al manifestar que objetaban “seriamente, por ejemplo, el mecanismo de concertación puesto en práctica por el Gobierno a partir de mayo de 1973, a través del denominado Pacto Social, suscripto por autoridades gubernamentales, de la CGT y la CGE”, es decir la alianza institucional entre empresarios nacionales y trabajadores.

En su lugar señalaban como sus “coincidencias básicas” la “estabilidad monetaria, el restablecimiento de la ‘jerarquía y de la moral’ (las comillas pertenecen al original), la puesta en práctica de un sistema económico ‘lógico’ (ídem) y el retorno al orden y la seguridad internos”. Pero sería el 28 de enero cuando manifestarían casi sin tapujos su actitud golpista. En un encuentro con 700 empresarios celebrado en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que fue cubierto en primera plana por el diario La Nación bajo el título “Enérgico reclamo del empresariado”, desde APEGE dieron incluso fechas para que el gobierno constitucional se subordinara a sus reclamos. Así, manifestaron que “si en un plazo que podría ubicarse entre una semana y un mes, el gobierno no satisface los reclamos empresarios modificando sustancialmente la actual política económica, se dispondrá un paro general patronal, la suspensión de pagos de impuestos y de la retención de cargas fiscales, aportes sindicales y otros gravámenes”.

Las crónicas de la época señalan que durante el mitin se afirmó desde APEGE que “este nucleamiento ha venido a llenar un prolongado vacío en la expresión empresaria global, tras un largo y penoso período en que la única voz que se escuchaba es la que está comprometida con el esquema colectivista, estatizante y demagógico que padecemos”. En tanto, representantes de la SRA expusieron que existía un problema laboral por “instrumentos legales inadecuados, como la ley de contrato de trabajo y la presión por parte de las comisiones sindicales internas y elementos subversivos”, mientras que desde la UCA, que luego se transformaría en CAME, se afirmó que “el auténtico empresariado nacional” no había sido parte de las deliberaciones con el Gobierno y la CGT, ya que “estuvo presente en su lugar una camarilla de delincuentes, muchos de los cuales ocupan cargos oficiales” en directa alusión a la CGE.

Desde la FEBA se señaló que la actual situación tiene “una fecha de nacimiento, el 25 de mayo de 1973 y un responsable: José Ber Gelbard (el histórico artífice de la CGE), junto con su camarilla”.

Así resolvieron adscribir a un documento que llevaba como puntos aquellos que se aplicarían al poco tiempo, luego de producido el golpe del 24 de marzo de 1976. Entre los mismos se mencionaba el “asegurar concreta y efectivamente el orden y la seguridad tanto para las personas como para los bienes”; “suprimir todos los obstáculos legales y de otro orden que traban la producción, afectan la productividad, y dificultan la comercialización, entre otros las leyes de contrato de trabajo, abastecimiento, control del precios, y horarios de comercio”; “facilitar y simplificar las exportaciones de todos los productos a través de cambios realistas”; y “detener el proceso inflacionario y asegurar la preservación del salario real de los trabajadores a través de una actitud seria y responsable del gobierno en la administración del gasto publico”, es decir un “enfriamiento” de la economía a través de la destrucción del empleo y el consumo.

Solicitaban asimismo en materia impositiva “suprimir todo impuesto al patrimonio y a utilidades que no sean líquidas y realizadas”; “eliminar la retroactividad en materia impositiva”; “derogar las leyes 21.251 y 21.252 que reimplantan el impuesto a las actividades lucrativas”; y “terminar con sistema de cargar sobre las actividades productivas los desmesurados gastos del estado nacional, provincial, y municipal”. Finalmente autorizaban al secretariado directivo para que “sino percibe la atención a los reclamos mínimos efectuados disponga la ejecución en tiempo y forma de un plan de acción”, el cual consistiría en “no seguir actuando como agente de retención de cargas impositivas, aportes sindicales y otros, suspender el pago de impuestos y declarar un paro general empresario”.

Pero el plazo pareció resultarles excesivo, pues solo una semana más tarde potenciaron su ofensiva al anunciar un lockout patronal para el 16 de febrero. Los llamados al golpe fueron aquí más abiertos, pues desde APEGE se señaló que “es legítimo que nos preocupemos sobre las alternativas posibles de la lucha contra la subversión, pero de poco valen los esfuerzos y el sacrificio de vidas de nuestras Fuerzas Armadas y de seguridad, si deben luchar con el contrapeso de una política que alimenta las causas de la delincuencia subversiva”, agregando que “estamos persuadidos de que es momento de definiciones, de hacer comprender a quienes corresponda de que hay argentinos que no están dispuestos a permanecer impasibles ante la destrucción de su país y que el rumbo debe ser rectificado de manera clara y definitiva”.

Tanto la CGE como la CGT denunciaron el paro como una acción golpista, pero en medio del caos social que se vivía, no tuvieron capacidad de respuesta para organizar a sus bases y contrarrestarlo, como tampoco medios de comunicación que hicieran oír su voz, pues el apoyo al golpe era prácticamente unánime entre la prensa. El lockout fue, finalmente, el punto culmine de las acciones de APEGE, pues si bien el 9 de marzo de 1976 amenazaron con llamar a un nuevo paro, la historia ya estaba escrita, nuevamente con ellas como protagonistas en el nuevo diseño de la política económica.

Solo durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, cuando estas mismas cámaras disiparon completamente sus dudas sobre su pérdida de hegemonía política, volvieron a organizarse bajo el Foro de Convergencia. Hoy, nuevamente en el poder, sus comunicados ya no propician la desestabilización, sino la censura a aquellos políticos que expresan los intereses de los trabajadores y pequeños y medianos empresarios.

1 Comentario

1 Comentario

  1. Ricardo Alberto Comeglio

    17 mayo, 2018 en 7:28 pm

    No hay que atacarlos más que con sus propias armas y utilizando su energía para devastarlos, cuan estrategia china.
    Si hay que bajar la presencia estatal en la vida argentina, entonces es lógico pedir que no haya gasto militar o en fuerzas de seguridad, pues eso implicaría, de hacerse efectivo, que el Estado no tendrá presencia intimidante en la acción privada de los hombres que habitan el suelo argentino, lo que equivaldrá a hacer lo que piden, es decir, dejar en libertad a las fuerzas del mercado, que, entre otras, está compuesta por compradores, trabajadores e independientes.
    Como el Estado no tiene que meterse con los privados, tal como estos Señores lo afirman, entonces no tiene que meterse con las agrupaciones que la sociedad constituya para beneficio corporativo, de lo contrario estaríamos haciendo del Estado un adoctrinador y metiche insoportable para quienes queremos la libertad de acción de las fuerzas productivas, entre las que están los trabajadores, sin duda alguna.

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