Las mil y una excusas de Mauricio

El gobierno rechaza informe de la ONU por persecución a jueces y fiscales

 

Días antes de dejar la Casa Rosada, el gobierno de Mauricio Macri negó haber usado el Poder Judicial y el Ministerio Público como herramientas para perseguir y disciplinar a jueces y fiscales en una respuesta extensa que remitió a Naciones Unidas. Lo hizo después de que el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, reclamara información al Estado argentino y detallara una serie de casos en los que se forzó o se intentó forzar la renuncia de magistrados.

El pedido de informes de García Sayán –que fue revelado por El Cohete– cayó como una bomba en el gobierno. En las oficinas del Ministerio de Justicia saben que el señalamiento de un organismo internacional puede tener impacto directo en el ámbito judicial doméstico. La queja extendida en los dominios de Germán Garavano es que el procedimiento fue irregular y apuntan a una reunión en Lima con los denunciantes. “No es el procedimiento habitual”, protestan.

El encargado de hacer pública la respuesta fue el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, porque viajó a Ginebra la semana pasada. La contestación oficial salió el 22 de noviembre con la firma de Ramiro Badía, director nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Pero en realidad Garavano movilizó a todo el Ministerio para responder a García Sayán.

 

 

Las críticas

El encono del gobierno con García Sayán fue tal que no sólo le respondió en tiempo récord, sino que también envió copias de la contestación a Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y al Consejo de Derechos Humanos. Busca así una reprimenda para el jurista peruano.

Los principales argumentos del enojo macrista pueden sintetizarse en que usó un tono inusual para este tipo de pedidos y que habría incumplido con el principio de confidencialidad. Además, dicen, si la situación que él describe fuera de tal magnitud no debería haber esperado cinco meses para pedir información al gobierno.

Otro elemento que encendió los ánimos alicaídos del gobierno saliente fue que el relator de la ONU hablara de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento al Poder Judicial de la República Argentina. Dijeron que esa construcción remite al plan sistemático de robo de niños y niñas de la última dictadura. “Resulta preocupante, y ajeno a cualquier verificación empírica, referirse en esos términos a los actos de un gobierno democrático, que ha sido en su accionar plenamente respetuoso de los principios republicanos y de la separación de los poderes estatales”, escribieron sin sonrojarse.

 

 

Atacar a los denunciantes

La otra gran impugnación que hace el gobierno es que el documento surgió en base a denuncias de organizaciones a las que caracteriza como partidarias, pero entre las que se encuentran el organismo de derechos humanos más antiguo de la Argentina, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), la agrupación de Abogados por la Justicia Social (AJUS) –La Plata, Berisso y Ensenada— e Iniciativa Justicia, que reúne a juristas como Graciana Peñafort, Maximiliano Rusconi y Carlos Beraldi, entre otros. El gobierno –por error o no– incluyó al juez federal Alejo Ramos Padilla en este grupo, que no integra.

En su respuesta agrietada, el Estado hace caracterizaciones de los denunciantes. Por ejemplo, cita un comunicado de la LADH en el que habla del triunfo de las “fuerzas populares” y de un llamado a “derrotar al macrismo” (las comillas corresponden al texto oficial, créase o no).

De AJUS dice que en las elecciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) llevó como lema “ponele un freno al macrismo”. Con respecto a Iniciativa Justicia repara en Rusconi, defensor del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y en Beraldi, abogado de la ex Presidenta y Vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner. “La denuncia podría integrar la estrategia de defensa de sus clientes frente a las graves imputaciones de corrupción que se encuentran siendo debatidas ante la Justicia que hoy critican”, advierte el Ejecutivo.

 

 

Las excusas del caso

La respuesta es larga y se remonta a los primeros días del gobierno de Macri. Por eso, en su descargo, el Estado defendió el intento de nombrar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en comisión en la Corte Suprema, hecho que no se consumó por el rechazo generalizado que la medida provocó, incluso en las huestes cambiemitas y en los tres jueces que para entonces conformaban el máximo tribunal. También justificó la designación de Pablo Tonelli en el lugar que había dejado vacante Anabel Fernández Sagasti en el Consejo de la Magistratura al asumir como senadora.

El escrito también buscó explicar el traslado de Carlos Mahiques desde la Casación ordinaria a la codiciada Casación Federal por decisión del Consejo de la Magistratura. Mahiques, actual presidente del máximo tribunal penal del país, es también padre de Juan Bautista, quien en ese entonces era el representante del Ejecutivo en el órgano encargado de la selección y remoción de jueces. Fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires antes de retornar a sus funciones como juez.

Meses después del traslado a Comodoro Py —que fue resistido por varios casadores—, el gobierno envió el pliego de Mahiques nuevamente al Senado para validar su llegada al fuero federal. Según se explica en la presentación, se hizo a partir de los lineamientos que estableció la Corte en dos acordadas de 2018.

Asimismo, la administración Macri consideró válida la designación de Juan Manuel Culotta como juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires después de que María Servini decidiera renunciar a esa subrogancia. El puesto sigue vacante desde la muerte del juez Manuel Blanco en 2014. Culotta es un Newman boy como Macri y Pablo Clusellas, el secretario de legal y técnica. Ese dato no figura en la contestación estatal.

En la misma línea, la administración macrista minimizó las acusaciones de falta de independencia del procurador bonaerense Julio Conte Grand, ex funcionario de Macri y muy cercano a la propia gobernadora Vidal.

 

 

Ataques y algo más

El gobierno también rechazó haber desatado una campaña contra los jueces que fallaron en su contra en materia laboral. En el pedido de informes están mencionados Luis Federico Arias (destituido), Dora Temis (fallecida), Enrique Arias Gibert, Graciela Marino, Luis Raffaghelli y Diana Cañal.

A los jueces laborales Macri los describió como una mafia y habló de la industria del juicio. Según el gobierno, esos dichos fueron sacados de contexto y en todo caso pueden considerarse un caso de libertad de expresión. “Solo hay una afectación a los derechos subjetivos cuando en función de una actividad exorbitante del Poder Ejecutivo se inhiben las defensas del ciudadano generando un estado de indefensión de la persona frente al Poder Público. Por el contrario, en este caso se da en un marco de plena libertad y de plena vigencia de las instituciones políticas que protegen a todos frente al accionar del Estado”.

En sintonía, desde el Ejecutivo negaron haber lanzado una campaña contra la jueza que falló contra los tarifazos, Martina Forns, que incluyó la separación de su pareja del puesto que tenía en el Estado.

 

 

Casi una cuestión de salud

La salida de Alejandra Gils Carbó de la Procuración General fue presentada casi como un trámite médico más que una política encarada por la administración Cambiemos aun antes de asumir formalmente el gobierno.

La explicación dada por el gobierno es la siguiente: Gils Carbó pidió entre octubre y diciembre de 2017 una licencia especial por problemas de salud y luego renunció. La realidad es exactamente al revés. Gils Carbó presentó su renuncia en diciembre de 2017 y luego pidió una licencia médica porque justamente la disputa con el gobierno había desgastado su salud. Pero el problema no era grave, como parece presentar el gobierno en la contestación. Gastritis, decía el diagnóstico.

El gobierno también impulsó reformas a la ley orgánica del Ministerio Público, que se mantuvieron en debate mientras la procuradora estaba en su oficina de la calle Perón. En el Senado, uno de los que se entusiasmaron con esos cambios fue Miguel Pichetto, que le hizo saber su decisión a Gils Carbó, lo que implicaba un pulgar para abajo para la jefa de los fiscales.

En el pedido de informes de García Sayán se habla de una campaña de medios y de ONGs afines al gobierno que buscaron cercar a Gils Carbó. Para el gobierno es una acusación infundada. Sin embargo Será Justicia, una agrupación ligada al conservador Colegio de la calle Montevideo, había logrado un fallo en la justicia que habilitaba la remoción del o de la titular del Ministerio Público Fiscal por un acto administrativo. Es decir, sin juicio político y sin los dos tercios del Senado que Macri ansiaba pero no tenía. El fallo fue firmado diez días antes de que Gils Carbó presentara su renuncia. No hizo falta que Será Justicia insistiera con la procuradora fuera de carrera.

 

Una cuestión de nombres

El gobierno no escatimó elogios en la presentación para el reemplazante interino de Gils Carbó, Eduardo Casal. Con él, según la presentación, la OCDE volvió a rankear alto la independencia del Ministerio Público.

En el escrito, el Ministerio de Justicia avaló la decisión de Casal de sacar al fiscal Juan Pedro Zoni de la fiscalía de Comodoro Py, a la que lo había destinado Gils Carbó en 2015.  La separación de Zoni se produjo después de que impulsara la investigación por el acuerdo entre el Ejecutivo y el Correo Argentino que su colega Gabriela Boquin denunció que implicaba una licuación de la deuda superior al 98 por ciento.

En su descargo, el Estado dice que no puede pensarse que el gobierno haya querido interferir en el caso que tiene al Presidente a los dos lados del mostrador. Dice que el fiscal que se hizo cargo de la fiscalía que tenía asignada Zoni, Gerardo Pollicita, impulsó la causa y pidió indagatorias, que efectivizó el juez Ariel Lijo.

La diferencia entre la estrategia de Zoni –que según el gobierno hacía tándem con Boquin– y la de Pollicita parece ser una cuestión de nombres. Zoni había pedido indagar al actual procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y a mismísimo Macri.  Su sucesor no compartió el criterio y circunscribió la investigación a Oscar Aguad, entonces ministro de Comunicaciones, y su entorno. Cuestión de prioridades.

 

 

No hay mejor defensa que un buen ataque

Los últimos apartados de la presentación estuvieron dedicados al titular del juzgado de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

El gobierno explicó que pidió el juicio político de Ramos Padilla por haber ido al Congreso a explicar su investigación sobre una trama de inteligencia con terminales que aparentemente conectan a sectores de la coalición de gobierno con los servicios y con estructuras de la justicia federal.

Además aprovechó para hacerse eco de la defensa del editor de Clarín Daniel Santoro, procesado por Ramos Padilla, y para informar que el juez tiene otras cuatro denuncias en el Consejo de la Magistratura. «En ningún momento se ha buscado desacreditar al Dr. Ramos Padilla, ni restarle apoyo institucional, como se alega en la comunicación, y mucho menos se han realizado amenazas o algún tipo de intimidación».

La contestación no profundizó qué quiso decir Macri cuando afirmó que Ramos Padilla «ya había hecho varias» y que esperaba que el Consejo de la Magistratura lo destituyera.

 

 

 

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