LAS MIL Y UNA NOCHES

Paradójicamente, la coyuntura financiera puede brindar mayor capacidad de maniobra al gobierno argentino

 

Las turbulencias que aturden nuestro presente ocurren de un modo semejante a los relatos del Medio Oriente medieval recopilados en las Mil y una noches. Según la leyenda, todas las noches la bella e ingeniosa Sherezade contaba un cuento al Sultán postergando indefinidamente el final hasta ser interrumpida por el amanecer. Despertaba así la curiosidad de un hombre volcánico y poderoso que acostumbraba a desposar todas las noches a una mujer distinta para mandarla a matar al día siguiente. Así, el afán por conocer el final del cuento llevo al Sultán a perdonar la vida de Sherezade día a día, hasta cumplir las mil y una noches. Los cuentos de Sherezade brotaban mágicamente concatenados. Eran como cajas encerradas en otras cajas, unidas por un hilo invisible que se renovaba constantemente hasta obtener su objetivo.

Nuestro caótico presente se asemeja a ese legendario entonces: los conflictos sociales que hoy nos aquejan tienen una espina dorsal que, aunque invisible, los hilvana sutilmente. Muchas veces se desarrollan como fenómenos aislados. Brotan en distintas partes y súbitamente desaparecen de la vista, aunque permanecen latentes y están estrechamente interconectados. Su pulsión y grado de visibilidad impacta de un modo diferente sobre el ritmo de desarrollo del conjunto. Poco a poco, este todo complejo se aglutina hasta llegar a un punto de ebullición y el estallido de un determinado conflicto precipita la explosión del conjunto.

Al cumplir tres meses de gestión, el gobierno se interna en un mes de marzo cargado con un cronograma de definiciones drásticas emanadas de la negociación de la deuda externa. Al mismo tiempo se inicia un periodo impregnado de abultados vencimientos de deuda y escasez de dólares. Las alternativas de la negociación de la deuda externa pueden impactar sobre las políticas del gobierno. Sin embargo, el escenario del conflicto principal es otro.

 

 

Conflicto judicial

Esta semana finalizó el carnaval y culminaron las prolongadas vacaciones de Macri. Aprovechando la ocasión para sacudir las tabas en Punta del Este, se preocupó por confirmar públicamente sus dotes de “gran bailarín” (eldestape.com 26 2 2020). Mientras tanto, sus partidarios se devanaban los sesos buscando resquicios para trabar en el Congreso todas las iniciativas del gobierno. Finalmente encontraron lo que buscaban. Después de haber hecho caer la jubilación mínima durante el reinado de Macri en proporción semejante a lo ocurrido conjuntamente durante los gobiernos de Menem y de de la Rúa, Juntos por el Cambio se transformó en el adalid de los haberes jubilatorios supuestamente en peligro ante los cambios que propone el gobierno. Encontró, así, una rendija para avanzar tensando al máximo la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Apoyando los privilegios adquiridos por jueces cuya jubilación media representa 21 veces el haber jubilatorio mínimo, Juntos por el Cambio pasó al frente con berrinches de distinta índole para bloquear las sesiones de la Cámara de Diputados e impedir el avance de la ley propuesta por el Ejecutivo para modificar un sistema donde los aportes del Poder Judicial sólo cubren un tercio de las jubilaciones del sector (los aportantes son 17.600 y los que reciben el beneficio son menos de 7000; lo que se recauda por esos 17.600 activos alcanza para pagarles al 34 % de los 7000), y los ciudadanos de a pie contribuyen con sus magros sueldos a perpetuar esta aberración. Lo mismo ocurre con las jubilaciones del cuerpo diplomático.

El intento del gobierno por corregir estos despropósitos ha provocado la reacción de varios jueces, amenazando con renunciar y “despoblar” al sistema judicial. Esta batahola ha ocupado la escena política de la última semana. Se da en un contexto de creciente visibilidad de causas jurídicas que exponen la ruptura del Estado de Derecho por parte del gobierno de Macri. Así, esta disputa apresura los tiempos para concretar una reforma del sistema judicial y es, tal vez, una oportunidad única para barajar y dar de nuevo poniendo severos límites a las condiciones judiciales que han hecho posible la subversión del Estado de Derecho en el país. Sin embargo, si se traba la reforma judicial y el conflicto persiste, se potenciarán otros conflictos que tienden a erosionar en el corto plazo la legitimidad del Poder Ejecutivo.

 

 

 

Lucha contra el hambre vs. reactivación económica

El brutal ajuste y las políticas monetaria y cambiaria impuestas por el FMI y el gobierno de Macri no fueron producto de un error de diagnóstico. Buscaron dolarizar rápidamente la economía, dando prioridad a la especulación financiera por encima de la producción e impulsando transformaciones estructurales tendientes a la precarización. Estas políticas han provocado enormes transferencias de ingresos, riqueza y recursos naturales hacia ciertos sectores altamente concentrados, fomentando al mismo tiempo el conflicto entre los que más tienen y profundizado la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos. Han generado así un campo minado de conflictos, donde prevalece una relación de fuerzas totalmente adversa a los que menos tienen.

Desde un inicio el gobierno subordinó la reactivación de la economía a los resultados de la reestructuración de la deuda externa. Se decidió avanzar por etapas: en los primeros meses el objetivo prioritario fue mitigar el hambre y frenar la caída de la economía, para lo cual se adoptaron una serie de políticas destinadas a poner dinero en el bolsillo de los sectores más vulnerables. En consecuencia el gasto social creció considerablemente explicando el crecimiento del déficit primario, en relación al último año de Macri (lpo.com 26 2 2020).

A pesar de la dirección correcta de las políticas adoptadas, no han sido hasta ahora lo suficientemente rápidas y profundas como para incentivar el consumo en la medida esperada. Se ha llegado al mes de marzo con una economía que sigue estancada y con una inflación de precios en el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas que supera al crecimiento del índice de inflación del mes de enero y, según estimaciones privadas, mantendría la misma tendencia en febrero (infobae.com 13 2 2020; cronista.com 19 2 2020). Esto parece indicar que las grandes empresas que controlan monopólicamente los precios en determinados puntos de las cadenas de valor de la producción y comercialización de productos alimenticios, continúan transfiriendo a precios “sus expectativas” en relación a la cotización del dólar. Es probable que esto se intensifique en los próximos meses, debido a la puja por la apropiación de ingresos y excedentes por parte de los sectores de la producción agropecuaria y la banca local.

Dirigentes de Juntos por el Cambio han alentado a productores rurales autoconvocados a movilizarse contra un posible aumento de las retenciones a la soja. Esto ha culminado en una creciente presión de las bases sobre las organizaciones del sector, demandando cortes de rutas y el cese de la comercialización de productos agropecuarios. Luego de una reunión mantenida esta semana entre estas organizaciones y el Ministro de Agricultura, se decidió postergar el posible aumento del 3% a las retenciones a la soja, mientras se sigue negociando la semana que viene para conformar otras políticas para el sector. Sin embargo el conflicto amenaza con desbordar a las organizaciones empresariales. El gobierno no ha sabido articular hasta ahora políticas tendientes a satisfacer a los sectores medios y pequeños que tienen estructuras de costos e intereses diferentes a los del agronegocio sojero. En su lugar ha intentado calmar al “campo” con una política cambiaria que tiene por objetivo mantener un tipo de cambio alto y competitivo para las exportaciones del sector. Esto, sin embargo, induce a los sectores de la economía con control monopólico de sus mercados a transferir a sus precios los aumentos registrados en el valor del tipo de cambio. De este modo, la compensación al campo vía un dólar competitivo termina generando inflación.

La persistencia de estos conflictos jaquea la política oficial contra el hambre y desarticula los intentos de frenar la caída de la producción industrial aumentando el consumo de los sectores más vulnerables. Este contexto dificulta el cambio de la relación de fuerzas heredada del gobierno de Macri. La voluntad oficial de constituir un Consejo Económico y Social que pueda arbitrar consensos en torno a precios y salarios choca con la realidad de sectores empresariales que, utilizando el poder que tienen sobre sus mercados respectivos, resisten cualquier posibilidad de hacer concesiones.

 

 

Deuda interna: tasas de interés

Otro frente de turbulencias se agazapa en el sector financiero. Desde un inicio el gobierno ha intentado que los bancos bajen sus tasas de interés y aumenten el crédito para la producción. Para ello ha impulsado bajas de 13 puntos porcentuales en las tasas de referencia que hacia fines de enero llegaban al 50%. A pesar de ello, los titulares de tarjetas de crédito continuaban pagando por ese entonces intereses superiores al 230% en sus compras con financiamiento, es decir casi cinco puntos porcentuales más de lo que pagaban en diciembre de 2019 y muy por arriba de las tasas de referencia. Asimismo las tasas de los préstamos personales casi no habían variado en relación a diciembre, bajando del 70,5% al 69.8%, y los créditos a la producción estaban en niveles muy bajos (ámbito 28 1 2020).

Esto llevó a mediados de febrero a una intervención del Presidente exigiendo a los bancos que bajen el costo de usura de las tarjetas de crédito (lanacion.com 14 2 2020) Paralelamente el oficialismo presentó un proyecto de ley para que los intereses de las tarjetas de crédito “no excedan la tasa de referencia que establece el BRCA”. Asimismo, el directorio del BCRA dispuso otro descenso de las tasas de interés llevándolas al 40%. Sin embargo, la brecha entre las tasas de interés que los bancos pagaban por plazos fijos: 34.8% y las que cobraban por otorgar préstamos: 69%, permanecían en niveles récord (infobae.com 19 2 20200).

Al momento actual los bancos tienen mucha liquidez pero no prestan dinero y hacen ganancias extraordinarias con la brecha de tasas entre lo que cobran por los prestamos y lo que pagan por los depósitos. A esto se suma la extraordinaria renta que constantemente obtienen con el negocio de las LELIQs (cronista 27.2 2020). Esta liquidez acumulada y no utilizada es un arma sumamente peligrosa y lista para dolarizarse si la oportunidad así lo aconseja. Si esto ocurre, la mayor dolarización de la economía hará mas difícil su reactivación.

 

 

 

Acreedores privados, FMI y crisis internacional

En los últimos tiempos el FMI reconoció que la deuda externa argentina bajo legislación extranjera es insostenible económica y políticamente, y ha llamado a los acreedores privados a hacer una contribución importante. Así ha respaldado la tesis del gobierno sobre la incapacidad de pago del país. Asimismo ha dado apoyo a las medidas tomadas por el gobierno para paliar la pobreza (lpo.com 19 2 2020). Estos dichos fueron seguidos por las declaraciones del Secretario del Tesoro norteamericano, ratificando que Donald Trump respalda la estrategia negociadora de Alberto Fernández y confirmando que ese aval será honrado cuando el directorio del FMI trate el caso argentino (infobae.com 26 2 2020).

Para algunos observadores, estos acontecimientos tienden a indicar que estamos frente a un nuevo FMI que, habiendo purgado a la bruja Lagarde y su séquito perverso, ahora tiene otras intenciones. Para otros, como Roberto Lavagna, el FMI “no va a jugar absolutamente a favor de la Argentina… Les pide a los privados que hagan su aporte, pero no dice qué harán ellos para resolver los problemas... Si bien el estatuto de la organización contempla no hacer quitas, sí podría estirar los plazos, bajar los intereses” (cronista.com 25 2 2020).

Hay sin embargo algo más. El FMI ha negado tajantemente cualquier responsabilidad en el otorgamiento de un crédito que viola sus propios estatutos y ha impuesto una estrategia de negociación centrada en la utilización del articulo 4° del estatuto del Fondo para establecer el cronograma de pagos al FMI y la oferta que hará Guzmán a los bonistas bajo legislación extranjera. Así, el gobierno ha aceptado la revisión periódica del estado de la economía nacional fijada por el articulo 4°, algo que en otros tiempos habría sido rechazado. Asimismo, el FMI habría logrado imponer al gobierno argentino el criterio de que toda la deuda externa bajo legislación extranjera, incluida la reestructurada con los gobiernos K, deberá ser reestructurada de nuevo (ámbito.com 27 2 2020). Esto tiende a indicar un avance del endeudamiento ilimitado: contracción de deuda nueva para solventar deuda vieja, mecanismo que bajo la magia del interés compuesto perpetúa la usura al infinito.

Hoy el FMI pelea por su propio dinero atrapado en la deuda argentina y mantiene intacta su funcionalidad en relación a los intereses de los países centrales y especialmente del gobierno norteamericano. Esto ocurre en una economía global, y en particular norteamericana, al borde de una crisis económica de magnitud y consecuencias inéditas y en circunstancias políticas dominadas por una aguda lucha por el poder político dentro de los Estados Unidos y por la puja de este país por imponer su dominio geopolítico.

En este contexto la emergencia del coronavirus ha operado como un cisne negro, rompiendo la complacencia que predominaba en el mercado financiero norteamericano, posible gracias a los recortes de las tasas de interés y a la diaria inyección de liquidez por parte de la Reserva Federal. El retiro de fondos del JP Morgan del mercado interbancario y la demanda desmadrada de liquidez por parte de los fondos de inversión expusieron en septiembre de 2019 la falta de liquidez del mercado de pases, la fragilidad del sistema financiero y la amenaza sistémica emanada del accionar de grandes fondos de inversión.

Hoy el coronavirus impacta en las cadenas de valor global y en las perspectivas de ganancias futuras de las grandes corporaciones norteamericanas (zerohedge.com 19 2 2020; 27 2 2020). La constatación desde fines de la semana pasada de que el virus se propaga incontenible en nuevos centros neurálgicos para el desarrollo de las exportaciones industriales (norte de Italia, Suiza y sur de Alemania y Corea del Sur) disparó el lunes pasado ventas masivas en los mercado de bonos y acciones del mundo entero y particularmente de los Estados Unidos (zerohedge.com 24 2 2020). En los dos primeros días de la semana los índices Dow Industrial Average y S&P perdieron respectivamente 6,59% y el 6,28% de su valor. Hacia el jueves el S&P 500 había experimentado una corrección del 10% de su valor desde los picos obtenidos la semana anterior (zerohedge.com 27 2 2020). El pánico asolaba las bolsas del mundo y potenciaba la venta automática inducida por artefactos financieros complejos, interconectados y dominados por algoritmos (zerohedge.com 28 2 2020).

La expansión del coronavirus con su impacto sobre la economía y las finanzas puede afectar especialmente a los grandes fondos de inversión que están sobreextendidos en múltiples inversiones y con enorme dificultad para desprenderse rápidamente de activos. Hoy algunos de estos grandes fondos tienen buena parte de la deuda privada argentina con legislación internacional, lo que les da poder para bloquear la negociación. Al mismo tiempo, su tenencia de bonos argentinos al borde del default acrecienta su fragilidad en el actual contexto internacional.

Paradójicamente, la coyuntura financiera puede brindar mayor capacidad de maniobra al gobierno argentino, aunque ello implique ruptura del calendario propuesto para la negociación de la deuda; algo que, sin embargo, es preferible a la alternativa de un mal acuerdo cerrado a las apuradas. En este contexto internacional, la deuda interna y los conflictos locales plantean en el corto plazo los mayores riesgos para el mantenimiento de la legitimidad política del gobierno. Asimismo, un mundo dominado por una crisis económica y financiera obliga a repensar el rol del endeudamiento en dólares y la forma de reactivar la economía rápidamente en circunstancias en que los mercados para nuestras exportaciones se pueden cerrar rápidamente y por tiempo indeterminado.

 

 

 

 

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