Las otras domiciliarias

Mujeres, presas, madres y pobres

Hablar del retiro del Estado no es una novedad. Pero tal vez lo es observar que las políticas de exclusión ahora también están destinadas a generar población sobrante incluso en el mundo de las cárceles. Un dato que no varía desde hace años indica que alrededor del cuatro por ciento de la población en cárceles son mujeres, un universo cercano a las tres mil personas. Poco menos de la mitad de esas mujeres están en las cárceles con sus hijos. Esas niñas y niños son un problema para el Servicio Penitenciario Federal. Contra lo esperado, los agentes suelen elevar informes en los que abundan detalles de buena conducta sobre las madres. No porque les guste, sino para sacarse a los niños de encima. Según la doctora en antropología Natalia Ojeda, sucede algo parecido con los internos con problemas mentales: el SPF no sabe cómo manejarlos. Pero esos informes históricamente chocaron contra los jueces que impedían las salidas.

Desde diciembre de 2015, las cárceles entraron en la agenda de Cambiemos. Pocos meses después del comienzo de 2016, me acerqué al edificio del ministerio de Justicia en ocasión de los primeros alientos a la salida de los represores. Me atendieron dos funcionarios. Uno, a cargo del sistema de cárceles federales. Con una libreta llena de cuentas muy parecida a la que usaba Oscar, el querido almacenero de mi barrio, me mostró números para blanquear desesperado que buscaban convenios con todas las provincias para encontrar edificios dónde poner más cárceles. Pero eso no era una respuesta al problema de sobrepoblación o a las condiciones de inhumanidad de los detenidos. Era una forma de anticiparse, según me dijo, a uno de los problemas que advertían muy cercano: las cárceles iban a comenzar a recibir muy pronto los resultados de la reedición de los edictos policiales. Eso fue lo que dijo. Lógicamente ni mu de todas las previsiones que incluían, de paso, una respuesta penal al paquete de políticas del achique del Estado. Como sea, por un lado buscaban nuevos edificios. Y por otro, sacarse de encima a una parte de los presos. Me explicaron que estaban haciendo las primeras licitaciones para reabrir la prisión militar de Campo de Mayo. Y cuando objeté algo sobre privilegios y beneficios, me paró para decirme que ellos no estaban pensando en ese espacio para los militares, sino para las mujeres pobres con niños que hasta entonces estaban en Ezeiza.

Pasó el tiempo, Campo de Mayo se abrió y no fueron trasladadas las mujeres. Ese exclusivo espacio con propuesta de vida saludable, clases de yoga y lírica, se llenó de militares. Durante ese mismo período, curiosamente, se movió otro universo: las mujeres detenidas con sus hijos. Según datos de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (Dcaep), el viejo Patronato de Liberados, a fines de 2016 había 40 mujeres con hijos en prisión domiciliaria monitoreadas. En julio de 2017, eran 100. Y hoy son 142. Es cierto que es un universo pequeño. Pero ese aumento mayor al cien por ciento, pensado como un beneficio, lo que está haciendo en realidad es profundizar las más extremas situaciones de completo abandono del Estado.

— ¿Mamo?

Dijo la hija de María, una mujer detenida en su casa, a un trabajador social que acababa de finalizar una supervisión. La niña lo mantuvo agarrado de la mano. Y cuando el joven logró reaccionar, sacudido por el estremecimiento de esa mano, le hizo un gesto a María para saber qué es lo que quería la niña. «Es que no sale de casa desde hace tres semanas», le explicó. «No estoy teniendo quién los saque. Y ayer le pidió lo mismo al muchacho que vino con un pedido de la farmacia».

Como María, gran parte de las mujeres detenidas con hijos conforman familias monoparentales. O sea, están solas y encerradas en una vivienda con hijos que no tienen quién los lleve a la escuela o quién haga las compras o los acerque a un comedor. ¿Quién provee los ingresos? ¿Cómo viven? ¿Quién los asiste? Conocí el caso de María a través de María Virginia Barreyro, coordinadora de la Dcaep, parte del sistema punitivo que sin embargo es al mismo tiempo la única puerta de acceso al Estado en territorios de mayor vulnerabilidad. A cargo del control de las domiciliarias, Barreyro tiene su oficina en un edificio viejo del centro, con un sólo ascensor y esqueletos de hierros apilados que alguna vez habrán servido de sillas. Un oficial señala el extremo de un pasillo en dirección a su oficina, una suerte de túnel oscuro del que debe correrse para dejarme pasar. En la oficina hay una ventana y dos escritorios, uno para ella y el otro para alguien que no tiene otro espacio de trabajo. Un ámbito de rutinas urgentes con controles sobre todo el país que para reunir a los empleados debe probar suerte en algún otro lado pero que es una enorme mejora, según me aclara, dado que vienen de otro lugar imposible. Apenas logro sentarme imagino que en esas condiciones de escritorios múltiples y oídos diversos no habrá chance para hablar de problemas. Pero estoy equivocada.

Di con Barreyro hace años, cuando buscaba datos sobre las prisiones domiciliarias de los militares. Ella quedó a cargo de los controles sobre la ejecución de la pena. Solía llamarla para seguir el aumento de los números. Ella comenzaba a organizar las visitas que hasta entonces se hacían mal o no se hacían. Llevó gente nueva. Y reorganizó a los viejos, entre ellos a quienes habían trasformado los controles en hermosas meriendas con quienes ya consideraban familia. En alguna otra ocasión, Barreyro me enseñó a ponerle datos a la sensación del doble estándar a Milagro: cuando la dirigente indígena perseguida por Morales era trasladada del Alto Comedero a la casa cárcel de La Ciénaga, repasamos los anuncios de seguridad, los cercos electrificados, cámaras y retenes de Gendarmería, y me dijo que nunca se había implementado nada parecido, ni siquiera con los peores genocidas. Más adelante, siguió los vaivenes de Etchecolatz. Pero lo que la desvela no es eso. Tampoco las situaciones las veces en las que su oficina se encuentra en escenarios donde ya no queda otro vestigio del Estado. Ni las ocasiones en las que en vez de abogada ella parece una usina todoterreno dispuesta a resolver cualquier emergencia. El problema que tiene es de estructura: cuando después de mucho consigue encontrar ayuda o redes, abajo de los escombros, una solución de mano de instituciones barriales o iglesias de cualquier género, con las que consigue articular una suerte de sistema de postas hasta las casas de esas mujeres detenidas, quien le pone el freno es el sistema penal. Es decir, un tribunal al que prefiere no mencionar como sucedió en el caso de María. Jueces que deben ponerle una firma a una sobrevivida, pero no lo hacen porque la palabra garantismo está pasada de moda.

De eso habla en un correo que me mandó con el título de una frase de Joaquín Sabina: en la radio no hablaban de tí, ni de mi, le puso. «Ríos de tinta y horas de aire televisivo hablando de la inseguridad, de ‘los delincuentes’ y hasta de cárceles superpobladas, y en todo eso –dice– podemos encontrar interesantes abordajes». Pero hay un grupo de personas que incomodan, explica, olvidadas de tanto hacer silencio para no ser nuevamente objeto de todos los preconceptos que confluyen: mujeres, presas, pobres. Se trata de aquellas mujeres que, con carácter preventivo o por haber sido condenadas se encuentran ‘presas’ pero, en virtud de tener hijos/as pequeños cumplen esa prisión en sus hogares. Si bien esa situación es claramente preferible a la prisión –donde condenamos, en una verdadera extensión de la pena, a pequeños inocentes a la prisión o al abandono–, existen dispositivos y atención estatal muy fuerte para evitar que estas mujeres se fuguen o incumplan alguna regla, pero la asistencia a estas familias, en muchos casos monoparentales, no goza de la misma prioridad en la agenda estatal.

Los jueces disponen el beneficio de la domiciliaria y luego, en la mayor parte de los casos, centran la atención en lograr que queden bien sujetas a su hogar. «Si lo pensamos tiene su lógica», aclara. «Son jueces penales, y tienen entre sus recursos el código penal y las leyes procesales como vademécum primario para atender todo conflicto que se les presente, tal es su entrenamiento y tal su recorte de la realidad. Ciertamente no podemos imputarle a la justicia penal lo que años de ausencia estatal hicieron con esas familias. Ni tampoco imputarles la parte que les toca sobre ‘malas decisiones’ de personas adultas. Pero tampoco pueden ignorarse situaciones de extrema vulnerabilidad social», dice. Y eso es lo que pasa.

María tiene 31 años de edad, y es madre de tres hijos. Un hijo adolescente de un primer matrimonio y dos hijos pequeños, de 4 y 3 años. Tuvo parejas abusivas y violentas. Quedó presa como resultado de un delito cometido por el padre de sus hijos pequeños a quien ella denunció por golpes y amenazas cuando todavía estaba embarazada del más chico. Hoy él está preso, pero no por los delitos cometidos contra la integridad de su esposa, sino por delitos contra la propiedad.

María salió de la cárcel con el beneficio de la prisión domiciliaria, pero esa condición preferible al encierro, hoy representa una cárcel para sus hijos. Vive con los dos más chicos en un ambiente de dimensiones reducidas, donde es controlada por el órgano auxiliar de la Justicia. En situaciones normales, el representante del organismo debe presentarse un día cualquiera, entrar al domicilio y constatar que cumple todo como es debido. Pero cuando el trabajador social se presentó en la casa a fines del año pasado observó el niño de 4 años cuando comenzó a poner a sus muñecos en hilera. Y luego, empezó a contarlos. María, entonces, le dijo que su hijo estaba jugando al recuento.

El trabajador social comenzó la entrevista. Preguntó por la situación económica y por cómo provee las necesidades básicas de la casa. María dijo que tienen una Asignación Universal por Hijo y un dinero que recibe del alquiler de una casilla de su madre. Como no puede salir, también dijo que logró hacer que alguien le lleve las compras. ¿Escuela para los niños?, preguntó el trabajador embuido de una encuesta estandarizaba en Disneylandia. María le dijo que tuvo problemas con la inscripción on-line, que se quedó sin vacante para el de 4 años y que no va a la escuela porque como ella no puede salir de la casa, tampoco pudo acercarse al establecimiento a resolver el problema personalmente. El trabajador social tomó los datos. Y como se acercaban las vacaciones, consideró que podrían buscar una colonia. Cuando terminó la visita, el niño de tres años se le acercó para agarrarle la mano. Y le pidió en su lengua que lo saque.

Unas horas más tarde, me cuenta Barreyro, el trabajador se desmoronó ante la supervisora. Todavía siento el calorcito de esa mano, le dijo. Tuve que dejarlo ahí y decirle que lo siento, que no puedo hacer nada, e irme sin mirar.

¿Hasta dónde se extienden los contornos de la supervisión?, se pregunta ella. ¿Hasta dónde no? ¿Cuáles son las respuestas que debe dar el Estado? Ella ahora se pregunta eso pero en esa ocasión, barrió el territorio buscando respuestas. Así apareció una organización con una guardería cerca de la casa de María. Barreyro imploró vacantes para los niños. Cuando las consiguió, su área volcó todos los datos en un informe. Mandó copia a la defensa. Y le pidió a los defensores que formalicen un pedido de permiso para que María vaya y vuelva a la guardería durante esos días de verano así los niños podían pasar el día entre plastilinas y no en un cuarto con temperaturas agobiantes. Todo estaba encaminado, pero cuando llegó la respuesta del Tribunal, los jueces no lo aceptaron. La mujer está presa, dijeron, que ella no lo olvide. Y que ellos, tampoco.

Barreyro cuenta que se desmoralizaron, pero volvieron a pensar. Lograron dar con un amigo de la familia que podía desviarse todos los días camino al trabajo y llevarlos media hora antes a la colonia. Dieron con una maestra que podía despertarse más temprano todo el verano para esperarlos. Y con otra que podía llevarlos de vuelta hasta la casa. Los niños no pudieron ir todos los días a la colonia ni hicieron la adaptación, pero no estuvieron presos.

Yo le pregunto por de los detenidos de lesa. Le pregunto si hay situaciones de anomalía. Si cuando llegan a las casas, no los encuentran. Si hay algo raro. Pero Barreyro me dice que no. Y en el ensamble entre uno y otro universo, casi no necesita dar más explicaciones. Los detenidos de lesa humanidad no obtienen esas respuestas de los jueces. Cuando Eduardo Cabanillas pidió mudarse a Bariloche para estar cerca de sus hijos, la Cámara de Casación le otorgó ese beneficio. Otros tienen permiso para caminatas. O permisos para atención médica constante en hospitales militares. Los hijos de María pudieron ir a la colonia de verano, sólo porque Barreyro y su equipo tomó el tema personalmente entre manos. Pero esa no es una solución.

¿Quién debe ocuparse? La coordinadora plantea en su texto que si el arresto fue concedido en función del interés superior del niño, ¿no es parte de la supervisión del instituto, por su propia razón de ser, posar la mirada sobre ellos y sus derechos? Habemos quienes entendemos que si, dice. Y dice también que hace falta un protocolo para gestionar estos escenarios.

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2 Comentarios
  1. Carlos Reute dice

    Terrible, muy bueno Alejandra!

  2. Virginia Barreyro dice

    El trabajo de la Dcaep es una labor realizada por un equipo que dia pone lo mejor de si, realiza un doble rol de control efectivo y asistencia para lo cual, vale aclarar, y al no ser efector directo de politicas publicas, nos valemos de derivaciones y articulación con órganos estatales o de la sociedad civil. En la órbita estatal, principalmente a la Direccion Nacional de Readaptación Social con la cual nos complementamos en la faz de asistencia y que pone recursos donde detectamos necesidades. El caso que se menciona fue modificado para su utilización con fines academicos para proteger las identidades.

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