LAS PALABRAS Y LOS HECHOS

El comportamiento de las grandes fortunas muestra la incompatibilidad entre capitalismo y democracia

Habló la derecha (“Que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo”, Fundación Internacional para la Libertad. Madrid, abril de 2020) y no dijo nada nuevo, pero activó el auténtico impulso político de contrastar hechos y palabras, indispensable en un país que enfrenta una situación extremadamente grave después de cuatro años de gobierno oligárquico y dos meses de pandemia; un país en el que no es difícil imaginar en qué situación estaríamos si nuestro pueblo no se hubiera liberado de la cruel incapacidad de aquellxs que lo agredieron hasta diciembre de 2019.

Si consideramos que el cinismo fue la doctrina de la política de comunicación de los firmantes Macri y Bullrich, no debe sorprendernos que se manifiesten preocupados por la economía después de destruirla y que al mismo tiempo expresen a quienes se niegan a hacer un aporte extraordinario para rescatarla de una posible catástrofe.

Tampoco debe llamar la atención que esxs campeonxs del lawfare —que se valieron del Estado para pisotear el estado de Derecho, perseguir y encarcelar opositores— reivindiquen “la democracia liberal” y teman que la pandemia sea “un pretexto para el autoritarismo”.

No cabe asombrarse al leer que idolatran la “economía de mercado” quienes en su nombre usaron el Estado para hacer negocios privados, y cuando la pandemia ha puesto en evidencia la absoluta incapacidad del mercado para hacerle frente; a tal extremo, que potencias que se entregaron a esa fe, como Italia, aceptan el auxilio de Cuba, superpotencia que como se sabe no la profesa. Toda una lección de genuino internacionalismo, y una paradoja: Cuba acude a prestar ayuda con médicos para aliviar la situación de un país integrante de la (des)Unión Europea, que —subordinada al imperio norteamericano— la acosa por presuntas violaciones a los derechos humanos.

No es razonable escandalizarse si exaltan la labor de los trabajadores de la salud quienes precarizaron sus condiciones de trabajo y desmantelaron el sistema público de salud, baluarte en la defensa contra el coronavirus.

Esta es en general la lógica de funcionamiento de lxs integrantes de la fundación que preside el gran escritor Mario Vargas Llosa. Como vocerxs VIP del gran capital, se entiende que no aparezca en sus agendas uno de los graves problemas que aqueja a las democracias realmente existentes: el dominio no siempre visible que ejercen las grandes corporaciones económicas sobre el conjunto social, otra dimensión de la realidad que ha sido alumbrada por la pandemia.

 

 

 

Aportes y despidos

El histórico comportamiento de las grandes fortunas de la Argentina, en cabeza de personas o de empresas, es un indicador irrefutable no sólo de las fantasías sobre la economía de mercado que difunden los propagandistas a sueldo del establishment —que se presentan como economistas—, sino de las incompatibilidades entre capitalismo y democracia.

La resistencia a pagar un impuesto extraordinario para amortiguar el enorme esfuerzo que está haciendo el Estado para sostener el equilibrio entre la preservación de miles de vidas humanas y un nivel mínimo de actividad económica, es, por definición, antidemocrática: no responde tanto al monto del aporte en sí como a una disputa de poder, pues la propuesta pone en tensión las relaciones de fuerza entre poderosas corporaciones y personas, por un lado, y el Estado democrático por otro. Si en esa puja triunfaran los dueños del capital, habremos retrocedido en términos de democratización de la sociedad.

Una consideración análoga corresponde a los despidos masivos que resolvió Techint: es razonable suponer que, más que la imposibilidad de mantener la relación laboral con los obreros, la decisión reflejó una impugnación a la disposición del gobierno de mantener el aislamiento social. Pero este drama remite a un elemento de crucial importancia, que muestra hasta qué punto para este tipo de conglomerados rige la ley del capital, no la de la democracia. La norma capitalista en cuestión se puede enunciar más o menos así: “Te pago si me entregás la mercadería”. En este caso la mercadería es la fuerza de trabajo, que el trabajador no podía entregar en virtud de la cuarentena; en otras palabras, “si no trabajás no te pago”.

Más aún, este axioma capitalista está tan arraigado que permite presentar como un logro de los trabajadores lo que en realidad es una inaceptable concesión de sus conducciones gremiales: la CGT acaba de pactar una rebaja de salarios del 25%; según uno de sus secretarios generales, Héctor Daer, el “acuerdo” se hace para generar “una garantía de empleo y un piso de ingresos”. Lo que nadie puede garantizar es que este despojo sea transitorio, lo más probable es que, concluida la cuarentena, se mantenga la reducción de salarios. En el caso de algunas empresas el acuerdo implica que, del salario total, el empleador sólo sufragará un 25%, por cuanto el Estado aporta el 50% restante: socialización de pérdidas, nunca de ganancias.

 

 

Patentes

En estos momentos distintas empresas compiten por desarrollar una vacuna contra el coronavirus. Uno supone que si lo consiguen se podría cortar de raíz la propagación del virus, en tanto se pueda producir y distribuir la vacuna en gran escala de manera que llegue —literalmente— a todo el planeta. Sin embargo es altamente probable que este razonamiento sea, en el mejor de los casos, parcialmente cierto. Las dificultades surgen en buena medida por el elevado nivel de mercantilización de la salud en general y de la investigación en particular en el país más rico y poderoso del mundo.

Según lo expresado por el todavía secretario de salud y servicios humanos de Estados Unidos, Alex Azar, no se puede confirmar que una vacuna recién desarrollada sea accesible a todos los bolsillos, debido a que la empresa que la consiga tendrá el monopolio de la patente y podrá cobrar lo que quiera. Esta cruda apreciación del máximo responsable estadounidense en la materia, significa que la producción y distribución de cualquier vacuna podría ser relativamente barata, pero que se encarecería hasta hacerse inaccesible para millones de personas; es decir que lo que encarecerá la vacuna es el monopolio que otorga ese gobierno, no el proceso de fabricación ni el funcionamiento del mercado.

Asimismo, no es ocioso señalar que el Presidente Trump recortó el presupuesto de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, sus siglas en inglés) y el de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, sus siglas en inglés) para la investigación biomédica, y disolvió el grupo de trabajo sobre pandemias en el Consejo de Seguridad Nacional: disminuyen las inversiones estatales a la misma velocidad que se reiteran las extravagancias presidenciales, como la idea de inyectar desinfectante para “matar” el virus. Sin embargo, mientras dispone estos recortes que perjudican a su pueblo y al resto del globo, el gobierno estadounidense ofrece a los países de la región, incluido el nuestro, el envío de insumos para hacer frente al coronavirus, y lo hace a través del Pentágono: es la estrategia de contrarrestar la intervención de China en el subcontinente, son los irrenunciables intereses del imperio.

El gobierno argentino se ubicó en las antípodas: el reconocimiento de la sensatez del Presidente se incrementó a la misma velocidad que priorizaba el cuidado de la salud de todxs, mediante la firme decisión del aislamiento e incrementando los recursos destinados a la salud pública y al CONICET. Las cifras de muertxs y desocupadxs en uno y otro país reflejan con contundente elocuencia la eficacia política de la concepción con que cada gobierno enfrentó el Covid-19.

Es evidente la necesidad de que los Estados, particularmente los más poderosos,

  • a) desmercantilicen la concepción de la salud,
  • b) instrumenten sistemas de financiamiento público de la investigación y
  • c) respeten los principios de la cooperación internacional bien entendida, sobre todo en ese campo.

La pandemia muestra que constituyen tres exigencias en salvaguarda de la especie.

 

 

 

Modelo social

No son pocas las circunstancias que pueden —y para algunxs deben— ser aprovechadas para acrecentar el control social y la tasa de ganancia del capital, el aislamiento social que impone el coronavirus se encuentra entre ellas.

“El distanciamiento social está aquí para quedarse mucho más de unas cuantas semanas. Cambiará nuestro modo de vida, en cierta manera para siempre”. Esto anunciaron investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT), una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos (We’re Not Going Back to Normal, MIT Technology Review, 17 ‎de marzo de 2020).

Estos investigadores citan el informe presentado por sus colegas del Imperial College of London, en el que se afirma que el distanciamiento social debería convertirse en una norma permanente, que se podría flexibilizar o intensificar según la cantidad de personas hospitalizadas bajo cuidados intensivos por causa de la Covid-19. El modelo elaborado en Inglaterra no se refiere sólo a las medidas que se aconsejan frente al virus. Para los investigadores del Imperial College, el distanciamiento social está llamado a convertirse en un verdadero modelo social, cuyos protocolos ya están en preparación, lo mismo que los instrumentos que impondrían los gobiernos.

Los dos gigantes estadounidenses de la informática, Apple y Google, hasta ahora rivales, se han asociado para insertar en los sistemas operativos (DOS, siglas de Disk Operating System o Sistema Operativo de Disco, iPhone OS y Android) de cientos de millones de teléfonos celulares en todo el mundo, un programa informático de “seguimiento de contactos” que previene al usuario si una persona contagiada con el coronavirus se acerca a él. Tanto Apple como Google aseguran que el programa “respetará la transparencia y la vida privada de los usuarios”.

Dos universidades estadounidenses, la Rice University y el mismo MIT, están trabajando en otro sistema de seguimiento aún más eficaz —el de los “certificados digitales”— con el apoyo de la Bill & Melinda Gates Foundation, creada por Bill Gates, fundador de Microsoft. El propio Bill Gates, en respuesta a un empresario que le preguntaba cómo reanudar la actividad productiva respetando el distanciamiento social, dijo: “Finalmente tendremos certificados digitales para mostrar quién está curado o ha pasado recientemente un test de detección o, cuando tengamos vacuna, quién se ha vacunado” (31 questions and answers about COVID-19, The Blog of Bill Gates, 19 ‎de marzo de 2020).

El certificado digital que menciona Gates no es el ya existente carnet electrónico de salud: la Rice University anunció en diciembre de 2019 la invención de un sistema de puntos cuánticos en base a cobre, que, al ser inyectado en el cuerpo junto con la vacuna, “se convierte en algo así como un tatuaje con código de barras que puede leerse con un Smartphone personalizado” (Quantum-dot tattoos hold vaccination record, Mike ‎Williams, Rice University, 18 de diciembre de 2019). El MIT ha desarrollado una tecnología similar (“Invisible Ink Could Reveal Whether Kids Have ‎Been Vaccinated”, Scientific American, 19 de diciembre de 2019). La producción de esta tecnología fue solicitada y financiada por la fundación de Bill y Melinda, que, según afirma, habrá de utilizarla para controlar la vacunación de niños particularmente en los países del Tercer Mundo, y en una vacunación a escala mundial contra la coronavirus.

Este es el futuro “modo de vida” que están gestando los abanderados de la libertad: distanciamiento social con vigencia perpetua; de geometría variable pero miedo invariable a que se nos acerque una persona contagiada con el virus, cuya cercanía sería anunciada/denunciada de inmediato por una alarma en nuestro teléfono celular; y control permanente a través del “código de barras” implantado en nuestro cuerpo. Sería una especie de extensión de los sistemas militares que ya permiten seguir e incluso liquidar objetivos humanos.

Día a día se confirma que la pandemia deja más interrogantes que certidumbres. ¿Cómo neutralizar, en el actual contexto regional, esa renovada y necesaria combinación entre el insaciable apetito de las grandes corporaciones y el control social, las dos caras de la moneda imperial? ¿Seremos capaces de lograr que nuestra democracia sobreviva al autoritarismo camuflado sin hacer concesiones?

 

 

 

 

1 comentario
  1. Jorge Enrique Lopez mirossevich dice

    Cuando Roma sofocó finalmente la rebelión de la reina britana Boudica mantuvo esa situación 300 años más hasta que volviera a hablarse de independencia. En nuestra región nunca la habrá salvo como cipayos de Roma cualquiera que ésta sea.

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