En marzo del 2000, Hugo Moyano, por entonces líder de la CGT “rebelde”, informó en el Congreso de la Nación que unos meses antes había tenido una reunión con el ministro de Trabajo Alberto Flamarique y con otros líderes sindicales. El objetivo del encuentro había sido analizar el proyecto de reforma laboral del gobierno de Fernando de la Rúa. La votación era incierta, ya que, si bien el oficialismo contaba con mayoría en la Cámara de Diputados, la oposición peronista controlaba el Senado. Moyano, opositor al proyecto, le advirtió al ministro que el Senado podría rechazar la reforma. Flamarique contestó con una frase que quedó en la historia e impulsó la mayor crisis del gobierno de la Alianza: “Para los senadores tengo la Banelco”.
Moyano afirmó no haber dado importancia al comentario hasta que unos meses después, ya votada la ley, circuló la denuncia de un pago de sobornos a varios senadores. Al parecer, la Banelco tenía fondos.
En 2003, el secretario parlamentario —el radical Mario Pontaquarto— confesó haber participado en el soborno a los senadores, aportando unos cinco millones de dólares a través de la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Se inició entonces una investigación judicial que luego de diez años concluyó que no existía evidencia que corroborara las denuncias del secretario y absolvió a todos los implicados.
El gobierno de la Alianza había presentado el proyecto como una necesaria “modernización” del mundo del trabajo —un eufemismo para flexibilización laboral— que impulsaría las inversiones y los puestos de trabajo, en un contexto de desempleo por encima de los dos dígitos. La relación entre flexibilización e inversión es, en realidad, una de las tantas alucinaciones neoliberales. Si los inversores del mundo determinaran sus inversiones en función de las regulaciones laborales, elegirían como destino Sierra Leona antes que cualquier país de la Unión Europea, cuyas leyes laborales son mucho más restrictivas. No parece ser el caso.
En realidad —al ampliar el período de prueba (de uno a seis meses), al eliminar los convenios de ultraactividad anteriores a 1975 y al habilitar convenios por empresa, en lugar de por rama o actividad— la flexibilización laboral era una enorme transferencia de recursos de abajo hacia arriba. Sólo mejoraría el balance de las empresas, lo que en nuestro país no se traduce en mayor inversión, sino en un incremento de los márgenes de ganancia, cuyo destino suele ser la fuga.
“Parecía que estábamos en el túnel del tiempo, porque ver a funcionarios, senadores, allí presentes, evidentemente nos traía a la memoria aquellos gobiernos que recibían permanentemente instrucciones del Fondo Monetario Internacional para perjudicar a los trabajadores”, explicó Moyano unos meses más tarde, en sede judicial. El camionero no se equivocaba: la ley de flexibilización fue una exigencia del Fondo Monetario Internacional al gobierno de la Alianza.
El Vicepresidente Chacho Álvarez, líder del FREPASO —la componente progresista de la Alianza—, militó la reforma laboral, pese a ser una iniciativa ubicada a las antípodas de las ideas defendidas por su espacio político. Es más, en 1997, cuando todavía estaba en la oposición, había denunciado los decretos de flexibilización laboral del Presidente Carlos Menem por “violar la Constitución nacional, el artículo 14 bis”.
Pero, al parecer, la coyuntura había cambiado y, en el año 2000, era necesario dar una prueba de seriedad al FMI (o, mejor dicho, una prueba de amor), demostrando que un gobierno de centroizquierda podía tener el pragmatismo suficiente como para apoyar una ley que consideraba nefasta. Unos años después, Álvarez justificaría su decisión por la responsabilidad de gobierno: “Era un gobierno de cuatro meses, yo era el Vicepresidente, no compartía las decisiones que tomó mi gobierno y lo discutimos internamente, pero salí a defender al gobierno porque si el Vicepresidente, a los cuatro meses en una alianza, salía a enfrentar al gobierno, era el caos político”.
Las denuncias del pago de coimas desestabilizaron a Álvarez, quien exigió una investigación interna. La negativa de De la Rúa a seguirlo en esa postura, sumado al apoyo del Presidente a Flamarique, lo convencieron de renunciar a la Vicepresidencia en octubre del 2000: “Hacer gestos políticos fuertes es lo que está esperando la sociedad para resolver la crisis política”, afirmó y se comprometió a “seguir luchando” para que nadie sienta que “la política sea similar al delito”. Unos minutos después, De la Rúa apareció por televisión para afirmar que “No hay crisis, ni problemas”. Algunos asesores del Presidente, incluyendo a su hijo Antonio, consideraron que la renuncia del Vice podría incluso fortalecer la figura presidencial.
Un poco más de un año después, escaparía en helicóptero, dejando atrás un país en llamas y un tendal de muertos.
Hace diez días, Data Clave difundió una serie de audios del director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que denunciaba un esquema de coimas; cuyos principales beneficiarios serían el secretario de la Presidencia, Lule Menem, y la “primera dama”, Karina Milei. Frente a esa bomba lanzada en plena campaña electoral, el gobierno reaccionó de forma asombrosa y apartó al funcionario. Es decir que castigó al denunciante, sin siquiera prometer una vaporosa investigación interna. Desde entonces no ha conseguido hacer un control de daños eficaz. Sus funcionarios pasaron de negar que fuera la voz de Spagnuolo a considerar la posibilidad del uso de IA, para luego sostener que miente; es decir, reconocer que los audios son de él. La oposición denunció con ahínco ese posible esquema de recaudación ilegal y el ingenio popular hizo el resto, como la cantante María Paula Godoy, quien lanzó el nuevo hit Alta coimera.
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La denuncia de coimas indignó a varios compañeros de ruta del oficialismo, como el humorista cordobés Luis Juez, nuestro ex bufón de embajada: “Yo lo acompaño al Presidente, me considero amigo del Presidente, estoy convencido de su honestidad, pero necesito que esto se aclare (...). Me putearon por haber votado a favor de la emergencia en discapacidad y en salud pediátrica, ¿y no hay plata para la asistente terapéutica de mi hija, pero sí hay para la cometa? Yo necesito a gritos que el tema se aclare”.
Juez, padre de una chica con discapacidad, se indigna más por las denuncias de corrupción que por las políticas devastadoras del gobierno en el área de salud. Es más, podemos imaginar que, sin la atención que requiere su hija, es posible que el tema no le hubiera preocupado, como no parece detectar los otros casos de crueldad explícita que el gobierno disfraza de equilibrio fiscal. Reduce así su apoyo a un hecho personal, la supuesta honestidad del Presidente, de la que aclara no dudar. Es decir que, si no hubiera coimas, seguiría dando su apoyo político —más allá de alguna discrepancia puntual— a un gobierno que está destruyendo la salud pública. En realidad, con o sin sobornos, su hija, como miles de personas con discapacidad, quedará sin pensión. Ese es el hecho político que debería preocuparlo mucho más que la eventualidad de un delito.
Al indignarse por las sospechas de corrupción, es decir, por el aspecto instrumental de la ley de flexibilización laboral, antes que por su contenido, Chacho Álvarez eligió un camino parecido: el enunciado moral por encima del análisis político. Esperaba con cierto candor que los senadores aceptaran traicionar a sus representados de forma gratuita. Del mismo modo, redujo un desacuerdo entre partidos a una discrepancia entre políticos. Al renunciar, por razones atendibles (De la Rúa nunca lo reconoció como socio político), eligió la épica personal antes que la decisión colectiva: si el acuerdo político ya no tenía vigencia, era el FREPASO que debía dejar el gobierno, no sólo su líder.
Lo que define a este como a cualquier gobierno son las iniciativas políticas y sus consecuencias en el bienestar de las mayorías. Obligar a las personas con discapacidad a desplazarse varios kilómetros para padecer un laberinto administrativo cuyo único objetivo es desalentarlas en el justo reclamo de un derecho, es lo que cualquier político popular debería rechazar de plano. Que sus funcionarios ejerzan esa brutalidad social por lucro y no ad honorem, sólo agrega un delito más a un modelo de crueldad explícita que hoy parece hacer agua.
Rechazar que “la política sea similar al delito”, para retomar el deseo de Chacho Álvarez, consiste en frenar proyectos devastadores para las mayorías, sean o no aceitados por un soborno oportuno.
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