Las violencias

Detenciones arbitrarias y golpes, la marca de las fuerzas de seguridad durante la cuarentena

La Argentina entrará hoy en su tercera semana de aislamiento social obligatorio. Las calles despobladas se llenan con otras presencias: las de las fuerzas de seguridad, que deben asegurar el cumplimiento de la cuarentena. Sin embargo, esa presencia también da lugar a prácticas abusivas. En Capital y en la provincia de Buenos Aires, son varios los organismos y dirigentes políticos que vienen advirtiendo que hay patrones de sistematicidad que necesitan ser revisados.

 

Otros virales

El 24 de marzo fue un día extraño sin la marcha que año a año congrega a miles hasta la Plaza de Mayo. Ese mismo día, empezó a viralizarse en redes sociales un video de un chico que corría de un lado al otro de la Avenida Córdoba para evadir a un policía que quería requisarle la mochila y que le había dado una patada en la ingle. La persecución terminaba de la vereda contraria con dos policías tras el muchacho y con un vidrio roto de un local por parte de uno de los efectivos.

Los policías eran integrantes de la comisaría comunal 1, según pudieron determinar José Cruz Campagnoli y Flavio Turné Camacho, que presentaron una denuncia penal por los hechos. Los dos integrantes de Puebla-Fuerza Colectiva advirtieron que se trataba de la misma comisaría que intervino en otro caso de violencia policial que se viralizó en los últimos días.

El 4 de abril, se ve a dos policías de la Ciudad – una mujer y un hombre – que arremeten contra una pareja que dormía en la calle Esmeralda al 500. Al muchacho lo golpea el policía con fuerza y lo empuja contra la reja de un local. Desde una ventana vecina se registra el episodio.

En la presentación judicial, sostienen que se trata de una pequeña muestra de la violencia institucional propinada de manera sistemática por la Policía de la Ciudad y cuyas víctimas al parecer son siempre las mismas: jóvenes y de sectores vulnerables.

La causa quedó radicada en el juzgado de instrucción de Mónica Berdión de Crudo, la jueza que tuvo a su cargo la investigación de la represión en el Parque Indoamericano de 2010. Berdión de Crudo sobreseyó a los jefes y a los agentes de la Metropolitana y de la Federal responsables por dos homicidios y varios casos de lesiones. Su fallo fue revocado luego por la Cámara del Crimen porteña.

 

Patrones

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó la semana pasada un pedido de informes dirigido al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, también a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad. En él, detallaba casos de detenciones arbitrarias en la Ciudad de Buenos Aires. “Estas detenciones, que muchas veces no llegan a registrarse formalmente, se realizan con mayor repetición en villas de emergencia y en barrios populares y afectan sobre todo a jóvenes y personas en situación de calle. Pero además se observan, aunque en menor medida, detenciones abusivas en barrios céntricos de hombres y mujeres de edad avanzada”, explicaron.

El CELS le pidió al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta detalles sobre cómo se investigaron los hechos que constan en la presentación – entre los que se incluyen los denunciados en el juzgado de Berdión de Crudo así como otros – y qué medidas está tomando su administración para que no vuelvan a repetirse.

 

Cuando ir a buscar ayuda es un riesgo

Sin embargo, desde que se inició la cuarentena, las denuncias por arbitrariedades de las fuerzas de seguridad se convirtieron en moneda bastante corriente. Lo sorprendente es que en la Ciudad de Buenos Aires aparecieron en escena funcionarios del propio Ministerio de Justicia y Seguridad siendo parte de esas arbitrariedades.

El mismo día del inicio del aislamiento, la periodista de La Nación Luciana Vázquez denunció en su cuenta de Twitter que había sido increpada por una persona de civil que se presentó como subsecretario de la Ciudad y que le preguntaba por qué estaba rompiendo la cuarentena. Ella le explicó que era periodista y que, por lo tanto, estaba exceptuada. La persona en cuestión dijo no estar al tanto y se negaba a identificarse. Se trataba efectivamente del subsecretario de Seguridad, Juan Pablo Sassano. No es ésta la única postal que lo tiene como protagonista.

Martín Quiroga vive en San Martín y es enfermo oncológico. El 25 de marzo, decidió salir en medio de una crisis de dolor rumbo al Hospital Roffo. Lo llevaban un sobrino y su esposa. Tenía los papeles que mostraban que estaba bajo tratamiento, pero lo demoraron cuando quiso cruzar la General Paz. Sassano — el mismo funcionario que demoró en la calle a la periodista — lo tuvo largos minutos contra el auto, mientras leía la documentación. No tenía ningún tipo de protección. Quiroga llevaba un barbijo y sus remedios en los bolsillos.

— Si usted no es consciente de que está saliendo con toda esta patología, es grave lo que está haciendo – lo aleccionó Sassano antes de dejarlo marchar.

El caso de Quiroga es uno de los que constan en el pedido de informes que presentaron las legisladoras porteñas Myriam Bregman y Alejandrina Barry (PTS- FIT). Bregman, que además preside la comisión de Violencia Institucional de la Legislatura, también tiene documentados casos de madres que salen a buscar las viandas de sus hijos o hijas y son paradas por la policía porteña y tienen que volverse con las manos vacías.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que viene registrando casos de violencia institucional, también tiene múltiples denuncias de personas a las que la Policía de la Ciudad impide hacer las compras en negocios de cercanía o salir a pasear a sus mascotas. En algunas oportunidades, estos casos terminaron en aprehensiones.

 

Las víctimas de siempre

Dos chicas y tres varones dormían en una esquina del barrio de Constitución. Eran las 19 del domingo 29 de marzo. Se despertaron por los golpes de unos policías que se habían bajado de dos patrulleros. Al más chico, un pibe menudito de trece años, le dieron un culatazo en la cabeza. A otro de los varones, un culatazo en la espalda. A las chicas les advirtieron que la próxima vez que las vieran iban a subirlas a un patrullero para violarlas.

Son chicos en situación de calle que alternan entre centros de día, tristemente acostumbrados a las violencias y aprietes de la policía. Después del ataque, salieron disparados hacia el Centro de Atención Integral para la Adolescencia y la Niñez (CAINA), que funciona en Paseo Colón, en busca de ayuda. Su caso es otro de los que analiza la Secretaría de Derechos Humanos.

 

La tradición bonaerense

Thiago tiene 17 años y vive en Punta Indio. Está por terminar la secundaria y, a veces, se gana unos pesos haciendo delivery de helados. No ahora porque no puede salir.  El 27 de marzo, violó la cuarentena para ir a verse con un amigo en el anfiteatro de la localidad. Cuando estaba en camino, apareció un patrullero de la Policía Bonaerense.

— Quedate ahí, la concha de tu madre – le gritaron.

Thiago salió corriendo y se metió en un patio de una casa. A los minutos, escuchó los pasos de la policía. Lo primero que sintió fueron los tirones en el pelo. Después, lo empujaron al piso y le pisaron la cabeza. Lo que siguió fue un intento de ahorcamiento. Cuando creyó que todo había terminado, lo subieron al patrullero y pusieron la calefacción al máximo, hasta casi asfixiarlo. En la comisaría lo fotografiaron y, después de varias horas, lo liberaron.

Escribió en redes sociales qué había pasado y su caso llegó a los militantes de derechos humanos de Punta Indio y a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Thiago hizo una denuncia ante la ayudantía fiscal de Verónica, pero todavía no hay imputados. A nivel administrativo, tampoco hay desafectados de la fuerza. A la CPM le informaron que los policías identificados ya no estaban patrullando las calles, pero seguían en la comisaría. “Eso genera mucha preocupación”, remarca Sandra Raggio, directora general de la CPM.

Esa misma comisaría es la que intervino en la muerte de Sebastián Nicora, un pibe de 16 años que fue asesinado y cuyo cuerpo apareció en el balneario El Pericón en 2013. Para este año, antes de la declaración de la emergencia sanitaria, estaba previsto el juicio para el médico policial que fraguó la autopsia de Sebastián, diciendo que había muerto por un golpe y no por un proyectil de nueve milímetros.

 

Rasgos de sistematicidad

La CPM envió hace dos semanas una carta al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, denunciando quince hechos de violencia policial. En la misiva, le advertía al ministro que detectaba rasgos de sistematicidad en las prácticas de la Bonaerense. En los próximos días, ampliará la denuncia con otros diez casos más – que incluyen a menores de edad.

En La Matanza, policías bailando a seis varones jóvenes, a quienes obligaron a cantar el himno. Un patrullero que advertía que a las cinco de la tarde empezaba el toque de queda. En Ingeniero Budge, un hombre que estaba sentado en la vereda y se acercaba cuando pasaba un patrullero: “¿Cómo anda, oficial?” La escena – grabada desde una ventana vecina – terminaba con el hombre corriendo hacia dentro y rengueando después de que se escuchara una detonación de un arma. En Lomas de Zamora, las motos policiales andando por las veredas, aterrorizando a quienes estaban por la calle. En Gregorio de Laferrere, una mujer joven bajo las ruedas de un móvil sin chapa de la Bonaerense. En Bahía Blanca, la persecución contra quienes tienen que salir a la calle para poder comer: trapitos, cuidacoches, cartoneros.

Las últimas escenas de la Bonaerense en acción fueron el jueves pasado en el frigorífico Penta de Quilmes contra trabajadores que reclamaban por su pago. Berni declaró que la policía no había cumplido la orden de no reprimir e informó que se había desafectado a los oficiales que intervinieron. La intendenta Mayra Mendoza repudió la represión.

 

La mujer arrollada por un móvil de la Bonaerense en Laferrere. Fuente: CPM.

De película

En la madrugada del 30 de marzo, un grupo de gendarmes entró en la casa de una familia, diciendo que venían a buscar a alguien con fiebre, que había una denuncia por coronavirus. Después, los oficiales dijeron que se trataba de un operativo por drogas. En el video del operativo que registraron los habitantes de la casa, se escucha a un varón joven decir que hacía años que lo hostigaban. Es porque se trata de la familia que organiza la murga de chicos “Los Auténticos Reyes del Ritmo”, que en 2016 fue baleada por la gendarmería de Patricia Bullrich. Desde entonces, se espera que cinco gendarmes sean enjuiciados por disparar contra los pibes de la murga del Bajo Flores.

El abogado Adrián Albor, que llevó la denuncia a la Secretaría de Derechos Humanos, explica que se trata de una seguidilla de actos de amedrentamiento a la familia que comenzaron hace cuatro años. Por ahora no hay denuncia policial – porque en la comisaría 38 no la quisieron tomar – ni judicial.

En el Ministerio de Seguridad explicaron que se están investigando los hechos. Ésta es una de las diez denuncias internas por violencia institucional que tiene la cartera que dirige Sabina Frederic, todas por hechos sucedidos entre el 25 y 30 de marzo.

Hasta ahora, Frederic dispuso el pase a disponibilidad de cuatro gendarmes. Uno de ellos porque patrullaba las calles de Isidro Casanova pasando un audio de la película La Purga, anunciando una excepción para cometer delitos. Los otros tres efectivos por forzar a dos hombres a caminar en cuclillas y con las manos en la nuca por la villa 1-11-14. Por ese hecho se abrió una causa en la que interviene la fiscal Alejandra Mángano con la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN). La fiscal todavía espera los informes del ministerio y de la Gendarmería para poder avanzar con la causa.

La línea que sostuvo la ministra de Seguridad tanto en la reunión que mantuvo a principios de mes con sus pares provinciales como con diputados la semana pasa es la de no tolerar violencias o avances contra derechos. En tiempos excepcionales, los mensajes son clave para no dar rienda suelta a prácticas arraigadas en las fuerzas de seguridad a lo largo y ancho del país.

 

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