Perú, Colombia y Brasil celebran procesos electorales presidenciales que están redefiniendo el equilibrio geopolítico sudamericano. En escenarios políticos sumamente reñidos, y con una abierta injerencia del gobierno estadounidense, el rol de las fuerzas políticas pulcras de centro resulta incomprensible. Frente a candidatos de ultraderecha como Keiko Fujimori, Abelardo de la Espriella y Flavio Bolsonaro, dichas fuerzas políticas sugieren viciar el voto. Es el caso de Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno en Perú, Sergio Fajardo del Partido Dignidad y Democracia en Colombia, y Aécio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Sin querer queriendo, contribuyen a consolidar el triunfo de la ultraderecha en sus respectivos países y, lo que es peor, la renuncia a su soberanía y la sumisión al gobierno estadounidense en el actual contexto internacional en el que preservarla se presenta como uno de los grandes desafíos.
Perú / En el nombre del padre
La ilusión de los votantes del izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se ha esfumado después del anuncio de su triunfo por las dos principales encuestas (Ipsos y Datum) en el conteo rápido del domingo pasado. El viernes concluyó el conteo oficial y Keiko Fujimori obtuvo un margen estadísticamente milimétrico de apenas 650 votos. Si bien hay 300 mil votos impugnados ante los Jurados Electorales Especiales –el proceso podría tardar hasta dos semanas–, es remota la posibilidad de que el resultado se revierta.
El futuro de la gobernabilidad democrática es sumamente complejo, toda vez que el país ha quedado fracturado en tres partes iguales: los que no votaron a ninguno de los dos candidatos (ausentismo y votos nulos y blancos), el fujimorismo y la alianza de izquierda. Sin embargo, hay que recordar que ambos candidatos no sumaron juntos ni el 25% de los votos emitidos en las elecciones de primera vuelta. De los 35 partidos políticos que participaron en la contienda electoral, solo seis han logrado representación en el Congreso. En el Perú, solo 19% de la población está satisfecha con la democracia, el índice más bajo de la región, después de Haití. Geográficamente el país también está fragmentado: Fujimori tiene una alta votación en Lima y en el extranjero (63,5%), así como en algunas provincias de la costa norte peruana, pero Sánchez tuvo una votación abrumadora en la mayoría de provincias del país.
Si, como todo parece indicar, Fujimori asume la presidencia, controlará todas las instituciones del Estado: el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, entre otras. Durante la campaña, Keiko dijo que quería gobernar como lo hizo su padre, “en la cancha, viajando, escuchando y resolviendo los problemas”. El gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) se caracterizó por ser un régimen autoritario que desmanteló las instituciones democráticas tras el autogolpe de 1992, implementando un sistema donde la corrupción estructural y las violaciones a los derechos humanos fueron herramientas sistemáticas de control político.
Es importante destacar el informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, en el que señala que los medios de comunicación privados en el Perú mostraron una marcada falta de imparcialidad y un sesgo claro con determinadas posturas políticas durante la cobertura del proceso electoral 2026. Asimismo, identificó que un sector de la prensa privada actuó como caja de resonancia para difundir narrativas de falso fraude impulsadas por ciertos candidatos, e identificó que grandes medios privados ejecutaron campañas de demolición y ataques sistemáticos dirigidos contra candidatos específicos, como el caso de Roberto Sánchez.
Por otro lado, el actual embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, lideró el despliegue de personal diplomático en seis regiones del país, con la función oficial de vigilar la transparencia. Tres días antes de la elecciones había realizado una visita oficial al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo que no forma parte de las prácticas diplomáticas convencionales y bordea la delgada línea de la intromisión en los asuntos internos de un Estado soberano. Sin embargo, a diferencia de Colombia, ni Trump ni Marco Rubio interfirieron en el proceso. El gobierno peruano mantiene una relación cordial y no de confrontación con el estadounidense, y es parte del Escudo de las Américas.
En este tenso escenario de polarización, el rol de las fuerzas de centro ha sido determinante. Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno, optó institucionalmente por promover el voto viciado. Al rechazar la opción de izquierda, eligió la opción de un gobierno autoritario y subordinado a Estados Unidos.
Colombia / El hombre que amaba las armas
El panorama para el proyecto progresista colombiano se ha tornado adverso después de la elección en primera vuelta. Contrariamente a las proyecciones de las principales encuestas de opinión, que situaban al candidato oficialista de izquierda, Iván Cepeda, a la cabeza de la intención de voto, el aspirante de la derecha conservadora Abelardo De la Espriella consolidó una importante ventaja en los comicios del 31 de mayo: 43,7% de los votos, frente al 40,9% de Cepeda. De la Espriella se posiciona como el favorito para el balotaje del 21 de junio. No obstante, su eventual ascenso al poder está marcado por un profundo cuestionamiento ético y legal que divide a la comunidad jurídica del país.
La controversia gira en torno a la condición de ciudadano estadounidense por naturalización que posee De la Espriella y por el texto del juramento que tuvo que firmar para obtenerla. Su estatus jurídico se ha convertido en el eje central de un debate constitucional. La preocupación en los círculos académicos e institucionales se formalizó tras la publicación de un manifiesto firmado por veinte ex magistrados de las altas cortes y reconocidos expertos constitucionalistas. Estos juristas alertaron formalmente sobre los alcances legales y los potenciales “conflictos de lealtad” operativos que implicaría su estatus en los Estados Unidos en caso de asumir la jefatura del Estado colombiano y la comandancia de las fuerzas armadas.
El punto neurálgico del conflicto reside en el contenido del Oath of Allegiance o Juramento de Lealtad que De la Espriella pronunció de forma obligatoria durante su proceso de naturalización. En dicho texto, el ciudadano declara bajo juramento renunciar y abjurar absoluta y enteramente a cualquier fidelidad o soberanía extranjera de la cual haya sido súbdito o ciudadano. Los críticos sostienen que este compromiso internacional genera un impedimento ético insalvable, respaldados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, la cual señala que el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas no puede jurar fidelidad a una potencia extranjera ni menoscabar conceptualmente los principios de la soberanía nacional. Por el contrario, la defensa técnica del candidato de derecha sostiene que los requisitos contemplados en el artículo 191 de la Constitución colombiana son taxativos y claros: solo se exige haber nacido en el país, ser mayor de treinta años y gozar de los derechos ciudadanos en ejercicio. Bajo esta premisa, al permitir la legislación colombiana la múltiple nacionalidad de forma explícita, defienden la legitimidad constitucional de su postulación.
Mientras tanto, la injerencia del gobierno estadounidense en el proceso electoral es grosera. Esta semana el Presidente Gustavo Petro acusó formalmente a su homólogo estadounidense de “injerencia indebida” y de violar la Constitución de los Estados Unidos al haber manifestado su total apoyo público y explícito al candidato De la Espriella. Trump ofreció un “apoyo total” al país si dicho candidato resulta ganador.
Durante sus intervenciones públicas, incluyendo la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en su calidad de presidente durante junio, Petro ha catalogado este hecho como una “traición” y un quebrantamiento de los pactos de no intervención, y señaló que un mandatario extranjero apoyando de manera explícita a un candidato en otra nación quiebra las normas de respeto internacional.
Mientras que la candidata presidencial uribista Paloma Valencia (6,8% de los votos) endosará su caudal electoral al ultraderechista De la Espriella, Sergio Fajardo (4,25% de los votos) rehusó entregar respaldos oficiales. Al dejar a sus bases en plena libertad de conciencia, le resta al izquierdista Iván Cepeda el caudal moderado indispensable para contener el avance derechista del club Trump, Bolsonaro, Milei, Bukele & Kast.
Brasil / El refugio del último mohicano
Mientras la izquierda peruana y colombiana enfrentan un escenario adverso ante el avance de la ultraderecha, el 4 de octubre tendrán lugar las elecciones presidenciales, de la totalidad de la Cámara de Diputados, un tercio del Senado y sus 27 gobernadores en Brasil. En este complejo panorama, el Presidente Lula se posiciona favorablemente en las encuestas. A diferencia del reñido escenario que preveían las encuestas a principios de año, entre Flávio Bolsonaro y Lula, el panorama electoral brasileño experimentó un giro drástico a mediados de mayo tras el debilitamiento en la intención de voto del senador y precandidato de la derecha. El factor determinante de esta caída fue la filtración de Intercept Brasil de una grabación de audio de carácter sensible, en la que se escucha al legislador Flávio Bolsonaro exigir transacciones de millones de dólares a Daniel Vorcaro, ex propietario del Banco Master, quien enfrenta cargos por el mayor fraude y estafa financiera registrados en la historia contemporánea brasileña. Flávio había negado conocer al banquero para luego admitir la relación al verse expuesto, lo que indignó incluso a sectores de su propia base electoral.
Esta situación obligó al senador Bolsonaro a realizar un viaje de emergencia a Washington a finales de mayo para reunirse con Trump en la Casa Blanca. Sus objetivos políticos fueron desviar la atención pública de los audios del banquero preso, reemplazando los titulares de corrupción por una foto junto al mandatario estadounidense. Bolsonaro ofreció a Trump una alianza estratégica bajo la iniciativa del Escudo de las Américas si ganaba la presidencia, y el mayor trofeo fue el anuncio que gestionó ante el gobierno estadounidense: que las principales facciones criminales de Brasil, el PCC (Primer Comando de la Capital) y el Comando Vermelho (CV), fuesen clasificadas por Washington como “organizaciones terroristas extranjeras”. Aunque esto generó una fuerte respuesta del gobierno de Lula, por considerarlo una violación a la soberanía de Brasil, la foto con Trump sirvió para reanimar digitalmente a las bases más duras del bolsonarismo.
Tras el escándalo de los audios, según la firma AtlasIntel para Bloomberg News, Bolsonaro perdió entre 4,7 y 6 puntos porcentuales en menos de diez días. Antes de la filtración, lideraba un escenario de segunda vuelta con el 46,9% frente al 44,4% de Lula. Tras el escándalo, Lula pasó al frente con el 47,7% o 48,9%, mientras que Bolsonaro cayó al 42,2%. En la primera vuelta (Encuesta Genial/Quaest) las mediciones de junio reflejan que Lula lidera con el 39% de la intención de voto, seguido por Bolsonaro con el 29% y Aécio Neves como la carta del centro del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) con 8,1%.
La postura para la segunda vuelta del líder del PSDB, Aécio Neves, es la de una estricta neutralidad institucional, en la que rechaza endosar oficialmente a cualquiera de los dos lados, pues considera que el gobierno de Lula alimenta deliberadamente la polarización radical para sobrevivir políticamente, pero a la vez ha marcado un fuerte distanciamiento de la familia Bolsonaro para no salpicarse con la corrupción y, así, poder ampliar su bancada de diputados.
Conclusión
La reconfiguración del mapa político sudamericano en este ciclo electoral evidencia la interacción de profundas tensiones institucionales internas con una fuerte injerencia de Estados Unidos. Mientras vemos en el Perú la continuación de un gobierno autoritario (pues el fujimorismo ha gobernado desde el Congreso desde que Castillo fue vacado en diciembre de 2023) y a una Colombia donde las preferencias electorales se inclinan hacia un candidato con compromisos constitucionales con Estados Unidos, el caso brasileño representaría la excepción del subcontinente.
Los partidos de centro tienen la posibilidad de evitar el ascenso de los ultraderechistas Fujimori, De la Espriella, y Bolsonaro. Sin embargo, dejarán que sus electores voten por su cuenta, mientras el partido se declara formalmente en oposición al ganador. Es decir, libertad de acción, lavado de manos institucional y oposición automática.
En una Sudamérica donde las urnas muestran una clara inclinación hacia discursos de derecha radical, y donde la política exterior norteamericana recupera influencia de manera sutil en Lima o explícita en Bogotá, Brasil emerge como el principal y el único contrapeso regional. Al igual que el personaje de la obra literaria de Cooper, Lula da Silva se perfila como el último gran referente de la denominada marea rosa en un entorno regional predominantemente conservador.
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