Lejos de la justicia

Una causa con demasiadas irregularidades

 

El 8 de abril cumplirán dos años de prisión preventiva el secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones de la seccional San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y el delegado del mismo gremio de la ciudad de San Pedro, Fernando Espíndola, acusados de los delitos de turbación de posesión, extorsión y extorsión en grado de tentativa y coacción. La causa fue elevada a juicio y apelada por los abogados defensores que, sin resultados, presentaron un recurso de queja ante el Tribunal de Casación Penal que fue admitido. Y que como expresó en diálogo con El Cohete uno de los abogados defensores, Javier Mora, dejó “sin efecto la elevación a juicio”.

El 31 de mayo de 2023, el Juzgado de Garantías n.º 3 de San Nicolás —a cargo de María Eugenia Maiztegui— resolvió rechazar las recusaciones planteadas por la defensa, así como las nulidades, cambio de calificación legal y pedido de sobreseimiento de los acusados y dispuso la elevación a juicio. Los abogados defensores apelaron. El recurso fue declarado inadmisible por la Cámara de Apelación y Garantías de San Nicolás el 13 de julio. Fue así que la defensa presentó un recurso de casación, que también fue declarado inadmisible por esa Cámara, el 3 de agosto de 2023. Los abogados defensores, Analía Verónica González, Mauricio Daniel Gugger y Javier Moral, articularon una queja ante el Tribunal de Casación que fue admitida lo que dejó sin efecto lo resuelto por la Cámara de Apelación y Garantías.

“En toda la parte de investigación faltan elementos para que sean juzgados, pericias contables que demuestren efectivamente si se habría extorsionado a los damnificados o básicamente si el cobro efectuado por Cabaleyro y Espíndola obedecía a un reclamo indemnizatorio de naturaleza laboral, en virtud de que venían representando a 12 trabajadores que habían sido echados a contramano de lo que establece la ley laboral y no habían sido indemnizados”, explica Javier Moral.

 

 

La causa

Todo comenzó cuando los dueños de la empresa Rey Distribución, de la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, denunciaron penalmente a los sindicalistas en 2021. El viernes 8 de abril de 2022 lograron que el Poder Judicial dictara las prisiones preventivas de los gremialistas. Ariel Rey y su hermano Gustavo, junto a su padre, son propietarios de la empresa distribuidora de alimentos que lleva su apellido. Los hermanos Rey forman parte del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo Argentino (MEABA), fuerza de choque contra la protesta sindical, motorizada y referenciada en el PRO. La abogada y senadora bonaerense Florencia Arietto es su cara visible.

Los Rey contaron con el patrocinio de Arietto, que logró que la Fiscalía 7 del departamento judicial de San Nicolás —a cargo de María del Valle Viviani— impute y pida la detención de los sindicalistas. La jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui convalidó la decisión. La empresa tuvo dos bloqueos por parte de Camioneros. El primero fue el 15 de enero de 2021 y el segundo, desde el 22 hasta el 25 de febrero de ese mismo año. Esas medidas de fuerza del gremio se debieron a que la empresa incumplía el convenio laboral. Después del primer bloqueo, los Rey pasaron —como correspondía— a 12 trabajadores a Camioneros y pagaron la diferencia y deuda existente por tenerlos en otro convenio. A ese pago por lo adeudado, los Rey lo llamaron extorsión y el Poder Judicial avaló y encarceló a los dirigentes sindicales.

 

Las "heroínas" presentadas por el diario La Nación, el 12 de mayo de 2022, por meter presos a sindicalistas de Camioneros.

 

 

El supuesto extorsionado, extorsionador

Como revelamos en El Cohete, los abogados defensores accedieron a audios no transcriptos en la causa. En uno de ellos se lo escucha a Gustavo Rey expresándole a Cabaleyro: “Te voy a hacer ganar plata”. Le propone juntarse con él y con gente que le podía dar soluciones. El supuesto extorsionado ofreció dinero al supuesto extorsionador, quien no lo aceptó.

“Yo te estoy llamando constructivamente”, le dice Rey a Cabaleyro. “Olvidate de la filmación, ya pasó toda esa pelotudez”, califica. Sus expresiones son una confesión. Esa filmación que los Rey en su denuncia presentaron como prueba de la supuesta extorsión, donde se los ve colocar dinero en una caja de galletitas que luego se llevan los sindicalistas, no era más que una corroboración de que los dirigentes sindicales iban a cobrar la deuda que los Rey tenían con el gremio. Gustavo Rey reconoce en la conversación telefónica con Cabaleyro que la supuesta prueba fue una “pelotudez”.

El presunto extorsionado no parece sentirse amenazado en ese diálogo. Le dice a Cabaleyro: “Te puedo asegurar que como vos viniste como caballero yo te voy a responder como caballero”. Maximiliano Cabaleyro responde: “No te hagas problema, Gustavo”. Y Rey continúa: “No, no. Pero aparte, te voy a responder como caballero y te voy a hacer ganar plata”. Cabaleyro le contesta: “Mi plata la gano laburando, Gustavo”.

La intervención de los teléfonos de Cabaleyro y Espíndola, solicitada por la fiscal María del Valle Viviani y concedida por la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui, contó con la acción arbitraria del personal policial perteneciente a la sub DDI Baradero-San Pedro, que procedió a transcribir las conversaciones en forma sesgada.

Como sostenía uno de los autores de la corriente sociológica sistémica, Robert Merton, “la prueba falsa crea con frecuencia una creencia verdadera”. Eso parece sostenerse en este expediente penal plagado de irregularidades, donde el supuesto extorsionado aparece extorsionando y nada de eso importa, porque la verdad ha quedado a un costado.

En la causa penal, los abogados defensores encontraron un legajo paralelo sin foliar y sin fecha. Allí había transcripciones de conversaciones entre un tal Francisco Sturm y el denunciante de los gremialistas, Gustavo Javier Rey, donde acuerdan entrega de información confidencial del sindicato a cambio de dinero. En ese cuerpo caratulado “Actuaciones complementarias legajo Fiscal”, también figuran transcriptas escuchas ilegales de conversaciones entre el abogado defensor Mauricio Gugger y sus clientes.

El abogado Javier Moral explica que en la denuncia por extorsión se plantea “que el monto que se reclamaba era ilegítimo, que no formaba parte de una indemnización económica por despido, sino que procedía a engrosar los bolsillos de los dirigentes sindicales. Cuestión que quedó claramente demostrada en los audios del propio denunciante que no era así”.

 

 

Impericia judicial

“El máximo tribunal provincial penal precisó que los jueces de la Cámara debían apartarse de seguir entendiendo en este proceso y que debía someterse a un nuevo sorteo de jueces para que pudieran analizar la situación. El Tribunal Oral que iba a juzgar entendió también que debía volver la causa a primera instancia para que se produzca nuevamente una investigación de acuerdo al debido proceso y se respeten las garantías judiciales”, precisa Moral.

Y durante la espera a que la causa vuelva a primera instancia, el abogado tiene la expectativa de que se produzcan las pericias contables y todo lo solicitado por la defensa, “para poder demostrar la verdad de lo sucedido”, señala Moral. “Nos habíamos opuesto a la elevación a juicio, porque cómo van a mandar a juicio a dos personas por extorsión cuando ni siquiera se dignaron a realizar una pericia contable”, se pregunta. Junto a sus colegas realizaron esos planteos en las apelaciones presentadas.

Moral expresa que la fiscal “Viviani —como titular de la acusación— ni siquiera secuestró los recibos de sueldo, para comprobar mediante una pericia si el monto de los 3.600.000 formaban parte de una indemnización o no. La liquidación de ese monto apareció en dos computadoras, la pericia informática encontró dos archivos de Excel, confeccionados con anterioridad a la audiencia de liquidación que se presentó”. Eso indica —refiere Moral— que “no es un invento, que esos 3.600.000 pesos conforman el monto que alcanza la liquidación de los 12 trabajadores”.

 

 

¿Yo, señor? No, señor

La situación de los detenidos fue morigerada cuando los abogados defensores lograron, tras los recursos presentados, la prisión domiciliaria. Pero ese elevamiento a juicio de una causa plagada de irregularidades, que llevó a que la Sala V de la Cámara de Casación Penal de La Plata determine “reenviar las actuaciones a la instancia de origen para que, debidamente integrada, dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho”, trae el desentendimiento de los actores judiciales. Como si se tratara del juego del gran bonete, nadie se hace responsable por los detenidos.

“En la actualidad los imputados Cabaleyro y Espíndola están a la espera de que se conforme una sala de la Cámara de Apelaciones de San Nicolás, con tres jueces que revisen la elevación a juicio que fue declarada sin efecto por el máximo Tribunal Penal (la Cámara de Casación Penal)”, relata el abogado defensor. “En ese ínterin, al declararse sin efecto el elevamiento a juicio, el Tribunal Oral entendió que no correspondía ingresar en el tratamiento y la envió a primera instancia, a cargo de la jueza Maiztegui, quien dijo que ya no es resorte de su juzgado, toda vez que la había enviado”.

Esas excusaciones de los funcionarios judiciales intervinientes son la razón por la cual en este momento no hay “ni Juzgado de primera instancia, ni Cámara conformada, ni Tribunal Oral, que esté de alguna manera juzgando o a cargo de ambos detenidos. En consecuencia, hay una incertidumbre de quién es el juez natural en caso de que ante alguna emergencia tuviera que entender en la situación de Cabaleyro y Espíndola”, explica Javier Moral.

 

 

Homo videns

El video que presentaron como evidencia los empresarios en la causa no hace más que corroborar cómo los dirigentes sindicales van a cobrar la deuda que los Rey tenían con el gremio. Se utiliza la misma lógica que con Milagro Sala de invertir la carga de la prueba. En aquel caso, en la filmación —que terminó en manos del grupo Clarín para demonizar a la dirigente social y su obra— hecha por cámaras de un banco, se veía a cooperativistas de la Túpac embolsando dinero, pero no se mostraba que anteriormente habían cobrado un cheque.

Esa reproducción fue reiterada hasta el hartazgo por un grupo económico monopólico, antidemocrático y promotor de la inflación como es Clarín, para que todos los televidentes creyeran que “así robaba Milagro”. El proceder con los sindicalistas de Camioneros es el mismo, en un expediente judicial que apesta por su ilegalidad.

Estamos en evidencia de lo que Giovanni Sartori desarrolla como tesis. El homo sapiens se está degradando a un homo videns por efecto de una cultura de puras imágenes. Aunque aquí se sabe que el efecto del impacto, de lo efímero, cobra su importancia y no se analiza que hay detrás, para que la falsedad de lo que parece ser no se rompa.

Tienen detenidos a dirigentes gremiales por el delito de luchar. Pero eso es lo que se esconde, porque los sindicalistas son el chivo expiatorio. Dejaron de ser personas porque pasaron a formar parte de un ellos, como nos enseña el libro La palabra de los muertos. “La percepción del otro diferente como parte de un todo maligno. El soviético Ilja Ehrenburg (1891-1967) lo definió muy claramente: ‘Ninguno de ellos era culpable de nada, pero pertenecían a una clase culpable de todo’ (Zaffaroni, 2011:461).

 

 

Rey sin corona

Ariel Rey fue candidato a intendente en San Pedro por Juntos por el Cambio, pero salió segundo. No pudo superar al candidato de Unión por la Patria, Cecilio Salazar. Por su derrota culpó a sus aliados radicales, a su primer candidato a concejal Martín Rivas y a los aliados a los que había vencido en las PASO. Es decir que los siete ediles que consiguió en el Concejo Deliberante no reconocen su liderazgo, como informó el semanario La Opinión de esa ciudad.

Rivas, según el medio sampedrino, atribuyó, en un mensaje interno, la derrota a “la soberbia, el autoritarismo, falta de palabra y código de Ariel Rey y sus aplaudidores, Enzo Gravino y Jonatan de la Fuente, y personajes oscuros como el matancero que manda Arietto”. Rey sigue en contacto con su asesora letrada en la causa armada contra sindicalistas. Su vínculo es mucho más que el de abogado-cliente. Los une el deseo de realizar un proyecto libre de sindicalistas. “Nos reunimos con Ariel Rey, nuestro referente en San Pedro, para hablar de todo lo que podemos construir como equipo para los bonaerenses”, escribió el 27 de febrero Florencia Arietto desde su cuenta en Facebook.

 

Ariel Rey en el despacho de la senadora Florencia Arietto.

 

 

Sin pruebas, con creencias verdaderas

Arietto, desde el MEABA, intenta demostrar que está el bien, Dios, que trabaja, que son los empresarios que invierten, y está el mal, Satán, que son los sindicalistas, a los que considera mafias, delincuentes, por hacer cumplir los derechos de los trabajadores a esos empresarios. Arietto establece que no hay lugar neutral para su propósito y que es necesario hacer desaparecer toda lucha y organización sindical. Vuelve al mundo agustiniano explicado en La palabra de los muertos: una visión binaria “donde se está con Dios o con Satán, y Satán en hebreo significa enemigo, o sea, que se estaba con Dios o con el enemigo” (Zaffaroni, 2011:26).

Nada nuevo bajo el sol ocurre en el presente. La pionera de la criminología española, Concepción Arenal (1820-1893) realizaba su crítica a la prisión preventiva. En su trabajo Estudios penitenciarios decía que “imponer a un hombre una grave pena, como es la privación de la libertad; una mancha en su honra, como es la de haber estado en la cárcel, y esto sin haberle probado que es culpable y con la probabilidad de que sea inocente, es cosa que dista mucho de la justicia”.

Los dos sindicalistas de Camioneros detenidos por una denuncia de empresarios que forman parte del MEABA es la muestra de cómo el sector empresarial, mediático-judicial y político lleva adelante la pulsión de la venganza. La palabra de los muertos nos enseña que “nos han colonizado mentalmente —en especial en las facultades de derecho— para no ver esto, para concebir al sistema penal como un instrumento de la justicia, cuando en verdad a la pobre justicia el sistema penal le rompe la balanza y, aprovechando que es ciega, le hace dar sablazos hacia donde quiere. Ha llegado el momento de levantarle el velo a la justicia para que vea bien dónde golpea” (Zaffaroni, 2011:501).

 

 

 

 

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