Liberales de Torquemada

 

El 3 de junio de 1987, el Congreso de la Nación aprobó la ley 23.515 que permitió no solo divorciarse sino también volver a contraer matrimonio. Fue la última ampliación de derechos impulsada desde el radicalismo.

Por supuesto, no fue la primera discusión alrededor de ese tema en nuestro país. Llevábamos más de un siglo de debates, al menos desde que los gobiernos de la llamada Generación del ‘80 impulsaron una terrible grieta a través de la sanción de las polémicas leyes de Matrimonio Civil, Registro Civil y Educación Común, que le quitaron a la Iglesia algunas de sus prerrogativas históricas.

La Ley de Matrimonio Civil, sancionada en 1888, modificó el Código Civil redactado por Vélez Sarsfield, que mantenía los principios del matrimonio canónico vigentes desde el período colonial. La nueva norma establecía la posibilidad del divorcio, aunque consistía únicamente en la separación personal de los esposos, sin que se disolviera el vínculo matrimonial. Es decir, sin que nadie pudiera volver a casarse. Además, para conseguir el divorcio había que admitir una acción contraria a la moral o francamente delictiva: el adulterio de la mujer o del marido, la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, la crueldad explícita e incluso los malos tratos que hicieran intolerable la vida conyugal. Pedir el divorcio equivalía a una confesión de parte.

En 1954, bajo el primer peronismo, se dictó la ley 14.394 que admitió que los divorciados pudieran casarse nuevamente, pero no duró mucho. Un año más tarde, la autodefinida Revolución Libertadora derrocó al Presidente Juan D. Perón y derogó la nueva norma. Los liberales imaginarios de aquella época, como los actuales, también defendían la libertad restringiéndola.

Los debates sobre el divorcio vincular que precedieron la sanción de la ley en 1987 fueron acalorados y en algunos aspectos serían retomados más de dos décadas después, bajo la presidencia de CFK, en el marco del debate sobre el Matrimonio Igualitario.

La Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), operó a cielo abierto sobre diputados y senadores. El obispo de Mercedes, Emilio Ogñénovich, tomó el mando del ala más dura. Con otros entusiastas del derecho canónico organizó una procesión desde la basílica de Luján hasta la Plaza de Mayo bajo el lema “la familia es garantía y esperanza en nuestra patria”. Con tono profético afirmó: “Sepan, cuando pretenden atentar contra el matrimonio y la familia, que sobran corazones valientes, sobran católicos con capacidad de héroes para defender lo que es pilar básico de la sociedad argentina: la familia y el matrimonio”. No deja de asombrar que el matrimonio fuera defendido tan apasionadamente por alguien que lo rechazó de forma contundente al optar por el voto de castidad.

La Cruzada Cristiana Anticomunista, un grupúsculo muy activo a la hora de detectar enemigos imaginarios, concurrió a la procesión en repudio de “la droga, la pornografía, la inseguridad que impera en las calles, la infiltración marxista-leninista que sufrimos en la educación y el acercamiento peligroso al enemigo ateo y totalitario de la Unión Soviética”. No sabemos qué podría ocurrir primero al optar por el divorcio: la droga, la pornografía, la infiltración marxista-leninista o el acercamiento peligroso a la Unión Soviética, pero cualquiera de esas opciones sonaba realmente preocupante.

En una homilía en la Basílica de Luján, el sacerdote jesuita Alfredo Sáenz advirtió al poder político: “Que los hombres tengan cuidado. Que los gobernantes tengan cuidado. Que los legisladores tengan cuidado. Con Dios no se juega”. Por suerte, al final no hubo hogueras contra los legisladores recalcitrantes.

El diputado justicialista Alberto Medica opinó durante el debate que la ley produciría “un aumento de la drogadicción, la homosexualidad y la delincuencia” y, citando estadísticas creativas, concluyó que “el divorcio, entre otras cosas, aumenta la delincuencia juvenil, como lo demuestran los estudios efectuados en los Estados Unidos, donde el 90% de los delincuentes juveniles son hijos de padres divorciados”. El diputado Solari Ballestero, del Partido Autonomista de Corrientes, sostuvo que “si la familia pertenece al orden natural, no se la puede alterar sin perjuicio de alterar ese orden”. Gino Cavallaro, diputado justicialista por Entre Ríos, fue aún más drástico: “El divorcio penderá como una espada de Damocles sobre los matrimonios felices”. Al parecer, la imposibilidad de divorciarse sería la clave de la felicidad conyugal.

Por su lado, el senador radical Fernando De la Rúa, futuro Presidente breve, votó en contra del proyecto.

Un año antes de llegar al Congreso, el divorcio vincular había pasado por la Corte Suprema de la Nación. Fue a partir del reclamo judicial de Juan Bautista Sejean y Alicia Kuliba, quienes luego de haberse divorciado de sus parejas anteriores invocaban el derecho elemental a volver a casarse. La Corte respondió favorablemente y puso un punto final al matrimonio eterno. De los argumentos de los tres jueces que votaron por la inconstitucionalidad de la ley vigente, se destacó el de Enrique Petracchi, quien eligió defender “el derecho a fracasar”: “En cualquiera de los otros derechos constitucionales cada habitante de la Nación que goza de él y lo ejerce puede fracasar en obtener los resultados que buscaba al ejercerlo. Se puede fallar al ejercer el derecho a trabajar, o el de enseñar, o el de aprender, o el de ejercer una industria lícita, o el de peticionar a las autoridades, y así con los demás. En ninguno de los casos ese fracaso, que tratándose del derecho a casarse puede no obedecer en absoluto a causas controlables por la voluntad del titular del derecho, conlleva su pérdida definitiva”. Un fallo humanista, que apuntaba contra la crueldad de la norma y la hipocresía social que la sustentaba. Cuesta imaginar un argumento comparable impulsado por la Corte actual, un cardumen de operadores aterciopelados más proclive a defender las prerrogativas corporativas de sus socios y mandantes que a preocuparse por el bien común.

Hace unos días, el diputado Alberto Benegas Lynch hijo-hijo –hijo de Alberto Benegas Lynch hijo–, un señor grande al que le gusta que lo llamen Bertie, afirmó que le “hace ruido” que el casamiento entre dos personas del mismo sexo “se diga matrimonio” porque “en el plano personal, creo que al gato hay que decirle gato y al perro, perro y matrimonio viene del concepto mater, de la unión natural que existe de la familia entre hombre y mujer”.

En realidad, como explicó la medievalista Melisa Marti en su cuenta de X, si “matrimonio” viene de mater y eso zanja la cuestión, entonces es la unión de dos madres; es decir que Bertie estaría apoyando, al menos etimológicamente, el matrimonio igualitario.

No hay nada nuevo en esa alergia a los derechos de los homosexuales. Hace un año, la por entonces candidata a Vicepresidenta Victoria Villarruel consideró que no se debía llamar matrimonio a la unión entre dos personas del mismo sexo, ya que se trataría de una institución “que tiene más que ver con lo religioso”. Consideró, además, que la unión civil ya garantizaba los mismos derechos a los homosexuales, por lo que el matrimonio igualitario sería superfluo.

 

 

En realidad, de lo que se debate, al menos desde 1888, es de una institución civil, no religiosa. Además, si la unión civil otorgaba los mismos derechos que el matrimonio (lo cual, dicho sea de paso, es falso), ¿por qué no llamar a ambas instituciones de la misma manera?

El gruñido reaccionario de Bertie viene luego de otros, los que profirió desde España el secretario de Culto y Santo Oficio, Francisco Sánchez, quien no sólo denunció la Interrupción Voluntaria del Embarazo votada en la Argentina en 2020, sino también la Ley de Matrimonio Igualitario votada en 2010 e incluso el divorcio vincular establecido en 1987. A su regreso al país, Sánchez redobló la apuesta y afirmó con estadísticas tan imaginarias como las que invocó el diputado Alberto Medica hace casi 40 años: “Muchos sectores en la década del ‘80 decían las consecuencias graves del divorcio y las vimos reflejadas en cuántas cuestiones, que fueron estudiadas por especialistas de universidades públicas, como la UBA. Hay un estudio muy serio, bastante reciente, que indica que cerca de 30% de los chicos que son hijos de familias separadas sufren trastornos de ansiedad. Y los chicos de hijos de familias separadas tienen un rendimiento 25% inferior a hijos con familias consolidadas”.

Que un gobierno conformado por reaccionarios, terraplanistas y antiderechos de todo pelaje, que practica la crueldad como forma de gobierno y cuyo proyecto no consiste sólo en dejar atrás los 70 años imaginarios de peronismo sino en desandar el camino de la Generación del ‘80, consiga que se lo considere liberal es sin duda una proeza. No pasa un día sin que alguno de sus funcionarios invoque una nueva prohibición o una futura restricción.

En realidad, son liberales de Torquemada.

 

 

 

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