El viernes último se cumplieron diez años de la detención arbitraria e ilegal de Milagro Sala, ordenada por el entonces gobernador jujeño Gerardo Morales. En la misma semana en que la dirigente de la organización social Túpac Amaru quedó habilitada para solicitar su libertad condicional, organizaciones sociales y de derechos humanos llevaron a cabo una caravana y distintas actividades en Buenos Aires y en La Plata para reclamar por su liberación. Milagro se encuentra internada en Gonnet tras sufrir una descompensación el pasado 29 de diciembre. Organismos de derechos humanos señalaron que su caso sigue bajo monitoreo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sostienen que el proceso judicial tuvo impacto directo en su estado de salud.
“No hay democracia con presos políticos. Tienen detenida a la militante social que más viviendas construyó en la historia de la provincia de Jujuy. Por haber hecho Justicia social y luchar por la dignidad de la vida es que pagó injustamente con la cárcel Milagro. Libertad a Milagro Sala y a todos los presos políticos”, reclamó el diputado Eduardo Valdés.
@MilagroSala presa por dar dignidad al pueblo jujeño. #LibertadAMilagroSala#LibertadParaTodosLosPresosPoliticos @Kicillofok @ATECapitalOk @eldestapeweb @CTAok @CTAAutonoma @jorgeferraresi @MarioSeccoOK @JuanGrabois pic.twitter.com/7UgVjPkY7t
— Tupac Amaru Argentina (@tupacamarubsas) January 16, 2026
“Milagro fue detenida por ser mujer, pobre, negra, indígena y militante social. Su caso constituye un claro ejemplo de persecución política y judicial en la Argentina contemporánea, calificado como tal por organismos internacionales de derechos humanos”, recordó la CTA de los Trabajadores, en un comunicado que firman su secretario general, Hugo Yasky, y el de comunicación, Enrique Rositto.
“Al cumplirse diez años de una detención arbitraria, expresamos una vez más nuestra solidaridad con la compañera Milagro, exigimos el cese inmediato de esta persecución política a través de la vía judicial, denunciamos el hostigamiento que ha puesto en riesgo su integridad física y, por encima de todo, exigimos su libertad inmediata e incondicional”, plantearon. Sala integra la mesa nacional de la CTA-T.
“Hay una judicialización del cuerpo de Milagro Sala. Se olvidan de que ella es una persona que tiene que ser tratada con dignidad. El último año ha sufrido un ataque desenfrenado por parte del Poder Judicial jujeño, tratando de traerla (de La Plata a Jujuy) para conocimiento de una causa nueva, desconociendo la situación de salud que atraviesa”, explicó su abogada, Alejandra Cejas.
“Desde la Secretaría de Relación con los Pueblos Originarios de la CTA Autónoma nos solidarizamos por estos 10 años de prisión de Milagro Sala y sabemos que la cuestión es estrictamente política, no judicial”, dijo por su parte Miriam Liempe, al frente de la Secretaría.
La caravana coincidió con un momento judicial clave, ya que Sala cumple dos tercios de la pena unificada de 15 años de prisión, lo que habilita a su defensa a iniciar el trámite formal para solicitar la libertad condicional ante la Justicia.
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— Tupac Amaru Argentina (@tupacamarubsas) January 15, 2026
Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 luego de encabezar un acampe pacífico frente a la Casa de Gobierno de Jujuy. Su prisión se sostuvo gracias a un entramado de causas judiciales, prisiones preventivas extendidas y reencuadres procesales. En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas provisionales, ordenando al Estado argentino garantizar su vida, integridad personal y salud debido a su estado de “extrema gravedad y urgencia”, y sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario. Por estos días el gobierno nacional busca la derogación de esas medidas, mientras su salud continúa deteriorada al punto de requerir su hospitalización.
La Justicia jujeña, subordinada al ex gobernador Gerardo Morales, la condenó a 13 años de prisión en la denominada “Causa Pibes Villeros”, fallo que la Corte Suprema dejó firme en diciembre de 2022. Otra causa por amenazas sumó dos años más. En 2023, un tribunal de Jujuy unificó ambas condenas en 15 años, decisión posteriormente validada por la Corte Suprema de la Nación.
“Esta acumulación de procesos evidencia un patrón de hostigamiento judicial, donde se la declaró incluso ‘rebelde’ por no poder asistir a una audiencia mientras se encontraba internada. Organismos como Amnistía Internacional y las Naciones Unidas han calificado su detención como arbitraria y pedido su liberación”, recordó la CTA-T.
Días atrás, referentes de derechos humanos como Adolfo Pérez Esquivel y Taty Almeida junto a decenas de personalidades publicaron una solicitada en la que denunciaron “el injusto encarcelamiento de Milagro Sala como uno de los casos más emblemáticos de persecución política y violencia judicial”. Y agregaron que “este modus operandi se multiplicó con otras referencias políticas del campo popular, luchadores sociales y opositores políticos, comunidades indígenas, llegando a la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner”.
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