Licencia para liquidar

Venta interna de armas y venta de edificios en la AFI de Macri

 

Algunos hombres caminan por los tres edificios de la calle 25 de Mayo que integran la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cargando armas. Muchos de ellos no son de seguridad ni están autorizados por las autoridades a portarlas. Las armas fueron, durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, parte del negocio interno de La Casa. Vendieron armas y las pusieron en manos de sus propios agentes por precios mucho menores a los del mercado. Fue una forma de hacer caja –junto con la venta de inmuebles del organismo– que le dio más autonomía de acción a los servicios secretos de Mauricio Macri.

 

 

Los fierros

Una de las primeras medidas que el Señor 5 y la Señora 8 de Macri tomaron fue armar un listado de bienes que el organismo podía vender. Los edificios —algunos en el paquete barrio de Palermo— eran especialmente apetecibles. Eso fue en 2016. Cuando ese proceso ya estaba en marcha, Arribas firmó una resolución por la que se pasaban a rezago más de 200 armas que pertenecían al organismo. En la lista había escopetas 1270, pistolas 9 milímetros o 357 y revólveres 38.

La resolución del director general se transmitió a todos los directores que poblaban la agencia, avisando que había una venta interna de armamento en desuso. Les pedía que sus subordinados consignaran la cantidad de armamento a adquirir y cuáles modelos eran de su preferencia.

Lo sorprendente es que Arribas no puso a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) las armas, sino que diseñó un esquema mediante el cual los propios agentes podían elegir del listado qué modelo deseaban. La única restricción que existía era que cada agente podía comprar hasta cinco armas y debía tener credencial de legítimo usuario.

La transferencia de las armas quedó en manos de un solo hombre, que cada tanto iba desde la AFI hasta la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, ex RENAR) para hacer el papelerío. Como se trata de agentes de inteligencia, el tratamiento suele ser personalizado. El trámite para la transferencia les costaba 500 pesos a los agentes y otros 300 pesos, si había que tramitar la credencial. Todo quedaba en manos de la misma persona y en el ANMac se hacía usando de base la resolución que había firmado Arribas.

La venta interna de armas no significó el ingreso de plata al organismo, porque el armamento se descontaba por recibo de sueldo. En 2017, la gestión Arribas debió recaudar por la venta interna 312.566 pesos; en 2018, 815.132 pesos y, en 2019, 516.533, lo que da un total de 1.644.232 pesos.

Es dinero que no ingresó a las arcas del organismo, porque se descontó de lo que mensualmente percibían sus agentes. En todo caso, la AFI gastó de menos.

 

 

Los valores

“Se llevaron armas caras a precios regalados”, dice una fuente que conoce el funcionamiento de la agencia. “Lo que hicieron con el país lo hicieron con las armas”, completa para explicar cómo fue el mecanismo que diseñó el escribano Arribas.

Según pudo saber este medio, los valores de las armas en 2017 para los agentes interesados en su adquisición eran los siguientes:

– Escopeta 1270: 5800 pesos

– Pistolas: 3900/ 5800/ 7700/ 7900 pesos

– Revólveres: 7700 pesos

Según figura en armerías que publican sus productos en la web, un revólver 38 usado puede costar alrededor entre 26.000 y 29.000 pesos, lo que ronda los 450 ó 500 dólares. La venta interna de la AFI estuvo bastante por debajo de lo que marca el mercado.

Cuando Macri justificó la designación de Arribas al frente de la AFI, dijo que era el más acostumbrado a las trampas de sus amigos. Como tal, buscó los artilugios que le permitieron engordar el presupuesto que el Ejecutivo destinaba a la agencia. En 2017, la AFI recibió 1800 millones de pesos; en 2018, 2176 millones de pesos y el año pasado, 2659 millones. Más de la mitad de ese presupuesto se fue en los sueldos a los agentes, que al momento de la intervención de Cristina Caamaño eran 1405 y cobraban en efectivo.

 

 

La cuestión de los fondos

La reforma de la ley de inteligencia y el decreto 1311 de 2015 que plasmó la nueva doctrina habían distinguido entre dos tipos de fondos: los públicos y los reservados. Debían ser públicos, por ejemplo, los fondos con los que se pagaban sueldos y alquileres. Eran reservados aquellos que se destinaban a operaciones que podían poner en riesgo la defensa o la seguridad nacional. Sin embargo, no regía para los fondos reservados un vale todo. Debían ser registrados en un acta con documentación respaldatoria, como facturas o una declaración jurada del responsable del gasto.

Durante la gestión Macri y gracias al decreto 656, todo el régimen de la AFI pasó a ser secreto, incluidos, claro, sus fondos. Los ingresos que tiene la AFI permiten la realización de operaciones encubiertas, el armado de empresas pantalla, el sostenimiento de agentes inorgánicos, de estudios jurídicos y el pago a informantes. Gran parte de ese dinero terminaba en un agujero negro bajo la forma de fondos reservados.

El Presidente Alberto Fernández le encomendó a la fiscal Caamaño reducir al mínimo los fondos reservados y revisar lo hecho durante los años anteriores. La intención del Gobierno es que los fondos que antes se usaban con fines non-sanctos se usen ahora para paliar el hambre, pero también recortar el margen de maniobra de la central de inteligencia.

El ejemplo de las armas muestra una práctica de autoregulación y de uso de bienes públicos, e incluso un intento de agrandar la caja, pero la estrategia de engorde se hacía a través de otros mecanismos.

 

 

El huevo de la serpiente

Santiago Cortell tenía un edificio de dos plantas en la calle Venancio Flores al 3500, en el barrio de Floresta. Era un taller mecánico que él mismo usó hasta mayo de 1976. Como la economía venía mal, decidió alquilarlo. Puso un aviso en Clarín y a los días se presentaron dos hombres, de aspecto raro, para señarlo. Le dijeron que lo necesitaban con urgencia y que lo usarían como depósito de alimentos.

La mudanza fue el 11 de mayo de 1976, pero el contrato recién se firmó el 1 de junio. Extendía la relación contractual por dos años. Cortell rubricó como propietario y Felipe Salvador Silva y Julio César Cartels como locatarios. Como fiadores, hicieron lo propio Juan Rodríguez y Eduardo Ruffo. Antes de irse, le advirtieron que iban a hacer algunas reformas al local. Le dijeron que iban a construir algunos espacios para que descansaran los camioneros que llevaban las mercaderías hasta allá.

En noviembre lo llamaron y le dijeron que tenían que cancelar el contrato. Cuando Cortell fue a ver su antiguo taller mecánico, se encontró algunas sorpresas: habitaciones con rejas, paredes forradas con Telgopor y lámparas de gran potencia.

En su taller había funcionado el centro clandestino de la SIDE, una de las bases del Plan Cóndor, y que pasó trágicamente a la historia como Automotores Orletti – en una confusión con el nombre del dueño. Cortell no había firmado el contrato con Silva, sino con Aníbal Gordon, uno de los míticos integrantes de la central de inteligencia, que solía combinar su trabajo como agente con sus inclinaciones por el delito.

Los otros tres que lo habían acompañado eran agentes de la SIDE como él, y, en su mayoría, revistaban en lo que se conoce como la base Billinghurst, una finca que se extendía desde el 2457 de esa calle hasta el 2463. La casona de la calle Billinghurst había pasado a engrosar el patrimonio de la SIDE en 1975.

 

 

Base Billinghurst. Fuente: AABE.

 

 

 

 

El legado

La experiencia de la SIDE regenteando su propio centro clandestino duró poco. Debieron cerrarlo tras la fuga de una pareja en los primeros días de noviembre. Sin embargo, su actividad fue prolífica en secuestros, torturas y extorsiones.

Como cabeza del Plan Cóndor, la SIDE se enfocó en perseguir a militantes de países vecinos. Por Orletti pasaron, entre otros, los integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), un partido de izquierda uruguayo. Entre sus secuestrados estuvo León Duarte, uno de sus máximos referentes. La banda de Gordon usó el secuestro de Duarte para negociar el pago de cientos de miles de dólares.

Según el periodista uruguayo Roger Rodríguez declaró en el juicio por Automotores Orletti, la patota se habría hecho de más de un millón de dólares. Como la cantidad de dinero no era fácilmente disimulable, debieron avisar a sus superiores. Ellos supuestamente decidieron repartir un 30 por ciento del botín entre los secuestradores y destinar el 70 por ciento restante a la compra de una nueva base: la que está ubicada en Coronel Díaz 2079/2081.

Durante sus primeros años, la base de Coronel Díaz sirvió como una sede de reclutamiento, según explica el periodista Gerardo Young en su libro SIDE – La Argentina secreta. Ahí se tomaban los exámenes a los recomendados que llegaban para sumarse a los servicios secretos.

 

 

La base Coronel Díaz. Fuente: AABE.

 

 

 

Las bases

Hace más de diez años que Automotores Orletti funciona como un sitio de memoria que recuerda lo sucedido durante la última dictadura. Su base madre, Billinghurst, y su base hija, Coronel Díaz, siguieron siendo sedes que vieron cómo la SIDE pasaba a ser la Secretaría de Inteligencia (SI) y la AFI.

Tanto Billinghurst como Coronel Díaz supieron ser dos de los tres centros de operaciones más importantes de la SIDE. El tercero sigue siéndolo la base de la calle Estados Unidos, bastión de Antonio Horacio Jaime Stiuso.

El 19 de agosto de 2016, Mauricio Macri firmó el decreto 952, por el que autorizaba a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a enajenar 17 propiedades estatales. Entre ellas, había cinco que pertenecían a la AFI. Junto a las bases Billinghurst, Coronel Díaz estaban las propiedades que los servicios secretos tenían en Chacabuco al 142, en Corrientes al 2881/2891 y en Sánchez de Bustamante 2496. Esta última es literalmente la parte de atrás de la base Billinghurst.

El edificio que se extendía desde el 142 al 150 de Chacabuco estaba deshabitado hacía tiempo. De hecho, la AFI le hizo saber a la AABE que tenía riesgo de derrumbe. Sobre esa misma calle funcionaba también The One, uno de los prostíbulos VIP que regenteba el espía Raúl Martins, detenido hace dos meses en México por pedido de la jueza María Servini. Martins se apronta a ser extraditado, aunque en los últimos días presentó un recurso para demorar todo lo posible su regreso al país— contaron fuentes judiciales.

La propiedad de Avenida Corrientes es un departamento de dos ambientes, que cuenta con dos espacios para guardar autos en la cochera. El departamento había pasado a la SI en 2002 por una donación de la empresa Tiumayu SA. La misma empresa, una de las firmas fantasmas asociada a la Secretaría de Inteligencia, fue la que también le transfirió un año después la propiedad de la calle Chacabuco al Estado nacional.

 

 

El edificio de la calle Chacabuco. Fuente: AABE.

 

 

 

La caja

Los cinco inmuebles se subastaron durante 2017, el mismo año en que la AFI hizo negocios con sus armas. De lo recaudado, el 70 por ciento volvió para la AFI y el 30 por ciento pasó a las arcas del Tesoro Nacional.

La recaudación por el departamento de la Avenida Corrientes fue modesta. La AABE lo vendió por 54.000 dólares. El edificio de Chacabuco quedó en manos nada más y nada menos que de Oscar Alfredo Remorino, conocido como El Gitano y por ser uno de los punteros del PRO en la Villa 31. Remorino pagó 460.000 dólares por el local vecino a The One.

La que fuera la base de Coronel Díaz terminó en manos del empresario Eduardo Ariel Wengrower, de Industrias SICA, dedicada a la construcción y materiales eléctricos. Pagó un 1.670.000 dólares en 2017.

Por los edificios de Billinghurst y Sánchez de Bustamante se pagaron 9.400.000 dólares y fueron adjudicados al Fideicomiso para la Vivienda AVE 01. Como anunció Clarín, la base será uno de los complejos habitacionales más lujosos de la Ciudad de Buenos Aires.

El total de las subastas fue de 11.584.000 millones de dólares. El 70 por ciento ingresó al circuito de la AFI, lo que significa alrededor de 8.000.000 de dólares que engrosaron las arcas de Arribas y Majdalani para hacer vaya uno a saber qué actividades bajo el paraguas del secreto.

Caamaño está tratando de deshacer esa madeja.

 

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 250/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

5 Comentarios
  1. Christian dice

    Excelente informe.

  2. Patricio dice

    ¿Eduardo Ariel Wengrower tendrá algo que ver con Raúl Vengrover, socio o testaferro de Rafael Levy el dueño del inmueble del boliche Cromagnon? El apellido es el mismo, con W su original en polaco, con V castellanizado.

  3. Luciana Bertoia dice

    Sí.

  4. María Marta dice

    ¿Son correctos los números del penúltimo párrafo?… porque no hay entre ellos la proporcionalidad indicada.
    Gracias por la nota.

  5. Oscar dice

    Es impresionante como han robado de todas las formas posibles.Que rumfla de mafiosos.

Dejá tu comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.