En la teoría de la administración, la categoría outsourcing —tercerización, subcontratación o delegación en proveedores externos— fue conceptualizada para encomendar actividades secundarias y concentrar recursos en la “función medular” (core business). La literatura especializada advierte que su aplicación indiscriminada —el outsourcing defensivo— entraña severos riesgos, pues desmantela la capacidad competitiva y disgrega el control estratégico sobre la organización.
Trasladada a las relaciones internacionales, la idea de outsourcing adquiere un sentido peligroso. Como señala Bernabé Malacalza, la orientación internacional del gobierno de Javier Milei exhibe una auténtica doctrina de la delegación, que no se explica solo por categorías como “alineamiento automático”, “subordinación estratégica” o “genuflexión diplomática”. La diferencia es cualitativa: no se trata solo de un Estado periférico que busca congraciarse con la gran potencia hemisférica; se trata de la cesión lisa y llana de la formulación, diseño y ejecución de las políticas públicas esenciales a usinas de decisión extranjeras.
En la concepción libertaria, áreas neurálgicas de la estatalidad —como política exterior, defensa e inteligencia— ya no se planifican en Buenos Aires. La diplomacia no se formula en el Palacio San Martín; los lineamientos defensivo-militares no se proyectan en el Edificio Libertador; y la apreciación de amenazas no se elabora en la SIDE.
La diplomacia en alquiler
Para comprender la magnitud de esta delegación, conviene detenerse inicialmente en el campo de la política exterior. El ejemplo reciente más ostensible se escenificó en la Cuarta Comisión (Política Especial y de Descolonización) de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU). En la votación sobre la resolución “Erradicación del colonialismo en todas sus formas y manifestaciones” (A/C.4/81/L.5), la delegación argentina decidió apartarse de sus aliados del Sur Global y abstenerse frente a una iniciativa que reafirmaba la Resolución 1514 (XV) de 1960. Mientras naciones como Brasil, México, Uruguay, Sudáfrica e India votaron a favor del texto —aprobado por 85 votos—, la Cancillería argentina eligió aislarse en la abstención.
Este comportamiento vulnera la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y socava el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. La Cuestión Malvinas figura desde 1946 como Territorio No Autónomo sujeto a descolonización, respaldada en la Resolución 2065 (XX) de 1965 —derivada de la 1514 (XV)—, que consagró la integridad territorial como límite a la libre determinación de poblaciones implantadas. Abstenerse ante un texto que fortalece el marco multilateral contra el colonialismo —para no incomodar exigencias de Washington— representa una renuncia a los argumentos jurídicos con los que el país combate la ocupación ilegal británica.
La irresponsabilidad se agrava al revisar la cronología: apenas dos semanas antes, el 1° de octubre, la representación argentina en Nueva York denunció en la Cuarta Comisión que “la existencia del colonialismo en cualquier forma es contraria a la Carta de la ONU”. Pasar en dos semanas de la postura histórica argentina a la abstención confirma la entrega de la diplomacia a la discrecionalidad de la Casa Blanca.
Como coronación de esta diplomacia tercerizada, Washington acaba de asestarle un significativo golpe a la causa nacional. En una iniciativa presentada ante la Cuarta Comisión, la administración de Donald Trump —a través de su representante Tammy Bruce— solicitó formalmente disolver el Comité Especial de Descolonización (C-24), calificando sus actividades como un “despilfarro de tiempo y recursos”. Frente a esta embestida estadounidense contra el corazón del andamiaje diplomático de una causa nacional, la respuesta oficial rozó el grotesco: lejos de repudiar el intento de abolir el foro descolonizador, el vocero presidencial reconoció sumisamente que la postura argentina ante el Comité C-24 “está bajo análisis” en Cancillería.
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Este episodio constituye una nueva muestra de la extensa trayectoria de “occidentalización dogmática” que venimos describiendo sistemáticamente en este espacio. Según el Report to Congress on Voting Practices in the United Nations for 2025 del Departamento de Estado, publicado el pasado 24 de septiembre, la Argentina alcanzó un 68% de coincidencia con Washington en las votaciones nominales de la Asamblea General de Naciones Unidas y un 96% en “votaciones importantes”. Este nivel ubica a nuestro país con el segundo porcentaje de coincidencia más alto del mundo en votaciones generales —detrás de Israel (76%)— y con el tercero en votaciones importantes —detrás de Israel (100%) y Paraguay (100%)—. De esta manera, supera ampliamente los registros de las "relaciones carnales" menemistas de la década del ‘90 (68% general y 80% en cruciales).
Adicionalmente, el oficialismo pretendió montar en las últimas semanas un espectáculo patriótico enviando al Congreso el proyecto de ley de “Defensa de la Soberanía Nacional”. Como fuera expuesto por el autor de esta nota durante su presentación ante el plenario de comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto, y Legislación General de la Cámara de Diputados, este megaproyecto de 133 artículos utiliza la causa Malvinas como recurso de distracción simbólica para colar un andamiaje autoritario que faculta al Ejecutivo a realizar investigaciones clandestinas y aplicar sanciones sin control judicial. La parodia queda al descubierto con un dato insoslayable: en ninguno de sus 133 artículos se menciona al Reino Unido.
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A juzgar por la información revelada por Jaime Rosemberg en La Nación respecto de los contribuyentes a la redacción del texto, no sorprende para nada la ausencia de menciones a Londres.
El pentagonismo y la DPDN del general Alais
El outsourcing adquiere especial gravedad en el campo de la defensa nacional. En este marco, cabe recordar la noción de “pentagonismo”, acuñada por el ex Presidente dominicano Juan Bosch [1], al advertir en un clásico texto sobre imperialismo cómo la potencia norteamericana convierte a las fuerzas armadas periféricas en apéndices de Washington.
La manifestación de esta distorsión pentagonista se evidenció en la iniciativa impulsada a mediados de 2025 por el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, orientada a involucrar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Aquel proyecto —cuyos lineamientos han sido retomados por el actual ministro, Carlos Presti— pretende sepultar el consenso democrático edificado mediante la Ley de Defensa Nacional 23.554 (1988), la Ley de Seguridad Interior 24.059 (1992) y la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 (2001). Tras los fallidos intentos previos, ahora es el denominado proyecto de ley de “Defensa de la Soberanía Nacional” el que, con Malvinas como excusa, procura desmantelar el consenso democrático construido desde 1983 y establecer una reestructuración profunda y regresiva del sistema de defensa y seguridad argentino.
Otro indicador del vaciamiento defensivo-militar es la injustificable mora del Poder Ejecutivo en emitir la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN). Tras más de 34 meses de mandato, el Presidente no ha suscripto aún el documento estratégico rector de la Defensa, incumpliendo el Decreto 1729/2007 —que exige dictarla en septiembre del primer año de gestión— y desoyendo su propio Decreto 1112/2024. La labor de los diversos responsables del planeamiento en el Ministerio de Defensa —los generales Claudio Pascualini y Jorge Puebla, y el coronel en estado de emergencia, Marcelo Rozas Garay— ha hecho que la DPDN mileísta no tenga nada que envidiarle a la velocidad de los tanques del general Alais.
Esta parálisis no responde solamente a la impericia de los funcionarios. La ausencia de una directiva propia confirma que la política de defensa fue subcontratada en el exterior. Las autoridades no tienen apuro en emitir un documento propio porque, en los hechos, se rigen por la National Defense Strategy (NDS 2026) estadounidense y las instrucciones del Comando Sur.
La irresponsabilidad de esta cesión de soberanía es particularmente inquietante si se la contrasta con lo que hace la potencia ocupante de Malvinas. En junio de 2025, el gobierno laborista británico de Keir Starmer presentó en Glasgow su Strategic Defence Review 2025, un documento de 144 páginas. La estrategia británica fija como meta “pasar a la preparación para la guerra como objetivo central de nuestras Fuerzas Armadas”, eleva el gasto militar al 2,5% del PBI para 2027 y ordena construir 12 nuevos submarinos de ataque propulsados por energía nuclear. La asimetría es reveladora: mientras el texto británico no menciona las palabras “drogas” ni “narcotráfico” y utiliza 250 veces términos inherentes a la guerra interestatal (war, warfighting, warfare), la Argentina degrada a sus Fuerzas Armadas a auxiliares policiales en la frontera norte.
Inteligencia offshore
Si en política exterior y defensa el outsourcing estatal desmantela la soberanía, en inteligencia estratégica y criminal la delegación adopta un cariz que oscila entre lo servil y lo hilarante. El caso emblema que desnuda la impericia de los organismos locales es la secuencia desplegada en torno al denominado “Cártel de los Soles”.
El proceso de copia acrítica se inició en 2025. En agosto, tras la determinación del gobierno norteamericano de clasificar al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO), el Ejecutivo argentino reaccionó formalmente: mediante la Resolución Conjunta 4/2025 (RESFC-2025-4-APN-MSG), firmada por la ministra Patricia Bullrich y el canciller Gerardo Werthein, la Argentina incluyó al Cártel de los Soles en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
El libreto se desmoronó tras la operación militar estadounidense en Caracas (enero de 2026) y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. En la acusación sustitutiva ante el gran jurado de Nueva York, el Departamento de Justicia de Estados Unidos desestimó que el Cártel de los Soles fuera una organización criminal real dirigida por Maduro, rebajándolo a un “sistema clientelar” de corrupción militar.
Este desenlace expone la precariedad analítica de los servicios de inteligencia argentinos. Que Cancillería y el Ministerio de Seguridad Nacional hayan dictado una resolución para perseguir a una entidad inexistente —siguiendo un eslogan que la propia justicia norteamericana desestimó— demuestra que las usinas locales no realizan inteligencia seria; solo traducen y endosan comunicados foráneos.
Esta modalidad de offshore outsourcing es una excelente noticia para los cultores de la “motosierra” estatal, empezando por El Coloso Federico Sturzenegger: si las amenazas las evalúa la CIA y las listas de terroristas las hace el Departamento de Estado, el Estado argentino puede cerrar sus agencias de inteligencia y ahorrar recursos fiscales en nombre de la desregulación.
El desplazamiento de China
En el trasfondo del outsourcing estratégico en curso late la exigencia de Estados Unidos de utilizar a la Argentina como peón regional en su disputa global contra la República Popular China. En el marco de su política de “cercenamiento estratégico” sobre Beijing, el Comando Sur —a través de las instrucciones de sus sucesivos comandantes, la generala Laura Richardson, el almirante Alvin Holsey y el teniente general de la Fuerza Aérea, Evan Pettus— viene imponiendo al gobierno argentino una agenda de explícito desplazamiento de la presencia e inversiones chinas:
- Se removió el respaldo al proyecto de construcción de un puerto multipropósito en Río Grande (Tierra del Fuego) financiado con capitales chinos.
- Se excluyó a firmas chinas de las licitaciones de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía) y de las obras del nodo AMBA I por exigencia norteamericana.
- Se paralizó Atucha III y el financiamiento del reactor CAREM-25 de la CNEA.
- Se abortó la compra de aviones JF-17 chino-paquistaníes, forzando la adquisición de 24 aeronaves F-16 usadas a Dinamarca con veto y financiamiento de Washington.
- Se amedrentó a cooperativas tecnológicas como CALF en Vaca Muerta, amenazando con revocar visas si firmaban con Huawei para redes 5G.
Las lecciones de Fukuyama
Llegado a este punto, conviene detenerse en las apreciaciones de un conservador serio e intelectualmente honesto como Francis Fukuyama. Famoso por El fin de la Historia y el último hombre (1992), el politólogo estadounidense de Johns Hopkins ha enfatizado, a contramano del discurso libertario, la vigencia ineludible de las capacidades estatales. En su obra La construcción del Estado (2004) [2], Fukuyama advierte sobre las consecuencias de la reducción indiscriminada de la estatalidad promovida por los dogmáticos del libre mercado:
Puede decirse que no había nada de malo en el Consenso de Washington en sí (...) El problema residía, más bien, en que a pesar de que los Estados requerían recortes en ciertas áreas, necesitaban ser, simultáneamente, fortalecidos en otras (...) A pesar de que el programa de construcción de Estado revestía, como mínimo, la misma importancia que el de reducción de Estado, el peso y la relevancia que se le atribuyeron fueron muy inferiores.
Las prescripciones de Fukuyama demuelen los cimientos ideológicos del experimento libertario. Incluso para el pensamiento de quien en algún momento se definió a sí mismo como neoconservador, la soberanía, la defensa territorial, la diplomacia y el monopolio legítimo de la fuerza son funciones esenciales e indelegables de la estatalidad que no pueden ser objeto de outsourcing, tercerización o delegación en potencias extranjeras.
En conclusión, la estrategia de abdicar voluntariamente de la autonomía estatal no garantiza estabilidad ni prosperidad; sumerge al país en un estado de indefensión y vulnerabilidad extrema en un sistema internacional signado por el retorno de conflictos interestatales de alta intensidad. Un país que entrega su voz diplomática, alquila sus Fuerzas Armadas como guardias constabularias y renuncia a pensar su propia inteligencia deja de operar como Estado soberano para convertirse en una periferia colonial ejecutable a la distancia.
* Luciano Anzelini es doctor en Ciencias Sociales (UBA) y profesor de Relaciones Internacionales.
[1] Bosch, J. (1968). El pentagonismo, sustituto del imperialismo. Siglo Veintiuno Editores.
[2] Fukuyama, F. (2004). La construcción del Estado. Hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI. Barcelona: Ediciones B.
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