Lo justo y el derecho

Esa oscura entidad que llamamos servicios de inteligencia suele moverse al margen de la ley

 

Egresé de la Universidad Nacional de Córdoba. Es la universidad más antigua del país, la fundaron los jesuitas en 1613. Soy de las últimas generaciones de abogados egresados de esa facultad que pudo cursar en la “Facultad Vieja”, el edificio original que queda entre el Colegio Monserrat y la Iglesia de la Compañía de Jesús. Los escalones de mármol desgastados por generaciones de estudiantes y profesores a lo largo de casi 400 años se sentían curvados, hundidos en el centro. Y durante los años que cursé, nunca dejó de emocionarme el detalle de esos escalones. Estaba circulando por donde había circulado la historia antes que yo.

Fue en la Facultad “vieja” que tuve mi primera clase como estudiante de la Facu de Córdoba. Era Derecho Político y aún recuerdo que la maravillosa profesora que tuve, María Teresa Piñero, comenzó diciendo “Hace pocos días fue 24 de marzo, y fue otro aniversario triste del golpe militar del ’76. Muertes, torturas, desapariciones y un estado de terror y barbarie que los argentinos no tenemos que olvidar. Y que ustedes, futuros abogados, tampoco tienen que olvidar. Porque eso que pasó no tiene que pasar nunca más”. Y yo supe que dejar San Juan había valido la pena y el dolor del desarraigo. Porque pocas veces en mi vida sentí con tanta certeza que estaba en el lugar donde quería estar. Creo que fue esa materia la que hizo que me enamorara del derecho público para siempre.

Fue en esa ciudad y en esa facultad donde un amigo egresado del Monserrat me dijo una frase maravillosa: “Como enseñaban los jesuitas, en el pecado está la penitencia”.

 

 

Ego no te absolvo

Hace unos días veía C5N y vi el informe sobre la vinculación de un periodista con los servicios de inteligencia. Ese periodista vulneró hace unos años, aduciendo el “interés público”, la intimidad de las personas, pasando escuchas telefónicas hechas en el marco de una causa judicial. De las escuchas que mostró, no se infería delito alguno de las personas que hablaban. Su transmisión sólo revelaba los diálogos de Cristina Fernández con Oscar Parrilli en la época en que Cristina había dejado de ser Presidenta. Diálogos telefónicos como cualquiera de los que podemos tener con nuestros amigos y colaboradores. Donde cuestionamos a personas que, por la coyuntura puntual, pueden fastidiarnos; donde decimos cosas que no diríamos en público. En esas charlas no había ningún interés público comprometido. Sólo la finalidad de exponer a personas publicas en su faz privada, en expresiones que pueden ser de interés apenas para quienes gozan del voyeurismo.

Más compleja resultó la transmisión de las escuchas hechas a los internos de un penal, que hizo este mismo periodista años después. Primero, porque el juez que había ordenado esas escuchas también había ordenado destruirlas. Y el camino sinuoso por el cual habían llegado al poder del periodista estaba plagado de irregularidades judiciales. El juez ordenó su destrucción, luego se las pidió otro juez en el marco de una causa que tenía como imputado a ese juez y también a un fiscal. El juez imputado, al recibir la noticia de la destrucción de las escuchas por parte del juez que las había ordenado, pidió a la Oficina de Escuchas, la DAJUDECO, que le hiciera otra copia desde el back-up que tiene con todas las escuchas del país. No consta que el juez que había ordenado las escuchas diese su autorización a que la DAJUDECO hiciese una copia y se la diese al juez imputado. Que claro, no era otro que Bonadio. Quien autorizó la entrega en violación a los reglamentos también es juez, el doctor Martin Irurzun, presidente de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Py y Director ejecutivo de la DAJUDECO. Peor aún: Bonadio le remitió copia de esas escuchas al Consejo de la Magistratura, a requerimiento del macrismo. Y cuarenta y ocho horas después las escuchas eran trasmitidas en el programa de Luis Majul, el periodista del que estoy hablando.

 

 

En una de las escuchas está Roberto Barata en diálogo con quien era su abogado de aquel entonces, Juan Pablo Alonso. Ni el periodismo ni el Poder Judicial hicieron mucho respecto a lo sucedido y sólo Alejandro Rúa reclamó institucionalmente, al Colegio de Abogados y al Poder Judicial, que dichas escuchas fuesen destruidas. Ante esa presentación, el Colegio Público elevó una nota a la Corte Suprema denunciando los hechos y solicitando del Alto Tribunal «se extremen las medidas para poner fin de forma definitiva a tal irregularidad, violatoria de derechos constitucionales y convencionales”.

Eso generó una reacción de la propia Corte Suprema, de quien depende hoy la Oficina de Escuchas. En su Acordada 17/2019 expresó, sin dar nombres: “La interceptación de las comunicaciones entre un imputado y su abogado defensor constituye una grave violación a la garantía constitucional de defensa en juicio. Sin la garantía de la defensa en juicio, toda la población ve comprometida la vigencia del estado constitucional de derecho”.

Rúa hizo además la denuncia ante el Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, Diego García Sayán. El 1 de noviembre de 2019 el Relator envió un pedido de informes a la Argentina, y en el último punto de su pedido de informes requirió: “Finalmente, sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas para asegurar que los abogados puedan desempeñar sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas”. El gobierno de Macri optó por contestar impugnando al Relator. Dicha respuesta fue luego retirada de Naciones Unidas por el recién asumido Presidente, Alberto Fernández.

 

 

Servicios prestados

En la causa de espionaje en la que se presentó el Colegio de Abogados, recordando aquella presentación de Alejandro Rúa, se investiga lo que parece haber sido un plan sistemático de espionaje ilegal llevado adelante por funcionarios de Macri. Hay quienes señalan al propio Macri como aquel que ordenaba la realización del espionaje ilegal y al mismo tiempo era destinatario de la información ilegalmente obtenida.

En el marco de esa causa aparecieron una serie de chats entre los funcionarios que hacían espionaje ilegal, en los que se verifican conversaciones que dan cuenta que ellos realizaban tareas para que sus resultados fuesen emitidos en el programa de Majul.

Hubo una serie de pegatinas de afiches donde se vinculaba a Majul con la actividad que realizaba el primo de su mujer, el aun hoy Procurador de la Provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand. Recuerdo haber visto el programa donde Majul pasó el video que daba cuenta de que los afiches los había colocado una persona con chaleco del gremio de Camioneros. En base a esas imágenes, decía que la pegatina había sido organizada por los dirigentes de Camioneros, con quienes tenía una conflictiva relación. Pero el acceso a las imágenes de videocámaras de seguridad está, según la ley de la ciudad, sólo permitido “a aquellos funcionarios que el Poder Ejecutivo individualmente determine, por razón de su función específica. Se prohíbe la cesión o copia de las imágenes salvo en los supuestos previstos en la presente ley. Cualquier persona que por razón del ejercicio de sus funciones tenga acceso a las grabaciones deberá observar la debida reserva, confidencialidad y sigilo en relación con las mismas, siéndole de aplicación, en caso contrario, lo dispuesto en la legislación penal” (Art. 10. Ley 2602. CABA).

Pero la historia de esas imágenes parece haber sido distinta. Según se desprende de los chats, fueron los espías quienes buscaron y le dieron las imágenes a Majul. No los solidarios vecinos, como dijo en su programa. Pero lo que me pareció más grave aún: los espías cuentan que era el entonces ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Martin Ocampo, quien le editaba las imágenes de las cámaras de seguridad. ¡Que pertenecen al Sistema de Monitoreo Urbano de CABA… cuya autoridad de Aplicación es… el Ministerio de Seguridad y Justicia! Y ahí señores, ya entramos en el terreno de lo delictivo.

 

 

 

 

En el pecado esta la penitencia. En atención a que hay un funcionario publico involucrado, el tema es de interés público. En atención a que los chats fueron obtenidos en el marco de una causa judicial, tampoco podrían los afectados señalar que se inmiscuyen en su vida privada y que están alcanzados por protección constitucional alguna.

Quiero señalar que no me gusta ni comparto el periodismo que usa o se basa en la colaboración de servicios de inteligencia. Porque no me gustan ni un poquito los servicios de inteligencia. Me resulta absurdo e inexplicable que sea el propio Estado el que admita a estos servicios de inteligencia dentro de su estructura, porque esa oscura entidad que llamamos servicios de inteligencia se mueve al margen de la ley. El Estado alojando en su seno la contradicción flagrante de su razón de ser.

Las desapariciones de La Tablada, el Atentado a la AMIA y más recientemente la muerte de Nisman demuestran que los servicios de inteligencia no aportan nada a la sociedad. Desde el regreso de la democracia podrían haber revalidado su función, pero solo agregaron opacidad. Encubrieron. Hicieron cosas horribles. Murió gente.

Pero a muchos parece enamorarlos aun la romántica imagen del espía de sobretodo oscuro y sombrero en medio de la noche con niebla. A mí me divierten en las novelas, pero no en la realidad. Son imágenes de un mundo que ya dejó de existir. Lo único que existe todavía de ese mundo es la enorme concentración de riqueza en manos de unos pocos, dispuestos hacer casi cualquier cosa para sostener ese modelo tan injusto de distribución. Y la enorme desigualdad. Los servicios de inteligencia solo sirven a mantener ese mundo desigual, aun cuando ya no sean señores de sobretodos y sombrero sino mas bien señores con sobrepesos o jovencitos con acné frente a una computadora. Porque hoy el poder, además del dinero, lo da la información. Y a buscar esa información se dedican los nuevos espías.

Yo deseo que las causas donde se está investigando el plan sistemático de espionaje que llevó adelante Macri avance y ponga luz en ese mundo oscuro y corrupto de los servicios de inteligencia. Y me permito dudar de que avance, si las causas terminan en los brazos de Comodoro Py. Porque durante los cuatro años de macrismo, ellos, los “servicios”, circulaban por esos pasillos con desparpajo. Y porque buena parte de la información producida por el espionaje ilegal era utilizada por muchos jueces y fiscales de ese edificio.

Deseo con las tripas que la investigación sobre el espionaje ilegal avance poniendo verdad y luz sobre lo que pasó. Que la investigación no se base en testigos pagos, en arrepentidos a la fuerza o en prisiones preventivas basadas en doctrinas arbitrarias y por completo ilegales. Cambiar todo para que no cambie nada sería deplorable. Por eso hay que dar la pelea, para que todas las investigaciones se hagan en el pleno respeto del Estado de Derecho. Creo que la investigación bien hecha sobre el espionaje ilegal puede ser el mayor aporte a la democracia y al Estado de Derecho que hoy puede hacer el Poder Judicial. Quiero, con furia y dolor, que todo lo que pasó no pase nunca más. Porque fue horrible. Y yo no estudié abogacía para tolerar mansamente que pasen esas cosas horribles.

Y porque quiero volver a Córdoba, abrazar a mis amigos de la Facu, subir esos escalones gastados de nuevo y emocionarme otra vez y, si puedo, decirle a mi profesora de Derecho Político que no me olvidé de sus clases. Y que lo Justo y el Derecho no me son categorías olvidadas. Tampoco el valor de la Democracia y el Estado de Derecho.

 

 

 

 

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