Al igual que en el caso del ex director de la Agencia de Discapacidad –quien a viva voz señaló como coimera a la hermana presidencial y al titular de otro poder estatal–, las causas dispersas en tribunales provinciales del interior del país se originaron en denuncias de ex parejas, socios, afiliados, otros candidatos o empleados puestos en cargos públicos por miembros de este gobierno. Más casos se suman a los expuestos hace dos semanas en la nota Uno peor que el otro.
Misiones
Samuel Doichele, productor agropecuario y ex referente de La Libertad Avanza en la localidad de Wanda, denunció en el fuero federal un esquema de recaudación que obligaba a funcionarios designados en PAMI y ANSES a entregar un 10% de sus haberes. Recabó once casos comprobados, con aportes de entre un cuarto y un tercio de millón de pesos a cada uno, “a depositar en la cuenta de un hombre de confianza del presidente de LLA en Misiones”. Agregó que recibió –al igual que otros referentes– un llamado de Eduardo Lule Menem para que desistiera de la denuncia.
Ninfa Alvarenga, funcionaria desplazada del PAMI misionero, denunció que LLA “siempre fue un partido de Lule y Martín Menem” y responsabilizó a Karina Milei. Recordó la promesa de Javier Milei de “cortarle la mano al que roba” para considerar: “Si su hermana está implicada, debe desplazarla para dar un mensaje de que sigue siendo el hombre en el que confiamos”.
Vale recordar que Diego Spagnuolo registró 38 entradas a la quinta presidencial y 48 a la Rosada, más otras tres al despacho de Lule Menem entre febrero y marzo de 2024.
Chaco
Dos funcionarios con altos cargos partidarios fueron denunciados por sus afiliados. Son el presidente y el tesorero de LLA, quienes están a de ANSES y PAMI: Alfredo Capi Rodríguez y Alfredo Moreno. Un tercer mencionado es el joven Juan Cruz Godoy, que encabeza la lista de candidatos para el Senado. Entre los denunciantes están Santiago Romero, gerente general del Colegio Médico Gremial, que agrupa tanto a médicos como a sanatorios, y el militante Marcos Alejandro Coria, quien acusó a Godoy de los falsos avales partidarios. Un tercero, José Ceferino Uriona, director del Sanatorio Palacio, declaró que un hombre aseguró venir de parte de la cúpula libertaria para exigir un retorno “del 20% de lo que facturamos… para sostener al partido, para la campaña”.
Capi Rodríguez fue citado a declarar por “falsedad ideológica, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario”, en la causa en la que buscan pruebas de coimas, contrataciones irregulares y afiliaciones partidarias apócrifas.
En ANSES y PAMI, el personal directivo denuncia que luego de ponerlos en funciones les exigían dinero para mantenerles los puestos de empleo. Dos médicos señalaron que coimeaban a quienes quisieran seguir como prestadores.
El delegado de la ANSES habría usado la base de datos oficiales para afiliar de modo compulsivo a personas vulnerables. El coordinador del PAMI habría contratado a la empresa de turismo Sakura, con la que negó tener relación, pero se descubrió que él le pagaba el alquiler. Fue apartado por la central nacional.
Los descuentos compulsivos para el partido fueron auscultados en mayo por dos canales porteños y, meses después, por la revista Noticias, que consignó a quiénes les cobran por permanecer en sus cargos de PAMI o ANSES: En San Juan, los funcionarios deben aportar “5% de su ingreso”, según previeron en la carta orgánica provincial de LLA. En Catamarca transfieren los que pasaron por la Tesorería General. En Salta y Santa Fe, los directivos hicieron una transferencia para 2025. En Córdoba aportan los jefes de PAMI y ANSES socios del diputado Gabriel Bornoroni. También el jefe de ANSES en Posadas y el presidente del Tribunal de Disciplina del PJ de Misiones, casado con una responsable de PAMI, y Carlos Adrián Núñez, presidente distrital de LLA, denunciado en mayo.
Neuquén
La provincia está gobernada por Rolando Figueroa, quien en abril último aprobó por decreto el traspaso del cluster Vaca Muerta Norte y Sur de YPF a Bentia Energy, a pesar de que no cumplía con la Ley de Hidrocarburos 17.319, que exige solvencia financiera y capacidad técnica. Tal carencia había sido disimulada con palabras: Javier Iguacel mentó el compromiso de Bentia a invertir 150 millones de dólares cuando su integrado era 0,014% de lo necesario, como expuso Horacio Verbitsky en Un genio para los negocios.
Su vicegobernadora, Gloria Ruiz, fue destituida en diciembre por la Legislatura, cuando ella y su hermano Pablo fueron acusados de desviar fondos desde las cuentas del Banco de la Provincia de Neuquén.
Ahora, una de las candidatas de su partido, Desarrollo Ciudadano, debió renunciar a la postulación para el Senado luego de que su hijo quedara expuesto por “un intento de robo millonario”. El vástago de Marisa Torres San Juan, ya grandecito, ocupaba un lugar jerárquico en el supermercado La Anónima de la ciudad de Plottier, adonde facilitaba el ingreso de un compinche en camioneta que cargaba cientos de kilos de queso y carnes para llevárselos sin pagar. Así, Cristian Javier Poblete Torres quedó imputado por hurto continuado.
Tierra del Fuego
Desde la provincia más austral repararon en el administrador de un proyecto de $130.000 millones inspirado por Nicky Caputo, cuyo primo ministro de Economía puso como candidato a diputado al director del comité ejecutivo del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP): el abogado Miguel Schmukler va en el puesto 13 en representación de la provincia de Buenos Aires, con expectativas de entrar.
Schmukler había ido hace un año, por decreto de Milei, a reemplazar a los administradores con origen en el PRO, que no para de acumular heridos y deslizar sospechas contra un hombre que no está imputado en nada por esta función, que desempeña ad honorem. Tenía como función dirigir el fondo que decide los financiamientos estatales de proyectos estratégicos, entre los que se encuentra el desarrollo del puerto de Mirgor, de Nicolás Caputo.
Ese puerto en Río Grande es un proyecto estratégico en pos de mejorar la logística y la economía regional. Con una inversión de más de 500 millones de dólares para la construcción, que insumiría tres años, planea ser clave en la exportación de gas y petróleo de Total Austral hacia Europa y el abastecimiento en la Antártida, tanto como el control del Atlántico Sur.
Conurbano violento
Un denunciado por violencia de género, que va a juicio, sigue en la lista para diputado: Federico Bojanovich acompaña a Maximiliano Bondarenko en la boleta de LLA para diputado bonaerense.
Su antecedente data de 2022, a partir de una relación que mantenía desde hacía tres años con una joven que narró haber sido atacada por él. Relató que la encontró en un local nocturno platense, que discutieron, Bojanovich la empujó, le tiró el celular contra el piso varias veces hasta romperlo. La llevó a casa entre insultos, le dio la cabeza contra la puerta del auto y una trompada en la cara. Después, la hostigaba con mensajes.
Con las capturas de sus textos como prueba, más la constancia del Hospital San Roque, se ligó una restricción perimetral. Imputado por lesiones y daño con violencia de género, evitó darse por enterado de las medidas judiciales. Hasta que en 2023, cuando se candidateó a intendente de Ensenada, fue a votarse. Lo esperaba Prefectura, por lo que se vio obligado a notificarse.
Tras la investigación de la fiscal Mariana Ruffino (UFI 13), el juez de Garantías Martín Miguel Rizzo resolvió en agosto del año pasado enviarlo a juicio en el Correccional 2 de La Plata.
La paradoja es que, en otro contexto, de haber seguido como comisario, el okupa de terrenos que encabeza la lista tendría que haber detenido a quien hoy postula para tener fueros.
Por el juicio político
El rionegrino Miguel Ángel Pichetto, diputado por Buenos Aires, le dijo a Jorge Fontevecchia que la sede del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) la compró “empresario muy amigo de Milei”. Se refiere a la sede de Palermo (Cerviño y Ortiz de Ocampo), vendida por 18,5 millones de dólares a la desarrolladora Brukman Mansilla.
“El edificio del INTA era muy apetecible. El dueño es el que puso en ese organismo al encargado de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El que puso al encargado es el que compró el edificio. El modelo de construcción y de apoderamiento de terrenos y edificios públicos, muy importantes y apetecibles para el circuito inmobiliario argentino, hecho por cuatro o cinco personajes que son los de siempre, es otro tema que algún día habrá que investigar”, dijo.
Luego de tirar la piedra y llevarse la mano al bolsillo, deslizó: “Creo que las posibilidades de juicios políticos, y de que el Congreso tenga que actuar de una manera distinta respecto al Poder Ejecutivo, no son insignificantes. No quiero decir que sea lo más probable, pero no lo veo para nada imposible”.
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