Lo que no se puede negar

Se instaló un debate sobre la necesidad de una ley contra el negacionismo

 

Durante el gobierno de Mauricio Macri proliferaron expresiones que ponían en duda lo sucedido durante la última dictadura, incluso el entonces presidente llegó a decir que no le interesaba el número de desaparecidos. Durante la visita reciente de Alberto Fernández a Francia, un grupo de organizaciones de derechos humanos le sugirieron al mandatario trabajar una legislación contra el negacionismo, lo que abrió un debate sobre las bondades de una ley en ese sentido. Más allá de la discusión sobre la oportunidad de aplicar el Código Penal para quienes banalicen o incluso nieguen los crímenes de Estado, los tribunales argentinos, movidos por la tenacidad de familiares, víctimas y organismos, probaron y dejaron pocas dudas sobre la modalidad que asumió la represión en el país.

 

 

Mirar al mundo

El sociólogo Daniel Feierstein publicó en 2018 el libro Los dos demonios (recargados). Allí analiza como respuestas fallidas al negacionismo la penalización, y examina qué pasó en otras latitudes.

En Francia, la condena por negar el nazismo puede llegar a un año de prisión y al pago de 45.000 euros. Bélgica también prevé una sanción de un año de prisión. En España, la pena se extiende hasta los dos años, aunque sigue teniendo en un limbo los crímenes del franquismo. En Alemania, la sanción es de hasta cinco años de cárcel.

“Es un dato de la última década – escribe Feierstein — el crecimiento sostenido de los partidos neonazis en Austria, Bélgica, Grecia y los países de Europa Oriental y de variantes de derecha nacionalista más o menos apologética de la experiencia nazi o fascista en Alemania y Francia. Ante este fenómeno cabe preguntarse si recurrir al Código Penal tiene alguna eficacia para librar un combate que es eminentemente político. O si, por el contrario, la penalización de dichos pensamientos no los vuelve justamente más atractivos o permite utilizarlos como pantallas del negacionismo de los genocidios implementados en algunas de esas sociedades con posterioridad al nazismo”.

Consultado para esta nota, el jurista argentino Fabián Salvioli – Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de Naciones Unidas – explicó que no puede pronunciarse al desconocer los detalles del proyecto en el que estaría dispuesto a trabajar el gobierno. “Pero una prohibición general del negacionismo -como existe en Francia- es a mi juicio incompatible con el ejercicio de la libertad de expresión garantizada en los instrumentos internacionales de derechos humanos”, explicó Salvioli desde Madrid.

El año pasado, Abuelas de Plaza de Mayo presentó un anteproyecto de ley cuyo foco estaba en la prevención del negacionismo, no en su sanción. Proponía políticas para prevenir el negacionismo en cabeza del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y sugería que se tomara en cuenta como un agravante para otros actos discriminatorios.

 

 

Innegable

Desde que se inició el proceso de juzgamiento en 1985, los tribunales argentinos crearon jurisprudencia y acreditaron las modalidades de la represión desplegada por la dictadura – y aun antes.

Aquí unos ejemplos de lo que dieron por probado los jueces y las juezas:

– Se utilizó clandestinamente el aparato estatal para cometer los crímenes más deleznables y procurar impunidad. Así lo dio por probado la Cámara Federal al juzgar a las tres primeras Juntas Militares en 1985. “No se ha encontrado, pues, que conserve vigencia ni una sola regla que justifique o, aunque más no sea, exculpe a los autores de hechos como los que son la materia de este juicio. Ni el homicidio, ni la tortura, ni el robo, ni el daño indiscriminado, ni la privación ilegal de la libertad, encuentran en esas leyes escritas o consuetudinarias o en esos autores una nota de justificación, o de inculpabilidad”, escribieron entonces los jueces.

– La Argentina fue parte de una coordinación represiva entre países del Cono Sur. El Tribunal Oral Federal 1 consideró que el Plan Cóndor fue una asociación ilícita regional entre las dictaduras de la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia. La alianza criminal puso en marcha el intercambio de inteligencia y la persecución, secuestro, repatriación forzada, tortura y desaparición de disidentes políticos en perjuicio de 174 víctimas, cuyos casos se examinaron durante el juicio que se extendió entre 2013 y 2016.

– Existió un plan sistemático para la apropiación de niños y niñas. El Tribunal Oral Federal 6 consideró en 2012 que se trató de una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad, en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres en el marco de un plan general de aniquilación que se desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión, implementando métodos de terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar.

– Genocidio. Siguiendo la jurisprudencia de la Corte, los tribunales consideraron que los crímenes cometidos durante la última dictadura constituyeron delitos de lesa humanidad, pero varios tribunales los catalogaron como ocurridos en el marco de un genocidio, al decir que el afectado fue el grupo nacional argentino. La Cámara de Casación tiene para revisar la sentencia del Circuito Camps de 2012, cuando se condenó por genocidio y no empleando la fórmula en el “marco de un genocidio”.

– Se cometieron delitos de lesa humanidad antes del golpe de Estado. Así lo consideraron los tribunales en los casos de la Masacre de Trelew de 1972 o en el Operativo Independencia – desplegado en la provincia de Tucumán en 1975. La Corte aun debe revisar sentencias como la de Trelew o la de la masacre de Capilla del Rosario – ocurrida en 1974 en Catamarca.

– Se eliminó a personas a través de vuelos de la muerte. Así lo acreditó, por ejemplo, el Tribunal Oral Federal 5 en el tercer juicio por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

– Las empresas participaron del terrorismo de Estado. Revisar el rol de las empresas es una cuenta pendiente del proceso de juzgamiento en la Argentina. En 2018, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó a dos ex jefes de la automotriz Ford por haber montado un centro clandestino dentro de la planta de General Pacheco y facilitar los secuestros y torturas de los trabajadores. Se trató de la segunda condena contra empresarios. La primera fue en 2016 contra Marcos Levín, dueño de La Veloz del Norte, pero la Cámara de Casación la revocó en 2017.

– Integrantes de la Iglesia católica cometieron crímenes de lesa humanidad. Así quedó probado desde 2007 con la sentencia a prisión perpetua del capellán de la Policía Bonaerense Christian Von Wernich. Por otro lado, también se acreditó que lo que la dictadura presentó como accidentes fueron asesinatos de religiosos – como lo fue en el caso de Monseñor Enrique Angelelli en La Rioja. Y acaba de solicitarse la reapertura del expediente por la muerte del obispo de San Nicolás, Ponce de León, también muerto en un presunto accidente de auto. Por mentir sobre las características de ese episodio, murió procesado el ex obispo Oscar Justo Laguna.

 

 

 

El mejor antídoto

«Creo que ya existe un mandato social que impide renunciar al descubrimiento de la verdad», dice la fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. «No hace falta una ley. Sí hace falta que ese deber irrenunciable se consagre en las sentencias, en los colegios y los libros de enseñanza, y así se transmita y perdure como parte de los argentinos», agrega.

Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, eran — al 30 de junio del año pasado– 962 personas las condenadas por crímenes durante la dictadura y se habían realizado 238 juicios al 1 de diciembre del año pasado.

Los juicios son un puntal para prevenir el negacionismo y apuntan a las generaciones jóvenes. La presencia de adolescentes en la sala de audiencias está contemplada en el nuevo Código Procesal y su televisación es generalmente habilitada por la mayoría de los tribunales.

Además de los juicios, ha habido durante décadas una tarea de difusión y debate impulsada por los organismos de derechos humanos, que singulariza a la Argentina en el mundo y generó un grado de conciencia y activismo que frustró todos los intentos del anterior gobierno por revertir lo logrado. El mejor ejemplo es la gigantesca movilización en respuesta al intento oficial, viabilizado por la Corte Suprema de Justicia, de aplicar el 2×1 a los responsables de crímenes de lesa humanidad.

 

 

Marcha contra la impunidad del 2×1 en Plaza de Mayo.

 

 

Esa conciencia social se convirtió pocos días después en una ley que sepultó el intento. El camino inverso es incierto.

 

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