El miércoles pasado el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, afirmaron en conferencia de prensa que la tragedia sucedida en una escuela de San Cristóbal, donde un estudiante de 15 años mató a otro de 13 con una escopeta, está vinculada a “subculturas digitales violentas de alcance internacional”. Ambos descartaron las versiones sobre bullying o un “brote psicótico” como causas del ataque y, de modo tácito, otros aspectos inquietantes que salen a la superficie con el hecho.
Trabajadoras del Equipo Socieducativo del Ministerio de Educación de Santa Fe denunciaron un día antes de la conferencia de Pullaro y Monteoliva la “absoluta precariedad” en que trabajan; con los salarios más bajos de la escala del gremio, sin viáticos ni movilidad deben abordar la conflictividad emergente en las escuelas. El de la Escuela Número 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal no fue el primer incidente con armas en instituciones educativas de la provincia: en 2025 hubo episodios en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Santa Fe, y directivos del sindicato Amsafé cuestionaron al Ministerio de Educación por tratar los casos de manera aislada.
La hipótesis de una comunidad “transnacional, multifacética y descentrada”, como la presentó el Ministerio de Seguridad de la Nación, aleja también a la tragedia de San Cristóbal de otros problemas que se anudan en el hecho como la discusión sobre el acceso a las armas o de componentes de la ideología de ultraderecha en los foros de los que participaba el tirador. Pero la onda expansiva va más allá y se traslada a una tragedia personal del gobernador de Santa Fe.
“Estoy muy golpeado por lo que pasó”, declaró Pullaro en la mañana del 30 de marzo, cuando se produjo el tiroteo. El gobernador también dijo que se activaría “el proceso penal sobre el victimario”, y el mismo día la discusión giró alrededor de la condición del menor, ya que el Régimen Penal Juvenil que baja la edad de punibilidad a los 14 años entrará en vigencia a partir de septiembre.
Es difícil saber si el golpe que acusa Pullaro ante un chico de 15 años que mata a otro de 13 remueve su propia experiencia en Hughes, el pueblo del sur de la provincia donde todavía está radicado. El gobernador de Santa Fe, cuando tenía 14 años, provocó la muerte de Javier Eduardo Romero, de 13 años, con un revólver calibre 22. La asociación del presente con el pasado es inevitable, porque el mismo protagonista la suscita con su prédica sostenida por el castigo a los menores que delinquen.
El retorno de lo reprimido
Pullaro cultiva con esmero su perfil de político de mano dura contra el delito y aficionado a las armas, desde los días en que el gobernador Miguel Lifschitz lo nombró Ministro de Seguridad de la provincia. En mayo de 2024 llamó “cosas intelectuales” a las torturas comprobadas en presos de la cárcel de Piñero. “A mí que puse la cara como nadie por la Policía y por el Servicio Penitenciario, a mí que me peleé con todos los garantistas, ¿a mí me van a decir asesino de policías?”, se indignó en el mes de febrero, ante la protesta policial que puso en jaque a su política de seguridad.
El kirchnerismo fue la bestia negra de Pullaro en la campaña para las elecciones de gobernador de 2023, volvió a agitarlo en la discusión sobre la baja de la edad de punibilidad y es muy probable que insista con el tema en 2027, si se presenta a la reelección. Su oposición al gobierno precedente de Omar Perotti fue menos drástica de lo que parece: apoyó la designación como Ministro de Seguridad de Claudio Brilloni (hoy Director de Gendarmería Nacional) y ratificó a su jefe de policía en Rosario, Daniel Acosta.
En marzo de 2025 se descubrió que ese “muy buen cuadro policial”, como Pullaro definió a Acosta, organizaba desde hacía dos años un fraude con el dinero que la provincia asignaba para el combustible de los patrulleros. Acosta fue desplazado y la investigación prosigue. Durante la protesta policial del pasado mes de febrero, funcionarios del gobierno provincial afirmaron que “gente vinculada” con el ex jefe fogoneó las protestas. Pullaro no hizo comentarios sobre el punto, ni sobre el fraude que comprometía a su hombre de confianza en la policía de Rosario.
Pullaro elige el silencio ante cuestiones críticas. En la interna para las elecciones a gobernador, la senadora Carolina Losada lo asoció con bandas narcopoliciales y recordó el respaldo que le dio a Alejandro Druetta, un comisario de la extinta Dirección de Drogas provincial que construyó la imagen de un policía de mano dura con el delito cuando en realidad manejaba una red de venta de drogas itinerante entre Rosario, Villa Constitución y Venado Tuerto, según los destinos que le asignaron dentro de un organismo completamente dedicado a la explotación del narcomenudeo.
Druetta fue condenado a nueve años de prisión en 2021, cumplió parte de la pena en su domicilio y esta semana recibió el beneficio de la libertad condicional dispensado por la Justicia Federal. Pullaro nunca contestó a las acusaciones de Losada, como no responde sobre las circunstancias en que murió Javier Eduardo Romero. Pero son precisamente el silencio y las circunstancias no aclaradas las que mantienen presente el suceso.
En el pasado mes de enero, Pullaro se sumó a las voces que reclamaron la baja de punibilidad y opinó sobre el caso de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue asesinado por otros dos menores de 14 en la ciudad de Santa Fe. “Un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor. No es posible ni real sostener que una persona de 14 años no comprende la gravedad de sus actos cuando comete un homicidio”, dijo. El actual gobernador de Santa Fe, como está dicho, tenía precisamente esa edad cuando provocó la muerte del chico de Hughes.
Javier Eduardo Romero murió el 6 de septiembre de 1989 en un sanatorio de la ciudad de Rosario, después de recibir un balazo en la cabeza disparado por el actual gobernador. Silvina Romero, la hermana, contó que Javier estaba con un chico de la misma edad, Pedro Torres, y salieron a tomar un helado. En la heladería se encontraron con Pullaro, quien los invitó a jugar en su casa.
No estaban los padres, ni los hermanos. “Pullaro sacó un arma que estaba sobre un ropero, un revólver calibre 22, y lo cargó con una bala. Según el relato de Torres, se puso a jugar a la ruleta rusa con mi hermano y gatilló varias veces hasta que salió la bala y quedó alojada en la cabeza de Javier”, relató Silvina Romero.
Pullaro se refirió al episodio entre el minuto 52 y el minuto 53 de una entrevista con Luis Novaresio el 6 de agosto de 2025. El comentario surgió porque Amalia Granata publicó la foto de Romero en X. “Me dolió mucho lo que dijo Amalia, porque en mi vida tuve un hecho muy trágico. Falleció una persona porque estábamos manipulando un arma”, dijo el gobernador.
La versión de Pullaro borra la responsabilidad que le atribuyeron el testigo y los familiares de Romero, hace partícipe a la víctima de su propio homicidio, rebaja el drama a una chicana de la política y finalmente lo da por superado: “Obviamente me dolió porque a veces no vale todo. Como cristiano perdono –agregó, refiriéndose a Granata—, y puedo hablar y mirar adelante”. Al mismo tiempo en que afirmó no guardar rencores “con nadie”, puso una condición: “No mencionaría el caso si (Granata) quiere hablar conmigo”.
“Hoy el debate vuelve a emerger a partir de un caso aberrante –dijo Pullaro más tarde, a propósito del crimen de Jeremías Monzón—. La indignación social es comprensible: dos adolescentes que cometieron un asesinato brutal están en libertad y el Estado no tiene herramientas para aislarlos”. En cambio, el homicidio de Javier Romero quedó silenciado por un acuerdo extraño y por un documento, el certificado de defunción, que negó la causa de la muerte.
No hubo reconstrucción del hecho ni autopsia. El certificado de defunción consignó que la muerte se produjo por una enfermedad. María Cristina Mighetto, la madre de Javier, firmó en diciembre de 1989 un documento en el que renunció a ejercer derechos e iniciar acciones, por un acuerdo entre su propio abogado y el abogado de la familia Pullaro en el marco de un juicio civil rápidamente cerrado. “Le dijeron que el juicio no iba a prosperar porque el certificado de defunción decía muerte por enfermedad y le pagaron una indemnización con la que ella hizo nueve nichos en el cementerio de Hughes, uno para mi hermano y los otros para el resto de la familia”, contó Silvina Romero.
Politólogo, recibido en la Universidad Nacional de Rosario, Pullaro afirmó que la realidad de Santa Fe lo transformó en el político que debe ser. Según su explicación, “cuando uno ve a una persona que fue víctima de un delito violento, de un delito contra la vida, cambia la forma de ser y la forma de pensar”. Esta supuesta empatía no se verifica con la familia de la víctima de Hughes: “Solo queremos que nos cuente su verdad, la que sea. Su familia nunca se acercó, nadie nos dijo una palabra. Después de tanto tiempo quisiéramos aliviar el dolor”, dice Silvina Romero.
La familia Romero evita hablar del episodio en coyunturas electorales, apenas hizo una publicación en una cuenta de Instagram y no secundó los posteos de Granata activados por la disputa política. Pullaro vota en cada elección en la Escuela Nº 504 “Domingo F. Sarmiento” de Hughes, el mismo lugar donde votan la madre y la hermana de Javier, que incluso en las últimas elecciones integró la mesa del comicio. Pero el gobernador se sacó una foto junto a la urna y no le dirigió la palabra.
Pullaro no cursó la secundaria en esa institución sino en la Escuela N° 224 “Patagonia Argentina”. Al año siguiente de la muerte de Romero, cuando estaba en tercer año, le dieron el pase a una escuela de Wheelwright, el pueblo vecino, después de registrar problemas de conducta. Como gobernador, llamó a licitación y otorgó los fondos para construir el nuevo edificio de la Escuela “Patagonia Argentina”; la inauguración de la obra, ya concluida, fue suspendida sin fecha ante el temor de que una protesta del gremio docente por los bajos salarios exhume también el pasado.
Basado en su experiencia, en un momento en que se producen hechos graves protagonizados por jóvenes armados, incluso en consonancia con prácticas evangélicas con las que comulga como creyente, Pullaro podría testimoniar por ejemplo sobre el peligro de que los menores tengan acceso a las armas. No parece que pueda ser el caso, pero lo que se calla está destinado a persistir.
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