«Lo quemaron vivo»

El Comité contra la Tortura recibió a los familiares de la masacre de Esteban Echeverría

 

Ezequiel Soto dice que esa fue la condena que le dieron a su hermano: lo quemaron. Que no les alcanzó con los tres años de prisión, ni con tenerlo seis meses en una comisaría clausurada esperando «el cupo» para el traslado. No les alcanzó. Ezequiel lleva el dibujo de un corazón verde en su WhatsApp. Y una única frase: ¡Será Ley! Es hermano de Elías Soto, uno de los diez varones muertos el 15 de noviembre en la Comisaría 3° de Transradio en Esteban Echeverría. Estaba en una celda de 9 a 12 metros cuadrados con otras 11 personas. La comisaría tenía siete clausuras ordenadas. Y 27 presos en total. Las condiciones del espacio enloquecedor activaron una protesta a las tres de la mañana. Había cuatro policías de guardia. Cortaron la luz. Querían obligar a los presos a silenciar el ruido de la música. Hoy cuando Ezequiel habla de su hermano lo primero dice es una frase del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Queremos que las autoridades den la cara, dice, ya que Ritondo dijo que prefería tenerlos amontonados antes que libres. Una política pública que en el fondo no dice que lo que busca es asesinarlos.

El martes Ezequiel se sentó con sus anteojos en la primera fila de un anexo del Congreso. Había padres, madres, esposas e hijes de los ahora diez muertos de Esteban Echeverría, y de los dos sobrevivientes. Fueron convocados por el Comité contra la Tortura, un organismo integrado por representantes de la sociedad civil, legisladores, ejecutivo nacional y de las provincias. Aunque con mayoría del partido gobernante, en el primer año consensuó una resolución clave para obtener la domiciliaria de Mirta Guerrero, Shakira de la Túpac, detenida en condiciones deplorables en Jujuy. Realizaron inspecciones en cárceles y comisarías de tres provincias de signo político distinto: Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Y preparan un pedido de audiencia con la gobernadora María Eugenia Vidal por la masacre de Esteban Echeverría, quien aún no se pronunció ni se comunicó con las familias. Su director ejecutivo es Jorge D’Agostino, legislador entrerriano de la UCR, pero el encuentro fue conducido con lógica de organismo internacional por quienes llevan el caso: Gustavo Palmieri, ex director de violencia institucional del CELS y representante por la sociedad civil, y Rocío Alconada Alfonsín.

No es esto lo que hacemos siempre, dijo Palmieri a la sala. Lo hacemos ahora porque esto es muy grave. La verdad. No es algo que pasa todos los días, aunque las situaciones que ustedes describen sí pasan todos los días.

 

Foto: Nicolás Rapetti

 

Elías Soto cumplió 20 años el último febrero. Era de River. Estaba en Brasil. Se había ido de vacaciones con la familia de unos amigos. Y estaba feliz dice su madre cuando mira la imagen que le mandó ese día.

Durante los últimos años, la familia buscó auxilio donde pudo para darle una mano con un problema de adicciones, un dato que la Comisión Bonaerense por la Memoria ahora toma para explicar que hay que buscar en esa total falta de respuesta del Estado parte de las razones de los pibes que están llenando las cárceles. La otra explicación es la política con detenciones que superan récord mes a mes. En la provincia de Buenos Aires hay 4.128 personas detenidas en comisarías con 1.019 camastros, donde legalmente sólo deberían estar no más de 48 horas. 1.800 personas están alojadas en 116 comisarías como las de Esteban Echeverría que también fueron clausuradas pero siguen funcionando. El total de detenidos en las cárceles estalladas de las provincia es de 48.000, pero la dimensión sólo queda clara cuando se entiende que en un sólo mes, entre octubre y noviembre, hubo 400 nuevos detenidos.

Margarita Jarque es la abogada de la Comisión por la Memoria de la Provincia. Y apenas pudo habló del tamaño de la celda para explicar el problema más grave de esta causa: las condiciones materiales de detención, un dispositivo al que define como sistema de crueldad y que explica la necesidad de buscar responsables materiales, pero también funcionales y políticos.

—Ellos nos dijeron que los presos salieron caminando —dice una de las mujeres en la sala—. ¡Y encima nos decían que todos los pibes estaban bien!

La Comisión oye en silencio. Otra mujer se desata.

—Lo mas doloroso, ¿sabe qué es? Que siguen circulando, que la comisaria sigue funcionando.

Es así, dice otra persona. Y alguien vuelve al día 15 para decir que las familias se enteraron de lo que había pasado a las cuatro de la tarde y a través de las redes sociales. Qué nadie los llamó para avisarles. Que a los presos los tenían con esposas aún adentro de la celda. Y que un video muestra a los policías que se burlan mientras tiran los cuerpos con una frazada adentro de una camioneta.

¿Todos se presentaron como querellantes?, pregunta la nieta de Alfonsín. Y Jarque responde.

La causa tiene 9 víctimas, particulares damnificados, dice. En cuanto a las responsabilidades, hay que hablar de las condiciones de detención. Este caso tiene la singularidad que tenía el cuartel de bomberos al lado. ¡Al lado!, repite. Y eso genera una condición distinta a casos como la comisaría de Pergamino, donde los bomberos demoraron 25 minutos en llegar. Pero Jarque dice que este es un caso paradigmático para avanzar en las responsabilidades funcionales y políticas del sistema de crueldad porque esta comisaría había sido denunciada y clausurada siete veces de 2012 en adelante.

Las clausuras fueron dispuestas por el TOC 5 de Lomas de Zamora desde el día 14 de noviembre de 2011. Luego hubo una clausura por disposición administrativa Nº 268/12 para alojar detenidos. Luego hubo otras cinco de otros organismos judiciales. Y en abril de este año el Juzgado de Garantías Nº 2 de Lomas de Zamora resolvió favorablemente un hábeas corpus frente al reiterado incumplimiento. Notificó a la Comisaría, a la Departamental, al ministro de Seguridad, de Justicia, a la gobernadora, al Intendente y a la Suprema Corte provincial sobre la clausura y prohibición de alojar detenidos.

 

La Comisaría al lado del Cuartel de Bomberos

 

La causa ahora está en manos del fiscal Fernando Semisa, que al comienzo investigó a las víctimas para saber quién había comenzado el incendio como para imputar a jóvenes que además están fallecidos, dijo la abogada. Pero luego de ver los antecedentes, recaratuló la causa para investigar las responsabilidades funcionales. «Todavía la investigación no parece muy ordenada, hay una búsqueda de pruebas algo desbordada sobre antecedentes y no está claro para dónde va, pero creemos que en este momento está bien que se acumulen los datos. Sabemos que no es fácil probar este tipo de imputaciones, pero también sabemos que si no avanzamos sobre eso es muy difícil asegurar no estar lamentando todo esto otra vez».

El 15 de noviembre en la Comisaría N°3 había dos detenidos en la celda de castigo, padre e hijo, un lugar donde el baño es reemplazado por una bolsa. Y de donde ellos salieron con vida porque cuando se tiraron al piso notaron que podían respirar mejor. Los otros 25 estaban repartidos en celdas donde tenían permitido bañarse sólo una vez a la semana, los miércoles, antes del horario de visitas. Donde no había agua corriente de modo continúo. No había baños en las celdas. No podían recibir visitas de hombres o de niños. Y las mujeres sólo podían visitarlos en el interior de las celdas a donde podían llegar luego de moverse unos arriba de otros y tras ser sometidas a desnudez forzada en las requisas con todo tipo de tocamientos. Los familiares cuentan que el sistema también tenía otra cara todavía peor, y le dicen los paleros.

Los que son malditos son los paleros, dice una mujer. La sala escucha. Y ella no para. Son los que manda esa gobernadora. ¡Se lo diría en la cara! ¿Por qué hoy no está acá? ¿Por qué no vino? ¿Por qué los maltratan así? ¿Por qué les pegan y les rompen las cosas? Si nosotros le llevamos las cosas, por qué les hacen eso, tanto sacrificio, si le sacan hasta el pan.

O les roban la mitad de la tarta que llevan los familiares.

O les rompen un televisor.

Es interesante esto que plantean ustedes, dijo Palmieri.

—¡Ellos tendrían que estar acá! —respondió una de las mujeres. Habla de Vidal y de Ritondo.

Habría que analizar el planteo de la abogada, les dijo el Comité, también para parar la bronca. Y luego les dijeron que antes que nada debían explicarles cuánto y qué podían hacer. Palmieri les dijo: no somos fiscales, no somos el Ejecutivo ni el Legislativo. Pero todo eso que no somos, dijo, sí tenemos la obligación de que funcionen bien. En ese sentido, no podemos llevar la causa porque no somos fiscales pero sí podemos plantear cuáles son los estándares de investigación que deben seguirse.

En la sala hubo un signo alentador. El Comité no estaba sólo. Como sea hubo mucha presencia de distintas agencias del Estado. Varios diputados del Frente para la Victoria: Diana Conti, Leo Grosso y Horacio Pietragalla. Hubo un representante de la Defensoría de Lomas, estuvieron el CELS y dos representantes del Ejecutivo: uno del Ulloa y Matías Garrido, de Violencia Institucional del ministerio de Justicia.

¿Dónde está la gobernadora?, volvió a preguntar la mujer.

Y luego:

Y ahora, por qué no viene, si hasta te corren con que te tiran un tiro por la espalda.

La mujer es Sandra Rivero, la esposa de Miguel Angel Sánchez, uno de los muertos, 31 años de edad. Y madre de uno de los sobrevivientes, Rodrigo Osuna. Su esposo corrió a Rodrigo en el momento del incendio. Dicen que logró sacarlo y apartarlo de las llamas, que lo tapó con lo que pudo, hasta que se quemó. Sandra tuvo un infarto después de ese día. Tiene otros siete hijos, y está completamente desbordada, sin casa y con el hijo sobreviviente al que debe llevarle medicina al hospital.

Ezequiel habla cada tanto. Y escucha. Al lado se sentó la madre de Juan Carlos Fernández.

 

Juan Carlos Fernández

 

Juan Carlos tenía 31 años, esposa detenida y tres hijos institucionalizados. «Cuando mi nieta me preguntó por su papá, no sabía qué decirle», dijo Celina. «Mi hijo tenia ganas de vivir. De eso no hay dudas. Y quería luchar por su familia. Pero no, no lo dejaron. Fue muy injusta la vida con él. Está bien, él estaba detenido —dijo—. Había cometido un delito. Está bien».

Volvió a decir.

Y estaba pagando. Pero, ¿y? ¿Este es el precio? ¿Este es el costo por haberse drogado?

Entonces sacó su teléfono. Y se lo pasó a la gente del Comité.

¿Díganme si vale la pena que le hagan esto? No tenían derecho. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Eso hicieron con mi hijo. Ni a los animales se les puede hacer eso.

En la celda también estaba Carlos Ariel Corvera de 25 años, preso por robar una cortadora de césped. Jorge Ramírez, de 30 años, de Concordia, amigo de un jugador de fútbol de Racing que buscaba niños en los semilleros del barrio convencido de que iba a hacerlos grandes, quedó detenido seis días después de llegar a Buenos Aires por un supuesto caso de estafa. También estaba Jeremías Rodríguez de 19 años, padre de seis hijos; Walter Barrios de 21, Juan Lavedra de 59, Eduardo Ocampo de 60 y Fernando Arguello, de 33 años, uno de los tres sobrevivientes que finalmente murió el martes a las 10 de la mañana cuando empezaba esta reunión.

El 15 de noviembre, Fernando Gray recibió un llamado a la madrugada. Lo despertaron desde el Hospital Público Sofía Terrero de Santamaría convertido en zona de catástrofe. Habían llegado entre quince y veinte personas quemadas. Entraban a la guardia. Entre los hospitalizados, había por lo menos seis familias de Esteban Echeverría. La municipalidad atendió la emergencia. Pagó los sepelios con costos de 20.000 pesos por persona. Y nunca recibió llamado de la gobernadora.

«Yo no digo que antes todo funcionaba bien, pero ante una situación así, o menos grave, me llamaba el secretario de derechos humanos, me llamaba desarrollo social, desplegaba lo que hiciera falta, y si había un sólo muerto yo recibía el llamado del gobernador. Acá no llamó nadie —dice—: no les importa».

Esteban Echeverría tiene cuatro comisarías como estas. Todas clausuradas pero en actividad. Gray ofreció a la Provincia resolverlo. Construir espacios adecuados. Lo hizo con la alcaldía del Polo Judicial, pero no lo dejaron hacerlo con las comisarías porque le aseguran que las obras están licitadas. Pasaron tres años, murieron diez personas, y esas supuestas obras licitadas no comenzaron.

—¿Ustedes ya denunciaron a Vidal y a Ritondo? —le preguntó Pietragalla a Jarque, en la sala. Si no, les dijo, lo hacemos nosotros. Porque esta situación es muy grave.

Hoy los cuatro policías de turno están separados preventivamente. La Comisaría no está alojando detenidos pero todavía sigue funcionando. Ezequiel dice que está tirando todo ahora para el lado de la Justicia. Que están tratando de mantenerse enteros, él, su madre y su padre. Que se reunieron con el CPM, con el intendente y los diputados. Y en estos días distribuye un flyer para una marcha. Eso significa que aún existe capacidad de organizar lo que sea y que eso se salvó de las llamas.

Acá está Ezequiel, que ahora recupera una foto con Hebe:

 

 

Y acá una con fondo de playa, remera de Néstor, y reclamo de época.

 

 

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