Lobos sueltos en Escobar

Segundo escrache por la domiciliaria de Patti

Más de la mitad de los detenidos por crímenes de lesa humanidad están con prisión domiciliaria. De acuerdo al último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, se trata de 602 imputados sobre un total de 1.038 detenidos en todo el país. Los números muestran una tendencia en aumento durante los últimos años, en los que por primera vez se invirtió la relación entre cárceles y domiciliarias. En marzo de 2016 eran 446. Ese desplazamiento por goteo habilitado por tribunales permeables a los mensajes del gobierno que alentó desde los primeros días el establecimiento de los mayores de 70 años en sus casas, se detuvo con una marcha atrás en el caso de la domiciliaria de represores emblemáticos como Miguel Etchecolatz. Pero Luis Abelardo Patti permanece en una casa del country Septiembre de Escobar desde noviembre del año pasado. Y ahora emigró hacia otro country el apropiador de Juan Cabandié, Luis Falco.

El colectivo de H.I.J.O.S. de Escobar Zárate Campana realizará el sábado 14 de julio un escrache en las zonas de acceso al country de Escobar para reclamar la vuelta a la cárcel de Patti. Con la consigna el único lugar para un genocida es la cárcel, realizan una convocatoria que recuerda que quien fuera agente de inteligencia de la dictadura, integrante de los grupos de tareas de Escobar y ex intendente, es un gran simulador con dos condenas a perpetua y actualmente está siendo juzgado en un debate en curso.

“Tenemos que decir que este escrache se hace en un período en el que volvemos a tener presos políticos con la contracara de que a los genocidas los están mandando a sus casas”, dice Paola Garello, de la organización. “Como H.I.J.O.S. de Escobar, Campana y Zárate queremos volver a denunciar la presencia de este simulador en su casa, que nunca pidió perdón por los crímenes”.

 

 

Este es el segundo escrache que encabeza la organización con otros colectivos territoriales preocupados también ahora por la presencia de Falco. El primero se hizo en noviembre del año pasado, poco después del beneficio dispuesto por el juez del tribunal oral federal 2 de Rosario, Otmar Osvaldo Paulucci, en el marco de una resolución de la que no formaron parte ni fueron consultados ni peritos, ni querellas, ni funcionarios del Ministerio Público Fiscal. Aquel primer escrache no logró ingresar al barrio. Los movilizados permanecieron en las zonas de acceso bajo la presión de los controles de Gendarmería y Policía Federal. Lograron sí pintar carteles en la calle para señalar la presencia de Patti en el barrio, pero dos meses más tarde esos carteles habían sido borrados.

Falco también está en una casa del barrio cerrado Los Potrillos, ubicado en Ruta 8, kilómetro 62, Fátima, cerca de Pilar. La jueza María Servini de Cubría le otorgó la prisión domiciliaria. Condenado a 18 años de prisión en 2011, obtuvo una reducción de cuatro años de condena por un fallo de la Cámara Federal. Durante el juicio por la apropiación de Cabandié quedó demostrado que fue Personal Civil de Inteligencia de la Policía Federal. Abuelas de Plaza de Mayo emitió con comunicado denunciando esa situación dado que según explicaron ese antecedente permitió saber que contaba con documentos falsos que ahora mantienen latente el riesgo de fuga.

Bajo los argumentos de afecciones cardíacas y que ha superado los 70 años, la jueza le otorgó el privilegio que resulta aún más irrazonable en un barrio cerrado —señaló el comunicado— porque las fuerzas de seguridad deberían anunciar su visita a la seguridad privada, para controlar el cumplimiento efectivo de la condena. También dijeron que las afecciones cardíacas de Falco bien pueden ser tratadas en el hospital de la unidad penitenciaria.

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