Locos de color amarillo

El lobby por la presencialidad en las escuelas y las terminales con el gobierno porteño

 

“Lo último que se va a cerrar son las escuelas”. El Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta porotea con los algoritmos. Pero, ¿a quiénes va dirigido el mensaje? Entre los múltiples destinatarios aparece un poderoso tándem integrado por dos actores: grupos de padres y madres que emergieron en favor de la presencialidad y las corporaciones de la educación privada, dueñas de una notable capacidad de influencia política que se ha incrementado desde que llegaron Mauricio Macri y Rodríguez Larreta a la jefatura de Gobierno.

Padres Organizados es el colectivo de familias que más ha crecido mediáticamente. El grupo se presenta como espacio despojado de vínculo político. Incluso en una nota publicada el domingo pasado en el diario La Nación plantea como valor positivo esa aparente distancia con derecho de admisión: no se debe trabajar ni pertenecer al sector público y está prohibido hacer política. Así lo advierten en la nota a través de una de sus voceras, Quimey Lillo. Sin embargo, ella es una reconocida militante y dirigente de la Unión Cívica Radical. Es la responsable de la comunicación de la Fundación Alem, un ámbito de formación política que funciona en la sede de la UCR, en la calle Adolfo Alsina al 1700 y está conducida por Lilia Puig de Stubrin y Jesús Rodríguez, dirigente con una histórica trayectoria que arranca en su juventud en la Junta Coordinadora Nacional al inicio de la década del ’80.

Tampoco está despojado de vínculos políticos el abogado constitucionalista que asesora al grupo. El doctor Alberto Garay los representa legalmente en amicus curiae presentado ante la Corte Suprema en la causa que el gobierno porteño presentó impugnando el DNU de Alberto Fernández. Garay comparte estudio y es socio de Alejandro Carrió, quien se ha manifestado en más de una oportunidad políticamente, e incluso ha sido letrado de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal y que llegaron sin pasar por el Senado.

Otro grupo de padres y madres que valoran como algo positivo su supuesta prescindencia política es ALasAulas. Son impulsores de varias de denuncias presentadas en la Justicia porteña para frenar el DNU. Aparecieron a mediados de 2020, como un hashtag en redes sociales, y se presentaban como una iniciativa compuesta por familias que contaba con el apoyo de 130 agrupaciones. En realidad, más que 130 agrupaciones, quienes avalan al grupo son poderosas empresas que suelen alentar las iniciativas de la Coalición Cívica y el PRO. Entre esas firmas aparece la Fundación Cimientos, de frondosos vínculos con Pampa Energía, Pan American Energy, Techint, JP Morgan y La Rural por citar algunas. También respalda a ALasAulas la Asociación Civil Conciencia, de excelente relación con la Embajada de Estados Unidos. Otro actor que suscribe las declaraciones del grupo es Endeavor, una ONG liderada por Marcos Galperín de Mercado Libre, Gustavo Grobocopatel y Federico Braun, dueño de una importante cuota de la cadena de supermercados La Anónima y el Banco Galicia. Todos consustanciados públicamente con el ideario de Juntos por el Cambio. Al mismo tiempo, las madres y padres de ALasAulas encontraron un rápido aliado en Argentinos por la Educación, otra ONG apoyada por la Fundación Ineco de Facundo Manes.

Fueron varios los recursos presentados en la justicia porteña para impugnar el DNU. Uno de ellos fue aceptado por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, llamada Sala Amarilla. Esa decisión del tribunal motivó la conferencia de prensa de Rodríguez Larreta en la noche del domingo 18 de abril y el recurso contra el DNU había sido presentado pocas horas por el Centro de Estudios en Políticas Públicas. Esa fundación es presidida por el especialista en educación Gustavo Iaies. Muchos recuerdan su paso por importantes cargos en la cartera educativa nacional entre 1999 y 2001 durante el gobierno de Fernando De la Rúa.

Actualmente hay decenas de grupos que se han aglutinado por el reclamo de la presencialidad. En general, rechazan la virtualidad y sus reclamos sintonizan perfectamente con los planteos de las instituciones privadas ante las autoridades. “En la perspectiva de algunos padres que envían a sus hijos a las escuelas de gestión privada, junto a ese reclamo subyace la idea de que ‘si pago, tengo derecho a reclamar por el servicio’. Esto se aleja de la idea de la educación como un derecho”, apunta Myriam Feldfeber, profesora e investigadora de la UBA.

Estos grupos de padres y familias son los actores más visibles en favor del presencialismo. Sin embargo, con menos exposición en medios pero con una fuerte influencia en las mesas del poder hay un segundo actor: las corporaciones de la educación privada. “Están jugadísimas a presionar a Larreta para que las escuelas sean lo último que se cierra. Y se lo recuerdan a cada paso”, señala un dirigente que debe negociar asiduamente con estas cámaras del sector.

 

Radiografía porteña

Las grandes corporaciones de la educación privada se reconocen como militantes de la presencialidad desde la primera hora. El 15 de abril de este año, la Coordiep —la cámara más poderosa ya que reúne a la educación confesional y laica— expresó: “Desde mayo de 2020 venimos reclamando por la presencialidad y procuramos el pleno ejercicio del derecho a la educación”. Las decisiones de Coordiep derraman en las escuelas de gestión privada a nivel nacional y en particular en la Ciudad de Buenos Aires por el alto grado de concentración de estos establecimientos educativos. Las directivas son acatadas tanto por las escuelas confesionales como las laicas. “Pero el que maneja la nave de las instituciones privadas es la Arquidiócesis de Buenos Aires”, apuntan desde un sindicato que trata con ellos.

Dentro de la Arquidiócesis, la responsabilidad recae en la Vicaría Episcopal, fundada en 1998 por el actual Papa Francisco y a cargo de 250 establecimientos entre parroquiales y congregacionales en la Ciudad. La Vicaría mantuvo una excelente comunicación durante la gestión de Macri cuando era Jefe de Gobierno en la Ciudad gracias al pro dictadura Santiago de Estrada, y luego la salud de ese vínculo siguió con Gabriela Michetti. En la actualidad, el vaso comunicante entre la Vicaría y el oficialismo porteño es la diputada nacional del PRO, portadora del pañuelo celeste, Victoria Morales Gorleri. Ella fue Presidenta de la Comisión de Educación durante su paso en la Legislatura porteña. “Todos los proyectos del Arzobispado entraban —y se aprobaban— desde esa comisión”, apuntan desde la casa de Leyes de la Ciudad. Antes de ser legisladora Morales Gorleri había tenido importantes responsabilidades al frente de la Vicaría Episcopal. Un alto ex funcionario del Ministerio de Educación en la Ciudad agrega que “el peso de la Iglesia se puede ver en los antecedentes académicos de los funcionarios del Ministerio de Educación. Una amplia proporción proviene de la UCA. Cuando asumen nadie los conoce dentro del mundo pedagógico o académico o experiencia en esas temáticas. Acuña es el caso más emblemático”.

A su vez, dentro de la gran corporación católica existe otro grupo de peso que también presiona a la Dirección General de Educación de Gestión Privada, a cargo de Constanza Ortiz, ex coordinadora del área de Educación de Bunge & Born. Se trata de las Congregaciones de salesianos, franciscanos, maristas y oblatos. Mantienen una pésima relación con la Vicaría que incluso motivó a que en 2012 tuvieran que formar Faera, Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina, para frenar el avance del Arzobispado. Sin embargo, más allá de las disputas internas, Faera también fue de las primeras en cuestionar la virtualidad.

Un alto ex funcionario educativo que tuvo que sentarse del otro lado del mostrador frente a estas corporaciones detalla que “la presión que ejercen es voraz. Por cada cosa que se les pide desde el Estado para que adopten medidas en sus instituciones que favorezcan la seguridad o aspectos tecnológicos, exigen más subsidio. Caso contrario, no tienen ningún problema en no acatar las leyes. Cuanto más poderosas, más difíciles es que accedan a cumplimentar normativas”. La explicación permite entender porqué la ministra Acuña transfirió 370 millones de pesos a la Dirección General de Educación de Gestión Privada desde la cuenta del Plan Sarmiento, justamente el programa que entrega dispositivos tecnológicos útiles en tiempos de virtualidad.

Otro universo de agremiaciones que también presiona por la presencialidad son las corporaciones privadas laicas. Muchas de ellas ganaron peso con Mauricio Macri y Rodríguez Larreta. Apoyan a Padres Organizados y son férreos militantes de las escuelas abiertas. La más poderosa es EPEA (Establecimientos Privados Argentinos), incluso el logo de esta corporación aparece como apoyo de la campaña ALasAulas. En EPEA se reúnen colegios como Cardenal Newman, Argentina Modelo, Belgrano Day School, Bayard, Michael Ham, Northlands, Palermo Chico, Lincoln y otros. Se autodefinen como semilleros de los futuros cuadros empresariales de la Argentina.

Otro gran jugador y que también aboga por el presencialismo es Vaneduc (Vanguardia Educativa). Se trata de una liga de colegios unidos por el vínculo común con la Universidad Abierta Interamericana. La impronta de estas escuelas es preparar alumnos que luego sigan en la UAI carreras propias del emprendedurismo.

Sólo los colegios de tinte progresista surgidas a mediados de los ’80 y durante la década del 90 del estilo Colegio de la Ciudad, Escuela del Sol o Instituto Gascón, ubicadas en la zona de Palermo, Villa Crespo y Colegiales se acercan a la idea de volver a la virtualidad hasta que la curva de contagios por lo menos se estabilice. Son instituciones que están fuera del ecosistema del lobby y el poder. Un director de estos colegios señala que “muchas dejan abierta la escuela para evitar posibles sanciones de parte de las autoridades, pero sutilmente acceden a los reclamos de padres que tienen dudas respecto a la presencialidad desde principios de año”. La fuente agrega que “esta semana, funcionarios del Gobierno de la Ciudad buscaron persuadirnos acerca de que las escuelas estén abiertas a través de un zoom”.

 

 

Polarizado

Desde la perspectiva de Roxana Perazza, ex subsecretaria de Educación en la Ciudad entre 2000 y 2003 y Secretaria entre 2003 y 2006, “el gobierno porteño tendría que haber planificado alternativas de escolaridad para este año tan complicado desde el punto de vista sanitario con propuestas concretas y posibles, pensando una presencialidad segura y no en la tapa de los diarios. El debate respecto a la presencialidad o virtualidad de las clases es una discusión falsa planteada por el gobierno de la Ciudad. Por supuesto que se pueden encontrar soluciones sin fomentar polos extremos pero es evidente que han buscado polarizar”.

Esa polarización encuentra un apoyo real en sectores de la sociedad. Más aún si se tiene en cuenta que 50 por ciento de la matrícula educativa concurre a establecimientos de gestión privada. La presencialidad se alienta así desde un afinado ensamble de voces en el que participan las corporaciones de escuelas privadas y las agrupaciones de padres.

Utilizan consignas como “son nuestros hijos” o “con los chicos, no” que aluden a una suerte de soberanía familiar que entienden, debería primar respecto del tránsito de sus hijos por la escuela. Tristemente recuerda aunque con diferentes encuadres culturales a quienes se resistían a la Educación Sexual Integral diciendo “con mis hijos no”. Sin duda, hay diferencias entre ambos fenómenos, pero lejos de remitir a la educación como derecho apelan a hacer valer el derecho individual de gozar del servicio en los términos acordados por el prestador, porque al fin de cuentas, el cliente siempre tiene la razón.

 

 

 

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