Lorenzetti y la falta de estatura

El presidente de la Corte anunció reformas atento a las encuestas… y al gobierno

 

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, citó a Albert Einstein el martes 6, durante su discurso de apertura del año judicial, y dijo que no se pueden esperar “resultados diferentes si no cambiamos los procedimientos”. El mandamás del Poder Judicial entiende de ecuaciones que arrojan un mismo resultado: está al frente del máximo tribunal del país desde hace once años. Y no tiene pensado ceder el poder a pesar de las intenciones del Gobierno. Por eso está dispuesto a negociar, en pos de conservar lo que supo cosechar.

En ese contexto, y apropiándose de los deseos del Poder Ejecutivo, Lorenzetti anunció desde el Palacio de Tribunales de la calle Talcahuano, hasta el que llegaron jueces de todo el país, una reforma del Poder Judicial, en diferentes esferas.

Atento a los datos que arrojan las encuestas respecto al descreimiento de la Justicia, con un tono conciliador pero también con mensajes directos para el Gobierno, el titular de la Corte llamó a sus integrantes a «escuchar los reclamos del pueblo» y buscar “reglas de armonización”.

Habló del narcotráfico, del debate entre mano dura y mano blanda, de los temas de género, diversas cuestiones que el oficialismo busca imponer en la agenda mediática, en pos de esconder los duros datos económicos que no está logrando revertir.

Luego Lorenzetti pidió políticas de Estado para evitar los cambios pendulares de la historia argentina. “Hay un exceso de coyuntura, una ausencia de estatura para ver los grandes problemas en el mediano y largo plazo”, afirmó como si fuera un estadista. Y con tono político, sentenció: “No tenemos que crear conflictos divisorios” sino “buscar soluciones unificadoras”.

“Políticas de Estado significa que nos pongamos de acuerdo todos los poderes en una serie de reglas estables con mirada a futuro que modifique los diseños institucionales y logremos resultados mejores. Este es el marco teórico en el cual queremos que este proceso de reforma se inicie”, sostuvo.

Después enumeró tres «tragedias» que afectan al sistema de administración de justicia: la tragedia del tribunal, la tragedia del tiempo y la tragedia de la burocracia.

La primera refiere es la escasez de tribunales y la sobrepoblación de causas; la segunda está vinculada a la «irracionalidad» de que un ciudadano tenga que afrontar litigios de 10 años —aquí hizo mención a los jubilados—; y la tercera es lo que aleja a los jueces del «drama humano», según explicó.

Sobre la denominada «tragedia del tiempo» y la posibilidad de que los tribunales trabajen más horas, sostuvo: «Si hay costumbres sobre las que debe haber un cambio, hagámoslo, no puede tan difícil». La referencia fue a la jornada laboral y al tiempo de la feria. Aquel es uno de los reclamos que Lorenzetti está dispuesto a ceder en su negociación con el Gobierno. Más de un integrante de Comodoro Py da por hecho que el presidente de la Corte ya tiene decido entregar ese beneficio, que fue criticado por el presidente Mauricio Macri en más de una ocasión.

Otras de las eventuales reformas mencionadas por Lorenzetti fueron la digitalización de los expedientes y la posibilidad de que hubiera jueces de paz «en los barrios» para causas sencillas de rápida resolución.

También se refrió a la necesidad de ampliar las estructuras de los tribunales existentes para afrontar las megacausas y para las causas de corrupción: “Necesitamos una estructura que apoye las causa de corrupción en materia técnica, que es decisiva para acelerar este tipo de expedientes”, sostuvo en lo que pareció más un deseo del Ejecutivo que una voluntad de los magistrados. Entre el público sonreían el ministro de Justicia y DD.HH, Germán Garavano, y otros funcionarios del Gobierno como el abogado Ricardo Gil Lavedra, coordinador del programa Justicia 2020.

En el escenario desde donde habló Lorenzetti, que vestía un traje azul oscuro, camisa blanca y corbata al tono, estaban también pero sentados los demás miembros de la Corte Suprema de Justicia: Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

En las primeras filas se ubicaron los jueces federales que habitan los tribunales federales de Comodoro Py y que mantienen un contacto fluido con el presidente de la Corte.

Por cierto, si bien el titular del Tribunal Supremo hizo referencia a las demandas populares, nada dijo de los planteos que la Corte debe resolver como el escandaloso fallo del 2×1 a favor de los genocidas, que nunca se modificó, y que movilizó por el espanto que causó a una multitud de personas por las calles de todo el país.

Tras la apertura formal del año judicial, los jueces de todo el país comenzaron a discutir en comisiones una serie de reformas.

 

Debate entre pares

En pos de aparentar un movimiento tectónico en el tercer poder del estado, desde la Corte se proclamaron los lineamientos de una política para la transformación de los poderes judiciales. Durante el 6 y el 7 de marzo, nueve comisiones integradas por distintos referentes judiciales discuten la mejor forma de avanzar en determinados temas clave que abarcan desde la aceleración de los juicios penales hasta el rol de las nuevas tecnologías en tribunales.

En la comisión de “Organización institucional del Poder Judicial”, durante el 6 de marzo se abordaron se destacaron temas como la necesidad de darle impulso a un nuevo Consejo de la Magistratura que vuelva a tener 20 miembros, la solicitud de que la Oficina Anticorrupción pase a la órbita del Poder Judicial y mejorar la perspectiva de género en la estructura judicial.

Las reformas que se planteen serán luego tratadas por el plenario de la Corte Suprema de Justicia y podrían plasmarse en una acordada firmada por los ministros cortesanos. Algunos de los puntos, se descuenta, serán prendas de negociación con el Poder Ejecutivo.

 

Sanción a Rafecas

De los 11 jueces federales de primera instancia con despacho en Comodoro Py, el único que estuvo ausente fue Daniel Rafecas. Si bien está de licencia por una cuestión familiar, horas antes de que disertase Lorenzetti el titular del juzgado federal Nº 3 fue sancionado por el oficialismo con un 50% de descuento de su remuneración por su actuación en la causa que investigó la denuncia del difunto fiscal Natalio Alberto Nisman en torno al Memorándum con Irán.

La multa se impuso en virtud del «trato incorrecto a las partes del proceso, la comisión de actos ofensivos al decoro de la función judicial, el respeto a las instituciones democráticas y los derechos humanos o que comprometen la dignidad en el cargo, y la falta o negligencia en el cumplimiento de su deberes». Se trata de un hecho menor si se contempla que Cambiemos, a través de Ángel Rozas, intentó iniciarle un juicio político pero fracasó porque los jueces que suelen votar junto con el oficialismo rechazaron la iniciativa.

La votación concluyó 7 a 6. Se manifestaron a favor de la sanción los consejeros Miguel Piedecasas, Daniel Candis, Juan Mahiques, Pablo Tonelli, Adriana Donato, Ángel Rozas y Mario Negri.

Rafecas apelará la decisión ante la Corte Suprema de Justicia.

 

Todo al 9

Mientras Lorenzetti disertaba se hizo público que el controvertido Tribunal Oral Criminal en lo Federal Nº 9 será el encargado de realizar el juicio contra la ex presidenta Cristina de Kirchner, en el que se la juzgará por su desempeño en el Memorándum con Irán, pacto que a los ojos del juez federal Claudio Bonadio y del difunto fiscal Nisman tenía por objetivo encubrir a los iraníes que supuestamente perpetraron el atentado. Rafecas había sido atacado por el oficialismo, entre otras cosas, por haber desechado la denuncia del fallecido procurador por “inexistencia de delito”.

El TOF 9, que también estará a cargo del debate oral del caso Báez, está integrado por jueces del fuero ordinario que fueron convertidos en federales por una controvertida ley (la 27.307), sancionada por Cambiemos dos días antes de que terminara el 2016. El traspaso de los magistrados se realizó mediante el voto de una mayoría simple en el Consejo de la Magistratura, es decir, apenas 7 voluntades.

El flamante tribunal, que se creó el 7 de diciembre pasado y era el antiguo TOC 10, está compuesto por los jueces Alejandro Nocetti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra.

Mora es la esposa del camarista civil Ricardo Recondo, ex presidente de la Asociación de Magistrados, con fuerte ascendencia en el Consejo de la Magistratura. Becerra tiene un perfil conservador. Fue nombrado en 1993. Por la fecha en que accedió al cargo no concursó, ya que no existía el Consejo de la Magistratura. Fue propuesto por Carlos Menem. Y Nocetti Achával es un reaccionario que en un juicio por crímenes de lesa humanidad en Mendoza, en el que actuó como subrogante, consideró que esos delitos violatorios de los derechos humanos no son imprescriptibles.

 

  • Foto: CIJ
1 comentario
  1. Ricardo Alberto Comeglio dice

    Como judicial opino: 1) Cualquier modificación de horarios y días de trabajo son un cambio en el contrato de trabajo que hemos firmado, por lo tanto corresponde una nueva pauta salarial, de lo contrario juicios varios. 2) Más horas de trabajo es más horas de audiencias y menos horas de los abogados en sus estudios con sus clientes. 3) Más horas de trabajo son más gastos en energía, gas, mantenimiento, higiene y más desgaste de materiales e inmuebles, o sea, más gasto. 4) La digitalización de los expedientes no se ha hecho por la cantidad de gerontes con decisión que tiene el Poder Judicial que no saben un corno de informática y le tienen miedo por su analfabetismo funcional. Pero son abogados, eso sí. Analfabetos funcionales, pero abogados. Podría estar digitalizado todo hacen aproximadamente unos 10 años como mínimo. Es más, se puede tener datos precisos de donde está cada lápiz, birome o elemento que se les ocurra ya que se cuenta con tecnología suficientes para etiquetar magnéticamente a los bienes y que se vayan censando al paso de los lectores ópticos que los detectan, teniendo un listado en tiempo real de dónde está cada cosa y cuántas de cada cosas hay. ¿Costos? Bajísimo, una máquina etiquetadora (fabricada en Alemania) y etiquetas magnéticas programables. Lo mismo se puede utilizar para etiquetar cada expediente y jamás se volvería a perder alguno ya que son etiquetas geolocalizables por GPS. 5) ¿Los tiempos y la burocracia? No son lo importante, sino la litigiosidad social. La anarquía funcional de los argentinos hará fracasar cualquier intento por agilizar la justicia. Hasta que los argentinos no se den cuenta que hay que cumplir con las normas, los contratos y las reglas, esto no se soluciona. En Mendoza tenemos el mayor porcentaje de litigiosidad DEL MUNDO, medido por sistemas internacionales. Así no hay estructura judicial que funcione. Si la sociedad no quiere respetar normas y tampoco quiere respetar fallos judiciales, es imposible intentar solucionar nada. 6) Por último, algo desde la experiencia, si se acude a la Justicia es porque antes FALLÓ TODO LO DEMÁS, entonces no busquen soluciones en el lugar que no está creado para solucionar nada, ya que el Poder Judicial no podrá solucionarles absolutamente nada en sus vidas, sino sólo uds. mismos. Lo mejor para que funcione bien el Poder Judicial es que no sea necesario acudir a él y para ello hay que ser buenos ciudadanos, buenos políticos, buenos administradores y, sobre todo, buena gente. Un Estado que espera todo del Poder Judicial es un Estado fracasado.

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