Los beneficios de pertenecer

Todos los jueces son iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros

 

El 7 de julio de 2016, el periodista Claudio Savoia publicaba una nota cuyo título señalaba en dirección a lo que le gustaba llamar “La ruta del dinero K”: “Más detalles sobre la reunión de Casanello y Cristina en Olivos”, decía. La bajada de dicho título añadía: “Ya habría indicios sobre una visita del juez y de Báez el 9 de septiembre. La confirmarían al menos un mozo y un ex espía».

La nota expresaba que “la orden de chequear si el juez Sebastián Casanello estuvo el año pasado en la Quinta presidencial de Olivos y si allí coincidió con Lázaro Báez fue de cumplimento urgente, y aunque los integrantes de la sala II de la Cámara Federal que la impartieron aún no recibieron resultados, las diligencias que encargaron ya se empezaron a realizar. Según pudo saber Clarín, las primeras pistas reunidas por los investigadores confirmarían ese encuentro, que fue desmentido en forma terminante tanto por Cristina Kirchner como por el juez, quien ayer repitió su negativa ante este diario. Esas primeras pesquisas encargadas a la Policía Federal pero en las que también trabajan espías de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían detectado que Cristina, Casanello y Báez coincidieron en la Quinta de Olivos el 9 de septiembre pasado, alrededor de las 18.30″.

Sigue el artículo: «La Cámara había pedido que se investiguen ‘registros fílmicos, captación de imágenes, libros de ingresos y egresos o cualquier otra constancia en la que quede asentada la concurrencia’ a Olivos en el rango de fechas señalado por Báez, entre el 7 y el 11 de septiembre de 2015. El tribunal encargó ‘verificar la eventual presencia del Dr. Sebastián Casanello’. Los investigadores habrían comprobado que las imágenes de las cámaras de seguridad de Olivos correspondientes a esos días están borradas. Pero que, tal como anticipó Clarín, en las que el municipio de Vicente López tiene en la esquina de Libertador e Italia –a metros de la Quinta– habría quedado registrado el paso rumbo al domicilio presidencial y con diferencia de media hora de un Renault Megane azul supuestamente conducido por Casanello, y un Volkswagen Passat negro con Lázaro Báez a bordo, acompañado por el ex secretario de Néstor Kirchner Daniel Alvarez».

Más aún: «Quienes están trabajando en chequear esta historia –formal o informalmente– habrían comprobado que ese día Báez llamó desde el predio de la Quinta de Olivos a su hijo Martín. También habrían acreditado por las ubicaciones de los teléfonos que Alvarez estuvo allí. Y Casanello. Y el ex secretario de la Presidencia Eduardo ‘Wado’ De Pedro. La contradicción entre el testimonio de Lázaro y estas supuestas pruebas –que aún no llegaron a manos de los camaristas– con los dichos del juez, la ex Presidenta y el directivo de La Cámpora, es frontal. Quienes trabajan a destajo para cumplir con la orden urgente de la Cámara aseguran que el mozo que habría atendido a todos en Olivos confirmaría esa historia, al igual que un oficial del Ejército destacado en la Quinta por la Casa Militar y un ex espía de la AFI. Otros empleados de intendencia, que dependen de Presidencia, estarían dispuestos a declarar si les garantizan cierta protección”.

Mala suerte la del periodista, porque el resultado de la pesquisa demostró que la información consignada en la nota era falsa por completo. Ni Lázaro Báez ni Sebastián Casanello estuvieron ese día o ningún otro coincidentemente en Olivos. De hecho, Sebastián Casanello nunca estuvo en Olivos, para ser exactos.

Los testigos terminaron confesando que habían mentido respecto a la presencia de Casanello en Olivos y fueron condenados en un juicio abreviado por falso testimonio, aunque nunca dijeron por orden o a pedido de quién.

La presencia de miembros de la AFI en la operación contra el juez Casanello se puede inferir de la defensa de los hijos de Báez que reveló que efectivamente fueron víctimas de una maniobra de la AFI y nombraron en forma explícita a Santiago Viola y Eduardo Miragaya (entonces director de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera de la AFI) como los responsables. Además del entrecruzamiento de llamadas de los celulares, detectó 248 llamadas telefónicas entre Miragaya y Viola. Además Corizzo admitió ante Stornelli —que fue el fiscal de la causa— que antes de declarar ante la Justicia se había reunido con Viola y con un «fiscal» cuya descripción física se aproxima a la de Miragaya. La aparición posterior de mails y mensajes de texto de Miragaya que lo involucraban de pleno en la operación, no conmovieron la protección judicial con la que Viola y Miragaya contaron efectivamente.

Me pregunto cómo se sentirá Sebastián Casanello esta semana en la que dos jueces de la Casación, cuyas visitas a la quinta de Olivos durante el gobierno de Mauricio Macri fueron comprobadas, lograron –con la invaluable colaboración del fiscal interino Agüero Iturbe— que se cerrara la causa por dichas visitas.

La causa tuvo su origen en la denuncia que realizara el doctor Colombo, fiscal de juicio en la causa Memorándum y donde se denunciaron las visitas no declaradas y mantenidas ocultas tanto por Mauricio Macri como por los magistrados denunciados, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

Al respecto explican Ari Lijalad y Franco Mizrahi que “este expediente se inició por la investigación en la que El Destape reveló que Macri se reunió al menos 16 veces con el juez Borinsky y otras 8 con Hornos. Esos encuentros coincidieron con los fallos clave que firmaron esos dos magistrados contra CFK, Amado Boudou y otros ex funcionarios en causas como el Memorándum con Irán, Dólar Futuro, la Ruta del Dinero K, Vialidad y Ciccone, así como también la investigación por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Las reuniones de Macri con Hornos y Borinsky constan en los registros de acceso a la quinta de Olivos, que este medio obtuvo mediante un pedido de acceso a la información pública. Son documentos oficiales, incluso validados en la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán. El juez Hornos reconoció las juntadas ante sus pares de la Cámara de Casación; su par Borinsky los confirmó ante la consulta de El Destape. Incluso Macri dijo sobre Borinsky: ‘Fue a jugar al tenis varias veces conmigo, porque teníamos amigos en común’”.

Dictado el sobreseimiento en primera instancia, fue apelado por la fiscal Alejandra Mangano, que en un excelente dictamen sostuvo “que el juez hizo ‘una valoración parcial y aislada de los elementos de prueba incorporados’. Es posible advertir a simple vista que el informe de Casa Militar agregado en este caso no incluye los registros informáticos de ingreso a la Casa Rosada y a la Quinta Presidencial de Olivos, sino solo algunos registros manuales al primero de los edificios”.

La tesis de Mangano no fue sostenida por el fiscal de apelaciones Agüero Iturbe, quien por el contrario sostuvo que “es necesario indicar que la reunión de un magistrado con quien ejerce el Poder Ejecutivo (de carácter unipersonal) en un período determinado no representa de por sí acción u omisión alguna reprimida por el catálogo penal de la Nación. En tal sentido es posible afirmar que cualquier reunión entre un integrante de la administración púbica nacional o del Congreso de la Nación con un magistrado no se encuentra per se prohibido bajo sanción penal. Los motivos de tales encuentros pueden resultar de distinta índole (sobre temas de coordinación, laborales, personales, etc.) sin que ello importe encuadre punitivo alguno”. También señala Aguero Iturbe que “no es posible socavar la dignidad de un integrante de un tribunal colegiado sin afectar la producción del mismo en la decisión de los casos sometidos a su conocimiento. Y pretender otorgar ascendencia de un integrante de una Sala por sobre el resto de sus colegas, lo que va en contra de la igualdad y deliberación en los tribunales colegiados, donde las decisiones se adoptan por unanimidad o mayoría de votos. También socavar la investidura de un ex mandatario, en este contexto, es derruir la estructura republicana y la división de poderes, so pretexto de una conspiración para afectar a personas sometidas a proceso, las que recurrían a esa instancia luego de obtener decisiones desfavorables a sus intereses en los tribunales inferiores; sin que exista prueba alguna que demuestre semejante afirmación”.

Verán ustedes por qué me pregunto qué habrá pensado Sebastián Casanello al hacerse público el dictamen de Agüero Iturbe. Algo así como entender en primera persona los beneficios de pertenecer. El Poder Judicial como una publicidad de American Express, esa que señala pertenecer tiene sus privilegios.

Este Poder Judicial selectivo y corporativo que intentó convalidar la operación de la AFI contra Sebastián Casanello, a los fines de apartarlo de la causa que todos conocemos como “La Ruta del Dinero K”, en la misma que la Cámara de Apelación ordenó llamar a declarar a Cristina Fernández de Kirchner aun cuando Casanello explico reiteradamente que no había prueba de cargo contra ella y que en sentido inverso, protegió a los jueces de Casación que sí habían concurrido a Olivos. Este Poder Judicial al que no pertenecemos claramente los ciudadanos es el Poder Judicial que, con arbitrariedad, decide todo el tiempo sobre nuestra libertad, nuestra propiedad, nuestras relaciones familiares y sociales y nuestros derechos.

 

 

 

 

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