Los bordes del sistema

Policías sin la formación necesaria equivalen a armamento que termina disparando contra la sociedad

 

Se llamaba Lucas González. Tenia 17 años. Le decían “Cachi”. Era jugador de futbol en Barracas Central. El miércoles 17 de noviembre de 2021 fue a entrenar junto con dos amigos que habían sido seleccionados por el club. Cuando salieron, fueron en el auto de uno de los amigos a comprar algo para tomar.  Allí fueron interceptados por tres señores armados en un auto civil. Creyeron que los estaban asaltando y escaparon. Los hombres comenzaron a disparar. El auto recibió tres balazos. Lucas dos. En su cabeza. Los amigos de Lucas continuaron corriendo por sus vidas hasta que fueron detenidos por dos policías, a quienes solicitaron ayuda. Las policías, en lugar de brindar la ayuda, los detuvieron y los chicos pasaron la noche en un instituto de menores.

Al día siguiente los medios de comunicación informaron de un tiroteo entre la policía y unos delincuentes. Pero eso no era cierto. La reacción popular fue instantánea e incontrolable. Pienso en la dignidad herida de una familia a quien le habían baleado un hijo y que a esas horas ya tenía el diagnostico de muerte cerebral. El dolor, la impotencia y la furia.

Mientras agonizaba Lucas, los tres señores de civil que los habían interceptado —que eran policías— comenzaron a preparar su coartada absolutoria. Uno de ellos mando un audio de WhatsApp dando una versión de los hechos bien diferente a la que contaron los muchos testigos de los hechos. El audio ratificaba la versión inicial de tres chicos en una conducta sospechosa, que se habían resistido al arresto. También plantaron un arma de juguete en el auto de los chicos.

El caso de Lucas González es conmovedor. Primero porque se murió un chico de 17 años. Segundo, por la tragedia irresponsable que significa que las armas que paga el Estado sean utilizadas contra aquellos que el Estado debe cuidar. Tercero por la legitimación mediática e institucional de los peores discursos de odio que se intentaron utilizar para enmascarar el crimen. Y cuarto, por la impresión que tenemos todos —o al menos tengo yo— que estos hechos nos ponen en evidencia los límites del sistema jurídico y penal que impera en nuestro país. Nos muestran desnudos los bordes más perversos de un sistema que se cobra vidas.

Primero, murió un chico de 17 años. Eso en sí mismo es una tragedia. Para el chico, para sus familias y para la sociedad. Porque toda muerte lo es. Me resulta inadmisible que una sociedad contemple la muerte como opción. Y no solo lo digo por Lucas, sino por los miles de casos de personas que mueren a consecuencia de la violencia institucional. Que mueren a manos de la policía. Las fuerzas de seguridad existen para proteger a la sociedad, no para privarla de seguridad. Cada una de las muertes es una herida abierta en la sociedad. La función de la policía es prevenirlas, no provocarlas. Porque, para que quede claro: cuando la muerte la provoca la policía eso también es inseguridad.

Y no importa de qué fuerza de seguridad hablemos. Sea cualquier policía provincial o municipal. Gendarmería o la policía federal. Prefectura o la policía metropolitana. Hoy fue Lucas, muerto a manos de la metropolitana. La semana pasada fue Lautaro Rose, joven muerto en Corrientes y que a la fecha cuenta con 11 policías de la provincia imputados por abandono seguido de muerte. Y podría remontar las muertes casi hasta el infinito más espantoso. Sin olvidar a Walter Bulacio, el primer caso que yo conocí y con el que aprendí a cantar que a “Bulacio lo mató la policía”. Recuerdo con claridad el caso de Walter porque cuando sucedió, yo era una adolescente y fue la primera toma de conciencia de que la policía te podía matar. Hasta Walter, aquella adolescente que yo era pensaba que la policía solo eran esos señores que te toqueteaban, humillándote toda cuando querías entrar a un recital. Con Walter Bulacio aprendí que la policía también te podía matar. Aprendí a tener miedo por cosas que no deberían dar miedo, como ir a un concierto.

Siempre me pregunté y me pregunto ahora: ¿a qué clase de personas les proporcionamos armas, como Estado? O, mejor dicho, ¿qué formación proporcionamos a quienes las empuñarán en nombre del Estado? Pienso en voz alta que un médico recibe como mínimo cinco años de instrucción para poder abrir a un ser humano con un bisturí. ¿Cuál es la formación que reciben los miembros de fuerzas de seguridad que no van a empuñar bisturíes sino armas? Es evidente que quien empuñará armas en nombre del Estado y para cumplir con el mandato legal de preservar la seguridad de los ciudadanos debería cuanto menos recibir una formación similar. Sé fehacientemente que no es el caso. Y en parte no lo es por el requerimiento constante de la sociedad de contar con más fuerzas de seguridad. Lo cual habilita formaciones de su personal en breves tiempos que no garantizan la adecuada formación. Hay allí una severa deficiencia, porque además de reclamar por más fuerzas de seguridad, deberíamos reclamar por más fuerzas de seguridad debidamente formadas. Porque, después de todo, van a empuñar las armas en nombre del Estado.

Es un mecanismo perverso de la sociedad que solicita más fuerzas de seguridad y no parece preocuparse de la formación de esas personas. Y entonces nuestro legítimo reclamo de seguridad recibe por respuesta más hechos de inseguridad. Tan sencillo como eso. Pienso en los reclamos de las policías por motivos salariales. Hemos tenido en nuestro país varios de ellos, donde vimos a las fuerzas de seguridad empuñar las armas contra el mismo Estado que se las había proporcionado. Olvidando por completo que el arma se empuña en ejercicio de sus funciones propias y no en ejercicio de reclamos personales. Veamos el caso análogo. Los médicos en un reclamo salarial. ¿empuñan sus bisturíes contra las autoridades del sanatorio en el que trabajan? Un disparate. No se les ocurriría hacer algo así. Y no se les ocurriría precisamente porque su formación les impide empuñar su instrumento de trabajo para validar por medio de la fuerza su reclamo.

También vemos, en este caso tan triste, el peligro de los discursos de odio y sus consecuencias. El discurso de odio primero es el odio de una parte la sociedad a los delincuentes. Lo que omite considerar ese discurso irreflexivo es que inclusos quienes delinquen son seres humanos. El silogismo es bastante fácil de explicar. Premisa mayor es: todos los seres humanos tienen derechos. Premisa menor es: los delincuentes son seres humanos. La conclusión sería, en consecuencia: los delincuentes tienen derechos. Y quiero ser clara en este punto. Tener derechos no implica ser eximido del castigo que corresponde cuando se viola la ley. Y también quiero ser clara en este otro punto: el máximo castigo que admite nuestro país es la prisión. En la Argentina están prohibidas tanto la pena de muerte como la tortura y otros tratos degradantes. En conclusión, ni la muerte ni la tortura pueden ser válidamente aplicadas por el Estado. A nadie. Sea o no sea un delincuente.

El hecho de que la policía dispare contra alguien solo se justifica frente a la necesidad de defenderse o frente la necesidad de evitar un delito. Por eso me parece crucial insistir en la formación de los miembros de las fuerzas de seguridad. Porque son personas que tienen que decidir en el acto, si la situación requiere de la utilización de armas de fuego. Situación que asumo no es sencilla de evaluar, pero debe ser evaluada necesariamente

Que alguien sea un delincuente no justifica per se su asesinato. Cuando alguien delinque, lo que corresponde es que sea detenido y sometido al Poder Judicial para ser juzgado y cumplir con el castigo que se le asigne.

Me espantan los discursos que promueven bala para los delincuentes o que dicen con toda irresponsabilidad que hay que convertirlos en “queso gruyere”. Es un discurso que desconoce el artículo 18 de la Constitución Nacional. Quienes lo promueven están instigando al delito. Y están promoviendo que los miembros de las fuerzas de seguridad se conviertan, paradójicamente, en delincuentes.

Sin desconocer en lo absoluto del dolor y el daño social que provoca la violación de la ley, no encuentro solución plausible en promover una nueva violación de esa ley a través de las personas que integran las fuerzas de seguridad.

Y acá quiero hacer un parate para detenerme en la conducta de los medios de comunicación respecto a este discurso punitivista y su eficacia legitimadora de la violencia institucional. Nos hemos acostumbrado a que la violencia policial se justifique a través de los medios de comunicación. Ejemplo de ello fue el caso Chocobar. Y también vimos el intento de justificar el caso de Lucas González. En lo personal, me rompió el corazón escuchar al papa de Lucas explicar ante los medios que ni él ni su hijo eran delincuentes.

Reparemos un segundo nuevamente en el silogismo que señala que los delincuentes, en cuanto personas, tienen derechos. Su condición de delincuentes no es título habitante para que los mate la policía. Sí para que los detenga. Y lo que me espanta del discurso punitivista es que desconoce palmariamente el derecho a la vida de todas las personas en la Argentina. Incluso de quienes delinquen. Porque para ser clara, la muerte de nadie debe ser nunca una opción.

Pero más preocupa lo que consideramos delincuentes. O mejor dicho, lo que la sociedad considera delincuentes. En aberrante ejercicio de un lombrosianismo primitivo, delincuentes son los que tiene un determinado color de piel o viven en determinadas zonas o se visten de determinada forma. Como si el color de piel, o donde vivís o cómo te vestís fuera mas importante que la conducta en sí misma. Para que alguien sea considerado un delincuente, debe ser alguien que viole la ley, no alguien que tiene un color de piel o una residencia o una forma de vestir. Y que las fuerzas de seguridad traten como delincuentes a quienes tienen un color de piel o categoría similar no solo es violencia institucional, sino que es el triunfo de discurso de odio que estigmatiza a esas personas y legitima la violencia contra ellas.

Que las fuerzas de seguridad carezcan de los elementos conceptuales para no ser presa de esos discursos de odio, es algo que me preocupa y mucho. Tanto como me preocupan esos discursos instalados en la sociedad. Que en lugar de ponerlos en crisis o rebatirlos, los adopta mansamente. Aun cuando sean un peligro para esa propia sociedad. Los discursos de odio cargan las armas que después son disparadas contra el propio pueblo.

Por último, no quiero dejar de señalar los límites del sistema jurídico y penal que impera en nuestro país y cuyos bordes quedan expuestos en ese y en todos los casos: los límites de la dignidad de las personas que, habiendo sido asesinadas por el accionar policial, son estigmatizadas como delincuentes, como si esa condición, falsamente imputada además, fuera excusa absolutoria de la violencia institucional. Quiero dejar en claro que la policía disparando contra alguien en principio está mal. Mal si es alguien inocente y mal también si es un delincuente y no se trata de un caso de legítima defensa o de evitar que se continúe cometiendo un delito.

En este sentido, quiero señalar en medio de tanto espanto las declaraciones de Marcelo D’Alessandro, ministro de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que sin medias tintas señaló que los tres hombres que le dispararon a Lucas “tendrán que dar explicaciones a la Justicia”. Esas palabras dichas por un funcionario tienen una gran potencia en términos de combatir la violencia institucional. Primero señala que esa conducta está mal. Alejándose del discurso justificador de dicha violencia.  Bastante distinto a los que vimos en el caso Chocobar, donde los funcionarios se apresuraron a realizar una defensa cerrada de aquel policía. Y segundo, señalando que dicha conducta es pasible de investigación y castigo. Policía que dispara deberá explicar por qué dispara. Y deberá explicarlo ante el Poder Judicial. Como cualquier caso de inseguridad. Porque si la policía mata a alguien, también es un caso de inseguridad.

Esta perfecto que las autoridades civiles establezcan los límites de la violencia que pueden ejercer las policías. Y que esos límites sean claros. Y legales. Y que no justifique ni conductas ni discursos que vulneren la vida, los derechos y sobre todo la dignidad de las personas. Porque sobre todas las cosas nos recuerdan que las autoridades civiles y las fuerzas de seguridad están establecidas para cuidarnos y no para violentarnos.

Pendientes que quedan son los relativos a la formación de los miembros de las fuerzas de seguridad. Porque si continuamos insistiendo en sacarlos a la calle armados con armas del Estado pero sin la formación necesaria, esas armas terminarán disparándose contra la sociedad. También pendiente está la discusión sobre la responsabilidad que les cabe a los dirigentes y a los medios de comunicación por la difusión de los discursos de odio. Y los discursos que desconocen garantías y derechos de todos los seres humanos. Y pendiente también que la Justicia investigue y castigue a todos y cada uno de los responsables de la violencia institucional y no solo casos como estos, que han tenido amplia difusión. Los bordes del sistema nos demuestran que lo que está pendiente es, finalmente, la posibilidad real de Justicia en un país que reclama.

Seguridad, no violencia policial. Justicia, no armas de fuego.

 

 

 

 

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