Los consejos del Tesoro de EE.UU.

Una forma sutil de intervención en nuestros asuntos internos

 

La nación más poderosa del mundo puede intervenir de muchas maneras en los asuntos internos de las demás naciones. Los lectores de El Cohete encontrarán en esta edición varias notas valiosas que tratan el último ejemplo de la manifestación más extrema de ese repertorio con la gravedad que merece. Mi sugerencia es que las lean primero, y sólo después retomen la lectura menos urgente de estas líneas para conocer una modalidad más sutil de interferencia que, desde que nos gobierna Mauricio Macri, ha proliferado en varias áreas sensibles del Estado argentino con el beneplácito de sus hospitalarias autoridades.

La semana pasada me llamó la atención un titular del diario El Cronista que avisaba que “El gobierno obtiene apoyo del Tesoro de EE.UU. para los PPP”. ¿Los mismos PPP (proyectos de participación público-privada) que iban a revolucionar el modo de realizar obras públicas en la Argentina y cuyo fracaso por falta de financiación admitió el gobierno hace un mes? Sí, esos mismos. ¿Con cúantos millones de dólares nos va a apoyar el gobierno de Donald Trump? Con cero millones. Y entonces, ¿de qué clase de apoyo hablamos?

Un comunicado oficial publicado en el sitio del Banco de Comercio Exterior (BICE), la entidad financiera estatal que en diciembre fue contratada por la Jefatura de Gabinete para asistir técnicamente a los ministerios en sus proyectos PPP, aporta algunas precisiones sobre la clase de ayuda obtenida. En lugar de dinero, Trump le va a mandar a Macri un “experto” para que le aconseje a su equipo cómo hacer mejor las cosas. Literalmente.

El acuerdo firmado entre el BICE, representado por su gerente general José Luis Morea, y la Oficina de Asistencia Técnica (OTA) del Departamento del Tesoro estadounidense “establece la prestación de asistencia técnica” al BICE “a través de la presencia de un asesor de la OTA en las oficinas del Banco”, un supuesto “experto [que] brindará apoyo y asesoramiento con el objetivo de aumentar la capacidad institucional para desarrollar proyectos sólidos de infraestructura”.  El comunicado no me deja más remedio que adjetivar al especialista de la OTA con ese antipatico “supuesto” porque no identifica quién es ni cuáles son las credenciales profesionales que lo calificarían para cumplir su misión de ayudarnos a diseñar “reglamentaciones”, delinear “contratos”, analizar “proyectos”, optimizar “recursos” y procurar “recursos adicionales de capital”. A pesar de esa incógnita, el BICE confía en que contar con sus servicios profesionales significará “un paso fundamental para impulsar la ejecución del plan de infraestructura” y “mejorar la calidad de vida de todos los argentinos”. A juzgar por la media docena de funcionarios liderados por el Ministro de Transporte Guillermo Dietrich que acompañó a Washington al mencionado Morea para terminar de negociar y rubricar el acuerdo, es una aspiración compartida en el más alto nivel del gobierno nacional.

La contratación del experto estadounidense anónimo cierra el círculo del recorrido administrativo errabundo por el que han deambulado los proyectos PPP en los últimos meses. Repasemos: la licitación de los corredores viales concluyó en mayo del año pasado, cuando los proyectos PPP todavía estaban bajo la órbita del Ministro de Finanzas Luis Caputo y a cargo de su por entonces subordinado Morea, en calidad de Subsecretario de Participación Público-Privada. En junio, el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne absorbió el cargo y las atribuciones de Caputo, y Morea pasó a trabajar a sus órdenes, con las mismas responsabilidades en materia de PPP, pero ascendido al rango de Secretario. A principios de diciembre, la Jefatura de Gabinete se quedó con las facultades de Dujovne sobre los PPP, se eliminó el cargo de Morea en Hacienda y Marcos Peña designó a dos funcionarios de su confianza en las nuevas Secretaría y Subsecretaría de Participación Público-Privada creadas en su área. Pero, apenas un par de semanas después, la flamante Subsecretaría de PPP de la Jefatura de Gabinete contrató el asesoramiento del BICE y su presidente, Francisco Cabrera, resolvió que para prestar ese servicio era conveniente designar como gerente general del banco a (les doy un momento para que lo adivinen…) Morea. Los decretos presidenciales de reorganización ministerial pasan; Morea no. Aunque la experiencia acumulada en sus quince meses de desempeño como responsable de los PPP en dos ministerios distintos no parezca haberle alcanzado para ejercer idénticas funciones en el BICE sin la ayuda técnica del gobierno de Estados Unidos.

El BICE no es el único organismo estatal argentino que le ha pedido socorro a la Oficina de Asistencia Técnica estadounidense desde que gobierna Macri. El informe de proyectos de la OTA vigentes al 30 de septiembre de 2018, publicado en la web del Departamento del Tesoro, describe acuerdos similares que ya están operativos con la Administración Federal de Ingresos Públicos para “mejorar auditorías internas”, “combatir la corrupción en la administración tributaria”, “entrenar investigadores” y “auditar la seguridad informática de la información de los contribuyentes”, con la Superintendencia de Seguros “en el área de supervisión de seguros”, con el Ministerio de Hacienda y el Banco Nación para “identificar, priorizar, e implementar medidas de inclusión financiera”, y con la Unidad de Información Financiera para “potenciar la supervisión del sistema financiero en materia de lavado y financiación del terrorismo, y mejorar el tratamiento de casos y el decomiso de activos provenientes del lavado”. Uno sospecha que si el mandato de la OTA no estuviese circunscripto al asesoramiento sobre la actividad financiera y las finanzas públicas, sus técnicos ya estarían aconsejándonos sobre el mejor método para limpiar el Riachuelo y la formación ideal de la selección en la próxima Copa América.

OTA brinda sus servicios bajo la modalidad “residente” o “intermitente”. En la modalidad residente, que se aplica en los acuerdos con la AFIP y la Superintendencia de Seguros, y se utilizará en el caso del BICE, el asesor de la OTA se muda al país receptor por un lapso de entre tres y cinco años y trabaja diariamente en las oficinas del organismo asesorado. En la modalidad intermitente, que se usa en los acuerdos con la UIF y con el Ministerio de Hacienda y el Banco Nación, un equipo de asesores de la OTA viaja periódicamente al país receptor por lapsos de entre dos y tres semanas, que suman una estadía total de entre 30 y 45 semanas al año durante la vigencia del acuerdo.

El asesoramiento de la OTA no está disponible para cualquiera. La web del Departamento del Tesoro explica que “el trabajo de la OTA respalda los objetivos estratégicos del Departamento del Tesoro”, que incluyen “potenciar la competitividad y la creación de trabajo estadounidense” y “utilizar medidas financieras para contrarrestar amenazas a la seguridad nacional”, y aclara que la OTA es “selectiva” pues sólo “trabaja con gobiernos que están comprometidos con las reformas” y “el uso eficiente de la ayuda de los Estados Unidos”. La confianza del Departamento del Tesoro en el compromiso reformista del gobierno de Macri se mide en los cinco acuerdos vigentes, que ubican a la Argentina en el segundo lugar, detrás de Paraguay, de los 49 países pobres o en vías de desarrollo que reciben asistencia de la OTA, una lista que no incluye, por ejemplo, a Brasil, Rusia, China o Sudáfrica.

Nadie puede dudar de que sea útil, por no decir indispensable, para la gestión gubernamental estudiar y comparar las políticas públicas de otros países sin prejuicios ni exclusiones arbitrarias. Por ejemplo, en 2007 la OTA asesoró al gobierno argentino en su carácter de país miembro del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica GAFISUD. El problema se presenta cuando por alineamiento ideológico, dependencia económica e indolencia cultural, el objeto de estudio siempre es el mismo.

 

 

 

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