LOS CONTROLES AUDIOVISUALES

Hasta Hayek y Popper han sostenido que la libertad, si es ilimitada, se anula a sí misma

 

En una democracia no existen libertades ilimitadas. Aún pensadores liberales, como Friedrich Hayek o Karl Popper, han sostenido que la libertad, si es ilimitada, se anula a sí misma. La libertad ilimitada significa que el individuo o el grupo más fuerte es libre de asaltar y oprimir al individuo o grupo más débil y privarlo de su libertad. Para evitar esta “paradoja de la libertad” se han creado las instituciones, que brindan protección a los más débiles. Por consiguiente, la pretensión de reclamar el uso ilimitado de la libertad de expresión no tiene cabida en un sistema democrático. La libertad de expresión debe ser compatible con otros derechos de igual o similar importancia, como el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y honesta.

Esta concepción moderna de la democracia ha tenido acogida en las Directivas de la Unión Europea. El Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística (CDE) destaca que la información constituye un derecho fundamental reconocido como tal por la Convención Europea de Derechos Humanos y las Constituciones democráticas. El sujeto o titular de esta protección son los ciudadanos, quienes tienen el derecho a exigir que la información que reciben sea veraz en las noticias y honesta en las opiniones, sin injerencias exteriores, ya sea de los poderes públicos como de los sectores privados.

El Código Deontológico Europeo establece también una serie de pautas y criterios que pueden ser tomados como referencia en la Argentina. Señala que en la sociedad se dan a veces situaciones de tensión y de conflictos y que en estas circunstancias “los medios de comunicación tienen la obligación moral de defender los valores de la democracia, el respeto a la dignidad humana, la solución de los problemas a través de métodos pacíficos y de tolerancia, y en consecuencia oponerse a la violencia y al lenguaje del odio y del enfrentamiento, rechazando toda discriminación por razón de cultura, sexo o religión”. Añade que, teniendo en cuenta la especial influencia de los medios de comunicación, fundamentalmente la televisión, se evitará la difusión de programas, mensajes o imágenes relativas a la exaltación de la violencia, el sexo, el consumo y el empleo de un lenguaje deliberadamente inadecuado.

Para la vigilancia del cumplimiento de estos principios deontológicos, el Código Europeo manifiesta que “deben crearse organismos o mecanismos de autocontrol, integrados por editores, periodistas y asociaciones de ciudadanos usuarios de la comunicación, representantes de la universidad y de los jueces, que emitirán resoluciones sobre el cumplimiento de los preceptos deontológicos en el periodismo, con el compromiso previamente asumido por los medios de comunicación de publicar tales resoluciones”. Añade que “tanto por los organismos o mecanismos de autocontrol como por las asociaciones de los usuarios de la comunicación y por Departamentos universitarios, se podrán publicar anualmente investigaciones efectuadas a posteriori sobre la veracidad de las noticias difundidas por los medios de comunicación, contrastando la adecuación o inadecuación de las noticias con la realidad de los hechos. De esta manera se obtendrá un barómetro de la credibilidad que servirá de guía a los ciudadanos sobre el valor ético de cada medio de comunicación o de cada sección o periodista en particular. Las medidas correctivas tomadas en consecuencia permitirán al mismo tiempo mejorar el ejercicio del periodismo”.

En el año 2000 el Consejo de Europa instó a los estados miembros a la creación de entidades reguladoras independientes en materia audiovisual. Actualmente, casi todos los países europeos disponen de figuras de este tipo: en Francia y Bélgica el Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, en Alemania los denominados Ländersmedienanstalten que funcionan por cada estado pero que trabajan conjuntamente, en Italia la Autorità per le Garanzie nelle Comunicazione, en el Reino Unido la Independent Television Comisión, en Portugal la Alta Autoridade para a Comunicação Social, por mencionar algunas. En España, debido a las diferencias entre el PSOE y el Partido Popular, todavía no se ha puesto en funciones el Consejo Superior de Medios Audiovisuales creado por ley del Congreso si bien ya funcionan algunos Consejos del Audiovisual a nivel regional, homologables a los europeos, como por ejemplo los de Cataluña o Navarra.

Aunque la mayoría de los Consejos Audiovisuales existentes están integrados por miembros designados directamente por los gobiernos de turno, en general suele recomendarse que la estructura orgánica de los Consejos preserve una cierta independencia y neutralidad respecto de los gobiernos. A estos fines, se considera que deberían ser entes dotados de personalidad jurídica propia con una dirección que tenga una composición plural, incorporando expertos, profesionales o personalidades sin vinculación con el poder político ni con las empresas o grupos del sector audiovisual. Por su parte, el pleno del Parlamento Europeo ha aprobado en 2018 una revisión de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual. Las nuevas normas establecen un entorno regulador más severo para todo el sector audiovisual, promueven la producción audiovisual europea y garantizan la independencia de los reguladores audiovisuales, al tiempo que refuerzan la protección de los menores y la lucha contra la incitación al odio en todos los contenidos audiovisuales. Cabe destacar que las directivas europeas señalan que contenidos idénticos o similares deben ser reglamentados dentro del mismo marco regulatorio, independientemente de la tecnología de transmisión que se utilice.

En cuanto a las plataformas alcanzadas por estas regulaciones, cabe destacar que las directivas europeas señalan que contenidos idénticos o similares deben ser reglamentados dentro del mismo marco regulatorio, independientemente de la tecnología de transmisión que se utilice. En los últimos años la tecnología digital vino a romper con el modelo de radio y televisión analógica, propiciado un aumento exponencial de la señales de radio y televisión gracias a la capacidad de compresión de la señal e irrumpió Internet como competidora de contenidos. Los modelos de negocio actualmente se desplazan a gran velocidad y como consecuencia, la normativa tiene que evolucionar con los tiempos y debe adaptarse a los nuevos desarrollos tecnológicos. La Nueva Directiva Europea entiende los servicios audiovisuales como aquellos que son desarrollados por un prestador de servicios de medios que tiene la responsabilidad editorial de proporcionar programas de imágenes en movimiento, acompañadas o no de sonido, con el objeto de informar, entretener o educar al público en general a través de redes electrónicas y/o comunicaciones comerciales audiovisuales. Esta definición no incluye a la prensa en formato electrónico pero sí están englobados todos los servicios audiovisuales de medios de comunicación de masas independientemente de la plataforma de difusión. En 2016 la Comisión Europea firmó un acuerdo con Facebook, Twitter, YouTube y Microsoft, en virtud del cual las compañías en cuestión asumían la responsabilidad de implementar una serie de mecanismos y procedimientos que deberían permitir eliminar expresiones ilegales de odio de forma rápida y eficaz.

También dentro de los cometidos de los organismos de control se consideran incluidos los nuevos desafíos de la “alfabetización audiovisual”, que pretende ayudar a los ciudadanos a discernir hasta qué punto los medios de comunicación filtran las percepciones y las creencias, cómo configuran la cultura popular y en qué medida influyen en las decisiones personales cotidianas. Abarca a la mayoría de  los medios de comunicación, incluidos la televisión, el cine, la radio y las grabaciones musicales, videojuegos, Internet y otras nuevas tecnologías digitales de comunicación. La Comisión Europea ha lanzado en octubre de 2006 una consulta pública sobre la alfabetización audiovisual. La Comisaria de la Sociedad de la Información y Medios de Comunicación, Viviane Reding, considera que “la alfabetización audiovisual es tan crucial para el ejercicio de una ciudadanía activa y plena como lo era la alfabetización convencional al comienzo del siglo XIX”.

En la Argentina la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual contempla la creación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que, entre otros fines, tiene la facultad de convocar a las organizaciones intermedias públicas o privadas para crear un ámbito participativo de debate permanente sobre el desarrollo y funcionamiento de los medios de comunicación (artículo 19 c). Está facultada por la ley para realizar un seguimiento de los reclamos y denuncias que se presenten y para informar a las autoridades, a la prensa y al público en general sobre los resultados obtenidos. La Defensoría carece de poder sancionador pero puede hacer recomendaciones a las autoridades y a los profesionales de los medios de comunicación para que ajusten su comportamiento al ordenamiento jurídico cuando se aparten de él (artículo 19, i). Si bien la ley regula básicamente los servicios audiovisuales, en el texto existen disposiciones más amplias que abarcan las nuevas tecnologías de la comunicación. Siendo siempre su intervención ex post nunca podría ser considerada como una forma de censura previa. Si bien la ley regula básicamente los servicios audiovisuales, en el texto existen referencias más amplias que alcanzan a las nuevas tecnologías de la comunicación. Así, por ejemplo, el artículo 2° de la LSCA considera que “la comunicación audiovisual, en cualquiera de sus soportes (resaltado nuestro), resulta una actividad social de interés público, en la que el Estado debe salvaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión”.

A la luz de la frondosa legislación europea y las disposiciones de la ley local, suenan anacrónicas las voces que se han alzado contra la creación de un Observatorio para el análisis de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales. La opinión de ADEPA de que estos mecanismos de ‘observación» pueden ser utilizados «como una suerte de censura indirecta, estigmatizando opiniones diferentes y abriendo una peligrosa puerta para la consumación de conductas aun más graves, como persecuciones y criminalizaciones de la libre expresión» es exagerada y no guarda ninguna correspondencia con la misión de un Observatorio, que es simplemente analítica. Si la ley le concede facultades para “proponer modificaciones de normas reglamentarias en las áreas vinculadas con su competencia” (artículo 19, g) es obvio que necesita observar la realidad. El simple sentido común indica que no se puede diseñar una vacuna si antes no se han efectuado los estudios dirigidos a conocer la forma de expansión y penetración de un virus. Encerrarse en descalificaciones hiperbólicas es un subterfugio para eludir el debate democrático, ignorando que la sociedad tiene el derecho a recibir una información veraz y que la labor profesional de los medios puede ser sometida al escrutinio democrático de los ciudadanos. Shoshana Zuboff en La era del capitalismo de la vigilancia denuncia que en los últimos veinte años se ha configurado una manifestación antidemocrática del capitalismo y esto ha sucedido porque el capitalismo de la vigilancia no ha sido limitado por la ley. Añade que aún debemos crear los derechos, los marcos legislativos, los paradigmas regulatorios, que hagan el mundo digital compatible con la democracia.

 

 

Shoshana Zuboff y Miriam Lewin, el capitalismo y la ley

 

 

 

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1 comentario
  1. HERNÁN DE ROSARIO dice

    Aleardo Laría Rajneri comienza su artículo de la siguiente manera:

    “En una democracia no existen libertades ilimitadas. Aún pensadores liberales, como Friedrich Hayek o Karl Popper, han sostenido que la libertad, si es ilimitada, se anula a sí misma. La libertad ilimitada significa que el individuo o el grupo más fuerte es libre de asaltar y oprimir al individuo o grupo más débil y privarlo de su libertad. Para evitar esta “paradoja de la libertad” se han creado las instituciones, que brindan protección a los más débiles. Por consiguiente, la pretensión de reclamar el uso ilimitado de la libertad de expresión no tiene cabida en un sistema democrático. La libertad de expresión debe ser compatible con otros derechos de igual o similar importancia, como el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y honesta”.

    La libertad de expresión hace a la esencia de la democracia liberal. Constituye su columna vertebral. Debe, pues, carecer de limitación alguna. ¿Qué sucede, sin embargo, con los denominados “discursos del odio”? ¿Deben ser penados? Si son penados ¿no se atenta contra la libertad de expresión? Si no lo son ¿no se atenta contra aquellos derechos conculcados por los discursos del odio? Confieso no tener una respuesta clara y contundente sobre esta trascendente cuestión.

    Al respecto, me tomo el atrevimiento de transcribir parte de un ensayo de Martín Risso Ferrand (Profesor titular de Derecho constitucional en la Universidad Católica del Uruguay) titulado “La libertad de expresión y el combate al discurso del odio” (Estudios constitucionales-volumen 18-número 1-Santiago, 2020).

    La justificación de la criminalización del discurso del odio y sus riesgos

    Sin perder de vista la defensa de la libertad de expresión, parecería que, conforme las normas internacionales, habría una necesidad de establecer algún tipo de límite a los efectos de erradicar el discurso del odio (téngase presente el PIDCP). Pero la rápida referencia al derecho internacional y a los modelos mencionados pone de manifiesto que algunas normas que criminalizan el discurso del odio son demasiado amplias o vagas, mientras que otras presentan un grado de precisión razonable y pueden entenderse aceptables desde el punto de vista de la libertad de expresión. Asimismo, los criterios políticos y jurisprudenciales son variados y también aparecen algunos razonables y precisos y otros vagos y muy amplios. Y, en especial, no debe olvidarse que se está hablando de establecer responsabilidades ulteriores al ejercicio de uno de los derechos básicos para una sociedad democrática como lo es la libertad de expresión.
    Dos preguntas aparecen ahora ¿cuáles son los riesgos de excesos que dicha regulación implica? y ¿cuál es la justificación de la regulación? Las dos preguntas están tan interrelacionadas que cualquiera podría ser el orden de análisis.

    ¿Cuáles son los riesgos que conlleva la regulación del discurso del odio?

    La criminalización del discurso del odio, al menos en sus orígenes, cuenta con una base ética muy sólida: la protección de ciertas minorías, el combate a la exclusión, la protección de quienes están sufriendo daños por pertenecer a un grupo determinado, etc. Pero fácilmente podemos encontrar múltiples excesos y un uso arbitrario de estas regulaciones. Es cierto que una lista de exageraciones no permite extraer conclusiones serias en cuanto a cuál es el riesgo de que estas regulaciones conduzcan a estas soluciones cuestionables, pero permite ver ciertos problemas que sí confirman lo sensible que es la libertad de expresión.
    Strossen nos brinda un buen catálogo de excesos y todos ellos pueden haber sido muy bien intencionados. Veamos algunos de ellos:
    Brigitte Bardot fue condenada en 2008 al pago de una multa por una carta dirigida al en ese entonces Ministro del Interior de Francia, Nicolás Sarkozy, en que se quejaba de los rituales que implicaban sacrificios de animales y decía que «los musulmanes están destruyendo el país imponiendo sus propias formas».
    Un niño inglés fue arrestado e investigado por exhibir en una demostración pacífica un cartel que decía «la siescentología no es una religión sino un culto peligroso».
    En 2016 un tribunal danés confirmó la condena de una persona que había publicado en Facebook que la ideología del islam abusa de la democracia para deshacerse de ella.
    En Francia se confirmó la condena de doce palestinos que ingresaron en un supermercado con un cartel que decía «larga vida a Palestina y boicot a Israel» y «comprando productos israelíes se legitiman los crímenes en Gaza».
    Un candidato inglés al parlamento europeo fue arrestado por un discurso, en el que, citando a Churchill, dijo que era inaceptable la idea de que la mujer pueda pertenecer a un hombre como ocurre con la ley islámica; mientras esto no cambie no desaparecerá la esclavitud.
    Ben-Porath recuerda que, en 2015, las autoridades de la Universidad de Yale enviaron una comunicación a los estudiantes pidiendo que sean cautelosos y sensibles al elegir sus atuendos para Halloween. La profesora Erika Christakis respondió señalando que no podía haber tanta cautela y que las universidades debían tener espacio para que los estudiantes cometan errores, aunque puedan ser desagradables y un poco ofensivos. Los estudiantes se opusieron vehementemente y ejercieron presiones contra la profesora que terminó renunciando y también renunció su esposo. Luego, Christakis envió un mail al Washington Post señalando que las universidades deben ser espacios seguros para que los estudiantes maduren, aunque esto implica a veces prácticas regresivas o transgresoras, pero se han convertido más en un ambiente de censura y prohibiciones.
    Brown recuerda que en el Super Bowl de 2016, la artista Beyonce fue acompañada en su show por bailarines cuyos atuendos tenían algún parecido con la forma de vestir de los Black Panther y se la criticó fuertemente por esto. En Uruguay, al poner en escena la obra Carmen, de Georges Bizet, se intentó modificar el final por ser en menoscabo de las mujeres.

    ¿Hasta dónde van a llegar estas limitaciones? ¿Cuál es el límite? Se empieza a no distinguir el arte del discurso intencionalmente de odio.
    En cierta forma cada uno es hijo de su época. Chemerinzky señala que los actuales estudiantes universitarios estadounidenses, que han gozado desde hace décadas de una muy amplia libertad de expresión, están dispuestos a recortarla para el combate al discurso del odio lo que implica: por un lado, olvidar los tiempos (especialmente en los sesenta) en que otros universitarios protestaron fuertemente para que se les reconociera la libertad de expresión en los campus (por ejemplo, para protestar contra la guerra de Vietnam o la discriminación racial) y, por otra parte, fue la libertad de expresión la que sirvió y fue usada en el pasado por los grupos que ahora se intenta proteger mediante la limitación de esta libertad.
    Y no se olvide que además de los excesos, que hasta pueden ser bien intencionados, aparece o puede aparecer el manejo de esta herramienta por las autoridades como forma de silenciar el discurso molesto, crítico, desagradable o simplemente que cuestiona. Una vieja frase puede ser aplicable: si la única herramienta es un martillo pronto todo problema empieza a parecerse a un clavo.
    Sin duda la regulación del discurso del odio, así como toda limitación de la libertad de la comunicación de pensamiento, implica ingresar en una pendiente resbaladiza en la que es muy difícil mantener el equilibrio. Más cuando el clamor popular es a favor de una causa noble: terminar con la exclusión, proteger a sujetos que están siendo dañados y discriminados, etc.
    La vieja expresión de que «más vale un delincuente en la calle que un inocente en la cárcel», puede servir en este tema. Será que ¿es preferible que circule una idea u opinión que no debió circular a que una que sí debía hacerlo sea objeto de controles y se la excluya? No se olvide que la libertad de expresión es una de las bases del sistema democrático y una de las principales herramientas contra las violaciones de los derechos humanos.

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