Un puñado de funcionarios judiciales de la Circunscripción III Judicial con asiento en San Carlos de Bariloche desató una crisis institucional en el Poder Judicial de Río Negro, que por ahora sigue silenciada. Seis funcionarios públicos denunciaron formalmente ante las máximas autoridades del Poder Judicial hechos que, por sus alcances jurídicos y políticos, llegan al núcleo duro de la política criminal que se ejecuta en la provincia. A la vez, expuso mecanismos estructurales desiguales en la organización del menos discutido de los poderes del Estado en esta provincia.
Seis funcionarios públicos denunciaron ante el Consejo de la Magistratura local a Betiana Cendón, fiscal jefa de la Circunscripción andina, después de un proceso interno de varios años de prácticas autoritarias, persecutorias, discriminadoras y, tal vez, anti-jurídicas en perjuicio no sólo del personal que se desempeña a su cargo, sino también de los legajos penales en los que intervino en el ejercicio de su función desde 2019 a la fecha. La denuncia ingresó formalmente el 9 de septiembre con el pedido de su apartamiento inmediato y provisorio. Al cierre de esta nota, Cendón ni siquiera había sido formalmente notificada de la apertura de un sumario interno, según aseguró.
Dos fiscales de grado, dos fiscales adjuntos, una defensora pública adjunta y un jefe de división denunciaron violencia laboral, persecución gremial, trato violento sistemático, discriminación, xenofobia y discrecionalidad en la asignación de los legajos penales, entre otros hechos, también ante el Observatorio de Violencia Laboral del Poder Judicial. El organismo se declaró incompetente y se apartó, lo que fue considerado como una revictimización de lxs denunciantes, según la abogada patrocinante. En cambio, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajur) hizo su propia presentación ante el Consejo de la Magistratura solicitando la apertura del sumario de investigación solamente por las irregularidades de tipo laboral y, a la vez, el apartamiento provisorio de la funcionaria judicial denunciada.
El fiscal general Fabricio Brogna se limitó a reubicar horarios y formas de funcionamiento de modo que Cendón no coincida en espacio y tiempo con lxs denunciantes que continúan trabajando. De todos ellos, uno renunció a su cargo, otro está con licencia psiquiátrica y otrxs tres bajo tratamiento profesional, directamente derivados de las condiciones de funcionamiento en la Fiscalía y en relación a la Defensoría Pública. Otros empleados jerárquicos y de carrera que son testigos de los hechos denunciados —víctimas, aunque no denunciantes— también están con licencias y bajo atención profesional.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro respaldó la denuncia realizada. En tanto que el Colegio de Abogados y Procuradores de la circunscripción no se había pronunciado todavía. Por este mismo conflicto, el 23 de septiembre de 2024, a primera hora del día, el procurador Crespo realizó una reunión vía Zoom con Cendón y su equipo de trabajo por posibles situaciones de maltrato laboral. Es decir, la estructura jerárquica no puede darse por sorprendida.
Por su parte, al cierre de esta nota, Cendón aseguró que no había sido notificada de las presentaciones, por lo que se excusó de brindar su versión a la prensa.
En la mira
Después de desempeñarse como secretaria penal, Cendón ganó el concurso de fiscal de grado en 2016. En noviembre de 2020 accedió a la jefatura de la Fiscalía de la circunscripción que comprende Bariloche, El Bolsón y un área rural importante. Ese ascenso desplazó a Martín Lozada —con un desempeño controvertido, pero con mayor formación jurídica, según fuentes del fuero— para una etapa de mayor criminalización y mano dura implementada por Jorge Crespo, procurador general.
Es la funcionaria judicial que representa el interés público en cualquier y todo legajo en una jurisdicción que concentra buena parte de la demanda territorial del pueblo mapuche-tehuelche. Operan grandes capitales transnacionales, tierras rurales e inversiones hoteleras, la policía provincial arrastra prácticas violentas estructurales y surgieron organizaciones delictivas nuevas, como las patotas gauchas en El Bolsón, entre otras expresiones del conflicto social. Bajo su esfera de influencia se decidió, por caso, la persecución judicial de presuntos autores de los incendios intencionales, la criminalización de mujeres en extrema vulnerabilidad y acuerdos extrajudiciales en beneficio de grupos económicos con inversiones en la zona, casos que hemos publicado en este medio.
Es, en suma, el brazo ejecutor de la política criminal que diseña el Ministerio Público Fiscal bajo la administración del gobernador Alberto Weretilnek, en sintonía fina con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich desde los primeros comandos unificados. Esa es la diferencia sustancial con los otros casos de enjuiciamiento y destitución de jueces y juezas por mal desempeño y hasta por casos comparables de violencia laboral.
Por otra parte, la pareja de la fiscal, Roberto Sánchez, es un ex oficial de alto rango del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER). Ambos coincidieron en la investigación de un femicidio en Bariloche, uno de los legajos señalados con aparentes irregularidades en la denuncia.
Hechos
El 9 de septiembre pasado, denunciaron ante el Consejo de la Magistratura a Cendón por mal desempeño, violencia laboral, acoso laboral, graves desarreglos de conducta y la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. Tres días después, al tener conocimiento del abultado texto de la denuncia, Cendón habría amedrentado en la oficina pública a uno de los testigos propuestos. Ese día, Crespo dictó una resolución disponiendo que “la fiscal jefa denunciada no tenga contacto con los denunciantes, los cuales estarán bajo la órbita funcional de Lozada. Esta medida, aunque parcial, es una clara muestra del reconocimiento de la situación de riesgo y la necesidad de protección del personal del Ministerio Público”, aseguró el grupo que cuenta con el patrocinio legal de Carla Orticelli y Lourdes Villablanca.
“No me esperaba esta traición”, le dijo el 16 de septiembre ingresando al despacho de una de las denunciantes. Así es que sumaron hechos nuevos a la denuncia original, asegurando la existencia de “riesgo evidente de entorpecimiento de la investigación disciplinaria” y “violación flagrante del protocolo de violencia laboral”, entre otros fundamentos.
Los hechos que se le atribuyen comprenden dos esferas: la de tipo laboral y la de los legajos de investigación penal a su cargo.
Aseguran que la conducta de la fiscal constituye “mobbing o acoso laboral, un comportamiento de violencia psicológica sistemática en el ámbito de trabajo. Sus acciones, que han sido recurrentes y de alta intensidad, han creado un ambiente insostenible para el personal”. Ese patrón de violencia se expuso en situaciones tales como:
- humillación pública y denigración, apelando a expresiones tales como “tarado, boludo, retrasado”;
- injerencia y desarticulación de equipos;
- presión y hostigamiento fuera del horario laboral;
- xenofobia y discriminación, refiriéndose a empleados como “chilenos” y a la Fiscalía de Género como Fiscalía “rosa”, según consta en la denuncia;
- excepción a directivas ordenadas. En este punto, aseguran que “muestra un patrón de falta de imparcialidad al exceptuar de directivas generales a individuos específicos. Esta práctica beneficia a personas conocidas, abogados particulares o con quienes ella misma tiene algún interés personal. En legajos de investigación, interviene dando instrucciones contrarias a las del fiscal del caso, a pesar de que su propio interés personal en el caso debería motivar su excusación. Este comportamiento favorece a particulares o a profesionales del foro, comprometiendo la objetividad y la ética que se esperan de su cargo. Este accionar demuestra un claro abuso de poder para manipular procesos y beneficiar a terceros”.
De acuerdo a la denuncia, un funcionario prácticamente está en la disyuntiva de sostener sus responsabilidades como padre de un bebé de pocos meses y otro en gestación, o sucumbir a las órdenes de Cendón. Respecto a tratar de beneficiar a terceros, citaron dos expedientes, uno por el que se pretendió perseguir judicialmente al ex marido de su mejor amiga, y otro, por el que se benefició a otra amiga denunciante con la tutela de dos animales secuestrados.
Otro fiscal, de dilatada y conocida trayectoria, al filo de la feria judicial de invierno, sufrió una inspección ilegal a su despacho en su ausencia.
Acción pública, interés colectivo
La sociedad general es alcanzada, de alguna u otra manera, por la acción (o inacción) de todo el engranaje del Poder Judicial. Aunque se conocen y analizan unos pocos hechos, estos difícilmente permiten acceder al mecanismo estructural de fondo. Esta denuncia articula, en parte, algunas situaciones conocidas públicamente con la trama cotidiana del ejercicio real de poder por parte de los operadores judiciales que están en la cima de la pirámide.
Algunos casos:
-
- En la presunta usurpación contra la lof mapuche Buenuleo (2022), la fiscal adjunta fue agraviada frente al particular querellante y al abogado de esa querella. En ese clima, ese querellante se envalentonó contra el defensor oficial, caso que denunció la APDH local y lo difundió la prensa. A consecuencia de ese juicio, Cendón restituyó el inmueble al particular, extralimitándose en los alcances en perjuicio del territorio tradicional mapuche.
- Femicidio de Valeria Coppa (2019). Cendón pretendía que el imputado prestara declaración indagatoria al día siguiente, cuando los médicos acababan de detectarle una bala en la cabeza. Maniobró para desplazar a la defensa pública en favor de una defensa particular, según declaró después la ex esposa del femicida.
- En 2019, una joven del pueblo mapuche, en situación de extrema vulnerabilidad, es criminalizada por la muerte de su bebé recién nacido en su vivienda. Ante el reclamo de la defensa pública, una jueza de garantías decretó la ilegalidad del allanamiento realizado y el secuestro del cuerpo sin vida, cuestionamiento que alcanzó tanto a la Fiscalía como a la policía provincial. Cendón hizo pública su posición en ese momento.
4. Supuestas amenazas a una amiga en 2024. “Te pedí que me dieras una mano con mi amiga”, le habría recriminado Cendón al fiscal que desestimó la denuncia por inexistencia de delito. Reabrió el caso y citó al supuesto amenazador.
5. En febrero de este año, en el marco de una causa por infracción a la Ley nacional 14.346 de Protección Animal, por su cuenta y sin conocimiento de los titulares del legajo, dispuso la entrega de una yegua y una potranca, secuestradas en el marco de la causa, en carácter de depositaria judicial a su amiga denunciante.
6. Homicidio de Micaela Bravo (2017). Este crimen marcó el inicio de una ola de violencia contra las mujeres en Bariloche, que se articuló con el secuestro y homicidio del oficial de policía Lucas Muñoz. En juicio oral y público, una testigo de la defensa declaró que ese mismo día, poco antes de asistir a la audiencia, “recibió un mensaje de la fiscal Cendón diciéndole que si declaraba, iba a ser ‘denunciada' al jefe de la Policía. Se trataba de un testigo fundamental de la tesis de la defensa y trabajaba en el Gabinete de Criminalística. Esto evidenció su interés en incidir, influenciar y amedrentar a un testigo para que no declare, además de su interés en ganar el juicio a cualquier costo, más allá de que el caso quedó impune”. No se conoce que el Poder Judicial hubiera actuado de oficio ante esas afirmaciones en pleno juicio.
Estructura de funcionamiento del Poder Judicial
“En un claro abuso de autoridad, la fiscal jefe ha interferido de forma inapropiada en la independencia funcional de colegas del Ministerio Público de la Defensa, lo que es una grave falta ética y profesional”, consta en la denuncia.
En Río Negro, el Ministerio Público concentra y unifica la política general para la Fiscalía General y la Defensoría General. Con el acento puesto en la criminalización y el paradigma punitivista, parece que Cendón expresa a nivel de la Circunscripción una estrategia global impulsada desde Viedma. Esa tendencia fue advertida hace años por la APDH local cuando se opuso a la elección de Cendón como jefa.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí