La última dictadura cívico-militar se propuso una transformación tectónica de la estructura socioeconómica con eje en la clausura de la Argentina industrial y la imposición de la matriz de austeridad orientada a la valorización financiera, la producción primaria y la profundización de los intereses económicos de Estados Unidos.
Este plan de reseteo social y económico, como punto de llegada de la geopolítica del patio trasero, tuvo como condición de posibilidad un dispositivo de disciplinamiento y control social basado en prácticas represivas y delictivas que se materializó en una estructura de enclaves institucionales clandestinos de encarcelamiento, secuestro, tortura, desaparición de personas y apropiación de bebés. Las prácticas de violencia institucional, que también sistematizaron el saqueo de las propiedades y pertenencias de las víctimas, recibieron la cobertura de un simulacro de marcos jurídicos de excepción, que se consolidó entre fines de 1974 y 1976, además de la colaboración activa de grupos empresarios locales.
Las consecuencias devastadoras sobre el sector de ciencia y tecnología (CyT) no solo se limitan al terrorismo de Estado y a sus objetivos ideológicos y de seguridad, encuadrados en una narrativa de lucha contra “la subversión” y “el terrorismo”, la preservación de las “fronteras ideológicas” y la defensa de “los valores occidentales y cristianos”. También se manifestó en la transformación compulsiva e irreversible de culturas organizacionales, agendas y modos de inserción sectorial de las instituciones de CyT, alterando el propio sentido socioeconómico de sus actividades.
El análisis de los discursos y representaciones durante el proceso de difusión internacional de noticias acerca de la violencia estatal que se aplicó sobre el sector de CyT nos ayuda a radiografiar y comprender sus consecuencias, que sobreviven en democracia y serpentean activas hasta nuestro presente.
Ciencia occidental y cristiana
En abril de 1976, los primeros registros sobre detenciones ilegales o desapariciones de científicos y tecnólogos se producen en el ámbito de la Embajada de Estados Unidos. Se trata de información confidencial —hoy desclasificada— sobre cesantías y arrestos en el INTA y el INTI, en manos de interventores de la Armada. Casi simultáneamente, también comienzan a circular en el ámbito internacional denuncias de detenciones ilegales y desapariciones de científicos.
Un memorándum del agregado agrícola de Estados Unidos en la Argentina, James Rudbeck, al embajador de Estados Unidos en la Argentina, con fecha 8 de abril [1], relata un encuentro con un funcionario argentino, que le habló de trabajadores, delegados sindicales y profesionales de la sede del INTA Castelar, “alrededor de 13 o 15 empleados”, que “fueron despedidos como parte de la purga gubernamental generalizada contra los llamados ‘subversivos’”. Mencionaba a siete exonerados de la “Sección de Estudios Económicos de Agricultura”, “que fueron levantados de sus escritorios por las fuerzas de seguridad y llevados a prisión en un colectivo”. Tres de los arrestados “habían recibido entrenamiento en Estados Unidos bajo el patrocinio de la Fundación Ford”. Como la Fundación había firmado recientemente otro acuerdo de apoyo financiero con estos profesionales, Rudbeck quería elementos de juicio para decidir si la Fundación Ford podía salir en su defensa.
Cuatro días más tarde, un telegrama de la Embajada de Estados Unidos al Departamento de Estado, bajo el título “Despidos y arrestos en institutos tecnológicos argentinos” [2], sostenía, refiriéndose al INTI y al INTA, que: “La Embajada tiene conocimiento de que delegados de la Junta Militar han despedido a un número significativo de personal […]. Además, se han producido arrestos en ambas organizaciones”.
El mismo texto sostiene que el número de despidos ronda 180 de 6.000 empleados en el INTA y que se estima en 20 el número de arrestos, principalmente en Castelar. Escrito a mano, al final del documento, se explica que en el INTI, el número de despidos es alrededor de 40 sobre 300 empleados y que “hemos escuchado de un caso de arresto” y que “se esperan otros despidos”. Hasta acá habían transcurrido quince días del 24 de marzo.
A casi tres meses, las revistas científicas de mayor circulación internacional comenzaron a mostrar otra escala de violencia represiva. En la edición del 22 de julio de la revista británica Nature se publicó una carta firmada por setenta científicos italianos titulada “Plea for Argentinians” (“Súplica por argentinos”). Allí se mencionaba la Ley 21.274 de prescindibilidad, del 29 de marzo, y se explicaba: “Esta ley ha sido la base para expulsar a los disidentes políticos de las universidades y otras instituciones científicas, principalmente en Buenos Aires y La Plata”. Las instituciones más afectadas eran el CONICET, los institutos dependientes de la Comisión Nacional de Estudios Geoheliofísicos y el INTA. “No menos de 550 personas han perdido su empleo: biólogos, físicos, químicos, médicos, arquitectos, técnicos y funcionarios, algunos de ellos con 20 años o más de servicio”, detallaba. El texto también se refiería a dos noticias aparecidas en el diario La Opinión sobre 90 despidos en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Educación. También mencionaba los dichos de Horacio Encabo, vicedirector del Centro de Investigaciones Neurológicas Torcuato Di Tella, que expresababa “los riesgos para el desarrollo de la Argentina de una política científica inspirada en el criterio: ‘quien no es occidental y cristiano es subversivo’”. Y explicaba que Encabo fue dejado cesante cinco días más tarde[3].
Esta carta es precedida por un texto de los editores de Nature, que emplea una retórica de supuesta equidistancia ideológica [4]. El texto sostiene que “cuando el general Videla llegó al poder, existía una esperanza genuina de que pudiera actuar contra el terrorismo”. Incluso, “ha tenido éxito porque el terrorismo de la izquierda se ha controlado con firmeza”. Sin embargo, “las actividades de la derecha no parecen haberse frenado significativamente”. Por el contrario, se observa una “desconcertante variedad de organismos de seguridad que compiten entre sí” y “divisiones dentro de las fuerzas armadas” que “agravan la situación”. ¿Organismos de seguridad que compiten entre sí? ¿En qué compiten y por qué?
Un mes más tarde, Nature publicó un extenso contrapunto a la carta de los 70 científicos italianos. Su autor, el astrofísico Hugo Levato, que realizaba una estadía en el Kitt Peak National Observatory, en Tucson (Arizona), becado por CONICET, sostiene: “La subversión en la Argentina se podría encontrar en cada departamento e institución del gobierno. Los subversivos no son sólo los que ponen bombas; también son aquellos que apoyan a la ‘guerrilla’ en diferentes formas, aquellos que roban el dinero público y aquellos que usan el poder para su propio beneficio”.
Y concluye: “No es cierto que en la Argentina se persiga a izquierdistas. Se persigue a terroristas y culpables, sin importar sus preferencias políticas” [5].
Hagamos un paréntesis sobre la expresión “roban el dinero público”. Por esos días, los directores de algunos institutos de CONICET puestos por la dictadura, a través de la creación de fundaciones, comenzaron a montar mecanismos para malversar fondos de subsidios de investigación. El gobierno de Alfonsín investigó y abrió causas judiciales, que se detallan en Informe sobre investigaciones de hechos ocurridos en el CONICET. Período 1976-1983 (1989). Allí se explica que las fundaciones “efectuaban colocaciones financieras con los fondos hasta el momento de su utilización efectiva, y se apropiaban de las rentas”, que terminaban en “un enorme incremento patrimonial, fundamentalmente en bienes inmuebles”. En apenas tres años se habían llegado a adquirir “varios departamentos en zona céntrica y hasta una playa de estacionamiento”. Es decir, los hechos fueron exactamente al revés de lo que expresa la carta de Levato.
El mismo astrofísico volverá a aparecer en el Bulletin of the Atomic Scientists. Esta vez le responde a un artículo del físico brasileño José Leite Lopes, de diciembre de 1976. Leite Lopes se refiere a las dictaduras como “un cáncer que se está extendiendo en Sudamérica” y sostiene que “los derechos humanos fundamentales están siendo nuevamente violados de forma simple y brutal”. Otra vez se escucha, escribe Leite Lopes, que líderes políticos “han sido encarcelados, torturados, secuestrados o asesinados, o que sus cuerpos han sido encontrados mutilados en un coche o en alguna playa”. En este texto del físico brasileño, la Argentina ocupa un lugar especial [6].
Atomic Scientists, de agosto a diciembre de 1976.
En marzo de 1977, Levato responde a este texto desde Tucson, Arizona. El artículo de Leite Lopes, explica Levato, “refleja una falta de conocimiento o un sesgo político con respecto a Argentina”. Entre los errores de Leite Lopes, según Levato, “habla del despido de científicos que investigan, enseñan e inventan; pero un gran porcentaje de los científicos despedidos recientemente en la Argentina no trabajaban y solo usaban sus cargos para promover sus ideas políticas”. Y concluía: “En esta guerra contra el terrorismo, estoy seguro de que ha habido y habrá errores y abusos, como en cualquier otra guerra. Es posible que algunos inocentes hayan sido castigados por error, y todos los científicos mencionados por Lopes podrían estar entre ellos” [7].
Cuando Levato publica desde Estados Unidos esta defensa de las prácticas represivas de la dictadura, ya circula información sobre “purgas” en las universidades argentinas. En un contexto de escalada de secuestros y ejecución de personas por grupos de “extrema derecha”, según The New York Times en agosto de 1976, se habla de al menos 3000 personas expulsadas por razones políticas –profesores, personal administrativo y estudiantes– en las 28 universidades estatales durante los primeros meses de dictadura. También se alude a profesores encarcelados como parte de “acciones antisubversivas”. El diario estadounidense cita a Acdel Vilas, uno de los generales de la “línea dura” y comandante del quinto cuerpo de Ejército: “Hasta que no logremos purificar el área de enseñanza y los profesores sean todos de pensamiento e ideología cristiana, no habremos logrado el triunfo que buscamos contra la izquierda revolucionaria” [8].
El peor país del mundo en derechos humanos
En diciembre de 1976 ya era evidente la gravedad del panorama: “La situación básica de los derechos humanos en la Argentina es peor que en cualquier otro país en el mundo”. Esta evaluación de un politólogo de la Universidad de Cornell era citada en un extenso artículo publicado en la revista estadounidense Science con el título “Represión en Argentina: un científico atrapado en la ola de terror” [9]. Su autor, Nicholas Wade –editor para Science entre 1972 y 1982–, explicaba la “ley de prescindibilidad” y hablaba de una carta enviada al general Videla por un grupo de científicos e intelectuales mexicanos, que se refería a cerca de un centenar de investigadores del CONICET y más de 600 de otras instituciones públicas de investigación y desarrollo, como el INTA, el INTI y la CNEA, que habían sido despedidos [10].
Wade dedica una sección al caso del físico Antonio Misetich, que había retornado a la Argentina en 1970, luego de obtener su doctorado en el MIT en Boston (Estados Unidos). Misetich había ingresado a la CNEA a fines de 1970 y había sido considerado un candidato a presidir la institución durante el gobierno de Perón. El artículo cuenta que Misetich había sido arrestado el 19 de abril de 1976. Ante los reclamos de colegas norteamericanos –que incluían el ofrecimiento de un puesto de trabajo en el National Magnet Laboratory del MIT–, un escrito de la Embajada argentina en Washington, del 9 de agosto, explicaba: “Él está en buen estado de salud”. Y agregaba que “si su situación es aclarada, será puesto en libertad”. Pero un mes más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino explicaba a la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires que “el gobierno argentino no tiene registro del paradero del Dr. Misetich”. Según Wade, esta respuesta “puede significar que Misetich está muerto”. Y concluía: “Si es así, ha muerto en manos del gobierno, sin ser acusado públicamente de ningún delito y sin juicio público”. Hoy sabemos que el mismo día de su desaparición su contrato en la CNEA fue dado de baja.
Más adelante, el mismo artículo explica que un grupo con sede en Nueva York tomó los casos de Misetich y de los físicos Juan Carlos Gallardo, que había sido director del Instituto de Matemática, Astronomía y Física (IMAF) de la UNC hasta su renuncia en 1974, y Gabriela Carabelli, investigadora y profesora también del IMAF, que fue secuestrada con su hija de tres años, quien pudo conocer su identidad en 1984 gracias a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo. Agreguemos que hoy Carabelli y Misetich figuran en la lista de los físicos argentinos desaparecidos por la dictadura [11].
El artículo de Wade también se refería a la persecución de “varios cientos” de médicos, psiquiatras y psicólogos, y a la suspensión de la Federación Argentina de Psiquiatría como consecuencia de la detención de algunos miembros. “Los militares también parecen asociar psiquiatría con subversión”, explica Wade citando a Amnistía Internacional, que había enviado su primera misión a la Argentina en noviembre de 1976. A continuación describe un confuso y escalofriante panorama de las universidades argentinas.
La Argentina kafkiana
A lo largo de 1977, el problema de la violación de los derechos humanos en la Argentina se fue instalando en las agendas informativas internacionales. A fines de abril, un artículo en The Washington Post contaba que la US National Academy of Sciences había anunciado que iba a iniciar presiones sobre los gobiernos de la Argentina, la Unión Soviética y Uruguay para averiguar el paradero de ocho científicos encarcelados en los últimos dos años por razones políticas, cinco de los cuales “eran físicos argentinos que desaparecieron el último año”. Además de los casos ya mencionados, se sumaban los casos de Federico Álvarez Rojas y Eduardo Pasquini, “desaparecidos con sus esposas” [12].
Un mes más tarde, el 31 de mayo, el AAAS Committee on Scientific Freedom and Responsibility comenzó a hacer circular un escrito titulado “Background Paper on Persecution of Argentinian Scientists” (“Documento de antecedentes sobre la persecución de científicos argentinos”). Desde su misma creación en octubre de 1976, este comité prestaba especial atención a lo que ocurría en la Argentina, donde se considera que las violaciones a los derechos humanos eran de “amplia escala”.
El documento menciona el “secuestro, desaparición o encarcelamiento sin juicio” de nueve psiquiatras y de una lista provista por Amnistía Internacional sobre médicos secuestrados en centros de salud mental, y describe la situación de los hospitales Borda, de Lanús y de Avellaneda. Finalmente, el informe agrega una lista con 11 científicos de los que se desconocía el paradero –los cinco físicos que vimos mencionados en The Washington Post, tres psiquiatras, un psicólogo, un astrofísico y un abogado–, con el perfil biográfico de cada uno y las noticias que se tenían de cada uno de ellos: el astrofísico Horacio Dattori; el psiquiatra Claudio Berman y la entonces ex presidenta de la Federación Argentina de Psiquiatras, Sylvia Berman; la psicóloga Mónica Mignone; y el entonces presidente de la Asociación Argentina de Abogados, Mario Yacub.
Este comité de la AAAS, en noviembre de 1976, había comunicado su preocupación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y reclamaba el envío de una delegación para observar la situación in situ. Luego de reiterados contactos, se había logrado hacer público el testimonio kafkiano del físico Máximo Victoria, quien se presentó personalmente el 26 de mayo de 1977 ante la comisión de OEA acompañado por miembros del comité de la AAAS [13] .
En una carta dirigida a la coordinadora de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Patricia Derian, con fecha 29 de julio de 1977, el director ejecutivo de la AAAS, William Carey, habla de “los despidos y encarcelamientos de cientos de investigadores y científicos académicos, sus asistentes y estudiantes durante el último año”, además de reproducir una lista con diez nombres [14]. A fines de 1977, si bien ya no es posible tapar el sol con el pulgar, tampoco alcanza el lenguaje para expresar lo inenarrable de lo que aún hoy se nos escapa.
Epílogo abierto
En 1978, ocurren dos casos de secuestros y desapariciones que se difunden más tarde en la publicación de la Physical Society de Estados Unidos. Allí se alienta al reclamo por “colegas oprimidos políticamente” y se presentan ejemplos. Entre ellos figura una carta a Videla, sin fecha y sin el nombre del/de la firmante, que reclama por dos casos.
El primero se refiere a Alfredo Giorgi, físico y químico que dirigía el laboratorio de investigación de plásticos en el INTI. Giorgi “fue citado a las oficinas administrativas del INTI por funcionarios del Instituto y entregado a hombres que afirmaron ser militares y policías. Desde entonces, no se ha tenido noticia de él”, cuenta la carta a Videla. El secuestro ocurrió el 27 de agosto de 1978, cerca de las 16.00 h.
El segundo caso ocurre el 8 de diciembre y se refiere a “la inexplicable desaparición de Daniel Bendersky, un joven físico argentino”. Quien escribe cuenta haber enviado una carta, el 20 de abril de 1979, a Jorge A. Aja Estil, embajador de Argentina en Estados Unidos, donde le cuenta que a Bendersky se le había “ofrecido una beca en el Instituto Tecnológico de Massachusetts” para que pudiera continuar con su trabajo científico [15]. Bendersky aparece en una lista de “casos recientes”, en un cable del Departamento de Estado del 20 de diciembre de 1978, a 12 días de su secuestro [16].
A modo de síntesis, digamos que, a mediados de marzo de 1978, el “Comité de Derechos Humanos” de la Academia de Ciencias de Estados Unidos sintetiza el escenario argentino: “El Comité considera que la situación de la ciencia se ve afectada negativamente por la situación de los derechos humanos en Argentina. La preocupación por la seguridad personal, la práctica continua de despidos arbitrarios de puestos científicos y el considerable número de científicos desaparecidos, sobre los cuales las autoridades gubernamentales manifiestan desconocer, constituyen claras violaciones de los derechos humanos” [17].
Como contrapunto local, las ediciones de la revista Ciencia e Investigación, publicación de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, a lo largo de 1976 transmite en sus páginas una impresión de absoluta normalidad. Esta actitud contrasta con la de su contraparte brasileña, la Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que en simultáneo daba batalla a la dictadura brasileña y hoy es una organización con enorme prestigio y representación masiva de escala nacional en Brasil. También la Academia Nacional de Medicina disputa en las páginas de Science, en julio de 1978, contra “los informes falsos y maliciosos difundidos en el extranjero por la prensa” que “tergiversan la situación social en nuestro país”[18].
Finalmente, para concluir esta nota sobre una historia en curso, la American Association for the Advancement of Science publica, a mediados de 1981, un informe sobre derechos humanos y ciencia en la Argentina. Allí explica: “Es imposible determinar el número exacto de científicos argentinos que han sido encarcelados o desaparecidos desde la toma del poder por los militares en marzo de 1976. Si bien el gobierno ha emitido ocasionalmente listas de arrestos y liberaciones desde diciembre de 1979, a menudo contienen contradicciones y no incluyen a los desaparecidos”.
En un apéndice presenta una lista de “científicos, ingenieros, profesionales médicos y estudiantes de ciencias argentinos que han desaparecido desde 1976”, donde se incluyen 35 nombres [19].
Las comisiones de la memoria en varias instituciones de CyT, como en CNEA, INTA, INTI, CONICET y varias facultades de universidades públicas, continúan activamente las tareas de investigación y reconstrucción.
* Este artículo es una síntesis de un artículo más extenso que se publicará en la revista Ciencia, Tecnología y Política.
[1] Rudbeck, James. Ford Foundation Call Re Employees at Castelar [Memorándum del agregado agrícola James Rudbeck a la Embajada de EEUU]. Colección State Argentina Declassification Project (1975-1984).
[2] Amembassy Buenos Aires. Firings and Arrests in Argentine Technological Institutes [Telegrama de la Embajada de Estados Unidos al Departamento de Estado de EEUU]. Free of Information Act (FOIA), U.S. Department of State.
[3] Accascina, F. et al. 1976. “Plea for Argentinians” (Correspondence), Nature, vol. 262, 22 de julio, p. 253.
[4] Nature. 1976. “Out of Work in Argentina”, vol. 262, 22 de julio, p. 243.
[5] Levato, H. 1976. “Scientists in Argentina” (Correspondence), Nature, vol. 262, 19 de agosto, p. 642.
[6] Leite Lopes, J. 1976. “A scientist's plea for human rights in South America” (Commentary), Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 32, núm. 10, p. 3.
[7] Levato, H. 1977. “Freedom in Argentina” (Letters), Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 33, núm. 3, p. 8.
[8] De Onis, J. 1976a. “Argentina Purges Major University”, New York Times, 5 de agosto; Ibid. 1976b. “Rightist Terror Stirs Argentina”, New York Times, 29 de agosto. Sobre la “línea dura”, puede verse: Canelo, P. 2016. La política secreta de la última dictadura militar argentina (1976-1983). Buenos Aires: Edhasa, pp. 49-50.
[9] Wade, N. 1976. “Repression in Argentina: Scientist Caught Up in Tide of Terror”, Science, vol. 194, núm. 4272, pp. 1397-1399.
[10] Comisión Argentina de Solidaridad. 1977. “CAS Report Supplement. Additional information on the situation of Argentine scientists and university professors” (mimeo), diciembre. El documento aclara: “Esta información fue publicada por la Comisión Argentina de Solidaridad, apartado 19-052, México 19, México, DF, México”.
[11] A modo de ejemplo de los trabajos de reconstrucción de la memoria, las biografías de Carabelli y Misetich pueden verse aquí.
[12] O’Toole, Th. 1977. “Science Academy Sets Rights Drive on 8 in Prison”, Washington Post, 28 de abril.
[13] AAAS CSFR. 1977. “Background Paper on Persecution of Argentinian Scientists” (mimeo), 31 de mayo. El caso de Máximo Victoria puede leerse en: Hurtado, D. 2014. El sueño de la Argentina atómica, Edhasa, pp. 178-179.
[14] William D. Carey. 1977. Carta a Patricia Derian. Washington DC, 29 de julio. Argentina Project (S200000044), U.S. Dept. of State, A/RPS/IPS.
[15] Schewe, Ph. 1981. “Human Rights Kit: Suggestions for Activities In support of Oppressed Physicists”, Physics and Society, vol. 10, núm. 2, pp. 9-16.
[16] Margaret P. Grafeld. 1978. “II. Argentina: Recent Case Histories” (Release). Washington DC, 20 de diciembre, U.S. Dept. of State, A/RPS/IPS. Reproduce un texto de Tom Jones de Amnesty International. Proyecto Plan Cóndor. Este documento: “La respuesta del gobierno militar del general Videla en los dos años y nueve meses transcurridos desde el golpe militar ha sido una de las represiones más despiadadas y sangrientas de la historia de nuestro tiempo” (p. 4).
[17] NAS. 1978. “National Academy of Science Committee on Human Rights: Results of a Visit to Argentina and Uruguay” (mimeo), 24 de abril. Argentina Project (S200000044), U.S. Dept. of State, A/RPS/IPS.
[18] Rivarola, J. y Uriburu, J. 1978. “International Cancer Congress: The View from Argentina” (Letters), Science, vol. 201, núm. 4352, p. 211.
[19] Stover, E. 1981. Scientists and Human Rights in Argentina Since 1976. Washington DC: AAAS.