Solían ser el último orejón del tarro. Los obligaban a llevar secuestrados a los centros clandestinos de detención, a vigilarlos, a incluso trasladar los cadáveres. Los altos mandos se ensañaban con ellos: los insultaban y maltrataban, les pegaban, los torturaban y a muchos los terminaron fusilando. La violencia contra los colimbas sigue siendo un asunto pendiente en los juicios de lesa humanidad. Se sabe, hasta el momento, que hubo 218 jóvenes desaparecidos que en los años de la dictadura habían entrado de prepo al Ejército, sin voluntad ni elección. Aquellos que, en el marco del cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio, murieron en “enfrentamientos”, fueron secuestrados y desaparecidos, y luego sufrieron la guerra de Malvinas.
También existe un asunto pendiente referido a la violencia intramuros: en los últimos días, el fiscal federal Félix Crous descorrió el velo e incluyó un caso de abuso sexual cometido contra un conscripto en la Base Aérea de Moreno. Lo hizo al ampliar la acusación por crímenes sexuales y por delitos contra niños, niñas y otros familiares en el circuito represivo de la zona oeste del Conurbano bonaerense: allí están acusados militares de la Fuerza Aérea por crímenes de lesa humanidad, cuyo radio de acción fue la denominada sub-zona militar 16.
Las audiencias del juicio denominado “Mansión Seré IV”, iniciado el 27 de agosto, se desarrollan en el Tribunal Oral Federal N.º 5 de San Martín. Los represores en el banquillo son el ex teniente primero de la I Brigada Aérea de El Palomar, Juan Carlos Herrera; el ex capitán de la VIII Brigada Aérea de Moreno, Ernesto Rafael Lynch, y el ex cabo primero de la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA), Julio César Leston. Todos ellos están imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos contra 112 víctimas. “La violencia sexual fue parte de la continuidad delictiva entre el secuestro, tortura y homicidio masivo de personas”, precisó Crous sobre el caso del colimba, sobre el cual no trascendió la identidad. En este sentido, extendiéndose a los delitos contra niñas y niños en el mismo proceso, detalló que “fueron privados de la libertad durante el desarrollo de esos operativos, de diversas formas: fueron amenazados, atados, encerrados, maltratados; en algunos casos golpeados, apuntados con armas y sometidos a tormentos”.
El circuito represivo de la zona oeste formaba parte de la sub-zona militar 16 y tuvo sus sedes en la RIBA, en la casona de Morón conocida como “Mansión Seré”, en la I Brigada Aérea de El Palomar, en la VII Brigada Aérea de Morón, la VIII Brigada Aérea de Moreno y en diferentes dependencias policiales, principalmente las comisarías de Castelar y Moreno, la subcomisaría de Francisco Álvarez y el destacamento de Paso del Rey. Hoy un nuevo juicio intenta echar luz sobre nuevos tramos represivos en esa zona, mientras los represores bregan por la suspensión de estos procesos, al borde de la impunidad biológica. Con el gobierno de Javier Milei, crecieron las prisiones a pedido en el hogar: entre los 539 detenidos, 454 cumplen arresto domiciliario, 63 permanecen en la Unidad Penitenciaria N.° 34 de Campo de Mayo, dentro de la guarnición militar, y 22 en cárceles federales y provinciales.
Pese al desmantelamiento de las secretarías judiciales, el freno a nuevos procesos de lesa humanidad y de todo espacio ligado a los derechos humanos, los juicios, sin embargo, se resisten a dar el brazo a torcer, con casi nula repercusión en los medios masivos. Actualmente, hay 13 juicios orales abiertos en cinco provincias, mientras que otras 60 causas fueron elevadas a juicio y 280 continúan en investigación preliminar. Además, según un último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), desde 2006, la Justicia argentina condenó a 1.237 personas por delitos de lesa humanidad, mientras que 213 resultaron absueltas.
Entre los hechos más destacados en relación con crímenes de lesa humanidad en la Argentina, se supo la verdad sobre el destino del pianista brasileño Tenorio Jr., que había desaparecido en la madrugada del 18 de marzo de 1976 cuando llegó para tocar en Buenos Aires en una gira con Vinicius de Moraes y Toquinho. Ahora, casi cincuenta años después, fue identificado por un cotejo de huellas dactilares realizado por la PCCH (aquí, el caso completo). En ese marco, y más allá de que aún no se pudo encontrar su cuerpo, se identificó a Tenorio esencialmente por un trabajo de archivo. Desde hace un tiempo, y con el objetivo de aportar información para las investigaciones por delitos de lesa humanidad, la Procuraduría avanzó en un proceso de revisión de expedientes tramitados por la Justicia penal entre 1975 y 1983. “Desde octubre de 2023 se acentuó una línea del trabajo que consiste en el análisis de causas iniciadas por el hallazgo de personas muertas, y cuya identidad era desconocida”, dijeron desde el organismo, en una tarea que empezó antes del gobierno actual y que, pese a los recortes presupuestarios y el despido de numerosos empleados del sector, sigue avanzando con persistente estoicismo.
Otro caso revelador fue el hallazgo de restos óseos en la guarnición militar de La Calera, en Córdoba. La macabra noticia se dio en septiembre, cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) excavó la zona en la búsqueda de posibles enterramientos clandestinos relacionados con el ex Centro Clandestino de Detención La Perla: se estima que por allí pasaron entre 2.000 y 2.500 personas, gran parte de ellas aún desaparecidas. Los restos fueron custodiados para nuevas pericias científicas, donde se intentará determinar a quiénes pertenecían bajo la expectativa de los organismos de derechos humanos.
En tanto, a fines de ese mes ocurrió un curioso acontecimiento. La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata imputó al suboficial retirado de la Armada, Jorge Pablo Cabrera, de 59 años, por haber dicho en las emisiones de La Libertad Avanza Radio, que se emite en una FM de la ciudad de Verónica, que el baúl del Ford Falcon verde modelo '76 “todavía huele a justicia”. La fiscalía sostuvo que se trató de un “ejercicio abusivo de la libertad de expresión”, pues se trata de “un mensaje que legitima y glorifica prácticas vinculadas al terrorismo de Estado, alentando la repetición simbólica de esas violencias”. De esa forma, solicitó el llamado a indagatoria de Cabrera y se remarcó que sus expresiones no fueron neutras ni ambiguas, sino que se dieron en el contexto de un juicio contra dos ex policías bonaerenses por el encubrimiento de crímenes de lesa humanidad a raíz del hallazgo en Punta Indio del cuerpo de una mujer arrojado al río desde una aeronave en 1976, que, pese a ser identificado, fue enterrado como NN.
De acuerdo a la Procuraduría liderada por la fiscal federal María Ángeles Ramos, se develaron otras estadísticas a nivel nacional: 356 represores están al presente procesados, 177 en etapa intermedia de falta de mérito, 75 fueron indagados y aguardan resolución y 502 aún no fueron citados a declarar. Además, 103 personas fueron sobreseídas. La procuraduría destacó en la presentación del informe que cada sentencia y la continuidad de las audiencias representa no sólo un acto judicial, sino una forma de reconocimiento del daño sufrido por las víctimas. “Los procesos son largos y complejos, pero esenciales para que la sociedad no olvide y para que los responsables enfrenten la Justicia”, explicó la fiscal Ramos.
Detrás de las frías estadísticas, están las historias de carne y hueso. En los recientes alegatos del juicio por la "Masacre del Pabellón Séptimo”, ocurrida en la cárcel de Devoto en 1978 y cuyo incendio de un pabellón derivó en la muerte de 65 presos, al fiscal general Abel Córdoba no le tembló el pulso. Dijo que los agentes penitenciarios sentados en el banquillo, los cuales lideraron aquella vez una requisa que terminó en las llamas, sintieron un desprecio absoluto por la condición humana. “Las víctimas fueron destruidas como si fueran residuos”, y encuadró los hechos como crímenes de lesa humanidad. Luego explicó, en términos conceptuales, que “la categoría de lesa humanidad no está sólo circunscrita a la disidencia política, sino también a un método de disciplinamiento social”, vinculando así la represión en los penales con la metodología del terrorismo de Estado.
Un centro a los represores
En cada debate, semana a semana, los detalles del infierno retornan a tiempo presente y las emociones se destapan; los familiares de las víctimas buscan nuevas reparaciones a décadas de horror y silencio y, a pesar de los avances, el camino sigue abierto e incluso: cientos de causas esperan elevación a juicio y nuevas investigaciones continúan para completar el infinito cuadro de la memoria social y colectiva.
Este medio sugiere el trabajo de la web Juicios de Lesa, dedicada a los juicios para seguir, en tiempo real, los que están vigentes contra los represores.
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