Los dueños del espacio público

Los negocios de Cambiemos con el patrimonio estatal en la mira de la Justicia

 

I

Con la repentina lucidez que otorga la derrota, el 29 de octubre de 2019 el entonces Presidente Mauricio Macri apuró un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con la única finalidad de permitir el traspaso de ocho inmuebles del Estado nacional al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La caída en primera vuelta contra la fórmula Fernández-Fernández, el día anterior, precipitó el incumplimiento de la Ley 27.428 de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno (RFRF) que establece la prohibición de realizar “cualquier disposición legal o administrativa excepcional que implique la donación o venta de activos fijos durante los dos últimos trimestres del año de fin de mandato”. La transgresión, además, implicó asignarle a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE) la conveniente facultad de entregar inmuebles en forma de pago –hasta el decreto sólo podía subastarlos o prestarlos– y así saldar la deuda que Nación mantenía con Ciudad por las obras realizadas en los viaductos de los ferrocarriles Mitre y San Martín. La conducta de Macri, según el último dictamen de la Oficina Anticorrupción (OA), sólo puede explicarse en el afán de seguir propiciando negocios con tierras públicas, aún después del desalojo de la Casa Rosada. “No existiendo necesidad y urgencia alguna –argumenta el informe– para el pago de deudas, ya que nuestro país justamente el 29/10/19 había entrado en default, no puede descartarse que la derrota electoral hubiera disparado el dictado del DNU (…) lo que no sólo lo beneficiaba (al gobierno porteño) en desmedro del patrimonio nacional, sino que además lo habilitaba a continuar desde dicha jurisdicción, con las subastas que los funcionarios de la AABE ya no podrían concretar en virtud del inminente cambio de autoridades”.

 

 

II

“Un decreto que le dio determinadas funciones a la ABBE por sí solo no era un delito, aun cuando fuera sospechoso por haberlo dictado al día siguiente de perder las elecciones. Pero lo que nosotros hicimos ahora fue conectarlo a un cúmulo de hechos que tienen una finalidad delictiva y que terminan generando un perjuicio patrimonial para el Estado nacional”, explica uno de los autores del dictamen que motivó en las últimas horas una nueva denuncia de la OA ante la Justicia federal.

La ejecución del plan comenzó el 13 de julio de 2016 con la creación del Programa de Apoyo para Obras de Infraestructura de Transporte y de Movilidad Sustentable que le permitía al Ministerio de Transporte de la Nación, a cargo de Guillermo Dietrich, prestar “asistencia técnica, económica y financiera a los gobiernos provinciales, municipales y de la CABA”.

El 14 de julio, es decir, veinticuatro horas más tarde, el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad celebraron el “Convenio Marco de Transporte Ferroviario”, y dos días después suscribieron un compromiso para la construcción del viaducto elevado del Ferrocarril San Martín entre las estaciones Palermo y Paternal. La obra sería ejecutada por Autopistas Urbanas S.A. con un financiamiento superior a los tres millones de pesos aportados por el gobierno de Macri. También se decidió la construcción del viaducto del Ferrocarril Mitre en el tramo comprendido entre las avenidas Congreso y Dorrego, a manos de la misma empresa, lo que obligaría a un aporte total del Estado nacional superior a los 13 millones de pesos.

 

Macri y Dietrich en la inauguración de obras del viaducto del Ferrocarril Mitre.

 

Al elevarse las vías, las estaciones viejas y los terrenos aledaños –playones y talleres– quedaron desocupados. Los funcionarios del PRO, como ya se ha visto, son rápidos, en el mal sentido de la palabra. Mediante el Decreto 382/17 dictado por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se promulgó la Ley 5.875 que aprobó un par de convenios entre Ciudad y Nación. El primero dispuso la rezonificación del área que ocupaba el ex playón ferroviario Colegiales a cambio de que la AABE subastara los inmuebles ubicados en aquel playón en un plazo máximo de 24 meses y transfiriera el mayor valor obtenido a las arcas porteñas. El segundo, estableció que ese mayor valor se repartiría de la siguiente manera: 10 millones de dólares a “obras de urbanización, construcción de viviendas, provisión de servicios básicos, mejoramientos de escuelas y/u hospitales públicos, obras viales y/u otros proyectos que impliquen un desarrollo económico socio ambiental, económico y/o urbano en la Comuna 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y el remanente al financiamiento de los viaductos de las líneas Mitre y San Martín.

El monto que finalmente se transfirió para las obras ferroviarias fue poco más de 940.000 dólares, lo que representó apenas el 9% del mayor valor obtenido en la subasta de los inmuebles (10.941.481,38 dólares). El giro de 10 millones de dólares para la realización de obras en la Comuna 13 se concretó igual, aun cuando el Estado nacional podría haber utilizado ese dinero para saldar la deuda millonaria que había asumido por los viaductos.

“El claro direccionamiento –concluye el dictamen de la OA– del beneficio exclusivamente en favor del GCBA, la forzada insolvencia que pretendió darle justificación y la aceleración de los negocios desde la derrota electoral hasta el abandono del Gobierno Federal, alejan la hipótesis del yerro en la gestión del patrimonio público, e instalan la fundada sospecha de un proceder fraudulento destinado a consolidar la cuantiosa transferencia de recursos nacionales a la Ciudad de Buenos Aires en la que no puede descartarse la responsabilidad penal de los funcionarios locales”.

 

 

III

Entre 2016 y 2019, las transferencias corrientes del gobierno nacional a la Ciudad de Buenos Aires aumentaron un 663%. En el mismo período, el traspaso de capital se incrementó un 719%.

La justificación –la maniobra– fue siempre la firma de convenios específicos para que la Nación financiara obra pública en el distrito más rico del país. Ese manejo discrecional de fondos necesitó de funcionarios capaces de allanar el camino. Antes de asumir en diciembre de 2015 como presidente de la ABBE, Ramón María Lanús había tenido tres puestos dentro del gobierno porteño: asesor del jefe de gabinete de ministros, director general de Atención Inmediata y director general de la Red Integral de Protección Social.

 

Ramón Lanús, ex presidente de la ABBE.

 

Su segundo en la ABBE durante la administración de Cambiemos, Pedro Martín Comín Villanueva, también había surgido de la cantera de la Ciudad: fue asesor legal y subgerente operativo de Servicios Jurídicos de la Dirección General de Técnica, Administrativa y Legal, luego gerente operativo legal de Inmuebles de la Dirección General de Administración de Bienes y finalmente director general de Administración de Bienes.

 

Pedro Comín Villanueva.

 

Para la OA, “no puede descartarse que la actuación de Lanús y Comín Villanueva, que habría estado dirigida a favorecer los intereses del GCBA, encontrara sustento en las funciones, relaciones y compromisos asumidos durante sus más de seis años de desempeño como funcionarios porteños”.

El apego a Rodríguez Larreta quedó demostrado una vez concluidos sus mandatos en la AABE: Lanús fue designado síndico en el CEAMSE y Comín Villanueva personal de planta de gabinete de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Poco importó la pila de denuncias que acumularon entre los dos.

 

 

IV

Las sucesivas denuncias contra la ABBE durante la gestión de Cambiemos armaron una mega causa que espera en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Los expedientes apuntan a irregularidades detectadas en licitaciones públicas que eran puntualmente ganadas por firmas vinculadas a la familia Macri o a funcionarios de su administración y a decretos presidenciales que autorizaban las ventas de inmuebles, violando la regla de fin de mandato y eludiendo la autorización del Congreso.

“La asunción de Macri planteó una continuidad del plan sistemático de venta de tierras públicas que venía haciendo la Ciudad, pero a mayor escala. Los predios que tenía la Nación eran de miles de hectáreas. La segunda diferencia, que además era una ventaja, fue que el gobierno nacional contaba con una estructura jurídica que era la ABBE, así podía vender sin pasar por el Congreso. Eso les aseguró no tener que negociar con el arco político y dedicarse a sacar decretos. Los dos primeros años fueron de ventas a través de subastas, fundamentalmente de playones ferroviarios, que antes no se habían podido tocar porque eran del Estado nacional. Con Macri, al fin se logró convertirlos en negocios inmobiliarios. Después de 2018, quizás previendo una derrota en las elecciones, comenzaron a transferir tierras a la Ciudad, pero no sólo para favorecer a Rodríguez Larreta. No fue por una mirada unitaria, sino porque de esa manera se aseguraban continuar con las ventas de los recursos públicos. Habrán pensado: si vamos a perder las elecciones, por lo menos sigamos ganando dinero”, dice Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad y asiduo denunciante de las tropelías cometidas por los funcionarios.

“La política –continúa– es de transferencia de recursos públicos a manos privadas. Pero el Estado vende barato porque realiza subastas donde no hay disputas entre los oferentes. Siempre se presentan los mismos tres para dar una imagen de transparencia, pero es un simulacro. Un día gana uno, otro día el otro, y así se reparten y se adueñan del espacio público, nunca para realizar viviendas sociales o espacios verdes, sino para desarrollos inmobiliarios. El gobierno porteño después les otorga una mayor capacidad constructiva, lo que les permite subir el precio de los lotes y ganar millones”.

 

 

V

El 16 de agosto de 2019, mediante otro convenio entre la ABBE y el Gobierno de la Ciudad, se convocó a concursar para cinco espacios que integraban el Bajo Viaducto Ferroviario de la Línea San Martín. Luego de dos intentos fallidos por no recibir ofertas “admisibles y convenientes”, el 9 de diciembre del mismo año, es decir, un día antes de entregar el mando de la Agencia, Lanús y Comín Villanueva adjudicaron un par de lotes a la firma Directos Pacífico S.A. a cambio de algo más de 700 millones de pesos, desoyendo otras ofertas y hasta pedidos de impugnación.

La investigación desarrollada por la OA encontró que uno de los socios de Directos Pacífico sería hijo de María Martha Flores Pirán, cuyo árbol genealógico comparte alguna rama con el de los Macri. Otra Flores Pirán, María Gabriela, delató la cercanía al compartir un mensaje en el obituario de Franco, allá por marzo de 2019: “Con mucho afecto a la familia en este momento de profunda tristeza”.

 

 

 

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