Los espías se quedaron con las ganas

En el Senado se frenó la iniciativa que ampliaba los poderes del Gobierno para espiar sin restricciones

 

El Senado aprobó por mayoría de 47 votos contra 11 y dos abstenciones la modificación sobre «tablas» y a velocidad exprés del reformado y suspendido Código Procesal Penal. Esa reforma de más de 60 artículos acordada en 32 minutos por el PJ y Cambiemos avanzó, es cierto, y avanza contra el sistema acusatorio, el federalismo y habilita la persecución a los opositores políticos, según la lectura del proyecto que hizo la oposición en el recinto. Pero también es cierto que finalmente el proyecto salió con media sanción del Senado sin uno de los artículos más cuestionados: bajo el título de técnicas especiales de investigación el ahora extinguido artículo 30 legalizaba la injerencia abusiva sobre la vida privada de las personas con tecnología de vigilancia sofisticada que en otros países dieron lugar a espionaje masivo y sistemático. La reforma completa fue rechazada por el Frente para la Victoria y denunciada hace dos semanas por El Cohete a la Luna y criticada por una colación de organismos defensores de derechos humanos. En medio del trámite, perdió una de sus patas más importantes con senadores que ayer intentaban entender qué había quedado y qué se había perdido durante el debate.

La sesión maratónica se extendió desde poco después de las 11 hasta casi las seis de la tarde. Se suspendió por las corridas del oficialismo para cerrar toda discusión antes de las seis de la tarde: hora del prime time televisivo fijado para el informe del jefe de gabinete Marcos Peña. Antes de eso cayó uno de los tres temas calientes del día. Avanzó, se trató y se aprobó por unanimidad la ley de subrogancias que le quitó al Consejo de la Magistratura la facultad para reubicar jueces sustitutos, potestad que devolvió al sistema de sorteos del poder judicial. Avanzó y se votó la reforma del Código Procesal Penal (CPP). Y quedó pendiente el proyecto que sanciona la filtración de escuchas. Hubo cruces calientes a la mañana entre el radical Angel Rozas que pisa fuerte en el Consejo de la Magistratura y Cristina Kirchner. Cuando Rozas dijo que el Consejo no era un espacio oscuro, cerrado o mafioso como respuesta al puntano Adolfo Rodríguez Saa, Cristina que no tenía voluntad de hablar, pidió la palabra y le dijo que ese es un lugar corporativo y absolutamente politizado donde puede pasar cualquier cosa menos que sesionen con la participación de la ciudadanía.

Pero el debate se encendió después del mediodía durante la discusión por la reforma del CPP. La ex presidenta definió el proyecto sobre «una de las herramientas más importantes de la justicia penal», como un proyecto discutido sobre tablas que no llega de forma aislada. Lo encuadró dentro de «un plan sistemático del gobierno destinado a apoderarse del poder judicial con tribunales diseñados a la carta». Y dijo: «Lo adelantó el presidente cuando dijo que si los jueces no sacan los fallos que nosotros queremos, tenemos que poner otros jueces. De hecho, lo están haciendo».

La reforma al CPP fue impulsada por el salteño Rodolfo Urtubey y el entrerriano Pedro Guastavino, ambos del PJ, para enmendar el ya reformado CPP aprobado en 2014 y cuya entrada en vigencia fue suspendida por Mauricio Macri vía DNU. Uno de los ejes de aquella reforma fue repensar el sistema de acusación como limitante de los jueces, uno de los elementos que explica el DNU y las presiones para sacar a Alejandra Gils Carbó. Compuesta por 68 artículos, el proyecto fue tratado por la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside Guastavino el 10 de abril, en una sesión de 32 minutos y sus impulsores se negaron a convocar nuevas reuniones o citar expertos para tratar el contenido. Ese dictamen iba a tratarse el miércoles pasado. No se trató. Ayer entró a la agenda del día sin el artículo más discutido y con cambios en otros 5 artículos controvertidos. El Frente para la Victoria, Adolfo Rodríguez Saa y Fernando Pino Solanas pidieron que aún así vuelva a Comisión. Cristina lo hizo con una moción de orden. La moción no prosperó.

Nunca, dijo Cristina cuando pidió separar «texto de contexto» y se detuvo a analizar el juego del PJ en el Senado, nunca tuve legisladores de la oposición que presentaran proyectos solicitados por la necesidad del gobierno, dijo. «Esto no lo vi nunca ni como legisladora ni como presidenta: los opositores eran opositores y los oficialistas eran oficialistas».

Carlos Menem llegó tarde, tambaleó sobre su silla, estuvo menos de media hora y se levantó. Julio Cobos salió y volvió cuando lo llamaron con la chicharra porque Cristina había pedido moción de orden. Miguel Angel Pichetto no paró de hablar con Urtubey, que lo tenía sentado al lado, habló cuando se le acercó Federico Pinedo y se enfureció con los fotógrafos deleitados con sus conversaciones en voz baja. Cristina se sentó con su microbloque al lado de Marcelo Fuentes, jefe de bancada, y de Anabel Fernández Sagasti. Pinedo tomó el lugar de Michetti durante casi dos horas. En la puerta, un hombre sostuvo un cartel que decía Macri pará la mano. Y afuera, muy temprano, los gremios docentes, trabajadores del Posadas y del Subte se concentraban para reclamar por paritarias y despidos.

¿Cuál es el apuro?, dijo Rodríguez Saa. «¿Qué cambia en Argentina hoy si en lugar de votar damos espacio a un amplio debate?»

En términos técnicos, los artículos reformados son 68: 62, se aprobaron tal como salieron de la Comisión y como iban a tratarse la semana pasada, con 48 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones. Y hubo 6 que se aprobaron con modificaciones al dictamen original, todas leídas sobre tablas. Esas modificaciones contemplaron parte de las críticas. Entre ellas, el artículo 7 del dictamen que sustituía al 17 del CPP sobre la prisión preventiva, volvió a poner la palabra «real»: «Se vuelve a la redacción original en la acreditación del peligro real de fuga u obstaculización de investigación», dijo Urtubey en la lectura. El artículo 16 repuso la figura de las fiscalías temáticas que habían sido eliminadas; el 22 eliminó la palabra «encomendar» por la que los fiscales federales parecían subordinar a sus pares de las provincias y el artículo 25 sobre escuchas telefónicas que penalizaba a quienes filtren información sólo mencionaba a empleados y excluía a jueces y fiscales, por lo que «se vuelve a poner que la responsabilidad penal es también de funcionarios y magistrados». Y luego quedó directamente eliminado para someter a una discusión posterior el criticado artículo 30 con su capitulo 1 y 2 que legalizaba la utilización de variadas medidas de vigilancia acústica, de comunicaciones, vigilancia remota sobre equipos informáticos y vigilancia a través de dispositivos de seguimiento y localización, medidas que implicaban una injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas, según había objetado el FPV en línea con la Convención Americana de Derechos Humanos. Y donde habían centrado las críticas los organismos de derechos humanos.

«Estamos atentos a las modificaciones –dijo Fernández Sagasti–, pero no puedo entender esta maniobra tan burda que viene a atropellar derechos personalísimos de todos los argentinos en un debate de 32 minutos para sacar un proyecto de ley que tal como estaba habilitaba la persecución de los opositores, pero también de la competencia comercial de los Ceos que hay en el gobierno».

De acuerdo al diagnóstico de quienes estudiaron el proyecto, la reforma tiene cuatro tipos de problemas. La clausura del proceso acusatorio dado que la reforma había buscado originalmente no tener a los jueces como jueces y parte; había querido dotar de capacidad al Ministerio Público Fiscal para las investigaciones, empoderar a las víctimas para controlar actuación de fiscales y garantizar derechos y garantías a los imputados. «Todo esto se tira con piedras con aquel proyecto», dijo Fernández Sagasti. «Le devuelven al juez la dirección y control de la acusación», dijo. El proyecto también avanza sobre los derechos personalísimos. «Cuando el mundo discute el verdadero alcance del derecho a la intimidad sobre los avances de la tecnología, cuando los gobiernos del mundo piensan mecanismos para restringir el acceso a los datos, cuando el gobierno de Estados Unidos está citando a un empresario para explicar la manipulación de datos, yo festejo que se haya sacado este artículo porque era tan alarmante en la ley que se aprestan a votar», dijo. Pero no alcanza, aclaró. Y hablo de un sistema que además legalizaba los convenios con Israel y el sistema Pegasus, recordado por antecedentes de espionaje masivos como el mexicano sobre periodistas, ONGS, opositores y defensores de consumidores. «Me parece bien que parecemos la pelota y nos detengamos a pensar que en el medio está la democracia», dijo. Como otros dos aspectos está el avance contra el federalismo consagrando la intromisión de jueces de la Ciudad de Buenos Aires en otras jurisdicciones y la voluntad de perseguir a la oposición con la consagración de excepciones a la libertad donde la inocencia, dijeron, pasa a ser estado de excepción.

El cordobés Ernesto Martínez (Cambiemos) se enojó con los borradores de los borradores, dijo que le habían cambiado el fixture antes de salir la cancha y que se criticaba la permeabilidad del poder judicial, pero que pasaba lo mismo con las ONGs. No es admisible, dijo. ¡No puede ser!, repitió. Urtubey se montó a la movida, y más tarde también pasó factura: «Parece que algunas ONGs tienen cierto paternalismo sobre los legisladores», mandó. Cristina le había contestado antes a Martínez. Dijo que las ONGs no tenían tantas objeciones al proyecto pero que el punto central de las críticas era la premura y el tipo de tratamiento que se le dio, la falta de discusión. Pidieron ser escuchadas, dijo. Habló de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Son técnicamente una ONGs y fueron las que cuando no había partidos políticos en Argentina ni había dirigentes políticos ninguna naturaleza denunciando las atrocidades esas mujeres, mujeres y solas salieron a la calle, así que mucho respeto para el rol de las ONGs en la república Argentina. Pero también dijo algo más. Cuando Martínez objetó a las organizaciones por las críticas a los sistemas de vigilancia, había dicho que eran preferibles técnicas modernas a los golpes y palizas de las investigaciones. «Rescatar técnicas de escuchas modernas para combatir el terrorismo y el delito porque ya pasó de moda la picana y el submarino, es una relación un poco banal», le dijo Cristina. «A mi gusto es inapropiado que en esta casa de democracia se banalice la tortura, porque es cierto que no hay métodos como en el pesado, pero también es cierto que el espionaje sofisticado, con micrófonos satelitales, escuchas intrasónicas, etcétera, etcétera, si alguien, en un sistema estatal que identifica a través de esos modernos métodos a un enemigo interno, con Estados que vuelven aplicar el mismo método, y los identifica a su criterio, les aplica las mismas técnicas de siempre, aunque el tiro por la espalda ya no se llame ley de fuga sino mano dura».

2 Comentarios
  1. Néstor dice

    Horacio Querido!… El nuevo llamado a De Souza y López me recuerda aquella cautelar de Fayt. ¿Qué fue de ésto? (https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-211307-2013-01-06.html) Gracias y Suerte. Néstor.

  2. […] A continuación reproducimos la nota publicada en El Cohete a la luna: […]

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