Los flujos financieros ilícitos

 

El 18 de febrero de este año, la Red de Justicia Fiscal (Tax Justice Network) publicó la versión 2020 de su Índice de Secreto Financiero que presenta a las Islas Caimán en el primer lugar, seguida, en orden de importancia, por Estados Unidos, Suiza, Hong Kong, Singapur, Luxemburgo, Japón, Países Bajos, las Islas Vírgenes Británicas y Emiratos Árabes Unidos.

El índice analiza 133 jurisdicciones en base a criterios tanto cualitativos como cuantitativos.

Entre los cualitativos se encuentran, por ejemplo:

• el nivel de secreto bancario;
• la existencia y transparencia de los registros de beneficiarios finales tanto de sociedades como de fideicomisos, sociedades comanditarias o en comandita simple y fundaciones privadas;
• la disponibilidad de instrumentos y estructuras nocivas como la existencia de acciones al portador y sociedades de células protegidas, entre otras;
• la disponibilidad de instrumentos fiscales nocivos, como la exención de impuestos a los ingresos recibidos en concepto de intereses pagados y dividendos; y
• el nivel de transparencia de la jurisdicción medido por su participación en el intercambio de información bajo pedido y automático, y
• la exigencia de presentación del informe país por país público (que detalla los activos, empleados, ventas, utilidades e impuestos pagados en cada jurisdicción donde se localiza una empresa transnacional).

El índice se construye ponderando el resultado del análisis del secreto de cada jurisdicción por su peso en el flujo global de servicios financieros offshore, que se estima utilizando datos del comercio de servicios financieros internacionales de cada jurisdicción en base a datos del FMI.

En el índice, la Argentina ocupa la posición 94. Considerando que entre las primeras posiciones del índice se encuentran aquellas jurisdicciones que más contribuyen al secreto global, esta no sería una mala posición. La Argentina no es de los países que más contribuyen al secreto financiero, ni por su peso en el comercio de servicios financieros internacionales; ni por su nivel de secreto financiero. Sin embargo, hay margen para mejorar y modelos para replicar.

Uno de estos modelos podría ser el de Ecuador, que se encuentra en la posición 120 porque, entre otras cosas, posee el mejor registro de beneficiarios finales hasta hoy conocido, o más bien desconocido.

¿Qué es un registro de beneficiarios finales? Es un registro que consigna quienes son los controlantes, por acciones o por nivel de votos, de cada entidad que opera en un país, hasta la persona humana o física.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomienda (Recomendación 24) que las autoridades competentes sean capaces de obtener información "adecuada, precisa y actualizada sobre el beneficiario final y el control de las sociedades mercantiles y otras personas jurídicas" que son creadas en el país.

Y tal como comenta Andrés Knobel, "las evaluaciones de pares del Foro Global de la OCDE para el Intercambio de Información también evalúan la  disponibilidad de información sobre titulares de personas jurídicas y fideicomisos, y su acceso por parte de las autoridades para su eventual intercambio de información".

En Ecuador no solo tienen que informar las sociedades y fideicomisos todos sus beneficiarios finales, detallando sus distintos encadenamientos; sino que además, dicha información es pública. El hecho de que sea pública es relevante, porque en muchos países del mundo, por cuestiones de ‘secreto fiscal’ resulta muy difícil a fiscales, bancos, e incluso a las Unidades de Investigaciones Financieras (UIFs) acceder a la información recolectada por las administraciones tributarias, y a la inversa también.

Los países de la Unión Europea también cuentan hoy con registros públicos de beneficiarios finales de sociedades, y semipúblicos (bajo demostración de interés legítimo) para fideicomisos.

La Argentina cuenta con un registro de beneficiarios finales. Sin embargo no es público, es incompleto, y no sirve para conocer a todos los beneficiarios finales localizados en la Argentina y en el exterior.

El registro de beneficiarios finales debe completarse con un registro válido de propiedad y de activos, centralizado ya que los contribuyentes pueden evitar el tributo alternando entre activos; y con información de la localización de las distintas filiales de una empresa transnacional (el informe país por país).

El informe país por país (reglamentado por la Argentina por vía de la Resolución 4130 de 2017) permite conocer la estructura de las empresas transnacionales, donde tienen actividad económica, ventas, trabajadores, activos y dónde pagan impuestos. Por lo tanto, es de vital importancia como para poder ejercer una fiscalización efectiva de los contribuyentes corporativos, ya que permite realizar un análisis de riesgo de las entidades del grupo, por ejemplo, a través de la estimación de la tasa efectiva de impuestos que un grupo transnacional paga en cada jurisdicción en la que opera.

Índices tales como el de secreto financiero, y el de guaridas fiscales corporativas de Tax Justice Network, permiten luego comprender mejor el porqué de la localización en determinadas jurisdicciones; y por lo tanto tienen importantes potenciales usos tanto para organismos de control, como para investigadores que trabajan estos temas.

 

 

 

 

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